Hay que verse en el espejo de otros para no repetir el mismo camino. Es de conocimiento público el futuro de la edición impresa de EXPRESO. El compromiso de los directivos de GRANASA es cumplir con todas las obligaciones laborales con sus colaboradores. Por ello es crucial la resolución de la Junta General de Accionistas del próximo 13 de octubre, y que, actuando apegados a la ley, se tomen las decisiones idóneas. Empleados, proveedores y accionistas están a la espera de esas decisiones y aspiran a no ser las víctimas colaterales de embudos legales que pueden repetir el camino de otras empresas de medios de comunicación y de otro giro de negocios que aún adeudan las liquidaciones y otros haberes a empleados y proveedores.

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Nadie quiere repetir ese camino

Nadie quiere recorrer ese camino. El hecho de perder un solo empleo ya es motivo de preocupación, ni se diga si la cifra es de dos o tres dígitos. Pero si esa es la realidad, que sea lo menos traumática posible para todos. Que no se convierta en una larga espera y en eternas intervenciones que no resuelven absolutamente nada, y solo ahondan más la crisis e incertidumbre de los que se quedan.

Que la ley y la sensatez sean las que prevalezcan.

La fricción entre Granasa y el Gobierno llegó a un punto en que seguir imprimiendo diario EXPRESO resulta inviable debido a la falta de ingresos por publicidad, el rubro que en mayor porcentaje financia su operación. Ante esta nueva realidad, muchos trabajadores perderán sus empleos, fuente de ingreso de numerosas familias ecuatorianas.

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El bienestar de los trabajadores debe ser prioridad

Es por lo tanto un momento en el que debe primar la lucidez, poniendo siempre por delante el bienestar de los más vulnerables, en este caso el de los empleados y proveedores de este medio de comunicación.

En la junta extraordinaria de accionistas que se llevará a cabo la próxima semana, se tomarán las decisiones que permitan a la empresa pagar las liquidaciones de sus colaboradores y las deudas de sus prestadores de servicios, de materias primas y de suministros de producción.

Editoriales

Granasa no está quebrada

Editorialistas Expreso

La decisión queda en manos de la intervención

Pero estas decisiones estarán sujetas a la aprobación de quien, en representación de la Superintendencia de Compañías, ejerce la intervención de esa institución en Granasa.

Por lo tanto, en sus manos estará permitir que la editorial honre al cien por ciento y de manera oportuna estos compromisos, y entregue todos los valores que por ley le corresponde dar, sin trabas y con total transparencia.

Gráficos Nacionales S.A. (Granasa) se acerca al cierre de uno de los capítulos más difíciles de su vida institucional. Diario EXPRESO, una de sus marcas más insignes, circulará hasta este 9 de octubre, y con su salida se apagará también una fuente de ingresos que sostenía a decenas de trabajadores y a sus familias. Pero el proceso de liquidación que se avecina plantea duros desafíos. No solo está en juego el derecho de los accionistas, sino, sobre todo, el de cada uno de los colaboradores que dieron lo mejor de sí a esta casa editorial.

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Una liquidación que no debería convertirse en otro problema

La aspiración del grupo empresarial es liquidar a empleados como manda la ley porque Granasa no está quebrada. Es una empresa solvente, y lo demuestra con una serie de activos, entre edificios y terrenos, que necesita poner en venta para honrar las obligaciones laborales de quienes están en nómina. Una intención que solo podrá concretarse si la Superintendencia de Compañías, a través de su interventora, lo permite. Si la intención es liquidar a EXPRESO, lo que menos queremos es que se vuelva un camino tortuoso y demorado, como el que ya vivieron empresas como el Hotel Continental o Zofragua. La empresa está decidida a hacer su parte, pero requiere la colaboración oficial para dar lo justo a quienes sostuvieron este proyecto durante tanto tiempo.

En el Ecuador de estos años todos sabemos qué significa pagar la vacuna. El tendero y el transportista pagan para que los dejen trabajar. Con la prensa el mecanismo es idéntico, solo que más sutil. No llega un fulano en moto, con pantaloneta y camiseta; llega un funcionario con chofer y guardaespaldas, enfundado en un “Armani”. Y la vacuna no se paga con efectivo, se paga con silencio. Una portada intrascendente, una investigación archivada, una denuncia tildada de calumnia. El que paga sigue circulando; el que no, carga con las consecuencias.

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Esta es mi última columna en la edición impresa. Dentro de poco este diario ya no será voceado en las calles, y no por falta de lectores ni de noticias que contar. Deja el papel porque se quedó sin auspiciantes. Nadie clausuró nada, sería torpe, y el poder no lo es. Clausurar un periódico fabrica mártires y enciende alarmas en el extranjero. Asfixiarlo, en cambio, es limpio. Basta una llamada, una indirecta a la renovación de un contrato, una auditoría tributaria sorpresiva, un trámite que de pronto se demora. Nadie amenaza; apenas se insinúa. Y quien debe entender… entiende.

A diario Expreso lo abandonaron los auspiciantes. Sin embargo, al dueño de la ferretería de la esquina que retiró su anuncio, no hay nada que reprocharle. El reproche debe ir hacia arriba. Hacia ese empresariado que llena auditorios hablando de seguridad jurídica, que firma comunicados en defensa de la libre empresa y que patrocina, cada año, el foro sobre libertad de expresión. Ese mismo empresariado retiró su pauta sin que nadie tuviera que pedírselo dos veces. Descubrió que la libertad es un principio vital, siempre que no comprometa los números del próximo trimestre. Defiende el mercado con fervor de misa dominical, pero ante el primer ceño fruncido del poder “renuncia” al vocero osado e incómodo. En el próximo evento, sin rubor alguno, volverán a repartir placas a los héroes de la libertad y a proclamar que sin prensa libre no hay democracia. Son los mismos gremios que, no hace tanto, le exigían a la prensa denunciar los abusos de otros gobiernos. Entonces el periodismo incómodo les resultaba útil, porque incomodaba a otros.

Ahora el vocero oficial dirá que en este país hay libertad de pauta y callará lo que ya hemos dicho, que el gobierno es en realidad, el único anunciante, con máscara o sin ella. Otros siguen pagando la vacuna y, claro, siguen circulando o locutando rebosantes de pauta oficial. Este diario pagó el precio de publicar los contratos que no debían conocerse y de preguntar dónde estaba el dinero, mientras los demás reflexionaban sobre la inmortalidad del cangrejo. Por eso se apaga la rotativa, aunque mañana alguien diga que fue por mala administración.

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Diario Expreso sigue en su versión digital, más ligero de equipaje, pero cargado de convicciones. Sostenerlo nos toca a nosotros, porque un país sin testigos es un país donde todo está permitido. Los ex anunciantes harían bien en pensar que ayer el poder les pidió retirar un anuncio, hoy les desenchufó plantas y negocios, y mañana, quién sabe. Ese día descubrirán que necesitaban a alguien que lo contara. Los gobiernos pasan; la historia queda. Y algún día contará quién cobró el silencio y quién se negó a venderlo.

Mi solidaridad con la familia Martínez, a la que me unen viejos y entrañables lazos de amistad. Desde el genial e inolvidable fundador del diario, pasando por su tenaz y valiente hijo, hasta sus nietos. Pudieron vender su silencio a buen precio y prefirieron conservar la dignidad, que no tiene precio. Y a los administradores, reporteros, correctores, diagramadores, prensistas, distribuidores y voceadores, que mañana madrugarán sin periódico que armar ni que vocear, mi reconocimiento y un abrazo.

A vísperas de la fiesta de su libertad, Guayaquil no se siente como una ciudad libre. En el sentido más elemental, ni siquiera somos libres de transitar sin miedo por sus calles. Tampoco resulta una ciudad muy acogedora. No tenemos otro refugio del calor que el aire acondicionado, y ya ni eso, porque se va la luz hasta en los centros comerciales, donde se aglomera la gente a esconderse de la canícula. En lo político, la gente que hace años salía a protestar con orgullo contra toda imposición proveniente del poder central hoy acepta con resignación que le impongan candidaturas escandalosas, que le suban los impuestos y que le corten los servicios.

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De pequeños nos dijeron que esta era una ciudad libérrima, heroica. Sus primeros pobladores fueron audaces navegantes y aguerridos luchadores, que nunca toleraron la sumisión al Inca. Sus próceres venían no solo de aquí sino de los confines de América y, arriesgándolo todo, combatieron en Camino Real, en Tanizagua, dos veces en Huachi, en Riobamba y en Pichincha, hasta ver a su tierra liberada y su promesa cumplida. Sus obreros también derramaron su sangre en defensa de sus derechos, alcanzado a través de su inmolación una inmortal unión con nuestras aguas, y hasta sus adineradas matronas salieron a las calles también cuando escucharon el llamado de sus hijos.

La esperanza de una nueva generación de guayaquileños

Ahora es imposible reconocer aquello frente al espejo o sacando la cabeza por la ventana. Para muchos solo queda seguir trabajando y trabajando, esperando a que por fin llegue la suerte, a que por fin se pongan las pilas los políticos que nos tocaron, rogando por que este año no llueva mucho.

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Esperando así los agarrará el día en que las aguas desborden las alcantarillas de Guayaquil y las plantas de tratamiento de sus suburbios en Samborondón. Cuando las aguas y el detrito retrocedan, ojalá que una generación más fecunda o esta misma, por fin despierta, pueda encontrar un buen suelo sobre el cual volver a empezar.

