Con la imprevisibilidad climática es difícil determinar si Ecuador volverá a vivir los apagones masivos que lo marcaron en el 2024. La única certeza de hoy es la falta de transparencia sobre el real estado del sistema eléctrico nacional, que vuelve a sembrar incertidumbre entre los hogares y pequeñas empresas.

Sin información clara no hay planificación posible

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Los caudales de las represas siguen presionando a la baja, los cortes ‘focalizados’ cada vez son más frecuentes y aun así, el Gobierno insiste en negar lo que el ciudadano común presiente. Pero un problema de esta magnitud no se resuelve en silencio. Lo que Ecuador necesita es información veraz que permita a ciudadanos, empresas e instituciones planificar con realismo.

El Gobierno tiene la obligación de demostrar, con datos concretos y accesibles, cómo garantizará el suministro eléctrico en un momento en que el consumo crece y la capacidad de generación no logra seguir su ritmo. 

Un problema que podría ahondarse ante el desaprovechamiento de la energía eléctrica que puede dotar Colombia y el aún bajo empleo de energías renovables, ante la carencia de incentivos reales para que los hogares adopten soluciones solares, o la flexibilidad de trámites para que las empresas puedan invertir en fuentes alternativas.

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El fin del toque de queda debe llevar a una revisión de lo obtenido en esta etapa de la lucha contra la criminalidad. Durante su vigencia, la medida permitió la captura de algunos objetivos peligrosos y contribuyó también a reducir los índices de delincuencia común.

Sin embargo, estos esfuerzos deben traducirse en acciones cotidianas de control y vigilancia que perduren en el tiempo, sin bajar la guardia y ampliando su alcance a delitos como las extorsiones, que están devastando la economía a todo nivel.

La ausencia de restricciones horarias exige a las Fuerzas Armadas y a la Policía redoblar su presencia y capacidad operativa en los territorios recuperados, evitando que nuevas estructuras criminales intenten ocupar espacios debilitados.

La seguridad es un proceso continuo, no un logro aislado. Requiere custodia permanente, inteligencia efectiva y cercanía con la ciudadanía. En este contexto, la cooperación internacional, en especial de países aliados, debe ser vista como una oportunidad estratégica. Si su apoyo se traduce en tecnología, capacitación y recursos, será un pilar clave para afianzar la paz interna.

El desafío está en sostener los avances y no permitir retrocesos. Lo alcanzado debe convertirse en una conquista duradera.

La administración municipal de Guayaquil atraviesa un periodo de reconfiguración interna que, más allá de los cambios en funciones y el reciclaje de colaboradores, no debe afectar al ciudadano. La subrogación del mando en la Alcaldía ocurre en un contexto de incertidumbre que exige madurez institucional y continuidad operativa.

Es imperativo que la transición en direcciones y empresas públicas no se convierta en un freno para el desarrollo urbano. Trámites vitales como informes de regulación, aprobación de planos, registros de construcción o particiones de terrenos -históricamente afectados por lentitud- corren el riesgo de caer en parálisis o retroceso. La ciudad no puede permitir que el dinamismo de la construcción y la inversión privada se detengan por ajustes políticos o debilidades administrativas.

El liderazgo subrogante tiene el reto de demostrar que la planificación no se detiene. No basta con vigilar que las obras cumplan plazos y presupuestos; se requiere visión para proyectar soluciones a problemas estructurales. La eficiencia debe ser la única consigna. Los guayaquileños no tienen por qué pagar las consecuencias de las crisis políticas. La municipalidad debe garantizar servicios ágiles y una ruta clara, demostrando que la institución es más fuerte que sus coyunturas.

La fanesca es uno de los platos tradicionales de la gastronomía ecuatoriana que, según los entendidos, se prepara con doce granos distintos que conviven con el bacalao, de sabor particularmente intenso.

Ninguno de estos ingredientes elige con quién compartir la olla, y así es como el Consejo Nacional Electoral (CNE), con sus sempiternos miembros, acaba de propiciar para las próximas elecciones anticipadas una verdadera fanesca electoral, cuyos ingredientes, con seguridad, serán de pronóstico reservado. Esta improvisación audaz de última hora, seguro que acabará indigestándonos a todos.

