Es imperativo que la transición en direcciones y empresas públicas no se convierta en un freno para el desarrollo urbano. Trámites vitales como informes de regulación, aprobación de planos, registros de construcción o particiones de terrenos -históricamente afectados por lentitud- corren el riesgo de caer en parálisis o retroceso. La ciudad no puede permitir que el dinamismo de la construcción y la inversión privada se detengan por ajustes políticos o debilidades administrativas.

El liderazgo subrogante tiene el reto de demostrar que la planificación no se detiene. No basta con vigilar que las obras cumplan plazos y presupuestos; se requiere visión para proyectar soluciones a problemas estructurales. La eficiencia debe ser la única consigna. Los guayaquileños no tienen por qué pagar las consecuencias de las crisis políticas. La municipalidad debe garantizar servicios ágiles y una ruta clara, demostrando que la institución es más fuerte que sus coyunturas.

Hace unos días, en Barcelona, Noelia Castillo recibió la eutanasia a los 25 años. Eligió: la defendió en cinco instancias judiciales, se puso su vestido más bonito y se fue sola. Noelia me evocó a mi país. Un país que para vivir ha muerto muchas veces y debe volver a morir.

En Cuba no hay eutanasia legal. Hay algo peor: una muerte sin consentimiento en dosis crecientes. La OMS lo certifica: miles de cirugías pospuestas, treinta mil niños sin vacunar, hospitales que no sostienen urgencias. Y 32.000 embarazadas que sabe Dios cómo van a parir. Nadie eligió.

Mauren, embarazada, confía: el país siempre ha salido adelante. La psicología llama indefensión aprendida a esa fe. Indira, con siete meses, mira a la cámara: “Mi hijo nacerá en un país sin perspectiva”. Alpízar, 78 años, le dio todo a la revolución y hoy dice: “Ni siquiera me han dejado la esperanza de volver a soñar”. No es un disidente. Es un creyente al que le aplican la eutanasia de su fe.

Solo que nombrarlos sin pensamiento crítico nos condena a la catarsis perpetua. Y la catarsis no construye nada.

Joaquín Hernández Alvarado escribió aquí sobre el fin de la utopía cubana. La alianza entre inteligencia y poder fue el arma más eficaz de la revolución, evidenció la columna. Más que los tanques. Porque la revolución no prometió solo pan y techo, prometió sentido. El apagón de hoy es la consecuencia material de un apagón narrativo que empezó décadas antes. Cuando cae el muro de carga no se cae una pared: se cae la casa entera. Por eso, Cuba, me parte el corazón.

Y precisamente por eso insisto: necesitamos menos inventario del colapso, ningún safari humanitario y más Joaquines para pensar a Cuba desde los cimientos, no desde la nostalgia ni desde el odio.

A esta Cuba agonizante prefiero verla morir en paz. No necesita más elegías. Necesita ingenieros del después. Cubanos de aquí y allá, como ave Fénix, para construirla otra vez.

El actual presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha admitido que el régimen negocia con Estados Unidos. Muchos consideran que el objetivo de esas conversaciones, lideradas por el secretario de Estado Marco Rubio, es su salida del poder: mantener el sistema, pero cambiar su figura visible, como se intentó en Venezuela.

Sin embargo, Cuba no es Venezuela. En Caracas, Trump toleró la continuidad del chavismo a cambio de beneficios económicos ligados al petróleo. Cuba carece de ese recurso. Aunque tiene potencial turístico, explotarlo requiere tiempo e inversión, lo que limita su utilidad como moneda de negociación inmediata.

Además, el régimen venezolano ha sido más pragmático, priorizando beneficios económicos. En Cuba, pese a la corrupción y desigualdad -como el control de hoteles por Gaesa, vinculado a las fuerzas armadas-, el componente ideológico sigue siendo importante. Ese factor ayuda a explicar la longevidad del sistema, a pesar de su crisis económica.

Podría surgir una figura dispuesta a negociar pragmáticamente, pero hasta ahora no ha ocurrido. Las conversaciones parecen estar en manos de figuras cercanas al núcleo histórico del poder, como Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro.