Y si no llega ese nuevo amanecer, si después de la crecida de las aguas no queda nada o, peor, queda lo mismo, al menos habrá un consuelo: la certeza de que siempre existirán guayaquileños que amen a su ciudad, a pesar de todo.

Cuenta Homero que Hefesto forjó para el hijo de Tetis un escudo donde, además de batallas, había bodas, cosechas y muchachos bailando en vida plena. Esto era para inspirar al guerrero. El arma más famosa de la Antigüedad era un retrato de lo que valía la pena defender. Me acordé de ese bronce con el Plan Escudo de la ministra Gilda Alcívar.

Hoy una de las imágenes más dolorosas del azote del terrorismo en nuestro país es una mochila escolar con droga y licor entre los cuadernos para traficar. Las bandas infiltran a nuestros menores y los convierten en correos. Durante años mandamos a los chicos a clases virtuales, pusimos patrulleros en la vereda con una extraña sensación de que el problema era pateado hacia adelante. El Plan Escudo plantea una política de seguridad formal a este frente cuasiolvidado de la guerra contra el terrorismo: si un rector lo pide, la Policía podrá entrar preventivamente, con protocolo, y de manera estructurada preparar políticas de seguridad en el área educativa. Por fin se encara un frente olvidado. Un colegio donde circula droga ya no es santuario: es una sucursal del crimen y su gerente espera afuera a ver los réditos de secuestrar las aulas.

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El Estado actuando en un sector cuasiolvidado

Habría sido más cómodo decir que en las aulas todo está perfecto y voltear la cara. No se hizo. Alcívar encabezó una requisa en un colegio de Guayaquil: una ministra de Educación entre perros, policías y mochilas abiertas. Es una imagen dura, pero real. Hace falta valor para estar allí y para ver como ciudadanos esa escena.

La ministra promete que no habrá intervenciones arbitrarias; le tomo la palabra, porque todo escudo puede volverse garrote. Le toca a la justicia separar al pandillero del niño utilizado, víctima antes que culpable. Como Perseo con Medusa, el Estado debe mirar a través del muchacho para ver al adulto que lo mueve.

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Las espartanas despedían a sus hijos: vuelve con el escudo o sobre él. Nuestros hijos no van a la guerra, van a clases. Que vuelvan con la mochila llena de tareas, no de miedo. Si el escudo de Alcívar logra eso, será la respuesta más contundente que el Estado le haya dado al crimen organizado dentro de los colegios en muchos años.

Son más de 160 columnas escritas, cada una de ellas con un mensaje para desafiar la norma. Para promover un pensamiento crítico o una nueva mirada. Cada entrada fue pensada para incentivar la reflexión como una poderosa herramienta de crecimiento. Los diarios tienen ese poder, de informar, pero también de sembrar ideas y reflexiones que cada lector decidirá crecer o descartar. ¿Qué pasa en nuestra sociedad cuando hay cada vez menos espacios para este diálogo de pensamiento crítico?

¿Qué nos va a pasar como sociedad cuando nuestra única fuente de información y reflexión sean las redes sociales?

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Cada vez más necesarios frente a la inteligencia artificial y las redes

Un diario hace una curación de todo lo publicado, aplicando un filtro de calidad. Un diario invierte en tener columnistas que con sus mentes diversas nutren a la sociedad con criterios, ideas y posturas. Podemos no estar de acuerdo con todas, pero esos editoriales nos invitan a abrir perspectivas y visiones. En nuestro país esos espacios quedan cada día más escasos.

Tener una voz con micrófono es un lujo que no sabía que podía acabar. Dicen que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Esa es mi sensación con este diario: ¡qué afortunada fui de tener una voz amplificada para contar mi visión, mis ideas, mis preocupaciones y mis ilusiones! Todos esos lectores que me alimentaban con sugerencias llenaban de energía los contenidos para mis aportes.

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Ahora, con un formato diferente, el diario seguirá funcionando con la valentía que siempre tuvo de respetar distintas opiniones. En estos tres años el diario publicó mis ideas como venían, sin limitar mis posturas ni opiniones.

Por el bien de la nutrición intelectual de mi país espero que no desaparezcan los diarios impresos; ahora más que nunca, con la inteligencia artificial, el pensar se va a volver un privilegio de pocos, y más aún con escasas oportunidades de encuentro con visiones informadas y educadas. Solo la demanda de los lectores exigirá que esta oferta no desaparezca. Solo deseo que no llenes el vacío de la lectura de las columnas con un ‘scrolling’ infinito de redes.

Hay fechas que se encuentran para conversar con la historia. Mañana, 9 de Octubre, Guayaquil conmemora 206 años de su independencia. Ese mismo día, EXPRESO circulará por última vez sobre el papel; no desaparecerá el diario, pero sí dejará la tinta y la rotativa para continuar en lo digital.

La coincidencia convoca a dos palabras diferentes pero inseparables: Independencia y Libertad.

El 9 de Octubre de 1820 Guayaquil rompió con la Corona española y decidió autogobernarse. Pocos meses después apareció El Patriota, el primer periódico de la ciudad. Conquistada la independencia, las ideas debían circular, para lo cual la libertad necesitó una imprenta.

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En este punto histórico, hay una característica interesante, El Patriota nació en un Guayaquil independiente, aunque próximo al nuevo gobierno, difundiendo por ende también su pensamiento. Dos siglos después, el estándar democrático es más exigente, el periodismo debe ser independiente también del poder de turno.

Lo referido, no trata del mismo tipo de independencia. La de 1820 fue política; la periodística pertenece a otra esfera. Pero ambas comparten una raíz: la libertad comienza donde termina la subordinación al poder.

La libertad de expresión protege el derecho a hablar, a opinar; la libertad de prensa, a investigar, informar y cuestionar. La independencia permite ejercerlas con responsabilidad, sin pedir permiso ni subordinación al gobierno ni a ningún otro poder.

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Una verdadera prensa libre no es la que favorece a un gobierno ni la que lo critica ciegamente, es la que no le pertenece.

No hace falta clausurar un periódico para erosionarlo; basta con que disentir tenga un precio o que desde el poder se premie la docilidad y se castigue la crítica.

El papel deja de ser el vehículo, la palabra continúa

La transición a lo digital de EXPRESO tampoco ocurre en el vacío. El medio ha denunciado presiones y actuaciones estatales que, sostiene, han buscado condicionar su línea editorial. Señalamientos de esa gravedad por parte de un medio serio merecen atención, esclarecimiento y debate público. Si el poder interfiere en la independencia de un medio, el problema deja de pertenecer a una empresa, pasa a concernir a la libertad de expresión y a la sociedad.

Más de medio siglo de periodismo no desaparece cuando se detiene una rotativa. Permanece en las preguntas formuladas, los razonamientos, los debates abiertos y la decisión de publicar cuando habría resultado más cómodo omitir.

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Valeria Alvear

La opinión independiente no demanda coincidencia, sino honestidad intelectual, que incluso quien discrepa pueda respetar la convicción con que fue escrita, sin que nadie se sienta dueño exclusivo de ella.

Mañana se cierra una importante etapa, no una historia. El papel deja de ser el vehículo, pero la palabra continúa. El mundo digital abre fronteras, multiplica el alcance y encuentra nuevos lectores, cambia la plataforma, permanece el desafío periodístico.

En 1821 Guayaquil necesitó una imprenta para hacer circular sus ideas por sus calles. En 2026 basta una pantalla para llevarlas alrededor del mundo en segundos.

Un periódico puede perder el papel, mas no su papel independiente.

Porque la Libertad y la Independencia no se imprimen: se ejercen.

En mi primera columna conté que he mirado la ciudad desde tres espacios: la empresa privada, el sector público y la sociedad civil organizada. De los tres, es en este último donde hoy me siento más cómoda. Allí he encontrado una forma distinta de ser: mirar de cerca los problemas, trabajar con las personas y empujar cambios que transforman la vida cotidiana.

En seguridad vial solemos hablar mucho de ‘cultura vial’. Pedimos al peatón que cruce bien, al conductor que respete, al motociclista que sea prudente. Todo eso importa. Pero no podemos perder de vista algo esencial: la infraestructura también determina cómo nos movemos. Lo que nos rodea nos moldea.

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Una calle ancha invita a acelerar. Una acera inexistente obliga a caminar por la calzada. Un cruce lejano empuja a cruzar donde se puede. Una parada mal ubicada expone a quien espera el bus. Una escuela rodeada de vehículos rápidos convierte cada entrada y salida en un riesgo.

Construir ciudades que cuidan la vida

La infraestructura también educa. Puede ordenar, proteger y cuidar. O hacer exactamente lo contrario.

Y ahí está parte del desafío: entender que no siempre se necesita gastar más, sino diseñar mejor. Con la misma inversión podemos construir una vía que solo mueva vehículos o una que además salve vidas, conecte barrios, permita caminar con dignidad y dé seguridad a un niño o autonomía a una persona mayor.

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Pero esa forma de hacer ciudad no puede quedarse en las avenidas principales ni en las zonas más visibles. La seguridad vial también se juega en la calle del barrio, en el acceso a una escuela, en el camino hacia una parada, en ese recinto donde la infraestructura tarda demasiado en llegar.

