Son casi las seis de la tarde del jueves 12 de agosto. Fernando Villavicencio abandona el edificio de la Asamblea Nacional en compañía de una de sus asistentes. A pocos metros en línea recta desde la puerta, dos altos directivos de la Izquierda Democrática dialogan reservadamente: Alejandro Jaramillo, coordinador del bloque parlamentario, quien llamó cínico a Villavicencio en la sesión plenaria de la víspera y lo acusó de boicotear el juicio político contra el excontralor Pablo Celi; y el secretario ejecutivo del partido, Diego Almeida, director de Planificación de la Asamblea, que ese mismo día se había atribuido un éxito en el que no tuvo ni la más remota participación: “Desde la Bancada de Izquierda Democrática -tuiteó- hemos conseguido que se llame a juicio al excontralor”. En fin. Lo cierto es que ambos personajes están en medio camino y el encuentro parece inevitable. Probablemente es Jaramillo quien se da cuenta de la situación y, tomando discretamente el brazo de su compañero, emprende con él un paseo casual y travieso. Justo a tiempo. Villavicencio se retuerce del gusto. “¿Por qué se hacen a un ladito?”, les va soltando a quemarropa. Pero los otros no oyen, son de palo, tienen orejas de pescado.

Así es la relación de la mayoría de asambleístas con el presidente de la Comisión de Fiscalización: lo odian y lo temen; lo quieren sacar del medio, pero prefieren no enfrentarlo. Ocurre con él lo mismo que con las víctimas comunes de las películas de gánsteres: sabe demasiado. Y eso no es bueno en un lugar tan lleno de rabos de paja que amenaza con arder en cualquier momento. Este mismo Diego Almeida, sin ir más lejos, es responsable de la emisión del memorando 095, en el que se dispone la “adquisición de cuatro vehículos para la movilización de las máximas autoridades de la Asamblea”, la famosa compra de carros de lujo que la presidenta Guadalupe Llori continúa negando con sospechosa porfía pese a toda evidencia documental. Hasta los asambleístas de Pachakutik saben que esa compra es real y hablan de ella con naturalidad en el chat de la bancada.

El temor reverencial por Villavicencio explica el inverosímil capítulo de la historia parlamentaria que tuvo lugar en la sesión del miércoles, cuando el Pleno se entregó con entusiasmo a la ejecución de un simulacro: acusarlo de poner en riesgo el juicio político contra Pablo Celi. A él, que aportó con la mayoría de las pruebas y puso su equipo de trabajo a disposición del interpelante, Juan Cristóbal Lloret. Hay fotografías de ese momento insólito: los investigadores que develaron la trama de Arroz Verde, sentados junto al legislador correísta explicándole cómo interpretar los documentos. Lloret tuvo la decencia de no participar en el montaje, pero otros compañeros de su bancada sí lo hicieron. El correísmo, el socialcristianismo, Pachakutik y la Izquierda Democrática juzgaron a Villavicencio en lugar de a Celi. Su error administrativo (incumplir el plazo para la entrega de un informe) fue tratado como un crimen, a pesar de que la misma ley de la Función Legislativa previene esa posibilidad y ofrece una solución. El juicio político nunca estuvo en riesgo, pero el Pleno se comportó durante cinco horas como si lo estuviera.

Pero lo más significativo de esa jornada fue que a Villavicencio le negaron la palabra. El vicepresidente Virgilio Saquicela presidía la sesión cuando la pidió, cerca de las cinco de la tarde, y no se la dio nunca, para tranquilidad de muchos. La última vez que habló Villavicencio cometió el error de exhibir un disco compacto en el que dijo se encontraba toda la documentación de casos de corrupción relacionados con asambleístas. Esta semana fue más específico: son 32 los legisladores glosados, según información remitida por la Contraloría a la comisión que él preside.