Esto revela un punto central: la posible salida de Díaz-Canel no implicaría grandes cambios, ya que nunca ha tenido el control real. Desde 2018, cuando Raúl Castro dejó formalmente la presidencia, el poder efectivo ha permanecido en su entorno familiar. Así, la revolución que buscaba eliminar élites ha terminado consolidando una estructura casi dinástica.

Este carácter también explica la falta de apoyo regional. Aunque algunos aún sienten nostalgia por Fidel Castro, las generaciones más jóvenes ya no ven a Cuba como modelo. Las restricciones a libertades han debilitado su atractivo.

Incluso gobiernos de izquierda en América Latina han mostrado escaso compromiso con el régimen cubano. Más allá del temor a represalias de Estados Unidos, existe un reconocimiento implícito de que un sistema que empobrece a su población difícilmente puede sostenerse.

Marco Rubio parece entender mejor esta dinámica que Trump. Existe la posibilidad de que impulse cambios democráticos de forma discreta, aunque sin garantías. En Venezuela, intentos similares no han dado resultados alentadores: recientes cambios en la cúpula militar apuntan más a reforzar la represión que a una apertura.

La situación recuerda a Nuestro hombre en La Habana, de Graham Greene, donde un falso espía fabrica informes sin sustento y aun así es recompensado. De forma similar, existe el riesgo de crear una ilusión de progreso sin cambios reales.

En este contexto, mientras las estrategias externas se centran en soluciones rápidas, la realidad cubana sigue marcada por estructuras profundas de poder. Sin transformaciones internas significativas, cualquier intento de cambio corre el riesgo de quedarse en apariencia, sin ofrecer a los cubanos las libertades que esperan.

La Constitución y el Código de la Democracia establecen como pilares la certeza jurídica, la igualdad de condiciones y la preclusión de etapas. Alterar el calendario electoral sin una justificación robusta debilita estos principios e introduce incertidumbre, la cual impacta la confianza institucional. La invocación preventiva de un posible fenómeno climático, sin evidencia concluyente, es insuficiente frente a los efectos jurídicos que se desencadenan.

El problema de fondo no es solo la decisión, sino sus consecuencias estructurales. Reducir plazos afecta la democracia interna de las organizaciones políticas, limita su capacidad operativa y distorsiona la equidad en la competencia. En sistemas frágiles, los cambios en las reglas de juego generan asimetrías reales. No todos los actores tienen la misma capacidad de adaptación, lo que abre la puerta a exclusiones de facto.

Además, la medida profundiza la tendencia de la judicialización de la política. El protagonismo del Tribunal Contencioso Electoral y eventualmente de la Corte Constitucional no es señal de fortaleza institucional, sino de la incapacidad del sistema para generar certezas desde su órgano rector.

La crítica de la Comisión Nacional Anticorrupción pone en evidencia un déficit de legitimidad. En democracia no basta actuar dentro de la legalidad formal, es indispensable preservar la apariencia de imparcialidad. Cuando las decisiones electorales coinciden con coyunturas sensibles para determinados actores, la suspicacia se instala, aun en ausencia de pruebas de ilegalidad.

Finalmente, el CNE ha abierto un frente innecesario en un momento de alta volatilidad. La estabilidad de las reglas electorales no es un detalle administrativo: es una condición mínima para la credibilidad del sistema democrático. Al alterarla sin sustento sólido, erosiona más que fortalece la institucionalidad.

Anteriormente, el presidente Trump había dado dos días de plazo al gobierno iraní para abrir el estrecho de Ormuz a la navegación internacional. Posteriormente lo amplió a cuatro y finalmente abrió un nuevo plazo hasta el 6 de abril. Estamos en ese plazo. En este ínterin, Trump había manifestado que se hallaba en negociaciones con Teherán y que había ahora mejores interlocutores para llegar a un acuerdo. Pero simultáneamente dejaba también claro que si el gobierno iraní no cedía a las condiciones planteadas, vendrían ataques que harían retroceder a la edad de piedra a ese país.