Ese es, para mí, el verdadero compromiso: que una buena decisión de diseño no sea un privilegio, sino una forma de hacer ciudad. Que la infraestructura que cuida, ordena y protege llegue donde más se necesita.

Hasta la última cuadra.

Porque cuando entendemos que lo que construimos también moldea cómo vivimos, dejamos de hablar únicamente de cultura vial y empezamos a construir, de verdad, ciudades que cuidan la vida.

El camisetazo es una práctica históricamente común en nuestra política. Tanto así que, según datos del Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, en los últimos cuatro períodos legislativos se han registrado más de 129 casos de transfuguismo político. Esta tendencia evidencia que para muchos candidatos gobernar no consiste en defender una visión de país o ejecutar un proyecto ideológico de largo plazo, sino conservar gobernabilidad y sobre todo poder. El servicio público deja de entenderse como algo transitorio y se convierte en una carrera para eternizarse en posiciones políticas. Los partidos y la ideología se vuelven descartables cuando dejan de servir para ganar elecciones, conservar espacios o conseguir los votos necesarios para aprobar una ley. Poco importa si las nuevas alianzas contradicen la visión con la que ese político llegó al poder. El resultado es una profunda pérdida de representación. Un ciudadano que votó por una propuesta de izquierda puede terminar representado por alguien que legisla junto a la derecha. Y más allá de si una postura es mejor que la otra, existe una ruptura evidente entre lo ofrecido al elector y lo ejecutado desde el poder. Quizás lo más preocupante es que ya casi nadie se sorprende. Hemos normalizado tanto el incumplimiento de las propuestas de campaña que el camisetazo dejó de escandalizarnos.

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Pero el fenómeno no termina en la política. En Ecuador también existe el camisetazo periodístico. El salto de periodistas entre medios con líneas editoriales radicalmente opuestas expone la tensión real entre supervivencia profesional y coherencia. Cuando ese movimiento se ejecuta desde el cinismo, aparece la figura del micrófono de alquiler: hoy se condena lo que mañana se defiende, dependiendo de quién firma el cheque.

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Cambiar de opinión no es el problema ni construir acuerdos o trabajar en otro medio. El problema aparece cuando cambian los principios al ritmo que cambian las conveniencias. Pues cuando políticos y periodistas convierten sus convicciones en camisetas intercambiables, quien termina perdiendo no es un partido ni un medio: pierde el ciudadano, que ya no sabe si está escuchando una convicción o simplemente al mejor postor.

Cuando el gran Christopher Hitchens se enfrentaba a su etapa final de cáncer de esófago, respondió con un rotundo “al igual que tú” a una pregunta que comenzaba con la aseveración “Christopher, te estás muriendo”. No creo que pretendiera soltar una de sus famosas frases fulminantes con las que enfrentaba los debates, sino expresar una genuina aceptación de la realidad. Estamos muriendo. Todos lo estamos, aunque a veces ni siquiera seamos conscientes de los cambios sociales ni de las transformaciones internas.

Tenemos la suerte de vivir etapas en las que entendemos que hay un fin ineludible, pero sentimos que seremos la excepción. Nos negamos a mirar ese futuro a los ojos, como si el dolor de las articulaciones o el estirar el brazo para leer una etiqueta hubiese estado siempre allí. Ese anhelo de inmutabilidad también lo trasladamos al entorno, renegando cuando las calles dejan de parecerse a los recuerdos y los jóvenes nos clasifican en una categoría distinta a la suya. O cuando las rutinas que alguna vez copiamos a nuestros viejos se van volviendo imposibles, como tener un horario para escuchar noticias o leer el diario ante una taza de café.

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Lo que surgirá del caos

Tal vez por eso me ha quedado un vacío con el anuncio de venta de los activos de EXPRESO, medio del que jamás recibí siquiera una sugerencia sobre qué escribir, aun cuando en varias columnas he discrepado de su línea editorial y en la visión de las prioridades del país, por lo cual le estoy muy agradecido. Porque, más allá del fondo de la decisión, de las familias que lo han construido y las décadas de historia, es también un recordatorio de que el tiempo no es una línea recta sino un cúmulo de pedazos congelados que, cuando los miramos, dan la ingrata esperanza de que algún día podríamos volver a ellos.

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Y la vida sigue así, desordenando lo que parecía firme, para que de ese pequeño caos algo más pueda surgir. Parafraseando a Hitchens, la fiesta va a seguir sin nosotros y, aún con todas las pérdidas ya sufridas y las que nos esperan, no podemos llenarnos de ira porque, si hay algo verdaderamente terrible, es desperdiciar la vida.

El lunes a las nueve de la mañana el presidente de España, el socialista Pedro Sánchez, anunció que convocaba a unas elecciones que los españoles llevan mucho tiempo esperando. El presidente lleva ocho años en el poder, al que llegó después de una moción de censura al gobierno de Mariano Rajoy como consecuencia de la sentencia por cobro de mordidas de dirigentes anteriores a la época de Rajoy. Sánchez se presentó como un adalid de la lucha contra la corrupción, y defendía cómo él daría un paso al costado si pasase lo mismo en su partido. Semanas después salió la sentencia del mayor desfalco de fondos públicos de la historia de Europa, el caso de desvió de fondos destinados a la formación de personas desempleadas por parte altos cargos del partido socialista de Andalucía. Sánchez no solo no renunció, eventualmente utilizó un órgano consultivo, el Tribunal Constitucional, cuya labor es interpretar la constitución -y es de carácter político y su presidente es un magistrado del PSOE-, para que cambie la sentencia del Tribunal Supremo, algo que ha repetido varias veces para intentar destruir el sistema judicial, el mismo que detienen todas sus reiteradas ilegalidades.

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La gota que derramó el vaso

Este llamado a elecciones llega después de que lleva casi cuatro años sin poder presentar ni aprobar presupuestos, ya que los socios que lo pusieron en el poder no están dispuestos a hacerlo de gratis, sin poder aprobar ninguna ley en casi seis meses y perdiendo todas las votaciones de una u otra manera. Mientras todos estos fracasos han ocurrido, Sánchez ha culpado a la oposición de no dejarlo gobernar, pensando que la gente es imbécil y le compra su relato. La gota que colmó el vaso ha sido la invasión marroquí de Ceuta y un malestar generalizado por la falta de viviendas, personalizado en el desahucio de una señora llamada Maricarmen, quien llevaba más de 20 años sin pagar su alquiler. Este caso lo quiso instrumentalizar Sánchez y le salió mal. Intentó maniobrar pasando una ley, que fue rechazada el viernes pasado, creando una situación insostenible.

Sánchez jamás ha ganado unas elecciones. Él gobierna porque ha conseguido poner de acuerdo a los nacionalistas xenófobos vascos y catalanes, a los comunistas, a los terroristas de ETA y a todo quien quiera destruir España, en torno a su figura, dándoles todo tipo de concesiones. Hay que resaltar que numerosos familiares de este gobierno están tocados por escándalos de corrupción, desde la primera dama al hermano del presidente y hasta los ministros más allegados a Sánchez, dos de ellos en prisión y otros tantos a la espera de juicio. A este gobierno solo se lo puede definir como corrupto sino sin escrúpulos.

Internacional

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Pero Sánchez no da puntada sin hilo, entre las ilegalidades que ha hecho es incrementar el censo de votación en dos millones de personas mediante nacionalizaciones ‘express’, muchas de estas personas escogidas a dedo por su entorno socialista para compensar los dos millones de votos perdidos. El llamado electoral en estas fechas es para paralizar la investigación para purgar el censo y que puedan votar todos los votos comprados, para así poder seguir con su destrucción de España en nombre del socialismo, que hace lo mismo dondequiera que gobierna.

¿Cuánta del agua sucia que produce Quito recibe tratamiento antes de volver al río? Menos de tres litros de cada 100. En 2025 tratamos el 2,84 %, menos que el 3,44 % de 2023. Es el único indicador ambiental que va en reversa de forma sostenida. Ahora bien, hay un error de lectura que nos cuesta caro. En 2024 los incendios bajaron de 873 a 412 y lo celebramos; sin embargo, las hectáreas quemadas subieron de 1.743 a más de 2.500. Las inundaciones bajaron de 295 a 207, pero ese año llovió 25 % menos: no bajaron porque hicimos algo, bajaron porque no llovió. En 2025 volvieron a 288. Estamos leyendo como gestión lo que es variabilidad climática, y la suerte no es política pública. Otro ejemplo: el 42 % de los quiteños cree que el transporte público es la principal fuente de contaminación del aire y apenas el 21,4 % señala a los autos privados. Los datos dicen otra cosa. El Trolebús y la Ecovía perdieron 6 % de pasajeros en un año, mientras el parque automotor crece 4,2 % anual frente a una población que crece 0,6 %: siete veces más rápido. Le echamos la culpa del aire sucio al sistema que podría limpiarlo. Cabe decir que tampoco falta cultura ciudadana. El 56,7 % de los hogares ya separa su basura y el aprovechamiento sigue en 1,3 %: la gente separa y el sistema lo vuelve a mezclar. Y no es incapacidad municipal: Ambiente ejecutó el 94,7 % de su presupuesto. El tema es que recibió $ 8,7 por habitante y Movilidad $ 92,6.

