Gráficos Nacionales S.A. (Granasa) se acerca al cierre de uno de los capítulos más difíciles de su vida institucional. Diario EXPRESO, una de sus marcas más insignes, circulará hasta este 9 de octubre, y con su salida se apagará también una fuente de ingresos que sostenía a decenas de trabajadores y a sus familias. Pero el proceso de liquidación que se avecina plantea duros desafíos. No solo está en juego el derecho de los accionistas, sino, sobre todo, el de cada uno de los colaboradores que dieron lo mejor de sí a esta casa editorial.

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Una liquidación que no debería convertirse en otro problema

La aspiración del grupo empresarial es liquidar a empleados como manda la ley porque Granasa no está quebrada. Es una empresa solvente, y lo demuestra con una serie de activos, entre edificios y terrenos, que necesita poner en venta para honrar las obligaciones laborales de quienes están en nómina. Una intención que solo podrá concretarse si la Superintendencia de Compañías, a través de su interventora, lo permite. Si la intención es liquidar a EXPRESO, lo que menos queremos es que se vuelva un camino tortuoso y demorado, como el que ya vivieron empresas como el Hotel Continental o Zofragua. La empresa está decidida a hacer su parte, pero requiere la colaboración oficial para dar lo justo a quienes sostuvieron este proyecto durante tanto tiempo.

El tránsito entre la Costa y la Sierra sur vuelve a evidenciar una fragilidad histórica que no admite más dilaciones. Lo que debería ser un corredor fluido para la integración nacional y el impulso turístico se ha transformado en un trayecto de incertidumbre y riesgo permanente para miles de conductores.

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Las principales afectaciones de esta ruta no se limitan a las horas perdidas en congestiones interminables. El verdadero peligro radica en la constante amenaza de deslizamientos y caída de rocas que ponen en juego la integridad física de quienes la transitan diariamente.

Una conexión estratégica para el comercio y el turismo

Es inaceptable que una arteria vital para el comercio y el dinamismo económico entre provincias opere bajo condiciones de vulnerabilidad estructural tan marcadas. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, junto a los gobiernos locales competentes, debe asumir este problema con la contundencia que la situación amerita.

Ya no bastan intervenciones parche ni soluciones temporales que se desvanecen con la primera temporada de lluvias. Es momento de ejecutar una remediación definitiva e integral de los puntos críticos o, en su defecto, evaluar con rigor técnico la construcción de una ruta alternativa, segura y moderna. Conectar de forma eficiente al país es deber estatal; proteger la vida de sus ciudadanos, un mandato impostergable.

La inclemencia del clima ha vuelto a reactivar la amenaza de nuevos apagones, y lejos del temor que este evento nos pueda generar, nos dice también que es momento de tomar decisiones urgentes y acertadas para seguir ampliando las reservas energéticas que tenemos.

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El anuncio del Gobierno de reincorporar megavatios al sistema mediante la reactivación de centrales térmicas en mantenimiento o en abandono es una noticia positiva, pues contribuye a garantizar la seguridad del suministro para las familias. Sin embargo, no es suficiente. El real reto consiste en mermar el alto déficit y con ello el peligro de nuevos cortes.

El desafío de garantizar el suministro eléctrico

Corresponde al Gobierno reconocer el esfuerzo de las empresas que racionan su consumo a costa de afectar su producción y de elevar sus costos. Y si el sector privado hace su parte, el Estado tiene la obligación de hacer la suya, agotando todas las alternativas para cerrar este déficit.

Pero no de forma coyuntural, el país necesita de una solución sostenida que evite que esta emergencia se repita. La falta de garantías en un servicio básico como el eléctrico no solo golpea a los hogares, también priva a las empresas de la certeza necesaria para planificar, invertir y generar empleo.

El camisetazo es una práctica históricamente común en nuestra política. Tanto así que, según datos del Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, en los últimos cuatro períodos legislativos se han registrado más de 129 casos de transfuguismo político. Esta tendencia evidencia que para muchos candidatos gobernar no consiste en defender una visión de país o ejecutar un proyecto ideológico de largo plazo, sino conservar gobernabilidad y sobre todo poder. El servicio público deja de entenderse como algo transitorio y se convierte en una carrera para eternizarse en posiciones políticas. Los partidos y la ideología se vuelven descartables cuando dejan de servir para ganar elecciones, conservar espacios o conseguir los votos necesarios para aprobar una ley. Poco importa si las nuevas alianzas contradicen la visión con la que ese político llegó al poder. El resultado es una profunda pérdida de representación. Un ciudadano que votó por una propuesta de izquierda puede terminar representado por alguien que legisla junto a la derecha. Y más allá de si una postura es mejor que la otra, existe una ruptura evidente entre lo ofrecido al elector y lo ejecutado desde el poder. Quizás lo más preocupante es que ya casi nadie se sorprende. Hemos normalizado tanto el incumplimiento de las propuestas de campaña que el camisetazo dejó de escandalizarnos.

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Pero el fenómeno no termina en la política. En Ecuador también existe el camisetazo periodístico. El salto de periodistas entre medios con líneas editoriales radicalmente opuestas expone la tensión real entre supervivencia profesional y coherencia. Cuando ese movimiento se ejecuta desde el cinismo, aparece la figura del micrófono de alquiler: hoy se condena lo que mañana se defiende, dependiendo de quién firma el cheque.

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Cambiar de opinión no es el problema ni construir acuerdos o trabajar en otro medio. El problema aparece cuando cambian los principios al ritmo que cambian las conveniencias. Pues cuando políticos y periodistas convierten sus convicciones en camisetas intercambiables, quien termina perdiendo no es un partido ni un medio: pierde el ciudadano, que ya no sabe si está escuchando una convicción o simplemente al mejor postor.

Cuando el gran Christopher Hitchens se enfrentaba a su etapa final de cáncer de esófago, respondió con un rotundo “al igual que tú” a una pregunta que comenzaba con la aseveración “Christopher, te estás muriendo”. No creo que pretendiera soltar una de sus famosas frases fulminantes con las que enfrentaba los debates, sino expresar una genuina aceptación de la realidad. Estamos muriendo. Todos lo estamos, aunque a veces ni siquiera seamos conscientes de los cambios sociales ni de las transformaciones internas.

Tenemos la suerte de vivir etapas en las que entendemos que hay un fin ineludible, pero sentimos que seremos la excepción. Nos negamos a mirar ese futuro a los ojos, como si el dolor de las articulaciones o el estirar el brazo para leer una etiqueta hubiese estado siempre allí. Ese anhelo de inmutabilidad también lo trasladamos al entorno, renegando cuando las calles dejan de parecerse a los recuerdos y los jóvenes nos clasifican en una categoría distinta a la suya. O cuando las rutinas que alguna vez copiamos a nuestros viejos se van volviendo imposibles, como tener un horario para escuchar noticias o leer el diario ante una taza de café.

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Lo que surgirá del caos

Tal vez por eso me ha quedado un vacío con el anuncio de venta de los activos de EXPRESO, medio del que jamás recibí siquiera una sugerencia sobre qué escribir, aun cuando en varias columnas he discrepado de su línea editorial y en la visión de las prioridades del país, por lo cual le estoy muy agradecido. Porque, más allá del fondo de la decisión, de las familias que lo han construido y las décadas de historia, es también un recordatorio de que el tiempo no es una línea recta sino un cúmulo de pedazos congelados que, cuando los miramos, dan la ingrata esperanza de que algún día podríamos volver a ellos.