El discurso de Trump volvió sobre lo mismo. Definió a la campaña como un éxito y que el conflicto estaba cerca de su fin. Pero a la vez amenazó con profundizar los ataques en las próximas dos o tres semanas. Seguimos en espera.

Sin discutir este solapado ‘privilegio’ que tienen (o al menos dicen tener) ciertos personajes de nuestro lindo Ecuador para predecir el clima que tendremos en febrero, me traen más dudas que certezas las razones de este inusitado -y quizá conveniente- cambio en el calendario electoral, además de que ninguno de los miembros del Consejo Nacional Electoral que ha tenido la intrepidez de salir en medios suena convincente con sus razones, al menos para mí.

La anticipación de las elecciones tiene gato encerrado, no nos quieran ver la cara, por favor. Sinceramente, creo que se han confundido de clima, pues no es el meteorológico el que les preocupa, sino el político (como siempre). Esta es una decisión política que quiere alterar el mapa democrático y social del país. Espero, sinceramente, equivocarme. Entonces, que el apuro sea por lo que dicen que es y no sea prisa oculta de intereses partidarios y tácticas para neutralizar adversarios o capitalizar coyunturas favorables. Adelantar estos comicios a cuenta de que se inventan tener una bolita de cristal que les da una habilitad sobrenatural para predecir el clima que ni el Inamhi tiene-, sin brindarnos una sola garantía de transparencia es poner la democracia en modo ‘exprés’ y arriesgar la legitimidad del resultado. Además, esto les va a obligar a los que mueven las piezas en el tablero de ajedrez a vivir de su campaña en desmedro de todos. Exigimos transparencia, motivaciones claras, cronogramas razonables.

En Ecuador, ya hace rato perdimos el concepto de democracia en su sentido amplio, pues esta no se fortalece con atajos; necesita transparencia íntegra, donde se nos deje de tomar por ingenuos a todos. Si el objetivo real es resolver crisis profundas, la vía no puede ser inventar coartadas, pues se requiere de seriedad y compromiso con la justicia electoral para que las urnas reflejen la voluntad de todos.

Veamos que pasa, pero a mí, en lo personal, no me convence el advertido “temporal”. ¿Qué clima buscan cuidar, el meteorológico o el político?

El cuento aborda el enojo y la tristeza.

Junto a sus amigos, Bruno practica la respiración profunda, mostrando que el apoyo social ayuda a regular las emociones.

El recurso permite a docentes trabajar la empatía, las labores en equipo y la resolución de conflictos de forma colaborativa.

Se emplearon herramientas de Inteligencia Artificial para crear imágenes y animación, destacando su valor en la educación socioemocional.

Disponible en la web, es una herramienta accesible para familias y docentes.

Las emociones deben aprenderse a manejar; la narrativa y la tecnología fortalecen el bienestar y la resiliencia.

Roberto Camana-Fiallos

Si los ‘asesores’ de la actual administración no promueven reformas elementales con visión a largo plazo y no simples ofertas demagógicas, es previsible la desconfiguración institucional, como advierten académicos y sociólogos que prevén la relación entre cambio estructural y equilibrio social. Cualquier acontecimiento inesperado podría poner en riesgo nuestra débil estabilidad democrática. Frente a esto, el país debería estar preparado. ¡Hoy no lo está!

El Gobierno no debe esperar para reordenar profundamente el Estado y dejar de lado cálculos electorales que afectan la frágil democracia. La demora en los cambios estructurales envía un mensaje de debilidad, enfría el apoyo popular reflejado en la derrota en la consulta anterior y alimenta ataques mediáticos de opositores.

Nada se ha hecho para sanear el Poder Judicial, ni existe una estrategia clara contra el crimen organizado. En economía, la apertura a la competitividad y la eliminación de privilegios ni siquiera se publicita. ¿Por cuánto más podemos sostenernos así? Sin reformas, Ecuador seguirá atrapado en la miseria y el rezago.

Al Gobierno no le queda alternativa. Aunque las reformas sean costosas y conflictivas, son la única vía para garantizar el desarrollo postergado por décadas. Transformaciones parciales solo mitigan la crisis temporalmente. No hay tiempo para más ofertas o titubeos; seguir igual condena al sistema a un derrumbe irreversible.

