Se derrumbó el guión correísta: el excontralor Pablo Celi fue censurado por unanimidad de 136 votos en el primer juicio político de esta legislatura, pero no por la razón que trató de imponer la bancada de la revolución ciudadana: arrogación de funciones. El correísmo pretendía de esta manera crear un precedente para desconocer todas las actuaciones de la Contraloría desde 2017 hasta la fecha e iniciar, según su propia declaración de intenciones, "una purga" contra los funcionarios que fueron nombrados por el Consejo de Participación Ciudadana de Transición que presidió Julio César Trujillo. Una moción presentada al inicio del debate por el asambleísta de Pachakutik Rafael Lucero se centró únicamente en las causales de incumplimiento de funciones y salvó el juicio político.

Doce horas duró la sesión. Por la mañana, los interpelantes Juan Cristóbal Lloret y Viviana Veloz expusieron sus cargos contra el exfuncionario, que acudió con escolta policial hasta la sede legislativa desde la cárcel 4 de Quito, donde guarda prisión. Celi se defendió por espacio de tres horas con estilizada retórica. Hubo dos horas de réplicas y contrarréplicas y, finalmente, casi cinco horas de un debate en el que los correístas tuvieron que escuchar, de parte del presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, y del legislador de CREO Diego Ordóñez, aquello para lo que no estaban preparados: que sí, que el excontralor es culpable pero comparte todos los cargos con ellos.

Los asambleístas glosados por la Contraloría (Luisa González, Salvador Quishpe, Guadalupe Llori, Pabel Muñoz que no ha dicho esta boca es mía en todo el proceso... 32 en total, según la información de que dispone la Comisión de Fiscalización) respiraron aliviados: Pablo Celi prescindió de exhibir sus trapos sucios a la vista del público. No fue, por tanto, un juicio político sangriento como se esperaba. Nomás la carpeta “sobre operaciones económicas sospechosas” de Juan Cristóbal Lloret fue entregada por el excontralor a la Presidencia de la Asamblea para que “se la verifique con la Unidad de Análisis Financiero”. El que habia empezado la jornada jactándose de su solvencia moral para juzgar al resto, terminó averiado.

Ni los interpelantes ni el acusado aportaron mayores novedades a lo ya dicho en la Comisión de Fiscalización. Hasta el inicio del debate, a las cuatro de la tarde, todo transcurrió de acuerdo con el guion correísta que privilegiaba la acusación de arrogación de funciones y concedía tan poca importancia a las demás, que la interpelante Viviana Veloz dejó la última (precisamente la que trata sobre el desvanecimiento de glosas) para los últimos tres minutos. Y no alcanzó a desarrollarla. “Siempre le concede tiempo a otros legisladores -dijo Veloz, rogando a la Presidencia por cinco minutos más- y ahora estamos en un juicio trascendental”. Pues por eso mismo. La presidenta se lo negó.

Una nueva colección de consignas, que esta vez se esforzaron por rimar, fue el gran aporte de los interpelantes para esta jornada: Celi-impostor-vendiste-la-Contraloría-al-mejor-postor, repetía Veloz a cada rato, pletórica de dicha por su hallazgo. Celi-mafioso-como-tu-sobrino-mañoso, glosó Lloret a gritos una, tres, siete veces. “Estribillos de cantina”, replicó Celi, cuyas habilidades retóricas superaron con creces a aquellas, paupérrimas, de sus oponentes.

Por lo demás, el correísmo dejó al desnudo sus intenciones: si Lloret había anticipado por escrito su interés de anular todas las actuaciones de cuatro años de la Contraloría (lo cual liberaría de glosas a buena parte de su bancada y de sus dirigentes), Veloz fue un paso más allá: arremetió contra todo el régimen de transición en el Consejo de Participación Ciudadana. “Esta crisis institucional -dijo- requiere una acción urgente de este parlamento. Una purga urgente en todas las funciones del Estado para sacar a los residuos del morenato y del trujillato. Eso debe hacer este parlamento”. En otras palabras: quieren la cabeza de la fiscal (a la que también nombró) y la Corte Constitucional. En el debate, el abogado del expresidente prófugo, Fausto Jarrín, añadiría también al Consejo de la Judicatura.

Celi arrastró a los correístas. Los llamó mafiosos, delincuentes, pigmeos morales e intelectuales... “El asunto medular que conduce a las marionetas que fungen de interpelantes -dijo- está en la venganza del sátrapa que los maneja, empeñado por dinamitar el trabajo de la Contraloría. Esto es un verdadero segundo incendio de la Contraloría, solo que esta vez calcinando su prestigio”. Eludió buena parte de las evidencias en su contra haciendo un no solicitado informe de labores en el que cargó las tintas sobre las auditorías realizadas bajo su gestión y que afectaron los intereses del correísmo, empezando por las auditorías de la deuda y de la seguridad social. Y dedicó la mayor parte de su tiempo de defensa a argumentar sobre lo que denominó “groseras violaciones procedimentales” del juicio político. “Un amasijo informe y además sin informe”, concluyó.

Fernando Villavicencio abrió el debate arremetiendo contra interpelado e interpelantes por igual. Recordó a Lloret y los suyos que las glosas que acusan a Pablo Celi de desvanecer (y que en efecto desvaneció) corresponden a los contratos que el gobierno de Rafael Correa firmó: “Pagaron 4 millones por desvanecer glosas pero primero pagaron 4 millones para adjudicar contratos”, dijo. En cuanto al caso Odebrecht, “el desvanecimiento de glosas fue un acuerdo político con Correa” para traer de nuevo al país a la constructora brasileña.

Diego Ordóñez tomó la posta. Habló de la paradoja que implica juzgar políticamente a un excontralor corrupto por iniciativa de “dos interpelantes que auspician, defienden y apologizan al gobierno más corrupto de la historia”. Un gobierno que tuvo al contralor más corrupto de todos: el hoy prófugo Carlos Pólit. “La Contraloría -dijo Ordóñez- fue arrastrada a las alcantarillas por el contralor del correísmo, el cómplice, el encubridor, el que tapaba todo”.

Varios asambleístas (César Rohón, Esteban Torres, Pedro Velasco…) se pronunciaron en contra de censurar a Pablo Celi por la causal de arrogación de funciones pero ninguno defendió a Celi. La bancada de la Izquierda Democrática continuó con su juego iniciado en la campaña de la segunda vuelta electoral, consistente en mantener una incolora, inodora e insípida equidistancia. A las nueve y media de la noche se votó la moción: unanimidad en la censura. Diego Ordóñez fue el último en hablar: “Hoy Celi ha sido censurado -dijo-, otros han sido sentenciados, otros están en la cárcel, otros están fugados en el exterior y a otros les llegará ya la justicia”. El griterío de indignación de los correístas sólo podía significar una cosa: se sintieron aludidos.