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Y la vida sigue así, desordenando lo que parecía firme, para que de ese pequeño caos algo más pueda surgir. Parafraseando a Hitchens, la fiesta va a seguir sin nosotros y, aún con todas las pérdidas ya sufridas y las que nos esperan, no podemos llenarnos de ira porque, si hay algo verdaderamente terrible, es desperdiciar la vida.

El lunes a las nueve de la mañana el presidente de España, el socialista Pedro Sánchez, anunció que convocaba a unas elecciones que los españoles llevan mucho tiempo esperando. El presidente lleva ocho años en el poder, al que llegó después de una moción de censura al gobierno de Mariano Rajoy como consecuencia de la sentencia por cobro de mordidas de dirigentes anteriores a la época de Rajoy. Sánchez se presentó como un adalid de la lucha contra la corrupción, y defendía cómo él daría un paso al costado si pasase lo mismo en su partido. Semanas después salió la sentencia del mayor desfalco de fondos públicos de la historia de Europa, el caso de desvió de fondos destinados a la formación de personas desempleadas por parte altos cargos del partido socialista de Andalucía. Sánchez no solo no renunció, eventualmente utilizó un órgano consultivo, el Tribunal Constitucional, cuya labor es interpretar la constitución -y es de carácter político y su presidente es un magistrado del PSOE-, para que cambie la sentencia del Tribunal Supremo, algo que ha repetido varias veces para intentar destruir el sistema judicial, el mismo que detienen todas sus reiteradas ilegalidades.

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La gota que derramó el vaso

Este llamado a elecciones llega después de que lleva casi cuatro años sin poder presentar ni aprobar presupuestos, ya que los socios que lo pusieron en el poder no están dispuestos a hacerlo de gratis, sin poder aprobar ninguna ley en casi seis meses y perdiendo todas las votaciones de una u otra manera. Mientras todos estos fracasos han ocurrido, Sánchez ha culpado a la oposición de no dejarlo gobernar, pensando que la gente es imbécil y le compra su relato. La gota que colmó el vaso ha sido la invasión marroquí de Ceuta y un malestar generalizado por la falta de viviendas, personalizado en el desahucio de una señora llamada Maricarmen, quien llevaba más de 20 años sin pagar su alquiler. Este caso lo quiso instrumentalizar Sánchez y le salió mal. Intentó maniobrar pasando una ley, que fue rechazada el viernes pasado, creando una situación insostenible.

Sánchez jamás ha ganado unas elecciones. Él gobierna porque ha conseguido poner de acuerdo a los nacionalistas xenófobos vascos y catalanes, a los comunistas, a los terroristas de ETA y a todo quien quiera destruir España, en torno a su figura, dándoles todo tipo de concesiones. Hay que resaltar que numerosos familiares de este gobierno están tocados por escándalos de corrupción, desde la primera dama al hermano del presidente y hasta los ministros más allegados a Sánchez, dos de ellos en prisión y otros tantos a la espera de juicio. A este gobierno solo se lo puede definir como corrupto sino sin escrúpulos.

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Pero Sánchez no da puntada sin hilo, entre las ilegalidades que ha hecho es incrementar el censo de votación en dos millones de personas mediante nacionalizaciones ‘express’, muchas de estas personas escogidas a dedo por su entorno socialista para compensar los dos millones de votos perdidos. El llamado electoral en estas fechas es para paralizar la investigación para purgar el censo y que puedan votar todos los votos comprados, para así poder seguir con su destrucción de España en nombre del socialismo, que hace lo mismo dondequiera que gobierna.

En 2019, durante una reunión de Directorio de la empresa que represento, surgió una pregunta aparentemente sencilla: ¿cuál es nuestro propósito como empresa? No se trataba de definir qué hacemos ni hacia dónde queríamos crecer, sino de responder algo más profundo: ¿para qué hacemos lo que hacemos?, ¿cuál es nuestra finalidad?

Al revisar nuestra trayectoria, nuestra forma de trabajar y, principalmente, la cercanía con nuestros clientes, encontramos una respuesta que hasta hoy define nuestra manera de entender el negocio: el éxito de nuestros clientes es nuestra responsabilidad. Años más tarde al leer Ikigai, de Héctor García y Francesc Miralles, un libro que profundiza en este concepto japonés asociado con encontrar una razón que dé sentido a lo que hacemos, volví a preguntarme: si las personas necesitamos un propósito, ¿no deberían también tenerlo las empresas? La respuesta parece evidente. Una compañía puede tener productos, servicios, presupuestos y objetivos claramente definidos, pero nada de ello responde necesariamente para qué existe. El propósito no debería convertirse simplemente en una frase escrita en una pared o incluida dentro de una planificación estratégica. Debe reflejarse en las decisiones que tomamos, en la forma de relacionarnos con nuestros colaboradores y, especialmente en nuestro caso, en cómo servimos a nuestros clientes. Asumir que su éxito es nuestra responsabilidad implica algo más que prestar un buen servicio. Significa acompañarlos con experiencia y criterio, entender sus necesidades y, en ocasiones, recomendar un camino distinto al que inicialmente esperaban. Tener un propósito también significa ser consecuente con él, sobre todo cuando las decisiones no son sencillas.

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Definir el porqué de existir de la empresa

He visto de primera mano cómo grandes empresas, locales y extranjeras, moldean su rumbo cuando logran definir el cómo, el cuándo y principalmente el porqué. En una época en que la tecnología, la automatización y la IA avanzan a velocidad extraordinaria, tener claro ese porqué cobra aún mayor importancia. Las herramientas pueden cambiar, los procesos automatizarse y la forma de hacer negocios evolucionar, pero el propósito debería permanecer como una guía.

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Quizás el verdadero Ikigai -el propósito- de una empresa aparece cuando dejamos de preguntarnos únicamente cuánto queremos crecer y empezamos a cuestionarnos para qué queremos hacerlo.

¿Cuánta del agua sucia que produce Quito recibe tratamiento antes de volver al río? Menos de tres litros de cada 100. En 2025 tratamos el 2,84 %, menos que el 3,44 % de 2023. Es el único indicador ambiental que va en reversa de forma sostenida. Ahora bien, hay un error de lectura que nos cuesta caro. En 2024 los incendios bajaron de 873 a 412 y lo celebramos; sin embargo, las hectáreas quemadas subieron de 1.743 a más de 2.500. Las inundaciones bajaron de 295 a 207, pero ese año llovió 25 % menos: no bajaron porque hicimos algo, bajaron porque no llovió. En 2025 volvieron a 288. Estamos leyendo como gestión lo que es variabilidad climática, y la suerte no es política pública. Otro ejemplo: el 42 % de los quiteños cree que el transporte público es la principal fuente de contaminación del aire y apenas el 21,4 % señala a los autos privados. Los datos dicen otra cosa. El Trolebús y la Ecovía perdieron 6 % de pasajeros en un año, mientras el parque automotor crece 4,2 % anual frente a una población que crece 0,6 %: siete veces más rápido. Le echamos la culpa del aire sucio al sistema que podría limpiarlo. Cabe decir que tampoco falta cultura ciudadana. El 56,7 % de los hogares ya separa su basura y el aprovechamiento sigue en 1,3 %: la gente separa y el sistema lo vuelve a mezclar. Y no es incapacidad municipal: Ambiente ejecutó el 94,7 % de su presupuesto. El tema es que recibió $ 8,7 por habitante y Movilidad $ 92,6.