Mario Vargas Ochoa

El país está frente al uso sistemático de procesos de control dirigidos al escarnio público y la presión política. Por eso es que los momentos y los tiempos son claves para entender el fondo. No es gratuito y al azar que se filtren estos informes que dan inicio a indagaciones fiscales en un momento en el que la Corte Constitucional tiene en sus manos resoluciones de alto interés político, como el cambio de la fecha de las elecciones seccionales, y el análisis de la legalidad de la designación del fiscal general subrogante.

El contralor tiene que demostrar, más allá de sus palabras, que la institución que encabeza no se ha convertido ya en instrumento de los intereses del poder político.

Han pasado casi 13 años. Trece años de versiones contradictorias, de líneas de investigación que cambiaron con el tiempo, de decisiones que parecían más orientadas a cerrar el caso que a encontrar la verdad. Trece años en los que el Estado no ha podido -o no ha querido- responder una pregunta básica: ¿qué pasó con David Romo?

En ese mismo tiempo, Alexandra Córdova no se detuvo. Transformó el dolor en resistencia. Mientras las instituciones archivaban, ella insistía. Mientras el sistema dudaba, ella caminaba: morgues, quebradas, audiencias, calles. Cada miércoles, cada día, con una sola consigna: que su hijo no sea olvidado.

Este caso ya no es solo una desaparición. Es un retrato brutal de la fragilidad institucional. De un sistema que permitió que una investigación pase por teorías sin sustento sólido, que dejó diligencias pendientes, que incluso intentó cerrar el caso alegando plazos, como si el tiempo pudiera sustituir la verdad.

La reciente reapertura no es un logro del sistema. Es la evidencia de que algo se hizo mal durante años. Y también es un grito: la justicia no puede administrarse como trámite.

¿Cuántas madres más viven este mismo infierno en silencio? ¿Cuántos nombres no conocemos? David Romo se convirtió en símbolo porque su madre no se rindió. Porque decidió incomodar. Porque entendió que el amor también es lucha.

Un país que no responde dónde está un hijo es un país que ha perdido el rumbo. Porque cuando la desaparición se normaliza, la democracia se debilita.

David Romo no es pasado. Es una pregunta vigente. Y su madre, una voz que el país no puede ignorar.

Que esta reapertura no sea otro capítulo inconcluso. Que sea, por fin, el inicio de la verdad.

El WTI, nuestro crudo marcador, en marzo seguramente se ubicó bajo los 90 dólares. El precio del crudo ecuatoriano debe haber terminado cerca de 80. Nuestro promedio en el trimestre algo por debajo de 63, dos dólares abajo del promedio del mismo trimestre del año anterior. Al PGE le ingresaron cerca de $ 400M en el trimestre por petróleo, una mejora de 30 % anual, que no alcanza a cambiar las 10 veces que impuestos lo superan.

Por el lado de los gastos, la nómina, que en 2016 representó $ 1.988M en el primer trimestre del año, hasta marzo de 2026 ha crecido a un ritmo de 1,6 % anual. Bastante controlada, mientras la inflación creció 1 % promedio anual. No se puede decir lo mismo del gasto de transferencias corrientes que recoge los bonos sociales y el 40 % de aporte a la seguridad social, que en igual período creció a un ritmo de 7,5 % anual y se gana una gran etiqueta de ‘INSOSTENIBLE’.

El gasto de capital e inversión en marzo de 2016 llegaba a $ 1.212M y algo más de una década después sigue en los mismos $ 1.200M. Aquí desearíamos algo más de ritmo. El Plan Anual de Inversiones (PAI) en 2026, habiendo transcurrido la cuarta parte del año, va ejecutando apenas un 7 % con $ 157M devengados de los $2.200M presupuestados. Un año atrás se ejecutó 8,6 %. Mejor ni mencionar la pobre ejecución de 2023 y 2024.