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Una mezcla improvisada de candidatos y partidos

Con el tiempo en contra, ante una alta demanda de políticos con ansias de participar y sin oferta suficiente de partidos o movimientos habilitados, se cuece el ambiente perfecto para que muchos de los aspirantes a la próxima contienda electoral traten de aparcar en cualquier partido o movimiento, independientemente de que comulguen con su ideología, principios u objetivos. Esa fanesca que presenciaremos en las listas de candidatos será incomible y de difícil digestión para el electorado.

El CNE, convertido en una especie de pitoniso centro de meteorología, decide adelantar las elecciones por el augurio de un clima extremo para el día originalmente escogido.

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Una democracia cocinada a última hora

Candidatos de izquierda terminarán arropados bajo banderas de derecha y viceversa, y así se irán conformando las listas de candidatos. Por esto he sostenido que en Ecuador no hay partidos, ni movimientos fieles a sus ideologías, y menos aún que el pueblo los escoge en virtud de estas; simplemente se inclinan por simpatías, videos y mensajes en redes sociales, así como por recomendaciones de vecinos, familiares y amigos. Veremos organizaciones ideológicamente antagónicas compartiendo estructuras para sobrevivir al vendaval provocado por el CNE.

Esto no será democracia pluralista, será un circo populista.

La democracia no debe cocinarse a última hora, con ingredientes contaminados.

La fanesca electoral que nos servirán en este 2026 será, con certeza, el plato más amargo que hayamos probado en muchos años.

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Que la mayoría no es sinónimo de acierto es tan verdad como que la opinión pública no es la opinión publicada. En una democracia es más importante el disenso que el consenso, pues solo en ese régimen se permite la pública discrepancia con las ideas de la mayoría y sin consecuencias gravosas. Por eso las elecciones tipo Corea del Norte, donde el Partido Comunista saca el 99 % de los votos, cuando no el 100 %, son el reflejo de cualquier cosa, menos de democracia, a despecho del nombre oficial de ese país.

De la mayoría al dominio de minorías

Pero, en Occidente, a estas alturas estamos sufriendo del proceso inverso: hemos pasado de que la democracia es el gobierno de la mayoría, con respeto a las minorías, con la imposición de una minoría por sobre la mayoría, a la que acalla y hasta sojuzga. Eso no ocurrió de la noche a la mañana, sino con la paulatina tergiversación de cuestiones básicas, como que los derechos no dependen de opiniones mayoritarias. Eso se ha usado por grupos minoritarios para imponer su visión de las cosas: el aborto es un derecho, pese a sus consecuencias irremediables frente a un indefenso e inocente ser al que, de un plumazo, se le ha quitado su esencia humana. Y el mero hecho de, siquiera, manifestar esa opinión, curiosamente, convierte al que la emite en un “antiderechos”.

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Por supuesto, si usted opina que al que hay que poner contra la pared es al violador, será tachado de monstruo y otros adjetivos impublicables, y no porque se exija la pena máxima (que les queda corta) sino por pedir que consten en un registro que impida que ejerzan labores con menores. ¿La patria? Hay que eliminar ese concepto y, mejor, que la gente rechace su bandera, su himno y todos sus símbolos. Esa es la ‘academia’ actual: el círculo de intelectualoides que silencia al resto, porque, en general, las mayorías tienden a la comodidad, cuando no a la cobardía.

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Libertad de expresión y la mayoría silenciosa

Hoy, en que la expresión del pensamiento debería ser una libertad en su mayor plenitud, vistos los adelantos tecnológicos actuales, ocurre todo lo contrario: no diga lo que piensa para no ser tachado por la gente a la que hemos permitido asumir una superioridad moral e intelectual que están, en la realidad, muy lejos de tener. Esa es la diferencia entre la opinión pública y la opinión publicada: la mayoría silenciosa frente a los monopolizadores de la verdad a conveniencia.

A veces pensamos que lo que sucede afuera de nuestras fronteras no impacta en nuestro día a día. Pero en un mundo globalizado, cualquier guerra en Europa o una enfermedad en Asia tienen una repercusión directa en nuestras vidas.