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Soluciones para contrarrestar la contaminación

¿Soluciones? Tres, concretas. Primero, un plan de saneamiento con meta en ordenanza -no en plan de gobierno- y plata en fideicomiso, como el Fonag, que lleva 20 años justamente porque no depende del presupuesto anual. Segundo, medir daño y no eventos: reportar hectáreas quemadas, no número de incendios. Tercero, cerrar el círculo de lo orgánico: el 50,5 % de lo que enterramos es comida, y pagamos USD 63 por tonelada para enterrarla. Una meta sencilla para 2030: pasar del 2,84 % al 20 % de aguas tratadas. Un solo número, público, verificable, que no se puede maquillar con el clima. Si lo logramos, será el mayor cambio ambiental de la década.

veronica@ariascabanilla.com

Fuentes: Quito Cómo Vamos, Informe de Calidad de Vida 2025 (datos 2024); paquete de datos TANDEM/QCV eje Medio Ambiente, serie 2019–2025 (Epmaps, Secretaría de Ambiente, Sgscgr, Bomberos Quito); Encuesta de Percepción Ciudadana 2026.

Si de algo puedo dar fe, después de 35 años en Granasa, es de que la empresa siempre pagó puntualmente el salario a sus empleados. Y hoy, cuando Gráficos Nacionales S.A. atraviesa el momento más difícil de sus 53 años, la empresa ofrece pagar las liquidaciones de quienes salgan. Para cumplirlo es necesario vender las propiedades. Porque primero está el capital humano que trabajó incansablemente para convertir a los diarios Expreso y Extra en los mejores del país.

Los trabajadores y jubilados, primero

Somos los trabajadores activos y quienes recibimos jubilaciones patronales los que hoy pedimos sensibilidad al Gobierno para que los bienes puedan venderse y la empresa honre sus obligaciones.

Granasa ha convocado a una Junta de Accionistas para autorizar la venta de sus bienes improductivos e inmuebles, que superan los 17 millones de dólares. Los recursos alcanzan incluso para constituir un fondo destinado a los jubilados patronales.

Política

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Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

Y no solo pido respeto para los trabajadores y jubilados de Granasa, sino para todos los trabajadores del país, que luchan por el progreso.

En esta, que será mi última columna en el impreso de diario Expreso, solo pido a las autoridades nacionales que respeten los procesos, la propiedad privada y a sus trabajadores. Y también respeto para los abuelos que, después de una vida de arduo trabajo, merecen vivir dignamente con aquello que legítimamente ganaron.

Quiero cerrar esta columna recordando a Galo Eduardo Martínez Merchán, fundador de Granasa, y la frase que fue su estandarte empresarial: “Primero son los empleados porque sin ellos y su trabajo ninguna empresa existiría y el país no crecería”.

Y no hay mejor manera de despedirme, porque esa frase resume una convicción: detrás de cada empresa hay hombres y mujeres que entregan su tiempo, esfuerzo y sueños, y merecen dignidad y respeto.

Ciencia y Tecnología

¿Y si hoy fuera la última vez que sostienes un periódico entre tus manos?

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Una despedida después de 35 años

Me despido con gratitud. Durante 35 años tuve el privilegio de entrar en sus hogares a través de las noticias, reportajes, entrevistas y columnas de opinión que, desde Expreso, escribí para ustedes. Me quedo con la satisfacción de haber escrito siempre con honestidad y convicción.

¡Gracias por tanto!

Cuando veo las intervenciones del CNE, pareciera que lo más importante para ellos es el calendario electoral: si llueve fuerte o se inunda, para ver si lo posponen o continúan. Pero el CNE debe examinar otros problemas de fondo que condicionan quién participa, dónde vota y quién elige.

Si revisamos la información oficial, tenemos 4.399 recintos y 13,3 millones de electores en el país, según los datos y la cartografía del Censo 2022 del INEC.

Si se compara el total nacional de electores, este, como es lógico, se aproxima a la población estimada en edad de votar; sin embargo, esa coincidencia oculta serias discrepancias territoriales.

Política

¿Puede el CNE cambiar la fecha de las elecciones? Lo que dice el Código de la Democracia

Edison Andrés García Yépez

La importancia de actualizar el domicilio electoral

Estas discrepancias no se generan por errores en el padrón ni mucho menos fraude; lo que nos muestra es que muchas personas que, por ejemplo, viven o trabajan en Daule continúan inscritas en Durán, donde antes residían, lo que implica que en estas elecciones, miles de ecuatorianos van a elegir autoridades de un territorio en el que muy probablemente ya no tienen ningún interés, y sin embargo dejarán de participar en la elección de autoridades del sector al que sí pertenecen y por lo tanto de su interés. Es decir, tenemos una especie de turistas electorales que, elección tras elección, viajan a comerse el encebollado en el antiguo distrito al que algún día pertenecieron, sin incidir con su voto donde deberían sufragar.

Este desfase entre la residencia actual y el domicilio electoral ‘histórico’ afecta de manera significativa la representación.

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El CNE debe trabajar de manera coordinada con el Registro Civil, el INEC y los gobiernos locales para educar a los votantes sobre la importancia de actualizar el domicilio electoral. Es imprescindible depurar nuestro padrón electoral para que los votantes domiciliados elijan correctamente a las autoridades que realmente los representen.

La democracia exige más que un calendario, pronósticos del clima y un escrutinio; exige también una representación vinculada a la vida de las personas, pues eso es justamente el derecho de participación y de elegir que nos garantiza nuestra Constitución.

Cuál será el afán de la gente de bregar para llegar a la Corte Constitucional (CC), amononando las hojas de vida y presentándose al concurso para decir cosas que, luego, no harán ni por equivocación. Porque ningún candidato a la CC te va a decir que le va a coger la fatiga de entrada y que, para evitar que un caso ingrese a su despacho, lo va a inadmitir con cualquier cuento. Tampoco te va a decir que se va a pasar la Constitución por salva sea la parte, solo porque no le gusta tal o cual disposición y que, para ello, va a escribir páginas de paja pura para saltarse abiertamente la norma. Decirte que quiere llegar a la CC no para dictar sentencias (o firmar lo que algún novel y parcialmente libresco asesor te hace) sino para ir a dar conferencias sobre lo que no hace o visitar tribunales extranjeros para contarles cualquier cosa (tribunales que, en su caso, tampoco son la gran cosa). Menos aún va a decir que su finalidad es salir del oscuro sitio donde se encuentra, para encaramarse momentáneamente en un lugar donde medio mundo le va a rendir una falsa pleitesía, tan postiza que, cuando salga del cargo, en el mejor de los casos, va a volver al mismo sombrío lugar de donde sacó la cabeza.

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Difícil distinguir entre Corte cervecera y Corte de lujo

Ver la forma como, ahora, la CC elabora una interminable lista de casos de “manifiesta improcedencia” es la más fiel expresión de la negligencia y hasta de la vagancia, con la consecuente minusvaloración de los derechos y de las personas que no están en la ‘agenda’ de sus miembros. Ojalá que, al menos, no crean que no tener que analizar un caso porque es “manifiestamente improcedente” es una expresión de alta jurisprudencia o de acabada filosofía estratosférica. Supondría que no lo creen, pero a veces la gente empieza a convencerse de sus propias mentiras. Es que ya, ni siquiera, se pueden distinguir de la ‘Corte cervecera’, lo que tampoco era la gran cosa, pues la vara estaba tan abajo que ello equivalía a volar por el subsuelo. Parece que, por el nivel de arbitrariedad y desidia, la distinción no existe. “Corte de lujo” fue el apelativo torpe que le puso alguien que quería congraciarse con los nuevos miembros seleccionados en 2019, sin esperar a ver lo que harían, porque varios de los que estuvimos en ese proceso, sabíamos de esa responsabilidad y que, si la cosa salía mal, tendríamos que responder y no estar justificando tonterías.

El asunto en este momento es cómo nos planteamos salir del torbellino provocado por la explotación ilegal de oro y las ramificaciones delictivas que el flujo de dinero proveniente de esta actividad tiene de forma nociva en la sociedad.

Según la GI-TOC, la primera acción es replantear el marco de la amenaza, de forma tal que se valore adecuadamente el espectro de la cadena de valor hacia detrás de la explotación y hacia adelante en la comercialización, para identificar el flujo de los recursos. La clave del proceso de persecución es la identificación de la trazabilidad de los recursos a lo largo de la cadena de valor.

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Evitar que la minería ilegal se mimetice con la formal

La segunda medida es incorporar a la tecnología moderna en la lucha, generando data confiable. Gran parte de la actividad tiene esquemas de supervisión laxos y desconectados entre las diversas entidades de control. Es vital el mejoramiento de procesos de diligencia debida, particularmente en la banca y el sistema de cooperativas, así como la exigencia de certificaciones para quienes son proveedores de la industria. Por citar un ejemplo: se ubica una explotación en un río y las autoridades destruyen la maquinaria; ¿acaso esa maquinaria no la vendió alguien, autorizó alguien su movilización y operación? Hay que ir hacia atrás a controlar a los proveedores de insumos, y golpear esas estructuras, para hacer más compleja su operación. Hay que cerrar las brechas de movimientos de fondos en el sistema financiero y cooperativas. Por los volúmenes inmensos de capital, esta actividad no se basa en numerario (billetes) sino grandes movimientos electrónicos de dinero, tanto local como internacional. Por esta razón, la identificación clara y precisa de la explotación minera formal es importante, impidiendo que en esta se mimetice la actividad criminal.

