La pregunta número cinco de la Consulta Popular que fue parte de las aprobadas por el dictamen de la Corte Constitucional pide a la ciudadanía que se conceda la potestad de reformar al Código Orgánico Integral Penal (COIP) en sus artículos 698 y 699.

El objetivo es que no exista los beneficios del régimen semiabierto y abierto, más conocidos como prelibertad y libertad condicional, en al menos diez tipos de quebrantamiento de la ley (revisar cuadro adjunto), porque según los datos del último censo penitenciario, existe reincidencia en la población que logra salir de las prisiones.

“10.937 personas privadas de libertad, es decir, el 35% del total de la población carcelaria”, había ya estado en la cárcel y “la mayoría de ellos (8.533)” fueron detenidos entre dos y cinco ocasiones anteriores.

Para el abogado penalista Julio César Cueva sostiene que además de que se debió redactar mejor para dejar en claro que no existan prelibertades. “Porque no tiene sentido preguntar a la gente si quiere que el presidente mande a la Asamblea una reforma al COIP cuando la Constitución lo faculta”.

Además, enfatiza que para cumplir con esta propuesta se  debe implementar otros cambios relacionados al sistema carcelario nacional.

“No hay ninguna diferencia en la seguridad en caso de que se apruebe. Pero, mientras las cárceles sigan siendo ‘centros comando’ de la delincuencia organizada, meter más personas en las prisiones es darles a los grupos más gente para reclutar”.

El dictamen favorable de la Corte Constitucional que aprobó 10 preguntas se expone que la pregunta cinco “no se encuentra restringida por mandato constitucional”.

Lo que significa para el abogado penalista Joan Paúl Egred que se trata de una estrategia para darle apoyo y fuerza a la iniciativa con un deseo popular de mantener tras las rejas a quienes cometen delitos y así ganar una percepción positiva para ir a las urnas en menos de un año.

“Nuestra legislación prevé que con una reforma al COIP se impida que por estos delitos se pueda evitar que se aprovechen de los beneficios penitenciarios. Ya hay restricciones para varios delitos como enriquecimiento ilícito, peculado, concusión y depende del delito y la gravedad cometida. Este acto es más de orden político”.

Egred pondera que debido a la situación en la que se encuentra el país, “no sirve de nada mantener en las prisiones a personas cumpliendo pena” porque no existe una rehabilitación. No obstante, es partidario que “en esta ocasión”, apliquen dichos cambios para evitar el avance del recrudecimiento de la violencia en el país.

“Ahora, lamentablemente, si se aprueba la pregunta, no incrementará la seguridad, porque seguirá un trámite ordinario y no es un proyecto económico urgente para que sea de carácter inmediato. Será que va a ver la luz el próximo año, cuando el Gobierno esté de salida y no va a ser una medida inmediata porque las reformas al COIP también tienen candado”.

Mientras que el experto en seguridad Diego Pérez recuerda que el problema de reincidencia en las detenciones también se debe enfocar en combatir la corrupción en el sistema judicial, pues familiares de los privados de libertad denuncian coimas para acceder al trámite.

En el gobierno del presidente Guillermo Lasso se entregó cerca de  5.000 indultos y beneficios penitenciarios en su periodo como parte del plan para combatir el hacinamiento en las cárceles.

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