Algunos se quedaron a la lectura y otros prefirieron ausentarse. Una acalorada discusión entre el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, y la legisladora socialcristiana (PSC) Soledad Diab antecedió a la revisión del informe final de la investigación del denominado caso Álex Saab en el seno de la mesa legislativa.

Según Diab, el texto fue entregado con escaso tiempo para su lectura, por lo que mocionó que la votación sea aplazada para el lunes 13 de diciembre. Villavicencio dijo que fue entregado dentro del plazo legal y no dio paso a la votación de la propuesta, porque previamente se votó una similar planteada por la legisladora correísta Gabriela Molina y no fue aceptada (solo votaron a favor Diab, Molina y los correístas Roberto Cuero y Comps Córdova). Un hilo de acusaciones como que la sobrina de Villavicencio es funcionaria legislativa le siguió al fallido intento de Diab. A lo que el titular de la mesa refutó tal afirmación asegurando que es una calumnia y que su par deberá responder judicialmente.

Superado el impasse, se dio lectura al informe del también llamado caso Sucre que llegó a varias conclusiones. Una de ellas, que las empresas venezolanas que importaban desde Ecuador, a través de Fondo Global de Construcciones (Foglocons), “fueron creadas exclusivamente para ese objeto sin que tuviesen antecedentes mínimos en el comercio exterior y peor aún en el uso y manejo de recursos económicos que sustenten la viabilidad financiera de tales actividades”.

En este punto, Villavicencio pidió constatar el cuórum de la sesión, dejando el evidencia la ausencia de la socialcristiana Diab y del bloque correísta integrado por Molina, Cuero y Córdova. La sesión siguió al contar con la presencia de cinco de los nueve miembros.

Foglocons fue creada en Ecuador bajo las firmas de Luis Sánchez Yánez y Álvaro Pulido Vargas (cuyo nombre real es Germán Rubio, sentenciado por drogas en Francia), quienes estuvieron en su momento relacionados con Saab, presunto testaferro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, extraditado a Estados Unidos e investigado por el delito de lavado de activos.

Otra de las conclusiones del documento es que el Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre), creado durante el gobierno del expresidente Rafael Correa junto con el exmandatario Hugo Chávez (+) para facilitar el comercio entre los países de la ALBA, sirvió como herramienta para ejecutar “los actos de enriquecimiento ilícito, peculado, defraudación tributaria, etc., posteriormente lavado de activos:y que sin la existencia de una estructura criminal jerárquicamente organizada y con roles definidos, no podían consumarse”.

Entre 2010 y 2019, el monto por exportaciones alcanzó 2.697,51 millones de dólares en las que intervinieron 308 empresas. El 99 % de las transacciones se hizo con Venezuela. “La cifra de 2.697,51 millones de dólares tiene un alto impacto en la dolarización de la economía ecuatoriana”, recoge el documento.

Los legisladores Ana Belén Cordero, Pedro Velasco y Bruno Segovia presentaron algunas observaciones. Villavicencio suspendió la sesión para incorporarlas. Hasta el cierre de esta edición, la mesa no la retomaba para someter a votación.

ALGUNAS RECOMENDACIONES DEL INFORME

•  Que se remita el presente informe a la Fiscalía a fin de que en el ámbito de su competencia investigue el cometimiento de presuntos delitos de lavado de activos y otros.
• También se recomienda que el documento se remita a la justicia de Estados Unidos y Panamá para que investiguen el sistema Sucre y empresas que operaron en sus países.
• El texto sugiere a la Fiscalía observar la actuación de los funcionarios que ejercieron el cargo de superintendente de Bancos entre los años 2010 y 2014.