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Finalmente, esta actividad, al igual que el tráfico de estupefacientes, genera una lucha que no puede hacerse independiente del conglomerado internacional de agencias contra actividades criminales. De lejos, esta es la actividad más peligrosa, nociva y destructiva para una sociedad que desee paz, seguridad y prosperidad.

Era julio de 2022. El “Palacio de Najas” recuperaba la calma después de las protestas violentas encabezadas por Leonidas Iza, que tuvieron al Ecuador en vilo por algunas semanas.

Tomé el ascensor y al llegar a mi oficina un grupo de jóvenes diplomáticos de carrera comentaban y discutían respecto a un artículo del medio digital Primicias, escrito por Felipe Rodríguez, que se titulaba: “Guillermo, quiero ser ministro. Acolite”.

Eran los mismos que meses atrás, junto a los diplomáticos más experimentados, habían trabajado sin descanso para repatriar a más de 700 estudiantes ecuatorianos desde Ucrania, y los primeros en imprimir un cambio de época al usar la inteligencia artificial en la Cancillería, cuando esa tecnología apenas se hacía pública.

Se necesita gente buena en el servicio público

El artículo de Felipe los había impactado. “Es verdad, no vale la pena”, dijo una diplomática brillante a la que le faltaban al menos veinte años para llegar a embajadora. La mayoría coincidía. A mí me apenaba. Discutimos media hora; analizamos casos de amigos, compañeros y exfuncionarios que ellos conocían, a los que les había pasado casi todo el listado de cosas que enumeraba Felipe en su artículo. Luego, ya solo, en ese despacho que a veces genera una burbuja que te aleja de la realidad, escribí al autor para decirle que no estaba de acuerdo con su opinión, pues textos así alejan a la gente buena del servicio público. Cruzamos profundos mensajes y volví a mis obligaciones.

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Siempre quise escribir públicamente sobre el tema. Y en esta, que es mi última columna en este diario, no quiero dejar de hacerlo. ¿Vale la pena el servicio público? Podría pensar que en mí se cumplieron casi todas las profecías de Felipe. He vivido incluso, hace días, un nuevo intento de manchar mi nombre sin el más mínimo sustento. Mi abuela decía: “gajes del oficio”. Es desgastante.

Hemos analizado aquí sobre la depredación política, esa lógica que convierte al adversario en enemigo. La pregunta del servicio público es, en el fondo, el mismo tema. Guillermo O’Donnell advertía que las democracias no siempre mueren de golpe, pues a veces se vacían lentamente. Que no entre gente buena al servicio público, es una forma de vaciarlas.

Valorar a quienes entran al servicio público

El servicio público es necesario. Hay ciudadanos que sí agradecen y colegas que sí valoran lo que hiciste o intentaste hacer. La invitación a esta columna se dio precisamente en ese contexto, pocas horas después de mi renuncia, por lo cual valoré el gesto de su director.

Mi experiencia personal en el servicio público tiene un balance positivo. Conocí que la mayoría de los funcionarios en la Cancillería y en tantas otras instituciones, es honesta y quiere hacer bien su trabajo. Lo testifiqué cada día, y eso da esperanza.

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¿Lo volvería a hacer? Pienso que no. Pero, no obstante, valió la pena. Hoy que precisamente hay muchos jóvenes en la función pública en este cambio de época, o muchos miembros de nuestras fuerzas armadas o policías, o fiscales o jueces, que se juegan a diario por nosotros, es necesario que sepan que el país los valora.

Reitero mi agradecimiento a los directivos de EXPRESO por darme el honor de escribir en sus páginas. Me despido con la seguridad de que todos debemos empujar un solo barco, ante los desafíos globales, especialmente de seguridad, que hoy amenazan la democracia.

Desde febrero llega combustible a Cuba en contenedores cisterna. Se descargan en el puerto del Mariel y van a negocios privados, porque Washington puso una condición para dejarlo pasar, que no terminara en manos del Estado ni de los militares. Mientras, se negociaba algo más grande.

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En septiembre supimos que hubo petróleo sobre la mesa. Según el Miami Herald, Washington ofreció petróleo e inversiones a cambio de privatizar la petrolera estatal y de que Díaz-Canel dejara la presidencia. Llevó la oferta a un coronel sin cargo conocido, nieto de Raúl Castro. El hombre voló a una isla del Caribe, se reunió con asesores de Marco Rubio y regresó el mismo día. No hubo acuerdo.

Soy cubana y me interesa menos el fracaso que su anatomía. El parentesco acerca al poder, pero no dice en nombre de quién se negocia. Washington puede abrir el paso al petróleo sin levantar el embargo. Para suspenderlo basta un gobierno de transición. Para terminarlo, la ley de 1996 exige más, presos libres y un gobierno salido de elecciones libres.

El antecedente de Venezuela

En Venezuela hubo algo que retener. Estados Unidos vendió barriles venezolanos, retuvo los primeros quinientos millones de dólares y los entregó con el gasto sujeto a su visto bueno. El grupo de trabajo sobre Cuba de Harvard pide a las autoridades una amnistía primero y a Estados Unidos que abra enseguida el paso al combustible y aporte dinero, sin decir quién vigila que las dos partes cumplan. Rubio pide a Cuba un camino irreversible de libertades para aflojar del todo.

Nadie da lo que no tiene, y nadie tiene todo. Washington no otorga la legitimidad que solo dan los gobernados, y su ley lo reconoce. La diáspora no tiene territorio, la oposición no tiene Estado y las autoridades de la isla conservan el que desarticuló a su sociedad civil.

En Cuba el Estado encarceló o exilió a buena parte de quienes podían ocupar la otra silla. El silencio que impuso no le da derecho a hablar por todos. Cualquier pacto tendrá a las autoridades en la mesa. Lo difícil es que la sociedad tenga voz en él. Yo escribo desde la mitad que se fue, y solo tengo para poner en esa mesa dos preguntas. Quién da fe. Y quién se sienta enfrente.

La columna continúa en @bb_latente

En el histórico discurso que ofreció en Davos en enero, el primer ministro canadiense Mark Carney instó a las potencias medias a unir fuerzas y forjar una “tercera vía” para enfrentar una realidad geopolítica cada vez más dura, en vez de postrarse ante la presión de las grandes potencias o actuar de manera independiente.

Sin embargo, al definir esa vía esbozó dos proyectos con alcances muy diferentes: uno limitado, enfocado en resistir la intimidación de las potencias dominantes; y otro más vasto, orientado a colaborar para construir un orden internacional mejor y multilateral basado en normas.

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Las potencias medias han avanzado principalmente en el primer objetivo. Para proteger sus propios intereses, han reducido dependencias críticas mediante alianzas pragmáticas y coaliciones centradas en temas específicos, aun con socios que no comparten todos sus valores. Ejemplos de esto son los acuerdos de Francia con Emiratos Árabes Unidos en IA, las alianzas de la Unión Europea sobre materias primas con Kazajistán y Sudáfrica, y sus nuevos pactos bilaterales de seguridad.

No obstante, poco se ha avanzado en el objetivo de construir un orden global más justo.

Los riesgos de una cooperación fragmentada

La visión de Carney ha tenido pocos adeptos en el Sur Global, cuyos líderes priorizan alianzas para capear el colapso del multilateralismo. Por su parte, los líderes occidentales tampoco han actuado en consecuencia: a pesar de su discurso en favor de las normas, los gobiernos europeos guardaron silencio ante las violaciones del derecho internacional por parte de Donald Trump y recortaron presupuestos de ayuda internacional. Asimismo, encuestas para la Conferencia de Seguridad de Múnich revelan que en la mayoría de las potencias medias la población no prevé un mayor compromiso gubernamental ante retos como el cambio climático o emergencias humanitarias.

Esta dinámica conlleva riesgos severos. En lugar de ser una inercia temporal, priorizar las capacidades defensivas individuales puede envalentonar a los mismos actores que motivaron dichos esfuerzos (como ocurre al comprar armamento a EE. UU.). Además, la cooperación indiscriminada corre el riesgo de derivar en un silencio estratégico frente a violaciones de derechos humanos.

Por otra parte, la proliferación de coaliciones ‘ad hoc’ acelera la fragmentación internacional en compartimentos estancos, agregando tensiones sin lograr resultados inclusivos. Finalmente, centrarse en el poder relativo puede afianzar una visión de suma cero donde los países prefieran hacer excepciones a las reglas antes que ceder soberanía en pos de objetivos comunes.

Los líderes que consideran la propuesta de Carney como la única opción viable no pueden darse el lujo de esperar a estar protegidos: deben comenzar ya mismo a trazar el plan de acción para el orden internacional que desean, asegurándose de que las opciones que construyan hoy puedan converger hacia esa “tercera vía”.

Ecuador entra al estiaje de 2026 con una señal que no admite distracciones: la generación termoeléctrica promedio apenas alcanza 875 MW, ante una demanda cercana a 4.500 MW. Cuando los caudales disminuyen y la hidroeléctrica pierde capacidad, surge una pregunta inevitable: ¿tenemos suficiente respaldo para evitar nuevos apagones?