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Soluciones para contrarrestar la contaminación

¿Soluciones? Tres, concretas. Primero, un plan de saneamiento con meta en ordenanza -no en plan de gobierno- y plata en fideicomiso, como el Fonag, que lleva 20 años justamente porque no depende del presupuesto anual. Segundo, medir daño y no eventos: reportar hectáreas quemadas, no número de incendios. Tercero, cerrar el círculo de lo orgánico: el 50,5 % de lo que enterramos es comida, y pagamos USD 63 por tonelada para enterrarla. Una meta sencilla para 2030: pasar del 2,84 % al 20 % de aguas tratadas. Un solo número, público, verificable, que no se puede maquillar con el clima. Si lo logramos, será el mayor cambio ambiental de la década.

veronica@ariascabanilla.com

Fuentes: Quito Cómo Vamos, Informe de Calidad de Vida 2025 (datos 2024); paquete de datos TANDEM/QCV eje Medio Ambiente, serie 2019–2025 (Epmaps, Secretaría de Ambiente, Sgscgr, Bomberos Quito); Encuesta de Percepción Ciudadana 2026.

Si de algo puedo dar fe, después de 35 años en Granasa, es de que la empresa siempre pagó puntualmente el salario a sus empleados. Y hoy, cuando Gráficos Nacionales S.A. atraviesa el momento más difícil de sus 53 años, la empresa ofrece pagar las liquidaciones de quienes salgan. Para cumplirlo es necesario vender las propiedades. Porque primero está el capital humano que trabajó incansablemente para convertir a los diarios Expreso y Extra en los mejores del país.

Los trabajadores y jubilados, primero

Somos los trabajadores activos y quienes recibimos jubilaciones patronales los que hoy pedimos sensibilidad al Gobierno para que los bienes puedan venderse y la empresa honre sus obligaciones.

Granasa ha convocado a una Junta de Accionistas para autorizar la venta de sus bienes improductivos e inmuebles, que superan los 17 millones de dólares. Los recursos alcanzan incluso para constituir un fondo destinado a los jubilados patronales.

Política

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Y no solo pido respeto para los trabajadores y jubilados de Granasa, sino para todos los trabajadores del país, que luchan por el progreso.

En esta, que será mi última columna en el impreso de diario Expreso, solo pido a las autoridades nacionales que respeten los procesos, la propiedad privada y a sus trabajadores. Y también respeto para los abuelos que, después de una vida de arduo trabajo, merecen vivir dignamente con aquello que legítimamente ganaron.

Quiero cerrar esta columna recordando a Galo Eduardo Martínez Merchán, fundador de Granasa, y la frase que fue su estandarte empresarial: “Primero son los empleados porque sin ellos y su trabajo ninguna empresa existiría y el país no crecería”.

Y no hay mejor manera de despedirme, porque esa frase resume una convicción: detrás de cada empresa hay hombres y mujeres que entregan su tiempo, esfuerzo y sueños, y merecen dignidad y respeto.

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Una despedida después de 35 años

Me despido con gratitud. Durante 35 años tuve el privilegio de entrar en sus hogares a través de las noticias, reportajes, entrevistas y columnas de opinión que, desde Expreso, escribí para ustedes. Me quedo con la satisfacción de haber escrito siempre con honestidad y convicción.

¡Gracias por tanto!

Cuando veo las intervenciones del CNE, pareciera que lo más importante para ellos es el calendario electoral: si llueve fuerte o se inunda, para ver si lo posponen o continúan. Pero el CNE debe examinar otros problemas de fondo que condicionan quién participa, dónde vota y quién elige.

Si revisamos la información oficial, tenemos 4.399 recintos y 13,3 millones de electores en el país, según los datos y la cartografía del Censo 2022 del INEC.

Si se compara el total nacional de electores, este, como es lógico, se aproxima a la población estimada en edad de votar; sin embargo, esa coincidencia oculta serias discrepancias territoriales.

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La importancia de actualizar el domicilio electoral

Estas discrepancias no se generan por errores en el padrón ni mucho menos fraude; lo que nos muestra es que muchas personas que, por ejemplo, viven o trabajan en Daule continúan inscritas en Durán, donde antes residían, lo que implica que en estas elecciones, miles de ecuatorianos van a elegir autoridades de un territorio en el que muy probablemente ya no tienen ningún interés, y sin embargo dejarán de participar en la elección de autoridades del sector al que sí pertenecen y por lo tanto de su interés. Es decir, tenemos una especie de turistas electorales que, elección tras elección, viajan a comerse el encebollado en el antiguo distrito al que algún día pertenecieron, sin incidir con su voto donde deberían sufragar.

Este desfase entre la residencia actual y el domicilio electoral ‘histórico’ afecta de manera significativa la representación.

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El CNE debe trabajar de manera coordinada con el Registro Civil, el INEC y los gobiernos locales para educar a los votantes sobre la importancia de actualizar el domicilio electoral. Es imprescindible depurar nuestro padrón electoral para que los votantes domiciliados elijan correctamente a las autoridades que realmente los representen.

La democracia exige más que un calendario, pronósticos del clima y un escrutinio; exige también una representación vinculada a la vida de las personas, pues eso es justamente el derecho de participación y de elegir que nos garantiza nuestra Constitución.

Cuál será el afán de la gente de bregar para llegar a la Corte Constitucional (CC), amononando las hojas de vida y presentándose al concurso para decir cosas que, luego, no harán ni por equivocación. Porque ningún candidato a la CC te va a decir que le va a coger la fatiga de entrada y que, para evitar que un caso ingrese a su despacho, lo va a inadmitir con cualquier cuento. Tampoco te va a decir que se va a pasar la Constitución por salva sea la parte, solo porque no le gusta tal o cual disposición y que, para ello, va a escribir páginas de paja pura para saltarse abiertamente la norma. Decirte que quiere llegar a la CC no para dictar sentencias (o firmar lo que algún novel y parcialmente libresco asesor te hace) sino para ir a dar conferencias sobre lo que no hace o visitar tribunales extranjeros para contarles cualquier cosa (tribunales que, en su caso, tampoco son la gran cosa). Menos aún va a decir que su finalidad es salir del oscuro sitio donde se encuentra, para encaramarse momentáneamente en un lugar donde medio mundo le va a rendir una falsa pleitesía, tan postiza que, cuando salga del cargo, en el mejor de los casos, va a volver al mismo sombrío lugar de donde sacó la cabeza.

