El informe fue aprobado a las seis de la tarde del lunes y para el mediodía del martes estaba ya en el despacho de la fiscal general de la Nación. Son 123 páginas de análisis y 10 mil fojas de anexos documentales que Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, aspira a que se conviertan en el punto de partida del proceso de indagación previa sobre lo que ha llamado caso Sucre-Foglocons: capítulo ecuatoriano del esquema de lavado de activos probablemente más grande de la región, que operó a través del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (Sucre) con el hombre duro del chavismo Álex Saab como protagonista, los gobiernos del Socialismo del Siglo XXI como cómplices y, en Ecuador, la empresa Foglocons como principal operadora.

“Rafael, juguemos duro con el Sucre”, le dijo Hugo Chávez al entonces presidente ecuatoriano en una conferencia conjunta que ofrecieron en 2011. Y lo hicieron. Son 2.500 millones de dólares en exportaciones ficticias y operaciones fraudulentas los que ha conseguido rastrear la Comisión de Fiscalización. El informe demuestra, además, que el gobierno de Correa utilizó fondos de la reserva del Banco Central para cubrir esas operaciones de comercio exterior entre privados. “Es posible que el presunto delito de lavado de activos esté por prescribir -dijo Villavicencio este martes al salir de la Fiscalía- pero el delito central que incorporamos en el expediente es presunto peculado. Y el peculado es imprescriptible”.

Ahora Villavicencio se cuida de decir “presunto” en todas sus intervenciones. Una redacción inicial del informe llegaba a declarar la “autoría mediata” de Rafael Correa en los delitos detectados y fue muy criticada en la comisión. “No somos jueces”, fue el reclamo de los comisionados. Finalmente se aprobó una versión atemperada en el lenguaje y las formas, en la que la complicidad de los gobiernos de Ecuador y Venezuela en el esquema de corrupción queda firmemente asentada, nomás no se declara. El informe se limita a presentar nombres para su investigación: Rafael Correa, Andrés Arauz, Diego Borja, Pedro Páez... Desde los responsables de la administración del sistema Sucre en el Banco Central hasta el presidente de la República, pasando por los superintendentes de Bancos y de Compañías, los directores de los servicios de Aduanas y de Rentas Internas, la propia Fiscalía y los jueces que, en palabras de Villavicencio, “liberaron 57 millones de dólares a favor de la compañía de Álex Saab”.

Los correístas de la comisión (Roberto Cuero, María Gabriela Molina y Comps Córdova) patalearon hasta el final. Y perdieron. Tuvieron que conformarse con anexar un informe de minoría en el que demuestran una verdad de perogrullo: que un sistema regional de pagos como el Sucre (y cita ejemplos varios como el Acuerdo Monetario Europeo y el ACU asiático) es un esquema legal y no existe necesariamente para cometer delitos. “El Sucre no es, per se, un mecanismo para lavar activos”, insistió Roberto Cuero hasta minutos antes de la votación.

A los tres legisladores correístas se sumó, en su rechazo al informe de mayoría, la socialcristiana Soledad Diab. Ella había mantenido un apoyo entusiasta a la investigación pero se distanció en los últimos días de debates, a raíz de la inclusión de cierta información sobre las operaciones de exportación con el sistema Sucre que se movieron a través del Banco Amazonas. Diab no tuvo empacho en actuar prácticamente como una intermediaria de la comisión con Jorge Muñoz, ejecutivo de ese banco. Ella también votó en contra. El informe se aprobó con cinco votos.

Desde el martes en la Fiscalía, el expediente sobre el caso Sucre-Foglocons será entregado también a los sistemas de justicia de Panamá, Colombia y Estados Unidos, donde Álex Saab permanece detenido y será juzgado a partir del 3 de enero próximo.

Tras la pista de los generales

Fiscalización ya tiene un nuevo tema de investigación sobre la mesa: se trata del caso de los narcogenerales denunciado por el embajador estadounidense Michael Fitzpatrick. Se aprobó por unanimidad una moción de Bruno Segovia para solicitar información a los ministerios de Gobierno y Defensa y establecer quiénes son los generales a los que Estados Unidos retiró la visa.