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El riesgo puede surgir por varios factores: la combinación de menor hidrología, reducción de las importaciones desde Colombia y una demanda creciente. La vulnerabilidad energética nace de producir poco y no disponer a tiempo de un margen suficiente para responder ante la necesidad.

La responsabilidad es de todos. El Estado debe garantizar generación, combustible, mantenimiento, transmisión y planificación. Las empresas de alto consumo deben cumplir sus compromisos de autogeneración y eficiencia. Los ciudadanos debemos evitar desperdicios de energía, apagando, desconectando lo innecesario y adoptando hábitos racionales que reduzcan la presión y el consumo, ante la escasez energética.

El desafío de actuar antes del déficit eléctrico

La prioridad es actuar antes de que el déficit se convierta en emergencia, urgencia o apagón.

Incorporar nueva generación, asegurar combustible, fortalecer la transmisión y monitorear los caudales debe ejecutarse de inmediato. Esperar a que falte energía para reaccionar revelaría que no aprendimos la lección de 2024.

El verdadero problema no comienza cuando se apaga la luz. Comienza cuando los indicadores advierten que podría faltar energía y las decisiones no se toman a tiempo. Ecuador conserva margen para prevenir una nueva crisis, pero el estiaje no espera decisiones burocráticas.

La energía sostiene producción, empleo y bienestar. Prevenir una crisis eléctrica no puede ser tarea exclusiva del Gobierno. Exige Estado, empresas y ciudadanía actuando con la misma prioridad. La pregunta ya no es si podemos reaccionar ante el próximo apagón, sino si tendremos la responsabilidad de impedirlo. El país debe exigir información, cumplimiento y resultados; cada ciudadano debe usar la energía con responsabilidad. Prevenir también es una forma de responsabilidad nacional.

Durante la reciente presentación de su libro Orden y libertad. Principios y tareas irrenunciables en defensa de la democracia liberal, en la Universidad Espíritu Santo (UEES), el expresidente del Gobierno español José María Aznar habló sobre la inteligencia artificial y su impacto en las sociedades contemporáneas. Su posición no fue demonizarla, sino advertir sobre los riesgos que enfrenta la humanidad y, particularmente Occidente en la coyuntura actual.

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Citando el último libro de Henry Kissinger, Génesis, Aznar planteó ante la IA un optimismo sobrio, que combina confianza y cautela, y en el que la dignidad humana y la claridad moral deben ser pautas orientadoras. Paradójicamente, estas pautas provienen de un ámbito menospreciado en los espacios científico, académico y cultural: las humanidades.

Todo cambio social genera turbulencias, trastornos y daños que las novedades introducidas buscan compensar. De ahí la expresión ‘destrucción creativa’, utilizada por Schumpeter para describir los complejos procesos asociados a transformaciones como la Revolución Francesa o la Revolución Industrial.

El papel de las humanidades frente a la IA

¿Es la inteligencia artificial solamente una herramienta, neutra en sí misma, y debemos preocuparnos únicamente por sus aplicaciones? Para Aznar, la definición más aceptable por ahora es la de la Unión Europea: “sistemas que muestran un comportamiento inteligente al analizar su entorno y tomar medidas, con cierto grado de autonomía, para lograr objetivos específicos”. Según Aznar, el valor del mercado global de la IA podría superar los 300.000 millones de dólares en 2026.

Sin embargo, concebir la IA solo como una herramienta y atender exclusivamente a sus efectos parece insuficiente. El ser humano, su entorno social, su capacidad de conocer y su manera de habitar el mundo también se transforman bajo el impacto de las nuevas tecnologías. “El medio es el mensaje”, decía McLuhan.

Por ello, y reafirmando la importancia de las humanidades, estas no deberían limitarse a analizar las consecuencias de la revolución tecnológica, sino contribuir a formular el nuevo tipo de ser humano que está gestándose con ella. Como afirma Aznar, aunque hoy sea arriesgado definir la naturaleza humana, necesitamos más que nunca orientación. Su libro nos impele, precisamente, a volver a las humanidades para encontrarla.

Hay una frase que escucho cada vez con más frecuencia entre jóvenes: “Me quiero ir de acá, este país no ofrece oportunidades”. Lo curioso es que muchas veces quienes más la repiten son quienes han tenido más oportunidades: educación, techo, comida, colegios, universidades, viajes, cursos, idiomas y una vida bastante más cómoda que la de millones de compatriotas. Y, en muchos casos, sus propios padres fueron quienes hicieron posible todo eso.

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Irse no tiene nada de malo. Salir, estudiar, conocer otras realidades y buscar mejores oportunidades puede ser una de las mejores decisiones de una persona. Lo que cuesta entender es mirar hacia atrás como si todo aquello que recibimos antes de cruzar la frontera no hubiera servido para llegar hasta donde estamos.

Lo digo también desde mi propia experiencia. He tenido la posibilidad de que mis dos hijos realicen estudios de posgrado en universidades extranjeras, y me siento orgulloso de ello. Quise que conocieran otros países, otras universidades y otras formas de pensar, y que pudieran competir en escenarios distintos. Pero también les he enseñado algo que considero fundamental: nunca olvidar el lugar que les dio de comer desde el segundo en que abrieron los ojos.

Lo que recibimos antes de cruzar la frontera

Una cosa es querer irse y otra muy distinta es renegar de aquello que permitió que uno pudiera hacerlo. Mientras algunos jóvenes dicen que este país no ofrece oportunidades porque no encuentran exactamente la que quieren, otros de su misma edad buscan desesperadamente una sola oportunidad para estudiar, trabajar o salir adelante.

Nadie está obligado a quedarse ni a idealizar un país que tiene problemas enormes y muchas veces nos obliga a luchar más de lo necesario. Pero antes de decir que aquí no recibimos nada, quizá habría que mirar hacia atrás y preguntarnos cuánto recibimos sin siquiera haberlo pedido.

Si algún día mis hijos deciden quedarse lejos, quiero que lo hagan para crecer, no para olvidar de dónde salieron. Conocer el mundo es una oportunidad extraordinaria, pero tener la memoria para no renegar del lugar que nos permitió llegar hasta él también es una forma de educación.

Las encuestas lanzan números como confeti, pero hay uno que sorprende e interesa más que saber quién va primero: la indecisión. A finales de agosto, cerca del 80 % de los consultados decía no tener afinidad política y alrededor del 60 % todavía no definía su voto. No necesitamos ser magos para entender el mensaje, hay cansancio y desconfianza, súmele las pocas ganas de comprar el mismo discurso con distinto logo.

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Y candidatos, precisamente, no faltan. Hasta el 1 de octubre, el CNE registraba 46.727 candidaturas calificada; 1.229 para alcaldías, 6.696 para concejalías urbanas, 4.212 rurales, 2.254 para concejalías urbanas por circunscripción, 134 para prefecturas y viceprefecturas y 32.202 para juntas parroquiales. ¡Opciones tenemos! Lo que falta saber es cuántas representan verdaderas alternativas.

Elegir autoridades va más allá de la popularidad

Porque elegir autoridades no debería ser un concurso de popularidad. Elegimos quién deberá mejorar el agua, ampliar servicios básicos, ordenar mercados y parques, atender la vialidad y, desde cada competencia, responder a la producción y las necesidades del territorio.

También tenemos partidos debilitados y alianzas armadas a última hora. Cumplir con 50 % de mujeres y 25 % de jóvenes no debería significar rellenar listas al vaivén del mismo político de siempre. La paridad sirve cuando abre espacios, no cuando completa casilleros.

Y luego están las redes. Benditas redes. El que jamás pisó un gimnasio ahora es fitness; quien nunca caminó un barrio descubre los zapatos deportivos; todos abrazan, bailan y aman TikTok. El problema es que las redes también desnudan lo fingido. No todo reel genera cercanía, algunos generan exactamente lo contrario.

Mientras empieza el festival de promesas, una tarea para quienes hoy gobiernan y mañana pedirán permiso para hacer campaña, dejen presupuestos, proyectos y protocolos claros frente a las emergencias y al fenómeno de El Niño.

Porque quizás el gran dato electoral no sea quién encabeza una encuesta, sino cuánta gente todavía no encuentra a quién creerle.

Y eso no se arregla con un filtro.

El Banco Central del Ecuador (BCE) publicó la semana pasada las cifras de crecimiento económico del primer semestre de 2026: 2,1 %, dentro de lo esperado gracias al seguimiento mensual de la actividad económica. El dato oficial del tercer trimestre se conocerá en enero de 2027, pero ya existen señales claras de su comportamiento.

En julio, la economía sorprendió con un crecimiento anual de 7,9 %. Sin embargo, más que un auge, fue un rebote técnico.

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Como consecuencia de la erosión regresiva del río Coca, el OCP se paralizó en julio de 2025 para hacer cambio en el trazado de su ruta y obligó a paralizar la producción petrolera. En números redondos, la producción que debió ser 14 millones de barriles en el mes de julio, cayó a 4 millones. Un año después, ya normalizada la baja producción petrolera, julio de 2026 retomó los 14 millones, incidiendo ese crecimiento mayor al 200 % en el crecimiento del sector petróleo y minas, y desde allí al indicador de actividad económica mensual.

El crecimiento que podría dejar 2026

Con ese crecimiento en uno de los tres meses del tercer trimestre, y no habiendo ningún elemento extraño en agosto y septiembre que los aleje del crecimiento mínimo de 1,8 %, al tercer trimestre ya finalizado, deberíamos esperarlo en un nivel cercano al 3,8 %.