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Difícil distinguir entre Corte cervecera y Corte de lujo

Ver la forma como, ahora, la CC elabora una interminable lista de casos de “manifiesta improcedencia” es la más fiel expresión de la negligencia y hasta de la vagancia, con la consecuente minusvaloración de los derechos y de las personas que no están en la ‘agenda’ de sus miembros. Ojalá que, al menos, no crean que no tener que analizar un caso porque es “manifiestamente improcedente” es una expresión de alta jurisprudencia o de acabada filosofía estratosférica. Supondría que no lo creen, pero a veces la gente empieza a convencerse de sus propias mentiras. Es que ya, ni siquiera, se pueden distinguir de la ‘Corte cervecera’, lo que tampoco era la gran cosa, pues la vara estaba tan abajo que ello equivalía a volar por el subsuelo. Parece que, por el nivel de arbitrariedad y desidia, la distinción no existe. “Corte de lujo” fue el apelativo torpe que le puso alguien que quería congraciarse con los nuevos miembros seleccionados en 2019, sin esperar a ver lo que harían, porque varios de los que estuvimos en ese proceso, sabíamos de esa responsabilidad y que, si la cosa salía mal, tendríamos que responder y no estar justificando tonterías.

El asunto en este momento es cómo nos planteamos salir del torbellino provocado por la explotación ilegal de oro y las ramificaciones delictivas que el flujo de dinero proveniente de esta actividad tiene de forma nociva en la sociedad.

Según la GI-TOC, la primera acción es replantear el marco de la amenaza, de forma tal que se valore adecuadamente el espectro de la cadena de valor hacia detrás de la explotación y hacia adelante en la comercialización, para identificar el flujo de los recursos. La clave del proceso de persecución es la identificación de la trazabilidad de los recursos a lo largo de la cadena de valor.

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Evitar que la minería ilegal se mimetice con la formal

La segunda medida es incorporar a la tecnología moderna en la lucha, generando data confiable. Gran parte de la actividad tiene esquemas de supervisión laxos y desconectados entre las diversas entidades de control. Es vital el mejoramiento de procesos de diligencia debida, particularmente en la banca y el sistema de cooperativas, así como la exigencia de certificaciones para quienes son proveedores de la industria. Por citar un ejemplo: se ubica una explotación en un río y las autoridades destruyen la maquinaria; ¿acaso esa maquinaria no la vendió alguien, autorizó alguien su movilización y operación? Hay que ir hacia atrás a controlar a los proveedores de insumos, y golpear esas estructuras, para hacer más compleja su operación. Hay que cerrar las brechas de movimientos de fondos en el sistema financiero y cooperativas. Por los volúmenes inmensos de capital, esta actividad no se basa en numerario (billetes) sino grandes movimientos electrónicos de dinero, tanto local como internacional. Por esta razón, la identificación clara y precisa de la explotación minera formal es importante, impidiendo que en esta se mimetice la actividad criminal.

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Finalmente, esta actividad, al igual que el tráfico de estupefacientes, genera una lucha que no puede hacerse independiente del conglomerado internacional de agencias contra actividades criminales. De lejos, esta es la actividad más peligrosa, nociva y destructiva para una sociedad que desee paz, seguridad y prosperidad.

Desde febrero llega combustible a Cuba en contenedores cisterna. Se descargan en el puerto del Mariel y van a negocios privados, porque Washington puso una condición para dejarlo pasar, que no terminara en manos del Estado ni de los militares. Mientras, se negociaba algo más grande.

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En septiembre supimos que hubo petróleo sobre la mesa. Según el Miami Herald, Washington ofreció petróleo e inversiones a cambio de privatizar la petrolera estatal y de que Díaz-Canel dejara la presidencia. Llevó la oferta a un coronel sin cargo conocido, nieto de Raúl Castro. El hombre voló a una isla del Caribe, se reunió con asesores de Marco Rubio y regresó el mismo día. No hubo acuerdo.

Soy cubana y me interesa menos el fracaso que su anatomía. El parentesco acerca al poder, pero no dice en nombre de quién se negocia. Washington puede abrir el paso al petróleo sin levantar el embargo. Para suspenderlo basta un gobierno de transición. Para terminarlo, la ley de 1996 exige más, presos libres y un gobierno salido de elecciones libres.

El antecedente de Venezuela

En Venezuela hubo algo que retener. Estados Unidos vendió barriles venezolanos, retuvo los primeros quinientos millones de dólares y los entregó con el gasto sujeto a su visto bueno. El grupo de trabajo sobre Cuba de Harvard pide a las autoridades una amnistía primero y a Estados Unidos que abra enseguida el paso al combustible y aporte dinero, sin decir quién vigila que las dos partes cumplan. Rubio pide a Cuba un camino irreversible de libertades para aflojar del todo.

Nadie da lo que no tiene, y nadie tiene todo. Washington no otorga la legitimidad que solo dan los gobernados, y su ley lo reconoce. La diáspora no tiene territorio, la oposición no tiene Estado y las autoridades de la isla conservan el que desarticuló a su sociedad civil.

En Cuba el Estado encarceló o exilió a buena parte de quienes podían ocupar la otra silla. El silencio que impuso no le da derecho a hablar por todos. Cualquier pacto tendrá a las autoridades en la mesa. Lo difícil es que la sociedad tenga voz en él. Yo escribo desde la mitad que se fue, y solo tengo para poner en esa mesa dos preguntas. Quién da fe. Y quién se sienta enfrente.

La columna continúa en @bb_latente

En el histórico discurso que ofreció en Davos en enero, el primer ministro canadiense Mark Carney instó a las potencias medias a unir fuerzas y forjar una “tercera vía” para enfrentar una realidad geopolítica cada vez más dura, en vez de postrarse ante la presión de las grandes potencias o actuar de manera independiente.

Sin embargo, al definir esa vía esbozó dos proyectos con alcances muy diferentes: uno limitado, enfocado en resistir la intimidación de las potencias dominantes; y otro más vasto, orientado a colaborar para construir un orden internacional mejor y multilateral basado en normas.

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Las potencias medias han avanzado principalmente en el primer objetivo. Para proteger sus propios intereses, han reducido dependencias críticas mediante alianzas pragmáticas y coaliciones centradas en temas específicos, aun con socios que no comparten todos sus valores. Ejemplos de esto son los acuerdos de Francia con Emiratos Árabes Unidos en IA, las alianzas de la Unión Europea sobre materias primas con Kazajistán y Sudáfrica, y sus nuevos pactos bilaterales de seguridad.

No obstante, poco se ha avanzado en el objetivo de construir un orden global más justo.

Los riesgos de una cooperación fragmentada

La visión de Carney ha tenido pocos adeptos en el Sur Global, cuyos líderes priorizan alianzas para capear el colapso del multilateralismo. Por su parte, los líderes occidentales tampoco han actuado en consecuencia: a pesar de su discurso en favor de las normas, los gobiernos europeos guardaron silencio ante las violaciones del derecho internacional por parte de Donald Trump y recortaron presupuestos de ayuda internacional. Asimismo, encuestas para la Conferencia de Seguridad de Múnich revelan que en la mayoría de las potencias medias la población no prevé un mayor compromiso gubernamental ante retos como el cambio climático o emergencias humanitarias.

Esta dinámica conlleva riesgos severos. En lugar de ser una inercia temporal, priorizar las capacidades defensivas individuales puede envalentonar a los mismos actores que motivaron dichos esfuerzos (como ocurre al comprar armamento a EE. UU.). Además, la cooperación indiscriminada corre el riesgo de derivar en un silencio estratégico frente a violaciones de derechos humanos.

Por otra parte, la proliferación de coaliciones ‘ad hoc’ acelera la fragmentación internacional en compartimentos estancos, agregando tensiones sin lograr resultados inclusivos. Finalmente, centrarse en el poder relativo puede afianzar una visión de suma cero donde los países prefieran hacer excepciones a las reglas antes que ceder soberanía en pos de objetivos comunes.