No se diga entonces la elección presidencial en cualquiera de nuestros países vecinos. Más aún si estas se dan al mismo tiempo en Perú y Colombia, en medio de una coyuntura regional compleja, marcada por la operación de las estructuras criminales transnacionales.

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Un territorio conectado por historia y geografía

Antes de que la Audiencia de Quito, la Presidencia de Quito y la Gran Colombia fueran fragmentadas por distintos intereses, existía una estructura administrativa que articulaba con mayor coherencia los territorios que hoy llamamos Ecuador, Colombia y Perú. Éramos parte de un mismo sistema de rutas comerciales, de una misma lógica administrativa y, en cierta medida, de una misma identidad andina. La República del Ecuador nació en 1830 precisamente como solución a la tensión entre dos polos gravitacionales, por la falta de acuerdos entre San Martín y Bolívar. Nos convertimos en frontera, en zona de amortiguación, en república soberana encajada entre dos gigantes.

Esa condición geográfica hoy se manifiesta con una fuerza que no podemos ignorar. Ecuador ocupa un triángulo de oro: somos el nudo que conecta dos de los mercados más importantes de la región andina. Nuestros puertos, nuestra dolarización, nuestra posición en el Pacífico nos hacen indispensables para el comercio legítimo entre ambas naciones.

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Pero ese mismo privilegio geográfico es también nuestra mayor vulnerabilidad. Según el Informe Mundial de Drogas 2025 de la ONU, Colombia produce más del 70 % de la cocaína que circula por el mundo, y los carteles que operan en su territorio, herederos de las FARC disidentes y el Clan del Golfo, han convertido a Ecuador en su corredor de exportación preferido con la anuencia del presidente Petro.

Del Perú, segundo productor mundial de hoja de coca, nos llegan los mineros ilegales que devastan nuestra Amazonía, y mucho del armamento con el que operan los grupos irregulares en nuestro territorio.

Elecciones vecinas con impacto directo en Ecuador

Por tanto, lo que ocurra el 12 de abril en las urnas peruanas y el 31 de mayo en las colombianas no es un asunto ajeno. Perú enfrenta estas elecciones tras haber tenido cuatro presidentes en el último quinquenio, marcado por una inestabilidad política crónica. Colombia vive un clima de intensa polarización, con el magnicidio del precandidato Miguel Uribe como telón de fondo. En ambos países el crimen organizado tiene capacidad de influir en los resultados, especialmente en Colombia si se consolida el triunfo del candidato petrista Cepeda, socio político del Grupo de Puebla.

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Si triunfan gobiernos débiles, cómplices o simplemente negligentes frente al narcotráfico y la minería ilegal, Ecuador deberá activar el modo defensivo. Más controles fronterizos, más inteligencia, más cooperación multilateral. Nuestra seguridad interna depende, en parte, de la voluntad política de nuestros vecinos.

Por eso las elecciones en Lima y Bogotá no son noticias de política exterior: son noticias de seguridad ciudadana, de economía doméstica, de futuro inmediato. Lo que voten los peruanos o los colombianos, lo vivimos ecuatorianos.

Algunas personas saltaban de alegría porque al subir el petróleo por el conflicto de Irán, los ingresos fiscales le darían una bonanza a la economía ecuatoriana, pero no todo es pétalos, también hay espinas, y van a hincar. Todo dependerá del tiempo que dure la contienda para saber el alcance de las consecuencias.

El petróleo y el golpe directo al consumidor

Lo que ocurre en el mercado es que proporcionalmente suben más los derivados que el crudo, y eso golpea al consumidor. Tendremos un ajuste de precios en los fertilizantes para el agro, por tanto, debemos esperar que el incremento de los costos de logística e insumos, generen un impacto en el precio de ciertos artículos de primera necesidad. Los productos relacionados con plásticos se incrementarán, pero también aquellos que tengan que ver con alto volumen de transporte, como por ejemplo, cobre y sus derivados, aluminio, etc.

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Un impacto que no es menor si el conflicto se alarga, tiene que ver con las tasas de interés. El tema militar le está costando muchísimo dinero al fisco norteamericano, pero además deben buscar contener la inflación, con lo cual la perspectiva de reducción de tasas de interés se va a alargar. Como consecuencia de esto podemos tener un impacto local en tasas de interés.