En la parte compleja de las cifras, existen $ 500M que incrementaron el PAI bajo el programa “creamos vivienda”, sin embargo, los excluyo en la comparación porque constan en grupos de gastos que tienen carácter más financiero que operativo, dentro de la categoría “bajo la línea” que no afectan al déficit fiscal. Están orientados para apoyar el financiamiento de proyectos de vivienda de interés social. Su aporte a la economía ocurrirá conforme se vayan construyendo y financiando aquellas soluciones habitacionales que buscan reducir el déficit de vivienda.

Los atrasos, considerados como la diferencia entre el gasto devengado y el pagado, de similar comportamiento al año anterior, van en $ 1.221M, concentrándose principalmente en transferencias de capital vinculadas con recursos que deben destinarse a GAD.

El primer trimestre usualmente no refleja déficit fiscal, este ‘aparece’ en el segundo semestre y toma fuerza cerca de finalizar el año. Hasta marzo se han pagado $ 5.615M de deuda con los $ 6.450M recibidos principalmente de deuda externa y bonos locales. Para el resto del año aún le faltan por conseguir $ 9.000 millones para atender el déficit fiscal esperado de $ 5.000M y el saldo de capital de deuda por amortizar.

El Gobierno avanza en ajustar el llamado gasto tributario achicando fugas en exoneraciones de IVA de la mano del programa con el FMI. Las cifras fiscales parecen dar tregua, pero es claro que no alcanza.

Esta percepción plantea un desafío que pocas veces se discute con suficiente claridad: el verdadero activo del mercado de seguros no es únicamente el capital financiero, sino la confianza.

El seguro es, en esencia, una promesa: que si ocurre un evento adverso existirá una respuesta económica que permita a las personas y empresas recuperarse. Pero como toda promesa, su valor depende de la credibilidad del sistema que la respalda.

Por eso los mercados de seguros más desarrollados no se distinguen solo por su tamaño, sino por la solidez de sus instituciones, la claridad de sus reglas y la eficiencia para resolver controversias. La confianza no surge por casualidad, se construye con transparencia, seguridad jurídica y cumplimiento efectivo de las obligaciones.

También requiere un esfuerzo permanente del sector asegurador por fortalecer la comunicación con los usuarios, simplificar procesos y promover educación financiera. Un mercado sólido no se construye solo colocando pólizas, sino generando credibilidad y relaciones sostenibles con los asegurados.

Contar además con mecanismos técnicos y oportunos para resolver diferencias resulta fundamental. Procesos especializados y eficientes no solo protegen derechos, sino que fortalecen la confianza en todo el sistema.

En países expuestos a riesgos naturales y económicos como Ecuador, un mercado de seguros confiable no es un lujo. Es parte de la infraestructura que permite reducir la vulnerabilidad económica y acelerar la recuperación tras las crisis.

Porque al final, los seguros no funcionan únicamente por cálculos actuariales. Funcionan porque existe confianza. Y sin confianza, simplemente no hay seguros.

En ese juego del rompecabezas está metido el gobierno de cabeza y las fichas que faltan ya son pocas: básicamente, las de la Corte Constitucional. Para que estas encajen en el cuadro final hay algunas opciones. Una es que, si ese tribunal declara lo obvio y evidente -la inconstitucionalidad del adelanto de las elecciones-, entonces los bienmandados del CNE, que no tienen vergüenza para dar los argumentos más ridículos para haber tomado esa decisión, destituyan ilegalmente a los jueces de la Corte. Que sea ilegal no importa: en esta opción, llegará la madrugada en la que la Corte Constitucional amanecerá allanada por la Policía o las FF. AA. y ‘chau pescado’. Para entonces, la campaña de desprestigio en contra de los jueces -en la que, sin vergüenza, el contralor Mauricio Torres está trabajando denodadamente- habrá cumplido su objetivo de instalar en la opinión pública la idea de que los jueces se lo tenían merecido.

Otra opción es que, asimismo, de la mano del títere del contralor, se involucre al menos a un juez y haya que hacer un cambio, donde su reemplazo será un bienmandado más. Ahí ya podría haber una mayoría de bienmandados. También es posible que, simplemente amedrentando a los jueces con juicios y allanamientos, se consiga su completa sumisión. En cualquiera de estos escenarios se habrá completado el rompecabezas y aparecerá, entonces, la figura definitiva: la de la dictadura.