Los líderes que consideran la propuesta de Carney como la única opción viable no pueden darse el lujo de esperar a estar protegidos: deben comenzar ya mismo a trazar el plan de acción para el orden internacional que desean, asegurándose de que las opciones que construyan hoy puedan converger hacia esa “tercera vía”.

Ecuador entra al estiaje de 2026 con una señal que no admite distracciones: la generación termoeléctrica promedio apenas alcanza 875 MW, ante una demanda cercana a 4.500 MW. Cuando los caudales disminuyen y la hidroeléctrica pierde capacidad, surge una pregunta inevitable: ¿tenemos suficiente respaldo para evitar nuevos apagones?

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El riesgo puede surgir por varios factores: la combinación de menor hidrología, reducción de las importaciones desde Colombia y una demanda creciente. La vulnerabilidad energética nace de producir poco y no disponer a tiempo de un margen suficiente para responder ante la necesidad.

La responsabilidad es de todos. El Estado debe garantizar generación, combustible, mantenimiento, transmisión y planificación. Las empresas de alto consumo deben cumplir sus compromisos de autogeneración y eficiencia. Los ciudadanos debemos evitar desperdicios de energía, apagando, desconectando lo innecesario y adoptando hábitos racionales que reduzcan la presión y el consumo, ante la escasez energética.

El desafío de actuar antes del déficit eléctrico

La prioridad es actuar antes de que el déficit se convierta en emergencia, urgencia o apagón.

Incorporar nueva generación, asegurar combustible, fortalecer la transmisión y monitorear los caudales debe ejecutarse de inmediato. Esperar a que falte energía para reaccionar revelaría que no aprendimos la lección de 2024.

El verdadero problema no comienza cuando se apaga la luz. Comienza cuando los indicadores advierten que podría faltar energía y las decisiones no se toman a tiempo. Ecuador conserva margen para prevenir una nueva crisis, pero el estiaje no espera decisiones burocráticas.

La energía sostiene producción, empleo y bienestar. Prevenir una crisis eléctrica no puede ser tarea exclusiva del Gobierno. Exige Estado, empresas y ciudadanía actuando con la misma prioridad. La pregunta ya no es si podemos reaccionar ante el próximo apagón, sino si tendremos la responsabilidad de impedirlo. El país debe exigir información, cumplimiento y resultados; cada ciudadano debe usar la energía con responsabilidad. Prevenir también es una forma de responsabilidad nacional.

Durante la reciente presentación de su libro Orden y libertad. Principios y tareas irrenunciables en defensa de la democracia liberal, en la Universidad Espíritu Santo (UEES), el expresidente del Gobierno español José María Aznar habló sobre la inteligencia artificial y su impacto en las sociedades contemporáneas. Su posición no fue demonizarla, sino advertir sobre los riesgos que enfrenta la humanidad y, particularmente Occidente en la coyuntura actual.

Cartas de lectores

Elecciones Ecuador: desinformación, bots e inteligencia artificial amenazan el debate político

Cartas de lectores

Citando el último libro de Henry Kissinger, Génesis, Aznar planteó ante la IA un optimismo sobrio, que combina confianza y cautela, y en el que la dignidad humana y la claridad moral deben ser pautas orientadoras. Paradójicamente, estas pautas provienen de un ámbito menospreciado en los espacios científico, académico y cultural: las humanidades.

Todo cambio social genera turbulencias, trastornos y daños que las novedades introducidas buscan compensar. De ahí la expresión ‘destrucción creativa’, utilizada por Schumpeter para describir los complejos procesos asociados a transformaciones como la Revolución Francesa o la Revolución Industrial.

El papel de las humanidades frente a la IA

¿Es la inteligencia artificial solamente una herramienta, neutra en sí misma, y debemos preocuparnos únicamente por sus aplicaciones? Para Aznar, la definición más aceptable por ahora es la de la Unión Europea: “sistemas que muestran un comportamiento inteligente al analizar su entorno y tomar medidas, con cierto grado de autonomía, para lograr objetivos específicos”. Según Aznar, el valor del mercado global de la IA podría superar los 300.000 millones de dólares en 2026.

Sin embargo, concebir la IA solo como una herramienta y atender exclusivamente a sus efectos parece insuficiente. El ser humano, su entorno social, su capacidad de conocer y su manera de habitar el mundo también se transforman bajo el impacto de las nuevas tecnologías. “El medio es el mensaje”, decía McLuhan.

Por ello, y reafirmando la importancia de las humanidades, estas no deberían limitarse a analizar las consecuencias de la revolución tecnológica, sino contribuir a formular el nuevo tipo de ser humano que está gestándose con ella. Como afirma Aznar, aunque hoy sea arriesgado definir la naturaleza humana, necesitamos más que nunca orientación. Su libro nos impele, precisamente, a volver a las humanidades para encontrarla.

Hay una frase que escucho cada vez con más frecuencia entre jóvenes: “Me quiero ir de acá, este país no ofrece oportunidades”. Lo curioso es que muchas veces quienes más la repiten son quienes han tenido más oportunidades: educación, techo, comida, colegios, universidades, viajes, cursos, idiomas y una vida bastante más cómoda que la de millones de compatriotas. Y, en muchos casos, sus propios padres fueron quienes hicieron posible todo eso.

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Irse no tiene nada de malo. Salir, estudiar, conocer otras realidades y buscar mejores oportunidades puede ser una de las mejores decisiones de una persona. Lo que cuesta entender es mirar hacia atrás como si todo aquello que recibimos antes de cruzar la frontera no hubiera servido para llegar hasta donde estamos.

Lo digo también desde mi propia experiencia. He tenido la posibilidad de que mis dos hijos realicen estudios de posgrado en universidades extranjeras, y me siento orgulloso de ello. Quise que conocieran otros países, otras universidades y otras formas de pensar, y que pudieran competir en escenarios distintos. Pero también les he enseñado algo que considero fundamental: nunca olvidar el lugar que les dio de comer desde el segundo en que abrieron los ojos.

Lo que recibimos antes de cruzar la frontera

Una cosa es querer irse y otra muy distinta es renegar de aquello que permitió que uno pudiera hacerlo. Mientras algunos jóvenes dicen que este país no ofrece oportunidades porque no encuentran exactamente la que quieren, otros de su misma edad buscan desesperadamente una sola oportunidad para estudiar, trabajar o salir adelante.

Nadie está obligado a quedarse ni a idealizar un país que tiene problemas enormes y muchas veces nos obliga a luchar más de lo necesario. Pero antes de decir que aquí no recibimos nada, quizá habría que mirar hacia atrás y preguntarnos cuánto recibimos sin siquiera haberlo pedido.

Si algún día mis hijos deciden quedarse lejos, quiero que lo hagan para crecer, no para olvidar de dónde salieron. Conocer el mundo es una oportunidad extraordinaria, pero tener la memoria para no renegar del lugar que nos permitió llegar hasta él también es una forma de educación.

Las encuestas lanzan números como confeti, pero hay uno que sorprende e interesa más que saber quién va primero: la indecisión. A finales de agosto, cerca del 80 % de los consultados decía no tener afinidad política y alrededor del 60 % todavía no definía su voto. No necesitamos ser magos para entender el mensaje, hay cansancio y desconfianza, súmele las pocas ganas de comprar el mismo discurso con distinto logo.