Inflación, tasas y efectos en la economía local

Estamos acostumbrados a pensar que en una economía lo que alguien gana lo pierde otro y viceversa, pero la realidad no es esta. En ciclos de crecimiento global, la creación de valor es mucho mayor que su destrucción distribuida, y cuando productos tan importantes como la energía, y el petróleo en entre ellas sube, el nivel de destrucción económico global es enorme.

Esto es lo que nos está pasando con la guerra de Irán: el mundo en general va a tener un choque de inflación, y eso destruye a las clases más vulnerables en todos los países (como ocurrió en la pandemia del covid-19).

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Estoy seguro que EE.UU. desea terminar este tema cuanto antes, porque si se alarga, muy probablemente incidirá en las elecciones de noviembre próximo.

Hay que impedir que Irán tenga armas nucleares, pero va a costar. Como diría Pérez-Reverte: las guerras las ganan los de siempre y las pierden los de siempre.

Abril llegó sin lluvias, pero con apagones. Y con ellos, una verdad incómoda que el Ejecutivo se empeña en ignorar: el sistema eléctrico sigue atado a la improvisación y a la suerte. Mientras el refrán ‘abril, aguas mil’ se queda en ironía, la realidad golpea con cortes de luz que evidencian una fragilidad estructural insostenible.

Dependencia hidroeléctrica y decisiones sin margen

La dependencia casi absoluta de las hidroeléctricas no solo fue una apuesta riesgosa, es una muestra de planificación miope que el actual gobierno no ha corregido. Proyectos como Coda Codo Sinclair -presentado en su momento como símbolo de progreso- hoy revelan decisiones difíciles de justificar, como la ausencia de un embalse que permita regular el caudal. Apostarlo todo a la naturaleza, sin margen de maniobra, no es estrategia, es negligencia, y el actual gobierno lo sabe en demasía.

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El país enfrenta nuevamente niveles críticos en los embalses, incapaces de sostener una demanda eléctrica que no deja de crecer. Pero más preocupante que la falta de agua es la falta de previsión. Porque no se trata de una sequía inesperada, sino de un fenómeno que debió anticiparse con la misma “rigurosidad técnica” con la que se pretende justificar decisiones políticas como la alteración del calendario electoral bajo el pronóstico de lluvias intensas en 2027.

Y para colmo de males, el presidente Daniel Noboa tensó las relaciones con el país que podía ser un salvavidas inmediato. Resulta, por decir lo menos, contradictorio que ahora el mandatario mire hacia Gustavo Petro en busca de energía, cuando el conflicto político bilateral ha complicado incluso el intercambio comercial.

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Una crisis anunciada que el Gobierno no corrige

Lo que está en juego no es solo la estabilidad del sistema eléctrico, sino la credibilidad de un gobierno que reacciona tarde y mal. En lugar de concentrarse en diversificar la matriz energética, fortalecer reservas o establecer acuerdos estratégicos, la atención se ha desviado hacia disputas políticas y decisiones cuestionables.

Ecuador no necesita excusas ni discursos, necesita planificación, inversión y coherencia. Porque, como bien dice el refrán, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y aquí, la ceguera ya está costando demasiado.

Lo que el mundo ve estos días en Cuba no es un accidente ni una sorpresa. Es una pincelada del grotesco caso caribeño, la cereza del pastel de un concierto global de barrabasadas históricas en el clímax de la decadencia y la implosión crítica.

Hace unos días, en Barcelona, Noelia Castillo recibió la eutanasia a los 25 años. Eligió: la defendió en cinco instancias judiciales, se puso su vestido más bonito y se fue sola. Noelia me evocó a mi país. Un país que para vivir ha muerto muchas veces y debe volver a morir.

En Cuba no hay eutanasia legal. Hay algo peor: una muerte sin consentimiento en dosis crecientes. La OMS lo certifica: miles de cirugías pospuestas, treinta mil niños sin vacunar, hospitales que no sostienen urgencias. Y 32.000 embarazadas que sabe Dios cómo van a parir. Nadie eligió.