Empezando octubre varias señales van indicando que habrá afectación en el crecimiento del último trimestre. Aunque no se lo señale con claridad, se espera que la actual política de racionamientos de energía al sector industrial atrasará la llegada de cortes de luz a los hogares. El incremento de costo de energía afectará la actividad empresarial con impactos en la oferta exportable y costos en bienes y servicios.

El fenómeno de El Niño ha empezado a impactar al sector agrícola y los ingenios azucareros han informado la necesidad de importar para asegurar la provisión de sus productos al mercado.

Si bien el precio de importación del diésel es un enorme problema al necesitar importar cerca del 90 % de los 1.700 millones de galones que se consumirán en 2026, es más compleja la latente amenaza de que se dificulte el acceso al combustible.

Cuantificar el impacto en el crecimiento económico para el resto de año es muy complejo. El BCE en su programación macroeconómica 2026-2030 “supone la ocurrencia de los mayores impactos de El Niño para finales de 2026 y sus efectos sobre la actividad productiva estarán presentes principalmente en 2027”. Su estimación anual recientemente incrementada de 2,5 % a 2,7 % ya incorpora bajo sus escenarios los impactos de El Niño, en especial a la pesca, que la identifica como la de mayor afectación en el año actual.

Dejando a un lado el año 2020, la mayor caída para un cuarto trimestre se dio en 2009 y 2015 con -1,5 %. En 1997, que es el último arranque de un Niño fuerte, el cuarto trimestre, con relación al año anterior, solo creció 0,3 %. Tomando estos niveles como referencia, un rango de crecimiento para todo el 2026 tendría un piso de 1,6 % y crecería hasta 2 %.

Mi escenario, considerando un crecimiento de 1,5 % en el último trimestre, apunta a un cierre de 2,4 %. Apenas por debajo de la proyección del BCE, pero todavía en el terreno de los optimistas.

Hasta el 18 de diciembre, los clientes de tarifa de alto voltaje que no cuentan con generación propia deben implementarla. Así lo dispuso el Decreto Ejecutivo 32 en 2025, y el Decreto 515, publicado el 30 de septiembre, mantuvo el plazo. En la emergencia quizá no había otra salida. Pero para la mayoría de esas empresas, generar electricidad nunca fue su negocio.

Economía y negocios

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Ahora el industrial, el agroexportador o el comerciante debe investigar tecnologías, comparar proveedores, negociar en un campo ajeno y tramitar permisos que debían resolverse en semanas y, en algunos casos, han tardado meses. Aprobar una conexión puede tomar hasta 18 meses, según la prensa: todo el plazo. El tiempo y el capital que dedica a esa tarea salen de su producción y de su empleo.

El 515 abre espacio a la inversión privada en generación y almacenamiento e incorpora precios preferentes. Es un avance, pero la Arconel tiene hasta ocho meses para expedir la normativa que lo hará aplicable, y esta podría llegar después de diciembre.

Ecuador necesita generar energía a mayor escala

El país requiere otro modelo. En lugar de que cada empresa levante su propia planta, conviene atraer inversionistas nacionales y extranjeros que conozcan el negocio, generen a escala y compitan por vender energía.

Guayaquil tuvo durante décadas un servicio eléctrico privado. No se trata de volver atrás, sino de reconocer que la inversión especializada, con reglas claras y control estatal, funciona.

Si en diciembre falta energía, no será porque las empresas incumplieron. El déficit no nació con el gobierno actual: es fruto de décadas de un modelo que concentró la generación en el sector público.

Tampoco se trata de privatizar: la infraestructura existente puede seguir en manos del Estado, que conserva el deber de garantizar el servicio. Se trata de abrir la puerta, dentro del marco constitucional y legal, a capitales privados con infraestructura propia que generen la energía que el país requiere, exporten excedentes y creen empleo, con reglas estables y exigibles.

Autogenerar es un puente de emergencia. No puede ser la política energética del país.

Uno de los mayores estímulos para votar por Daniel Noboa y espantar la posibilidad de regresar a la pesadilla del autoritarismo cleptocrático del correísmo era evitar que el Ecuador se convirtiera en otra Venezuela. De hecho, ese argumento es uno de los que más pesó en el triunfo de Noboa sobre la candidata Luisa González. Pero no han pasado ni dos años y el gobierno de Noboa muestra síntomas de que no es descabellado pensar en la terrible hipótesis de ‘la otra’ Venezuela.

Política

Jóvenes en Acción: el costo de los 700.000 cupos y su coincidencia con el calendario electoral

Martin Pallares

Aunque el signo ideológico del gobierno actual sea aparentemente opuesta al del correísmo totalitario y cleptocrático y las condiciones de la economía no sean las mismas, hay señales que, por principio, son preocupantes. Entre esas señales está el anuncio que hizo Noboa el 1 de octubre de que el programa Jóvenes en Acción se va a ampliar de 150 mil beneficiarios a 700 mil. El aumento no es cualquier cosa: son 550.000 beneficiarios adicionales, es decir, casi 4,7 veces la cifra original.

Gasto social y contexto electoral en Venezuela

Cada uno recibirá, según Noboa 400 dólares mensuales durante dos meses. Si se cumple íntegramente lo anunciado, el gasto alcanzaría la demencial cifra de 560 millones de dólares que nadie ha dicho de dónde saldrán. Y bueno, ¿dónde entra el chavismo en esto? Prohibido olvidar: en 2003 el gobierno de Hugo Chávez tenía por delante el reto electoral del referéndum revocatorio de 2004 y las encuestas no le estaban ayudando.

Entonces, Chávez anunció la ampliación de las llamadas ‘Misiones’, con un costo que se calcula llegó a casi tres mil millones de dólares. En una declaración de 2004 explicó que, después de conocer encuestas que indicaban que perdería el referéndum, empezaron a crear las misiones y que, con ellas, comenzaron a remontar en las encuestas.

Luego vino la reelección de 2006 y el gobierno adelantó el tradicional bono de Navidad de los trabajadores públicos, decisión que fue determinante para el triunfo. Chávez obtuvo el 62,8 % de los votos, pero desde ese momento comenzó también a aparecer el costo económico: el aumento del gasto público venía acompañado de inflación y pobreza. Si camina como pato y hace como pato, ¿no es pato? Feas coincidencias con la ‘otra’ Venezuela.

Hay cosas en la política que uno pensaría que pueden dejar de ser, por un rato, una guerra de trincheras. El reclutamiento de niños por organizaciones criminales debería ser una de ellas.

La Asamblea aprobó recientemente una ley imperfecta, pero útil. Incorpora medidas de prevención, protección, salud mental, educación y reinserción. También endurece las penas para quienes recluten o utilicen menores en actividades delictivas. Usar a un niño como instrumento para cometer crímenes merece una dura respuesta del Estado, pero también políticas que impidan que llegue a manos de una banda.

Política

Ley contra el reclutamiento de menores ya está vigente: ¿Qué cambia en Ecuador?

Juan Pablo Pérez Tomalá

Ahora, eso no quiere decir que toda la reforma sea buena. Se sabe hace tiempo que aumentar penas, por sí solo, poco hace para disuadir de cometer delitos. También preocupa la amplitud para bloquear contenidos digitales. Esa es una herramienta que, mal usada, puede terminar sirviendo para cosas bastante distintas de aquellas para las que fue creada, como ya se ha visto.

Las críticas del correísmo a la reforma

Varias de esas objeciones fueron planteadas por el correísmo y no me pesa decir que eran válidas. Algunas incluso aparecieron, al menos parcialmente, en el texto final. Pero ahí cabe una pregunta para el oficialismo. ¿En una ley de este tipo no valía la pena ceder un poco y buscar un acuerdo más amplio?

Ahora, la otra mitad de la historia tampoco es poca cosa. El correísmo terminó absteniéndose en bloque. No podía imponer sus cambios, pero sí podía decidir si una ley defectuosa y, aun así, útil merecía respaldo. Podía mantener sus críticas y votar por aquello que consideraba necesario, pero terminó escogiendo la salida políticamente más cómoda de cara a las elecciones, preservando la distancia con el oficialismo y evitando el costo de un rechazo frontal.

Es que ese es uno de los grandes problemas de la polarización. Termina importando más quién propone que lo que se propone. Y si ni siquiera una ley destinada a impedir que los niños terminen convertidos en instrumentos del crimen alcanza para salir un momento de la trinchera, entonces algo está bastante torcido. Al final, con la polarización, ni siquiera los niños importan.

La sucesión de hechos contrarios al derecho, producidos durante esta última semana, en Bolivia, debe obligarnos a reaccionar a los países democráticos del mundo, y, señaladamente, a los latinoamericanos. Según la información pública, el gobierno de Estados Unidos, habría retirado la visa de su país al Fiscal General de Bolivia, Mariaca, quien estaba investigando el presunto intento de feminicidio contra Nadia Beller, por parte de su pareja, Fernando Cerimedo, argentino, quien actuaba como asesor del Presidente de Bolivia, y, al parecer, es agente de la CIA, y estaría interviniendo, en favor de la ultraderecha, en los procesos electorales latinoamericanos.