Pero aún existe la posibilidad de que, finalmente, el rompecabezas no se llegue a completar, que su ejecutor falle en alguna de las movidas y el plan final se frustre. Que eso suceda no es imposible.

Respecto de este mismo asunto, Diario EXPRESO publicó el 1 de julio de 2025 mi carta, en la cual exhortaba al alcalde que ordenara una revisión para fines de regularización. Sin embargo del tiempo transcurrido, el Municipio continúa cobrando por mejoras que ya fueron canceladas hace una década. En vista de la judicialización en que se encuentra el alcalde, hago extensivo este requerimiento a la alcaldesa encargada.

Para mejor información, adjunto la carta del 1 de julio de 2025, agradeciendo a usted, señor director, por su favorable atención:

El Ilustre Municipio de Guayaquil viene cobrando desde el 2000 hasta el 2025, es decir, durante 26 años, la Contribución Especial por Mejoras, a pesar de que en el comprobante de pago de impuestos prediales se hace referencia al período 2000-2014.

En la actual administración, adicional al pago de las tales mejoras, desde hace dos años, los guayaquileños y residentes en la ciudad también están pagando por ese mismo concepto de ‘Mejoras’; siendo los valores mucho más elevados que los prediales.

Considerando la situación económica de las familias, se hace necesario que el señor alcalde ordene una revisión y, de ser procedente, se regularicen estos cobros, pues en el primer caso ya se habría cumplido la obligación; y sobre los cobros de los años 2024 y 2025, que informe a la ciudadanía qué período comprende y, principalmente, por qué obras que haya realizado la municipalidad.

Ángel Campoverde Giler

La democracia no corrige esa lógica, la organiza. No funciona porque los actores crean necesariamente en la tolerancia ni porque respeten al otro por convicción. Funciona porque existe un cálculo bastante simple que disciplina la conducta. Hoy puedo ganar pero mañana puedo perder; y si hoy utilizo el poder para arrasar, mañana no habrá nada que me proteja cuando me toque estar del otro lado.

Ese cálculo convierte la destrucción total en una mala estrategia. No porque esté mal en abstracto, sino porque sus costos pueden volverse en contra. Por eso el rival puede ser detestable, pero no completamente eliminable. No por respeto, sino por conveniencia.

Ese equilibrio empieza a erosionarse cuando la política de la demolición deja de ser una tentación y se convierte en práctica sistemática. El correísmo no inventó la confrontación ni la polarización, pero las llevó a un punto en el que el poder dejó de ser solo una herramienta para gobernar y pasó a ser también un instrumento para arrinconar al otro. Las reglas se ajustaban según la necesidad política del momento.

Hoy aparecen denuncias de manipulación electoral desde quienes antes despreciaban esos argumentos. La sorpresa parece genuina, pero el fenómeno no lo es. Cuando se normaliza que las reglas se doblan si conviene, lo único que cambia con el tiempo es quién tiene la capacidad de hacerlo y quién es el perjudicado.

Siempre se repite que la política no es un juego de niños. El problema es cuando se decide jugar a la demolición y luego sorprende quedar bajo los escombros.

Hay que leer con lupa lo que detalla el diario. ¿Y ahora qué? ¿Quién asume la responsabilidad y en qué se basarán para evitar que esto se repita? Nunca antes el país ha experimentado algo similar, menos con ayuda externa. Esto adquiere dimensión internacional y revela un país dividido, lleno de preguntas y pocas respuestas.

Ahora se intenta señalar que esta es la única forma de enfrentar esta lacra, generando más confusión. ¿Es realmente la única estrategia? Expertos en seguridad advierten posibles violaciones de derechos. El Gobierno debe explicar con claridad qué ocurre frente a esta investigación periodística. No es un tema menor ni para trivializar. Resulta complejo alinearse con dinámicas globales de defensa sin consecuencias. ¿Se trata de exterminio u otra interpretación del diario neoyorquino?

