Los plazos para la consulta popular de Daniel Noboa corren. La Corte Constitucional (CC) emitió el 6 de febrero de 2024 el dictamen favorable a cuatro preguntas sobre las propuestas de enmienda constitucional y reforma parcial del Ejecutivo, que hizo el primer mandatario.

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La resolución favorable de la CC permitirá consultar a los electores sobre “la eliminación de la prohibición de extradición a personas de nacionalidad ecuatoriana, la incorporación de judicaturas especializadas en materia constitucional, el permiso para el arbitraje internacional y la incorporación de contratos por horas y a plazo fijo”.

Adicionalmente, los magistrados aprobaron modificar el artículo 158 de la Carta Magna, sobre las funciones de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna del Estado, que fue planteada el 21 de diciembre de 2023 por Guillermo Lasso.

Aunque los textos cuentan con el aval de la Corte, el máximo órgano de interpretación de justicia constitucional condiciona su procedencia y dispuso al Ejecutivo que efectúe cambios en parte del texto de los considerandos y anexos de las preguntas. Esto para cumplir con los requisitos de la Ley de Garantías Jurisdiccionales.

El constitucionalista Francisco Guerrero explica que con ese pronunciamiento, la Corte calificó que las interrogantes sí son constitucionales y el Ecuador tendrá una consulta popular mixta: por preguntas de plebiscito y de referéndum.

Las primeras son las que no implican cambios inmediatos a ningún texto legislativo y constituyen un exhorto a la Asamblea para tramitar esos temas en diferentes tipos de ley.

Las segundas conllevan cambios directos al texto de la Constitución y, si los electores responden afirmativamente, tendrán efectos directos. “Significa que si la gente apoya, se podrá viabilizar la contratación por horas, arbitrajes internacionales, la extradición, etc”.

A criterio del constitucionalista David Ochoa, es “interesante” que la Corte disponga que las preguntas tengan textos concretos para “garantizar la claridad al electorado”.

Tras el dictamen, el país podría participar en una de las consultas populares más extensas de la historia. Esto porque serían 11 preguntas aplicables, las 10 de Noboa más una de Lasso. Anteriormente, ocurrió algo similar en las convocatorias de 1994 o 1995 que hizo Sixto Durán Ballén, donde expuso 10 cuestionamientos en la papeleta.

Al respecto, Ochoa señala que en la norma ecuatoriana no existe un número máximo de preguntas o de extensión, por ello los observadores suelen recomendar que no sean tan extensas para que el electorado tenga claridad de lo que se va a votar.

Sin embargo, considera que el problema “es que ya no estamos a una consulta donde se responde sobre el contenido, sino que los ciudadanos dan su voto de confianza en quien le formula la pregunta”, que es el presidente.

Ambos coinciden en que las cuatro preguntas implican modificar la Constitución y requieren un trámite especial.

Ochoa opina que esas modificaciones “eran indispensables sobre los temas de las preguntas, que si se tramitaban en la Asamblea habrían demorado un año, como el planteamiento de Lasso que se hizo en diciembre de 2022 y recién fue tratado. Si se hacía por el Legislativo, tenía un costo menor, pero habría tardado más”, señala.

Guerrero cree que es importante que el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Presidente aclaren a la ciudadanía qué efectos tendrán los resultados para que no se piense que existirán cambios inmediatos.

Noboa deberá definir cuáles son las preguntas que irán en la consulta y tendrá que anunciarlo en un decreto ejecutivo. Luego, el CNE convocará a las urnas en 15 días y tiene otros 60 para desarrollar la consulta, que sería para fines de abril.

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