Lo mejor que el excandidato correísta Andrés Arauz puede aducir a su favor en relación con la trama de corrupción montada en torno al Sucre (Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos), es que no robó pero dejó robar. Incluso tiene un documento que lo prueba y que él mismo, oficioso y cándido, se apresuró a publicar este viernes en el Twitter. Se trata de una comunicación suscrita a nombre del contralor Carlos Pólit por un funcionario de firma ilegible y dirigida al fiscal Galo Chiriboga en mayo de 2016.

 Lo que dice ahí es exactamente eso: que Arauz y otros treinta funcionarios del Banco Central, Aduanas y el Servicio de Rentas Internas, implicados por la misma Contraloría con indicios de responsabilidad penal en un caso de defraudación tributaria a través del Sucre, “conocieron los hechos materia del indicio; sin que ello implique su participación en los mismos”. No robaron, nomás dejaron robar. A confesión de parte...

La aparición del expediente de Contraloría con indicios de responsabilidad penal por defraudación tributaria es lo último del caso Sucre luego de la aprobación, el pasado lunes, del informe de la mesa de Fiscalización de la Asamblea. Entregado en agosto de 2015 al fiscal Galo Chiriboga, el documento estuvo perdido de manera inexplicable (o quizá explicabilísima) durante seis años. Hasta este jueves, cuando el contralor Carlos Riofrío lo desenterró de las mazmorras y se lo entregó a la comisión parlamentaria. Un día más tarde la Fiscalía lo confirmó: sí, hay una indagación previa abierta por el caso Sucre. Catatónica pero abierta.

¿Qué hechos son esos que Arauz, miembro del directorio del Banco Central desde enero de 2012, admite que él y otros treinta funcionarios conocían? Defraudación tributaria, lavado de activos, peculado, delincuencia organizada... Un esquema de corrupción de proporciones continentales que el informe de Fiscalización explica con lujo de detalles y abundancia de documentos. Sus 10 mil hojas demuestran de qué manera aquello que los gobiernos de Hugo Chávez y Rafael Correa presentaron como un sistema regional de pagos (algo equivalente al Acuerdo Monetario Europeo, por ejemplo) operaba en realidad como un sistema para lavar dinero y facilitar exportaciones ficticias.

Todo operó bajo el paraguas de la coartada ideológica. Chávez y Correa hablaban de “refundar el sistema financiero internacional”, nada menos. De “romper con la relación centro-periferia”. En todos sus discursos mencionaban las palabras “soberanía financiera”. Prometían “liberar a nuestros países de la dictadura del dólar”... En realidad, dólares es precisamente lo que buscaban, por eso el dolarizado Ecuador se convirtió en la pieza clave del esquema. Según el informe de Fiscalización, este país “canalizó por el sistema Sucre, durante el período 2010-2019, el 99 % de las exportaciones y el 82,3 % de las importaciones con Venezuela”. La participación de los otros socios, Bolivia, Cuba y Nicaragua, fue mínima.

Exportaciones ficticias. Las que rastrea y documenta el expediente de Fiscalización son alucinantes. Las empresas fantasmas crecieron como hongos y empezaron a exportar a ritmo de vuelta a Francia. Privatum Management declara la exportación de 100 toneladas de pimienta negra y envía cuatro contenedores con 340 kilos de ese producto; así, doce veces. Espinosa & Castellanos Cía. Ltda. hizo 61 envíos de molinos de café, de esos que se pueden adquirir en el mercado local por 842 dólares, nomás que en Venezuela cobró 62 mil por cada uno; su proveedor era una empresa comercializadora de artículos de deporte. 

Pifogardens exportó carbonato de calcio, quizá el más barato de los insumos agrícolas, pues se consigue hasta en 12 centavos el kilo, y lo vendió en Venezuela a 997 dólares el kilo. Saponina vendía jabones de 3,5 euros el kilo a 105 mil euros el kilo. La declaración aduanera de otra empresa registra gafas de 30 dólares en 300. Así hasta el infinito. El cielo es el límite.

Las 34 empresas implicadas tienen muchas cosas en común: la mayoría fueron constituidas por ciudadanos venezolanos con socios ecuatorianos; fueron fundadas entre 2009 y 2010, es decir, para lucrar con el Sucre; muchas compartían el mismo contador; el 77 por ciento de ellas figura en la base de datos del SRI como “persona no registrada”, razón por la cual no se puede determinar el origen de los productos supuestamente exportados; algunas son especialistas en todología: Alfaroute se dedicaba a la exportación de hilos, motoniveladoras y productos de esparcimiento; otra vendía implantes dentales, redes de pesca y máquinas para ordeñar. Hoy, todas están cerradas. Y el dinero que hicieron con el Sucre, en paraísos fiscales.

Por supuesto, la empresa que más profusamente aprovechó este esquema corrupto fue Fondo Global de Construcciones, Foglocons, la compañía de papel de los colombianos Álex Saab, hoy preso en Estados Unidos, y Álvaro Pulido, cuyo nombre real es Germán Rubio Salas, narcotraficante sentenciado. Ellos pusieron una filial de su empresa en Ecuador que fue la que hizo todo el negocio sucio. Contaron con la invalorable ayuda de un socio bien conectado: Luis Eduardo Sánchez, hermano de Jaime Sánchez, asesor de Rafael Correa.

Fue precisamente Jaime, el asesor, quien visitó al presidente del directorio del Banco Central, Diego Martínez, en 2013, para prevenirle de que a las cuentas de Foglocons empezaría a llegar una cantidad inusual de dinero. Y que no se asuste. En total, recibieron 160 millones y entregaron productos por 3 millones, según Aduanas. Sus exportaciones eran de materiales para la construcción de planes de vivienda popular en Venezuela con los que Hugo Chávez mantenía engatusadas a sus bases y jamás fueron entregados.

Curiosamente, la Senae llegó a hacer 49 reportes sobre operaciones irregulares detectadas en sus puestos de control entre noviembre de 2011 y noviembre de 2013. Reportes que fueron enviados a las autoridades del Banco Central, el Servicio de Rentas Internas, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Superintendencia de Bancos y Seguros, la Fiscalía General del Estado. De más está decir que nadie movió un dedo. Bueno, sí, el Banco Central hizo algo: dejó de publicar las exportaciones ecuatorianas en su página web.

Lo más sorprendente de todo: el sistema, que operaba mediante triangulaciones entre el Banco de la ALBA y los bancos centrales de Ecuador y Venezuela, permitió que todas estas operaciones fraudulentas entre privados fueran cubiertas por plata pública: 2.697 millones de dólares de la reserva internacional puso el gobierno de Rafael Correa (recuperables a los seis meses) para que Álex Saab y sus socios engrosen sus cuentas en los paraísos fiscales de los que dicen cosas tan feas cuando se trata de otros.

Que el caso Sucre es un show mediático, dice el más mediático de las jóvenes estrellas en ascenso de la jurisprudencia criolla: Felipe Rodríguez, abogado defensor de Micaela Lehrer. El informe de la Comisión de Fiscalización demuestra que una empresa de ella, Inmobiliaria Comercial y de Negocios, Inconeg, recibió 4,2 millones de dólares de Foglocons, en 2013, y luego donó 50 mil a la campaña de Rafael Correa. También recibió 8,4 millones de Pifogardens, la empresa que vende carbonato de calcio de 12 centavos el kilo a 997 dólares el kilo, cuyo principal accionista fue sentenciado a 9 años de prisión.

En la actualidad Micaela Lehrer es prófuga de la justicia ecuatoriana y se encuentra lejos y forrada. Exactamente en Miami, desde donde todo parece un show mediático.