No se puede culpar ni a San Pedro ni a la madre naturaleza por el costo de los desastres que pudieron ser evitados con, al menos, la ejecución de estudios previos geológicos, hídricos y poblacionales para autorizar y ejecutar obras en sectores que no son aptos ni siquiera para la vivienda.

Anualmente, tan solo en la temporada invernal, Ecuador registra cerca de 800 deslizamientos de tierra en la mayoría de provincias. Le siguen los aluviones, hundimientos o socavones, situación que mantiene en constante riesgo a las poblaciones de la Costa, Sierra y Amazonía, incluso a Galápagos.

En los últimos tres años se cuentan 3.304 damnificados en la época lluviosa, sin contemplar los tres últimos hechos más graves: el hundimiento en Zaruma (El Oro) de 2021, el aluvión de La Gasca el año anterior en la capital y el reciente deslizamiento en Alausí en el que aún no es posible determinar cifras totales. Pero si nos basamos en el último boletín de Riesgos, son 3.676 damnificados en Ecuador y 87 fallecidos (revisar infografía).

El geólogo Wladimir Játiva enfatiza que el único fenómeno natural que no se puede advertir es el terremoto. En el caso de los demás, la misma naturaleza se encarga de emitir alertas y señales que incluso son objeto de estudio constante.

“Ecuador tiene diversas formas geológicas con diferentes tipos de rocas que se degradan por los efectos de la lluvia, cambios de temperatura, vientos, erosión que se genera por varios factores que provocan la pérdida de resistencia, aumentan su peso y más el agua se genera una presión que termina en deslizamientos”.

Pero, precisamente, estos comportamientos naturales son obviados o ignorados por las autoridades en la toma de decisiones y gestiones, lo que se evidencia cuando ocurre un evento adverso como el de Alausí.

Los expertos consideran que dichas muertes pudieron ser evitadas. El problema empieza cuando se permiten asentamientos humanos irregulares, luego legalizan sus aparentes predios sin importar las amenazas que puedan existir y, como si eso fuera poco, luego les construyen obras como puentes, hospitales y más infraestructura que no es la apropiada para el sector.

“Mucho más barato les resultaría a los municipios reubicar a los habitantes de ciertas zonas que ejecutar obras de alcantarillado y agua potable en sectores que son deleznables y riesgosos, que además requieren grandes inversiones porque no son aptos para establecer construcciones a lago plazo”, reflexiona Fernando Jara, consultor e ingeniero civil hidráulico.

También agrega que los gobiernos locales no cuentan con especialistas, estudios ni conocimientos de los sectores en los que se han desarrollado los asentamientos humanos irregulares y que mucho menos se ejecuta en las ciudades una planificación con mapas de riesgos enfocados en el desarrollo ordenado de sus territorios.

“Y por eso caemos en manos de personas que tienen su visión política y se han lucrado de las invasiones, luego en las campañas ofrecen obras que a ellos no les cuestan, sino al Municipio, creando la clientela política. Así generan una dinámica que existe en la mayoría de las ciudades, con gravísimos problemas de estabilidad que implican fenómenos geodinámicos que son muy peligrosos si no se los sabe controlar a tiempo, que terminan siendo una bomba de tiempo”, cuestiona.

Diario EXPRESO solicitó desde el  21 de marzo de 2023 a la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) una entrevista con su presidente, Franklin Galarza, o su director ejecutivo, Alex Rojas, para que expliquen los controles y restricciones que desarrollan los municipios, así como también su corresponsabilidad en la entrega de permisos de construcción en las laderas, cerros o demás sectores con distintos tipos de suelo, pero hasta el cierre de esta edición no atendieron al pedido.

Desde el área de comunicación se señaló que la agenda de las autoridades está concentrada en los talleres de alcaldes electos para el proceso de transición, de cara a la posesión que se ejecutará en los 221 municipios a mediados de mayo.

Sin embargo, la Secretaría Técnica del Comité Interinstitucional de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares señala que actualmente se han identificado en todo el país en total 478 invasiones y que el ‘top cinco’ se concentra en las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Esmeraldas y El Oro, con 349 territorios donde se han construido viviendas al margen de la ley.

El artículo 74 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo esboza las características de las invasiones y las tipifica como un área descartada para el planeamiento urbanístico municipal o metropolitano establecido. También que se encuentra en zona de riesgo y que presenta inseguridad jurídica respecto de la tenencia del suelo, precariedad en la vivienda y déficit de infraestructuras y servicios básicos necesarios para el hábitat.

Por su parte, Játiva destaca que hay que aclarar que muchos fenómenos son naturales y que son imposibles de detener por la magnitud de sus movimientos.

“De acuerdo con la velocidad con la que se actúe, los impactos pueden ser menores. En el caso de Alausí, difícilmente se hubiese detenido con obras, pero hay una negligencia criminal en el momento en que se avisó desde octubre de 2022 y el gobierno nacional y cantonal no fueron eficientes para ubicar inmediatamente una zona para trasladar a toda esa población a un lugar seguro. Hacen un desalojo cuando era ya inminente el deslizamiento. Obvio que no querían salir porque no sabían a dónde ir. Tenían que darles las facilidades para irse del sitio, como por ejemplo camiones para trasladar sus enseres”.

Otro ejemplo de la falta de control y que representa un peligro latente es lo ocurrido en marzo de 2021 en Nabón, Azuay, cuando se generó una alerta que permanece hasta la actualidad porque se detectaron grietas no solo en el suelo, sino en las casas. Hay 52 viviendas destruidas, 84 viviendas afectadas, 162 familias evacuadas y 60 familias damnificadas. Y todavía sigue todo igual.

“El 99 % de las instituciones del Estado no funcionan. Reaccionan cuando el peligro ya está encima, incluso ni siquiera lo hacen cuando está la amenaza”.

En el caso del socavón de Zaruma, ocurrido en diciembre de 2021, no hubo fallecidos, pero de acuerdo con el último informe de la Secretaría de Riesgos, todavía hay 202 personas damnificadas. Aunque el caso responde más a temas de minería ilegal, se evidencia el descontrol y la falta de regulación de las autoridades locales para su prevención.