Mauren, embarazada, confía: el país siempre ha salido adelante. La psicología llama indefensión aprendida a esa fe. Indira, con siete meses, mira a la cámara: “Mi hijo nacerá en un país sin perspectiva”. Alpízar, 78 años, le dio todo a la revolución y hoy dice: “Ni siquiera me han dejado la esperanza de volver a soñar”. No es un disidente. Es un creyente al que le aplican la eutanasia de su fe.

Solo que nombrarlos sin pensamiento crítico nos condena a la catarsis perpetua. Y la catarsis no construye nada.

Joaquín Hernández Alvarado escribió aquí sobre el fin de la utopía cubana. La alianza entre inteligencia y poder fue el arma más eficaz de la revolución, evidenció la columna. Más que los tanques. Porque la revolución no prometió solo pan y techo, prometió sentido. El apagón de hoy es la consecuencia material de un apagón narrativo que empezó décadas antes. Cuando cae el muro de carga no se cae una pared: se cae la casa entera. Por eso, Cuba, me parte el corazón.

Y precisamente por eso insisto: necesitamos menos inventario del colapso, ningún safari humanitario y más Joaquines para pensar a Cuba desde los cimientos, no desde la nostalgia ni desde el odio.

A esta Cuba agonizante prefiero verla morir en paz. No necesita más elegías. Necesita ingenieros del después. Cubanos de aquí y allá, como ave Fénix, para construirla otra vez.

En la década de 1960, la CIA intentó asesinar a Fidel Castro con métodos extravagantes como puros envenenados o conchas explosivas, creyendo que eliminar al líder resolvería los problemas de Cuba. Hoy, Donald Trump parece seguir una lógica similar, aunque con tácticas menos llamativas. Sin embargo, esa estrategia no funcionó entonces ni parece que vaya a funcionar ahora.

El actual presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha admitido que el régimen negocia con Estados Unidos. Muchos consideran que el objetivo de esas conversaciones, lideradas por el secretario de Estado Marco Rubio, es su salida del poder: mantener el sistema, pero cambiar su figura visible, como se intentó en Venezuela.

Sin embargo, Cuba no es Venezuela. En Caracas, Trump toleró la continuidad del chavismo a cambio de beneficios económicos ligados al petróleo. Cuba carece de ese recurso. Aunque tiene potencial turístico, explotarlo requiere tiempo e inversión, lo que limita su utilidad como moneda de negociación inmediata.

Además, el régimen venezolano ha sido más pragmático, priorizando beneficios económicos. En Cuba, pese a la corrupción y desigualdad -como el control de hoteles por Gaesa, vinculado a las fuerzas armadas-, el componente ideológico sigue siendo importante. Ese factor ayuda a explicar la longevidad del sistema, a pesar de su crisis económica.

Podría surgir una figura dispuesta a negociar pragmáticamente, pero hasta ahora no ha ocurrido. Las conversaciones parecen estar en manos de figuras cercanas al núcleo histórico del poder, como Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro.

Esto revela un punto central: la posible salida de Díaz-Canel no implicaría grandes cambios, ya que nunca ha tenido el control real. Desde 2018, cuando Raúl Castro dejó formalmente la presidencia, el poder efectivo ha permanecido en su entorno familiar. Así, la revolución que buscaba eliminar élites ha terminado consolidando una estructura casi dinástica.

Este carácter también explica la falta de apoyo regional. Aunque algunos aún sienten nostalgia por Fidel Castro, las generaciones más jóvenes ya no ven a Cuba como modelo. Las restricciones a libertades han debilitado su atractivo.

Incluso gobiernos de izquierda en América Latina han mostrado escaso compromiso con el régimen cubano. Más allá del temor a represalias de Estados Unidos, existe un reconocimiento implícito de que un sistema que empobrece a su población difícilmente puede sostenerse.

Marco Rubio parece entender mejor esta dinámica que Trump. Existe la posibilidad de que impulse cambios democráticos de forma discreta, aunque sin garantías. En Venezuela, intentos similares no han dado resultados alentadores: recientes cambios en la cúpula militar apuntan más a reforzar la represión que a una apertura.