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Y candidatos, precisamente, no faltan. Hasta el 1 de octubre, el CNE registraba 46.727 candidaturas calificada; 1.229 para alcaldías, 6.696 para concejalías urbanas, 4.212 rurales, 2.254 para concejalías urbanas por circunscripción, 134 para prefecturas y viceprefecturas y 32.202 para juntas parroquiales. ¡Opciones tenemos! Lo que falta saber es cuántas representan verdaderas alternativas.

Elegir autoridades va más allá de la popularidad

Porque elegir autoridades no debería ser un concurso de popularidad. Elegimos quién deberá mejorar el agua, ampliar servicios básicos, ordenar mercados y parques, atender la vialidad y, desde cada competencia, responder a la producción y las necesidades del territorio.

También tenemos partidos debilitados y alianzas armadas a última hora. Cumplir con 50 % de mujeres y 25 % de jóvenes no debería significar rellenar listas al vaivén del mismo político de siempre. La paridad sirve cuando abre espacios, no cuando completa casilleros.

Y luego están las redes. Benditas redes. El que jamás pisó un gimnasio ahora es fitness; quien nunca caminó un barrio descubre los zapatos deportivos; todos abrazan, bailan y aman TikTok. El problema es que las redes también desnudan lo fingido. No todo reel genera cercanía, algunos generan exactamente lo contrario.

Mientras empieza el festival de promesas, una tarea para quienes hoy gobiernan y mañana pedirán permiso para hacer campaña, dejen presupuestos, proyectos y protocolos claros frente a las emergencias y al fenómeno de El Niño.

Porque quizás el gran dato electoral no sea quién encabeza una encuesta, sino cuánta gente todavía no encuentra a quién creerle.

Y eso no se arregla con un filtro.

El Banco Central del Ecuador (BCE) publicó la semana pasada las cifras de crecimiento económico del primer semestre de 2026: 2,1 %, dentro de lo esperado gracias al seguimiento mensual de la actividad económica. El dato oficial del tercer trimestre se conocerá en enero de 2027, pero ya existen señales claras de su comportamiento.

En julio, la economía sorprendió con un crecimiento anual de 7,9 %. Sin embargo, más que un auge, fue un rebote técnico.

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Como consecuencia de la erosión regresiva del río Coca, el OCP se paralizó en julio de 2025 para hacer cambio en el trazado de su ruta y obligó a paralizar la producción petrolera. En números redondos, la producción que debió ser 14 millones de barriles en el mes de julio, cayó a 4 millones. Un año después, ya normalizada la baja producción petrolera, julio de 2026 retomó los 14 millones, incidiendo ese crecimiento mayor al 200 % en el crecimiento del sector petróleo y minas, y desde allí al indicador de actividad económica mensual.

El crecimiento que podría dejar 2026

Con ese crecimiento en uno de los tres meses del tercer trimestre, y no habiendo ningún elemento extraño en agosto y septiembre que los aleje del crecimiento mínimo de 1,8 %, al tercer trimestre ya finalizado, deberíamos esperarlo en un nivel cercano al 3,8 %.

Empezando octubre varias señales van indicando que habrá afectación en el crecimiento del último trimestre. Aunque no se lo señale con claridad, se espera que la actual política de racionamientos de energía al sector industrial atrasará la llegada de cortes de luz a los hogares. El incremento de costo de energía afectará la actividad empresarial con impactos en la oferta exportable y costos en bienes y servicios.

El fenómeno de El Niño ha empezado a impactar al sector agrícola y los ingenios azucareros han informado la necesidad de importar para asegurar la provisión de sus productos al mercado.

Si bien el precio de importación del diésel es un enorme problema al necesitar importar cerca del 90 % de los 1.700 millones de galones que se consumirán en 2026, es más compleja la latente amenaza de que se dificulte el acceso al combustible.

Cuantificar el impacto en el crecimiento económico para el resto de año es muy complejo. El BCE en su programación macroeconómica 2026-2030 “supone la ocurrencia de los mayores impactos de El Niño para finales de 2026 y sus efectos sobre la actividad productiva estarán presentes principalmente en 2027”. Su estimación anual recientemente incrementada de 2,5 % a 2,7 % ya incorpora bajo sus escenarios los impactos de El Niño, en especial a la pesca, que la identifica como la de mayor afectación en el año actual.

Dejando a un lado el año 2020, la mayor caída para un cuarto trimestre se dio en 2009 y 2015 con -1,5 %. En 1997, que es el último arranque de un Niño fuerte, el cuarto trimestre, con relación al año anterior, solo creció 0,3 %. Tomando estos niveles como referencia, un rango de crecimiento para todo el 2026 tendría un piso de 1,6 % y crecería hasta 2 %.

Mi escenario, considerando un crecimiento de 1,5 % en el último trimestre, apunta a un cierre de 2,4 %. Apenas por debajo de la proyección del BCE, pero todavía en el terreno de los optimistas.

Hasta el 18 de diciembre, los clientes de tarifa de alto voltaje que no cuentan con generación propia deben implementarla. Así lo dispuso el Decreto Ejecutivo 32 en 2025, y el Decreto 515, publicado el 30 de septiembre, mantuvo el plazo. En la emergencia quizá no había otra salida. Pero para la mayoría de esas empresas, generar electricidad nunca fue su negocio.

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Ahora el industrial, el agroexportador o el comerciante debe investigar tecnologías, comparar proveedores, negociar en un campo ajeno y tramitar permisos que debían resolverse en semanas y, en algunos casos, han tardado meses. Aprobar una conexión puede tomar hasta 18 meses, según la prensa: todo el plazo. El tiempo y el capital que dedica a esa tarea salen de su producción y de su empleo.

El 515 abre espacio a la inversión privada en generación y almacenamiento e incorpora precios preferentes. Es un avance, pero la Arconel tiene hasta ocho meses para expedir la normativa que lo hará aplicable, y esta podría llegar después de diciembre.

Ecuador necesita generar energía a mayor escala

El país requiere otro modelo. En lugar de que cada empresa levante su propia planta, conviene atraer inversionistas nacionales y extranjeros que conozcan el negocio, generen a escala y compitan por vender energía.

Guayaquil tuvo durante décadas un servicio eléctrico privado. No se trata de volver atrás, sino de reconocer que la inversión especializada, con reglas claras y control estatal, funciona.

Si en diciembre falta energía, no será porque las empresas incumplieron. El déficit no nació con el gobierno actual: es fruto de décadas de un modelo que concentró la generación en el sector público.

Tampoco se trata de privatizar: la infraestructura existente puede seguir en manos del Estado, que conserva el deber de garantizar el servicio. Se trata de abrir la puerta, dentro del marco constitucional y legal, a capitales privados con infraestructura propia que generen la energía que el país requiere, exporten excedentes y creen empleo, con reglas estables y exigibles.

Autogenerar es un puente de emergencia. No puede ser la política energética del país.

Uno de los mayores estímulos para votar por Daniel Noboa y espantar la posibilidad de regresar a la pesadilla del autoritarismo cleptocrático del correísmo era evitar que el Ecuador se convirtiera en otra Venezuela. De hecho, ese argumento es uno de los que más pesó en el triunfo de Noboa sobre la candidata Luisa González. Pero no han pasado ni dos años y el gobierno de Noboa muestra síntomas de que no es descabellado pensar en la terrible hipótesis de ‘la otra’ Venezuela.