32 legisladores empezando por la presidenta, Guadalupe Llori, cuya abultada carpeta incluye informes con indicios de responsabilidad penal y órdenes de reintegro (es decir, para que devuelva dinero público) durante sus dos períodos como prefecta de Orellana. A eso se suman, dice documentos en mano Villavicencio, que no hay quien lo calle, dos indagaciones previas en esa provincia. Pero Llori tiene una ventaja: es amiga del fiscal provincial, Pío Agustín Palacios, cuya esposa Alba Sánchez fue directora de talento humano de la Prefectura y ahora lo es de la Asamblea.

Nomás hay que ver quiénes arremetieron con más enjundia contra Villavicencio en la sesión del miércoles para adivinar quiénes están más comprometidos en los documentos que tiene. Es notable el caso de Salvador Quishpe, exprefecto de Zamora Chinchipe. Su glosa tiene que ver con un puente que se cayó con la crecida de un río. Él atendió la emergencia con eficacia y, una vez superada, declaró el estado de emergencia y adjudicó la obra de reconstrucción con régimen especial. Ese caso llegó a la justicia ordinaria. Un recurso presentado semanas antes de las elecciones le permitió ser candidato. Ganó. Ahora tiene inmunidad.

Entre los 32 glosados por la Contraloría los hay por cantidades menores, como el correísta Roberto Cuero, exgobernador del Guayas, por pocos miles. Pero también están Pabel Muñoz, por 34 millones, y su copartidaria Luisa González, por 7.

Villavicencio va de un medio de comunicación a otro contando estas cosas y repartiendo documentos a quien quiera tenerlos. Y eso no le gusta a nadie. Hay que callarlo. Los socialcristianos, por ejemplo, se empezaron a poner nerviosos cuando publicó en sus redes una foto del corrupto y prófugo excontralor Carlos Pólit con J. J. Franco en Miami. Juan José Franco es, más que abogado de Jaime Nebot, su disco duro. Villavicencio lo vincula con lo que llama “el asalto a la Contraloría” y el ascenso de Celi. Luego (siempre con documentos, ese es el peligro) empezó a repetir una historia que había publicado dos años atrás, sobre oscuras transacciones en cuentas off shore que conectan a Leonardo Bohrer (cuñado de Nebot y también de la asambleísta socialcristiana Soledad Diab) con el caso Las Torres y con la compra de una casa de María de Lourdes Febres Cordero, según consta en expediente fiscal que recoge la declaración de ella misma y que Villavicencio ofrece a quien esté interesado.

Definitivamente hay que callarlo. Por el momento, ya tiene dos quejas formales en su contra presentadas por dos asambleístas de Pachakutik: la presidenta Llori, nada menos, que lo acusa de difamación por el asunto de los carros, y Ricardo Vanegas, quien ya se hartó de escucharlo hablar de su relación con una empresa asociada al consorcio Oro Negro, sobre el que pesa un proceso de indagación previa abierto por la Fiscalía en relación con el caso Las Torres. Si el comité de ética de Pachakutik sancionó con 15 días de suspensión a la asambleísta Rosa Cerda por aquello de “roben bien”, Vanegas pide 30 para Villavicencio: hablar mal de él, se entiende, es el doble de grave que incentivar la corrupción.

En el simulacro del miércoles en el Pleno, claro, varias voces pidieron su salida de la presidencia de Fiscalización. Pero está difícil: al interior de esa comisión no hay una mayoría que pueda deponerlo, la vicepresidenta (Ana Belén Cordero) es de CREO y el partido de gobierno es de la idea de que no le corresponde hacerse cargo. Todo muy incómodo para la mayoría. Solo falta que este lunes llegue Pablo Celi a su juicio político en el Pleno y diga todo lo que Villavicencio también sabe. 32 rabos de paja ardiendo juntos hacen un incendio considerable.

Falso debate

Este miércoles tuvo lugar el episodio más inverosímil de la historia parlamentaria ecuatoriana: durante cinco horas, el Pleno de la Asamblea se entregó a un simulacro.

Amistades

La presidenta Guadalupe Llori tiene una ventaja: es amiga del fiscal de Orellana, cuya esposa es directora de Talento Humano de la Asamblea y lo fue de la Prefectura.