Internacional

Detienen al fiscal general de Bolivia tras sanciones de Estados Unidos por narcotráfico

Agencia AFP

El retiro de la visa al Fiscal General, y a otros, desencadenó otros hechos que parecería estaban calculados: que el Fiscal General fuera detenido, al parecer, secuestrado por la propia Policía, sin órdenes legales. Después de los hechos, el Ministro de Gobierno, trata de justificar lo ocurrido, sin presentar prueba alguna. El Departamento de Estado -en una suerte de admisión de su responsabilidad- publica su respaldo al gobierno de Bolivia. Luego, el Vicepresidente y, a la vez, Presidente del Congreso de Bolivia, hace una defensa del Estado de Derecho, y de la estabilidad del Fiscal General, quien sólo puede ser designado por el Congreso. La sobreviviente del atentado contra su vida, abogada Nadia Beller, luego de decir que, “policías allanaron Fiscalía sin orden judicial, van a desaparecer las pruebas contra Cerimedo”.

Esta breve síntesis de lo ocurrido en Bolivia, tal como la comprendo, y cuyo conocimiento se está extendiendo como fuego en la pólvora, debe llevarnos a algunas reflexiones a todos los latinoamericanos:

La cancelación de la visa americana, no puede conducir a que en nuestras repúblicas se produzcan quebrantamientos de nuestros órdenes constitucional y legal y a la destitución, casi automática, de los funcionarios a los que USA ha cancelado la visa. Si hay indicios de responsabilidad, pues, hay que seguir el procedimiento establecido por nuestras constituciones y leyes. Recuerdo que, a un ex presidente colombiano se lo acusó de que, en la financiación de su campaña, se habían detectado fondos ilegales -cosa que puede pasar, sin conocimiento del candidato-, pero el ex presidente cumplió su período.

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En el presente caso, se ha secuestrado al Fiscal General, Mariaca, quien inició la acusación contra Cerimedo, y pidió su encarcelamiento por intento de feminicidio; y quien ha sido, a la vez, el encargado de la manipulación de las campañas electorales de la extrema derecha. Resulta que, en Venezuela, también, se secuestró al Presidente y su esposa, también una luchadora política. No podemos institucionalizar lo ilegal: el secuestro. Fue la Policía -así aparece- la que decidió y ejecutó la intervención en la Fiscalía General. La explicación del Ministro fue posterior y nada justificó sobre la ilegal intervención. Pero, pienso yo, por experiencia, que una decisión tan trascendental, como la de remoción arbitraria del Fiscal General, solo puede ser tomada por la máxima autoridad del Gobierno, su Presidente y, probablemente, para no contrariar al gobierno de USA, que dispuso el retiro de la visa.

Este sacudón tendrá su efecto en el análisis de las campañas en las que triunfaron lo candidatos de ultraderecha. Fernando Cerimedo lanzó una amenaza apocalíptica: Si no me dejan libre, caerán muchos gobiernos de derecha. Parece decidido a todo, pero cayó ante el valor de una mujer que, impertérrita ante el peligro que corre, sigue presentando pruebas sobre el entramado de los hilos del poder.

Todo este escándalo, afectará al Plan del señor Trump sobre el Escudo de las Américas, y le moverá al Secretario Rubio a no calificar a los países de Latinoamérica como “alineados”.

Las familias son clave en los esquemas de lavado de activos, tanto el núcleo familiar como la familia extendida.

Sigo manteniendo la posición de que la estimación del 40 % del PIB de Ecuador proviene de esquemas de lavado de activos. El lavado de activos no se limita a recursos provenientes de la cocaína o las drogas. Los recursos de origen ilícito pueden provenir de mercados criminales, como el contrabando de productos como cigarrillos, la minería, el petróleo, entre muchos otros.

Es importante distinguir entre los mercados ilícitos que generan los recursos de origen criminal y los esquemas de lavado de activos mediante los cuales esos recursos son movilizados, ocultados e introducidos en la economía legal.

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El esquema para el blanqueo de activos

El criminal, como en los casos de alias Fito, Comandante Willy, o Lobo Menor, entre otros miembros activos de organizaciones delictivas, enfrenta limitaciones debido a su notoriedad en la sociedad, incrementando el riesgo de exposición y dificultando la gestión directa de recursos de origen ilícito. Por ello, requiere de la participación activa de personas de confianza.

Esta dinámica permite comprender la relevancia que adquieren los integrantes del entorno familiar dentro de estos esquemas. Un ejemplo de ello es el caso de Michelle Macías, alias ‘Queen Michelle’, y su madre, Inda Peñarrieta, quien utilizó un esquema de empresas legales para lavar activos mediante la generación de ‘fake invoicing’ o sobrefacturación.

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El caso Blanqueo Fito involucra alrededor de USD 27 millones en operaciones de lavado de activos, no limitadas al tráfico de drogas, sino también relacionadas con trata y tráfico de personas, minería ilegal y delitos ambientales.

Queen Michelle habría movilizado alrededor de medio millón de dólares, mientras que miembros de la familia extendida de Fito buscan la devolución de propiedades que posiblemente serán decomisadas mediante la Ley de Extinción de Dominio. Dos de estas propiedades están valoradas en USD 700.000.

Como si necesitásemos que nos revelen lo que somos, volvimos a PISA a rendir sus pruebas, a exacerbar expectativas y a lamentar sus resultados. Y, en ese afán de repudiar nuestros dolores, se rasgan vestiduras, se emiten comentarios y se buscan causas, como que si no las conociéramos, como si nuestra realidad fuera otra y hubiera cambiado.

No hay lugar para el asombro ni para el ingenuo desaliento. Lo que sí deberíamos preguntarnos es: ¿qué hemos hecho para superar la brecha? Descuidamos, si es que no menospreciamos, la educación preescolar; promovemos sin el debido conocimiento; nos esmeramos en reducir los niveles de exigencia de la evaluación; restamos autoridad al profesor, a quien tampoco preparamos adecuadamente; debilitamos la voluntad del alumno y su resiliencia, y nos inmovilizamos ante su mal manejo de la frustración, dejándolo crecer sin límites, sin valor para actuar y autosobreponerse sobre sí mismo, y feliz de sacar siete.

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Y es que hablamos de que hoy lo importante es la capacidad de reacción, la búsqueda creativa, la respuesta ágil y acertada, y no solo el puro conocimiento, y eso es cierto. Pero, si no hemos adquirido ese cierto conocimiento como base, ¿cómo hacerlo herramienta de construcción de nuestras ideas para desarrollar nuestra inteligencia? No hay que repetir de memoria, pero, sin un aprendizaje que nos dé soporte y sustento, no podemos dar el salto a cuestionarnos, a indagar, a buscar otras alternativas para resolver los problemas.

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Otra cuestión que deberíamos observar son las diferencias académicas, culturales, sociales y ciudadanas que existen entre nosotros y los países que encabezan el último listado de resultados PISA: China, Japón, Taiwán, Corea, Singapur e Irlanda. ¿Cómo aprenden en esos entornos? ¿Qué importancia le dan a la educación? No solo cuánto invierten en ella, sino en la formación del docente y, sobre todo, en qué marcos de orden, organización, ética y disciplina se desenvuelven esas sociedades y alumnos. Acaso así encontraremos caminos; de lo contrario, el cántaro seguirá yendo al agua hasta que se rompa.

Este martes 29 de septiembre de 2026, Donald Trump se reunió entre otros con Musk (xAI), Zuckerberg (Meta), Huang (Nvidia), Amodei (Anthropic), Pichai (Google), Brockman (OpenAI) y Bezos (Amazon) para discutir sobre la seguridad de la IA. Trump y representantes de seis compañías suscribieron un acuerdo.

Se prevén controles internos, evaluaciones externas y un comité para revisar los resultados. El acuerdo es voluntario y no establece sanciones ante los incumplimientos.

En julio, durante una evaluación de ciberseguridad, modelos de OpenAI sortearon el aislamiento de internet, explotaron vulnerabilidades y comprometieron sistemas de OpenAI y Hugging Face. Este episodio demuestra que los mecanismos de control pueden fallar.

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El control de la IA por caminos diferentes

Si esto puede ocurrir dentro de las propias empresas que desarrollan estos sistemas, surgen dos preguntas. Quién fija los límites y cómo se exige su cumplimiento. Europa, EE.UU. y China han tomado caminos distintos.

La ley europea (AI Act) clasifica los sistemas según su nivel de riesgo. Prohíbe ciertos usos y establece obligaciones, incluidas exigencias de transparencia, evaluación y mitigación de riesgos. Ofrece reglas exigibles, aunque existe el debate sobre si una regulación intensa puede afectar la innovación. Trump sostiene que demasiadas reglas pueden frenar el desarrollo y dar ventaja a China. Su administración ha optado por privilegiar compromisos voluntarios de las empresas. El riesgo es que quienes desarrollan la tecnología participan en el control de sus propios límites. China sigue otro camino. No tiene una ley general sobre inteligencia artificial, pero sí reglas para determinadas aplicaciones. El Estado mantiene un fuerte control sobre ciertos usos de la IA y sobre la información que circula.

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No sabemos cuál de estos modelos funcionará mejor. Europa ha optado por reglas exigibles. La administración Trump confía más en las empresas que desarrollan la tecnología. China concede al Estado una capacidad de intervención mucho mayor. Cada modelo asume riesgos distintos. La diferencia se verá cuando los límites sean puestos a prueba.