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Aunque el signo ideológico del gobierno actual sea aparentemente opuesta al del correísmo totalitario y cleptocrático y las condiciones de la economía no sean las mismas, hay señales que, por principio, son preocupantes. Entre esas señales está el anuncio que hizo Noboa el 1 de octubre de que el programa Jóvenes en Acción se va a ampliar de 150 mil beneficiarios a 700 mil. El aumento no es cualquier cosa: son 550.000 beneficiarios adicionales, es decir, casi 4,7 veces la cifra original.

Gasto social y contexto electoral en Venezuela

Cada uno recibirá, según Noboa 400 dólares mensuales durante dos meses. Si se cumple íntegramente lo anunciado, el gasto alcanzaría la demencial cifra de 560 millones de dólares que nadie ha dicho de dónde saldrán. Y bueno, ¿dónde entra el chavismo en esto? Prohibido olvidar: en 2003 el gobierno de Hugo Chávez tenía por delante el reto electoral del referéndum revocatorio de 2004 y las encuestas no le estaban ayudando.

Entonces, Chávez anunció la ampliación de las llamadas ‘Misiones’, con un costo que se calcula llegó a casi tres mil millones de dólares. En una declaración de 2004 explicó que, después de conocer encuestas que indicaban que perdería el referéndum, empezaron a crear las misiones y que, con ellas, comenzaron a remontar en las encuestas.

Luego vino la reelección de 2006 y el gobierno adelantó el tradicional bono de Navidad de los trabajadores públicos, decisión que fue determinante para el triunfo. Chávez obtuvo el 62,8 % de los votos, pero desde ese momento comenzó también a aparecer el costo económico: el aumento del gasto público venía acompañado de inflación y pobreza. Si camina como pato y hace como pato, ¿no es pato? Feas coincidencias con la ‘otra’ Venezuela.

Hay cosas en la política que uno pensaría que pueden dejar de ser, por un rato, una guerra de trincheras. El reclutamiento de niños por organizaciones criminales debería ser una de ellas.

La Asamblea aprobó recientemente una ley imperfecta, pero útil. Incorpora medidas de prevención, protección, salud mental, educación y reinserción. También endurece las penas para quienes recluten o utilicen menores en actividades delictivas. Usar a un niño como instrumento para cometer crímenes merece una dura respuesta del Estado, pero también políticas que impidan que llegue a manos de una banda.

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Ahora, eso no quiere decir que toda la reforma sea buena. Se sabe hace tiempo que aumentar penas, por sí solo, poco hace para disuadir de cometer delitos. También preocupa la amplitud para bloquear contenidos digitales. Esa es una herramienta que, mal usada, puede terminar sirviendo para cosas bastante distintas de aquellas para las que fue creada, como ya se ha visto.

Las críticas del correísmo a la reforma

Varias de esas objeciones fueron planteadas por el correísmo y no me pesa decir que eran válidas. Algunas incluso aparecieron, al menos parcialmente, en el texto final. Pero ahí cabe una pregunta para el oficialismo. ¿En una ley de este tipo no valía la pena ceder un poco y buscar un acuerdo más amplio?

Ahora, la otra mitad de la historia tampoco es poca cosa. El correísmo terminó absteniéndose en bloque. No podía imponer sus cambios, pero sí podía decidir si una ley defectuosa y, aun así, útil merecía respaldo. Podía mantener sus críticas y votar por aquello que consideraba necesario, pero terminó escogiendo la salida políticamente más cómoda de cara a las elecciones, preservando la distancia con el oficialismo y evitando el costo de un rechazo frontal.

Es que ese es uno de los grandes problemas de la polarización. Termina importando más quién propone que lo que se propone. Y si ni siquiera una ley destinada a impedir que los niños terminen convertidos en instrumentos del crimen alcanza para salir un momento de la trinchera, entonces algo está bastante torcido. Al final, con la polarización, ni siquiera los niños importan.

La sucesión de hechos contrarios al derecho, producidos durante esta última semana, en Bolivia, debe obligarnos a reaccionar a los países democráticos del mundo, y, señaladamente, a los latinoamericanos. Según la información pública, el gobierno de Estados Unidos, habría retirado la visa de su país al Fiscal General de Bolivia, Mariaca, quien estaba investigando el presunto intento de feminicidio contra Nadia Beller, por parte de su pareja, Fernando Cerimedo, argentino, quien actuaba como asesor del Presidente de Bolivia, y, al parecer, es agente de la CIA, y estaría interviniendo, en favor de la ultraderecha, en los procesos electorales latinoamericanos.

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El retiro de la visa al Fiscal General, y a otros, desencadenó otros hechos que parecería estaban calculados: que el Fiscal General fuera detenido, al parecer, secuestrado por la propia Policía, sin órdenes legales. Después de los hechos, el Ministro de Gobierno, trata de justificar lo ocurrido, sin presentar prueba alguna. El Departamento de Estado -en una suerte de admisión de su responsabilidad- publica su respaldo al gobierno de Bolivia. Luego, el Vicepresidente y, a la vez, Presidente del Congreso de Bolivia, hace una defensa del Estado de Derecho, y de la estabilidad del Fiscal General, quien sólo puede ser designado por el Congreso. La sobreviviente del atentado contra su vida, abogada Nadia Beller, luego de decir que, “policías allanaron Fiscalía sin orden judicial, van a desaparecer las pruebas contra Cerimedo”.

Esta breve síntesis de lo ocurrido en Bolivia, tal como la comprendo, y cuyo conocimiento se está extendiendo como fuego en la pólvora, debe llevarnos a algunas reflexiones a todos los latinoamericanos:

La cancelación de la visa americana, no puede conducir a que en nuestras repúblicas se produzcan quebrantamientos de nuestros órdenes constitucional y legal y a la destitución, casi automática, de los funcionarios a los que USA ha cancelado la visa. Si hay indicios de responsabilidad, pues, hay que seguir el procedimiento establecido por nuestras constituciones y leyes. Recuerdo que, a un ex presidente colombiano se lo acusó de que, en la financiación de su campaña, se habían detectado fondos ilegales -cosa que puede pasar, sin conocimiento del candidato-, pero el ex presidente cumplió su período.

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En el presente caso, se ha secuestrado al Fiscal General, Mariaca, quien inició la acusación contra Cerimedo, y pidió su encarcelamiento por intento de feminicidio; y quien ha sido, a la vez, el encargado de la manipulación de las campañas electorales de la extrema derecha. Resulta que, en Venezuela, también, se secuestró al Presidente y su esposa, también una luchadora política. No podemos institucionalizar lo ilegal: el secuestro. Fue la Policía -así aparece- la que decidió y ejecutó la intervención en la Fiscalía General. La explicación del Ministro fue posterior y nada justificó sobre la ilegal intervención. Pero, pienso yo, por experiencia, que una decisión tan trascendental, como la de remoción arbitraria del Fiscal General, solo puede ser tomada por la máxima autoridad del Gobierno, su Presidente y, probablemente, para no contrariar al gobierno de USA, que dispuso el retiro de la visa.

