25 estados de EE.UU. demandan al Gobierno de Trump por la última ronda de aranceles

Veinticinco estados de Estados Unidos demandaron este 3 de agosto de 2026 a la Administración del presidente Donald Trump por su última ronda de aranceles, que afecta a las importaciones de 60 países y economías.

La querella, en la que participan los fiscales generales de Nueva York, Arizona, California, Colorado, Nueva Jersey y Minesota, entre otros, y los gobernadores de Kentucky y Pensilvania, argumenta que estos gravámenes son ilegales y que aumentarán los precios para consumidores y empresas en todo el país norteamericano.

En marzo, un mes después de que el Tribunal Supremo anulara la mayoría de sus aranceles globales, el Gobierno anunció investigaciones sobre 59 países y la Unión Europea (UE) en virtud de la Sección 301 de la Ley de Comercio de EE.UU.

La Administración de Trump alegó entonces que tenía como objetivo indagar en prácticas de trabajo forzoso en el comercio mundial.

Los  nuevos aranceeles afectan a 60 economías

Semanas después, amparándose en esta investigación, Trump anunció el pasado 23 de julio unos aranceles de entre el 10 % y el 12,5 % a las importaciones procedentes de 60 países y economías, entre ellos los 27 miembros de la Unión Europea y Canadá, Japón, Reino Unido, Guatemala, Honduras, El Salvador, Ecuador, Colombia, Argentina, Brasil y otros.

Esta medida sustituyó al arancel global temporal del 10 % que expiró el 24 de julio pasado y que había sido aplicado de manera generalizada por la administración Trump.

Además, esta nueva ronda de aranceles se estableció bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, argumentando que las economías referidas no han aplicado de manera efectiva prohibiciones a la importación de productos elaborados con trabajo forzoso.

Los Estados cuestionan la legalidad de los aranceles

Por su parte, los estados que interpusieron la demanda aseguran que los aranceles no cumplen con los requisitos de la sección 301 y que el Gobierno utiliza el trabajo forzoso “como excusa para mantener su política de imponer indiscriminadamente aranceles perjudiciales a un amplio abanico de países”.

“No existe ninguna relación lógica entre el supuesto problema del trabajo forzoso en las cadenas de suministro internacionales y los aranceles globales que impuso la Oficina del Representante Comercial de EE.UU. (USTR, por sus siglas en inglés)”, escriben en el documento judicial.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, una de las demandantes, criticó en un comunicado que, tras el fallo del Supremo, la Administración “vuelve a intentar subir ilegalmente los impuestos a familias y empresas con una nueva ronda de aranceles”.

James recordó además que el mandatario “no tiene poder para imponer aranceles amplios a los países que quiera”, tal y como estableció el Supremo en su fallo de febrero.