Guillermo Martínez Tubay

Existe una especialidad médica que usted conoce: los cuidados paliativos. Con la “Ley Orgánica de Cuidados Paliativos en Ecuador”, publicada el 28 de marzo de 2025, se garantiza atención integral gratuita y digna a pacientes con enfermedades crónicas, avanzadas o terminales, estableciendo su obligatoriedad en el sistema de salud público y privado, enfocada en aliviar el dolor y apoyar al paciente y su familia. ¿Por qué no promover su aplicación, aún pendiente? Dotar de medicinas, fortalecer la atención psicológica, capacitar en hospitales mediante material informativo, charlas y medios de comunicación, e incluso fomentar apoyo espiritual según las creencias. ¿O es más fácil eliminar al que sufre que acompañarlo en su dolor?

Aunque algunos aplaudan la eutanasia para huir del sufrimiento, siento la obligación moral y espiritual de expresar mi postura y ser voz de muchos. He vivido el viacrucis de tres seres amados enfermos: dos con enfermedades graves y mi madre política con enfermedad catastrófica. Pese a haber tenido que rogar por atención médica, buscar ambulancias, enfrentar trámites, esperar oxígeno, noches en vela, dolor profundo y recursos agotados, jamás pensamos en terminar sus vidas. La paz moral y espiritual de haberles dado amor y calidad de vida es invaluable. Tuvieron una muerte digna porque Dios las llamó en su tiempo, no en el mío.

No disfracemos con piedad el asesinato. La eutanasia es un crimen que, de aprobarse, podría desvirtuar la vocación médica y el compromiso con la vida.

Imaginemos además abusos legales en un contexto de corrupción, incrementando muertes por esta causa.

¡No a la cultura del descarte!

Dra. Anabella, para servir al prójimo utilice sus herramientas: su vocación médica, su rol de madre y su curul en la Asamblea. Por amor a Dios, defienda el valor supremo de la vida desde la concepción hasta la muerte natural.

Gretel Portés de Lerqué

Nieto de españoles, León XIV, antes de un mes de serlo, ya canonizó a varios sacerdotes “mártires de la Cruzada” 1936-39. Hay fotos de esa guerra con centenares de sacerdotes haciendo prácticas con fusiles en la plaza de toros de Madrid, siguiendo, pues, las normas de Yahvé, con las que mataron a Jesús y a sus auténticos discípulos.

Martín Sagrera Capdevila

En un contexto de incertidumbre energética, permitir que más hogares generen su propia electricidad se convierte en una medida estratégica que reduce la presión sobre un sistema frágil, diversifica la oferta y, al mismo tiempo, alivia el gasto mensual de miles de familias que hoy pagan más por un servicio cada vez menos confiable.

La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip) es clara. Solo puede calificarse como reservada la información que encaje en supuestos específicos previstos en la misma ley, como información de defensa, inteligencia o seguridad del Estado. La reserva, además, debe ser motivada, formalmente declarada por autoridad competente y tiene una característica esencial: es siempre temporal. No puede ser permanente. La ley exige un plazo y, vencido este, la información recupera su carácter público.

La lógica es evidente: si cualquier documento pudiera declararse reservado sin justificación legal y sin límite temporal, la publicidad dejaría de ser la regla. Por eso la Lotaip parte de una presunción clara: toda información pública es accesible, salvo excepción legal debidamente motivada.

Sin embargo, se ha vuelto frecuente que entidades públicas adopten decisiones relevantes sustentándose en “informes reservados”. Se anuncian medidas de seguridad, cambios institucionales o decisiones de alto impacto político apoyadas en documentos que no pueden conocerse ni contrastarse. Incluso se han declarado reservados contratos estatales y decisiones diplomáticas de evidente interés público.

El problema no es la existencia de información reservada. Hay casos en que es legítima: operaciones de inteligencia o datos cuya divulgación cause un daño verificable al interés público. Pero incluso allí la reserva exige motivación, proporcionalidad y límite temporal. No puede ser un refugio frente a la transparencia.

Cuando las decisiones públicas se adoptan sobre documentos que no pueden conocerse, la transparencia deja de ser la regla y pasa a ser la excepción. Y eso no es un detalle técnico: es una forma de ejercer el poder sin rendir cuentas.