La situación recuerda a Nuestro hombre en La Habana, de Graham Greene, donde un falso espía fabrica informes sin sustento y aun así es recompensado. De forma similar, existe el riesgo de crear una ilusión de progreso sin cambios reales.

En este contexto, mientras las estrategias externas se centran en soluciones rápidas, la realidad cubana sigue marcada por estructuras profundas de poder. Sin transformaciones internas significativas, cualquier intento de cambio corre el riesgo de quedarse en apariencia, sin ofrecer a los cubanos las libertades que esperan.

El adelanto de las elecciones seccionales dispuesto por el CNE no es una simple reprogramación logística. En el contexto actual, esta adquiere una dimensión política y constitucional que tensiona principios del sistema democrático.

La Constitución y el Código de la Democracia establecen como pilares la certeza jurídica, la igualdad de condiciones y la preclusión de etapas. Alterar el calendario electoral sin una justificación robusta debilita estos principios e introduce incertidumbre, la cual impacta la confianza institucional. La invocación preventiva de un posible fenómeno climático, sin evidencia concluyente, es insuficiente frente a los efectos jurídicos que se desencadenan.

El problema de fondo no es solo la decisión, sino sus consecuencias estructurales. Reducir plazos afecta la democracia interna de las organizaciones políticas, limita su capacidad operativa y distorsiona la equidad en la competencia. En sistemas frágiles, los cambios en las reglas de juego generan asimetrías reales. No todos los actores tienen la misma capacidad de adaptación, lo que abre la puerta a exclusiones de facto.

Además, la medida profundiza la tendencia de la judicialización de la política. El protagonismo del Tribunal Contencioso Electoral y eventualmente de la Corte Constitucional no es señal de fortaleza institucional, sino de la incapacidad del sistema para generar certezas desde su órgano rector.

La crítica de la Comisión Nacional Anticorrupción pone en evidencia un déficit de legitimidad. En democracia no basta actuar dentro de la legalidad formal, es indispensable preservar la apariencia de imparcialidad. Cuando las decisiones electorales coinciden con coyunturas sensibles para determinados actores, la suspicacia se instala, aun en ausencia de pruebas de ilegalidad.

Finalmente, el CNE ha abierto un frente innecesario en un momento de alta volatilidad. La estabilidad de las reglas electorales no es un detalle administrativo: es una condición mínima para la credibilidad del sistema democrático. Al alterarla sin sustento sólido, erosiona más que fortalece la institucionalidad.

En Ecuador, hablar de seguros todavía genera escepticismo. Mientras algunos reconocen su importancia para proteger el patrimonio familiar o la continuidad de los negocios, otros los observan con desconfianza, convencidos de que al momento de un siniestro el proceso será complejo o que la indemnización será difícil de obtener.

Esta percepción plantea un desafío que pocas veces se discute con suficiente claridad: el verdadero activo del mercado de seguros no es únicamente el capital financiero, sino la confianza.

El seguro es, en esencia, una promesa: que si ocurre un evento adverso existirá una respuesta económica que permita a las personas y empresas recuperarse. Pero como toda promesa, su valor depende de la credibilidad del sistema que la respalda.

Por eso los mercados de seguros más desarrollados no se distinguen solo por su tamaño, sino por la solidez de sus instituciones, la claridad de sus reglas y la eficiencia para resolver controversias. La confianza no surge por casualidad, se construye con transparencia, seguridad jurídica y cumplimiento efectivo de las obligaciones.

También requiere un esfuerzo permanente del sector asegurador por fortalecer la comunicación con los usuarios, simplificar procesos y promover educación financiera. Un mercado sólido no se construye solo colocando pólizas, sino generando credibilidad y relaciones sostenibles con los asegurados.

Contar además con mecanismos técnicos y oportunos para resolver diferencias resulta fundamental. Procesos especializados y eficientes no solo protegen derechos, sino que fortalecen la confianza en todo el sistema.

En países expuestos a riesgos naturales y económicos como Ecuador, un mercado de seguros confiable no es un lujo. Es parte de la infraestructura que permite reducir la vulnerabilidad económica y acelerar la recuperación tras las crisis.

Porque al final, los seguros no funcionan únicamente por cálculos actuariales. Funcionan porque existe confianza. Y sin confianza, simplemente no hay seguros.