Este sacudón tendrá su efecto en el análisis de las campañas en las que triunfaron lo candidatos de ultraderecha. Fernando Cerimedo lanzó una amenaza apocalíptica: Si no me dejan libre, caerán muchos gobiernos de derecha. Parece decidido a todo, pero cayó ante el valor de una mujer que, impertérrita ante el peligro que corre, sigue presentando pruebas sobre el entramado de los hilos del poder.

Todo este escándalo, afectará al Plan del señor Trump sobre el Escudo de las Américas, y le moverá al Secretario Rubio a no calificar a los países de Latinoamérica como “alineados”.

Las familias son clave en los esquemas de lavado de activos, tanto el núcleo familiar como la familia extendida.

Sigo manteniendo la posición de que la estimación del 40 % del PIB de Ecuador proviene de esquemas de lavado de activos. El lavado de activos no se limita a recursos provenientes de la cocaína o las drogas. Los recursos de origen ilícito pueden provenir de mercados criminales, como el contrabando de productos como cigarrillos, la minería, el petróleo, entre muchos otros.

Es importante distinguir entre los mercados ilícitos que generan los recursos de origen criminal y los esquemas de lavado de activos mediante los cuales esos recursos son movilizados, ocultados e introducidos en la economía legal.

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Procesos judiciales que enfrentará la familia de alias Fito tras extradición desde Colombia

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El esquema para el blanqueo de activos

El criminal, como en los casos de alias Fito, Comandante Willy, o Lobo Menor, entre otros miembros activos de organizaciones delictivas, enfrenta limitaciones debido a su notoriedad en la sociedad, incrementando el riesgo de exposición y dificultando la gestión directa de recursos de origen ilícito. Por ello, requiere de la participación activa de personas de confianza.

Esta dinámica permite comprender la relevancia que adquieren los integrantes del entorno familiar dentro de estos esquemas. Un ejemplo de ello es el caso de Michelle Macías, alias ‘Queen Michelle’, y su madre, Inda Peñarrieta, quien utilizó un esquema de empresas legales para lavar activos mediante la generación de ‘fake invoicing’ o sobrefacturación.

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¿Podrían ser requeridas por EE. UU.? El futuro judicial de la esposa e hija de alias Fito

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El caso Blanqueo Fito involucra alrededor de USD 27 millones en operaciones de lavado de activos, no limitadas al tráfico de drogas, sino también relacionadas con trata y tráfico de personas, minería ilegal y delitos ambientales.

Queen Michelle habría movilizado alrededor de medio millón de dólares, mientras que miembros de la familia extendida de Fito buscan la devolución de propiedades que posiblemente serán decomisadas mediante la Ley de Extinción de Dominio. Dos de estas propiedades están valoradas en USD 700.000.

Como si necesitásemos que nos revelen lo que somos, volvimos a PISA a rendir sus pruebas, a exacerbar expectativas y a lamentar sus resultados. Y, en ese afán de repudiar nuestros dolores, se rasgan vestiduras, se emiten comentarios y se buscan causas, como que si no las conociéramos, como si nuestra realidad fuera otra y hubiera cambiado.

No hay lugar para el asombro ni para el ingenuo desaliento. Lo que sí deberíamos preguntarnos es: ¿qué hemos hecho para superar la brecha? Descuidamos, si es que no menospreciamos, la educación preescolar; promovemos sin el debido conocimiento; nos esmeramos en reducir los niveles de exigencia de la evaluación; restamos autoridad al profesor, a quien tampoco preparamos adecuadamente; debilitamos la voluntad del alumno y su resiliencia, y nos inmovilizamos ante su mal manejo de la frustración, dejándolo crecer sin límites, sin valor para actuar y autosobreponerse sobre sí mismo, y feliz de sacar siete.

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Y es que hablamos de que hoy lo importante es la capacidad de reacción, la búsqueda creativa, la respuesta ágil y acertada, y no solo el puro conocimiento, y eso es cierto. Pero, si no hemos adquirido ese cierto conocimiento como base, ¿cómo hacerlo herramienta de construcción de nuestras ideas para desarrollar nuestra inteligencia? No hay que repetir de memoria, pero, sin un aprendizaje que nos dé soporte y sustento, no podemos dar el salto a cuestionarnos, a indagar, a buscar otras alternativas para resolver los problemas.

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Otra cuestión que deberíamos observar son las diferencias académicas, culturales, sociales y ciudadanas que existen entre nosotros y los países que encabezan el último listado de resultados PISA: China, Japón, Taiwán, Corea, Singapur e Irlanda. ¿Cómo aprenden en esos entornos? ¿Qué importancia le dan a la educación? No solo cuánto invierten en ella, sino en la formación del docente y, sobre todo, en qué marcos de orden, organización, ética y disciplina se desenvuelven esas sociedades y alumnos. Acaso así encontraremos caminos; de lo contrario, el cántaro seguirá yendo al agua hasta que se rompa.

Este martes 29 de septiembre de 2026, Donald Trump se reunió entre otros con Musk (xAI), Zuckerberg (Meta), Huang (Nvidia), Amodei (Anthropic), Pichai (Google), Brockman (OpenAI) y Bezos (Amazon) para discutir sobre la seguridad de la IA. Trump y representantes de seis compañías suscribieron un acuerdo.

Se prevén controles internos, evaluaciones externas y un comité para revisar los resultados. El acuerdo es voluntario y no establece sanciones ante los incumplimientos.

En julio, durante una evaluación de ciberseguridad, modelos de OpenAI sortearon el aislamiento de internet, explotaron vulnerabilidades y comprometieron sistemas de OpenAI y Hugging Face. Este episodio demuestra que los mecanismos de control pueden fallar.

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El control de la IA por caminos diferentes

Si esto puede ocurrir dentro de las propias empresas que desarrollan estos sistemas, surgen dos preguntas. Quién fija los límites y cómo se exige su cumplimiento. Europa, EE.UU. y China han tomado caminos distintos.

La ley europea (AI Act) clasifica los sistemas según su nivel de riesgo. Prohíbe ciertos usos y establece obligaciones, incluidas exigencias de transparencia, evaluación y mitigación de riesgos. Ofrece reglas exigibles, aunque existe el debate sobre si una regulación intensa puede afectar la innovación. Trump sostiene que demasiadas reglas pueden frenar el desarrollo y dar ventaja a China. Su administración ha optado por privilegiar compromisos voluntarios de las empresas. El riesgo es que quienes desarrollan la tecnología participan en el control de sus propios límites. China sigue otro camino. No tiene una ley general sobre inteligencia artificial, pero sí reglas para determinadas aplicaciones. El Estado mantiene un fuerte control sobre ciertos usos de la IA y sobre la información que circula.

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No sabemos cuál de estos modelos funcionará mejor. Europa ha optado por reglas exigibles. La administración Trump confía más en las empresas que desarrollan la tecnología. China concede al Estado una capacidad de intervención mucho mayor. Cada modelo asume riesgos distintos. La diferencia se verá cuando los límites sean puestos a prueba.

¿Cómo entrenar correctamente a la IA si no se la alimenta de buen contenido? Como historiadora recurro a la IA y, muchas veces, muchas, los resultados son verdadera bazofia. No confío para nada en su lenguaje, en sus “reflexiones”. La mayoría de usuarios se traga el cuento; les produce fascinación acceder a una información -cualesquiera que sea- en pocos segundos. Sin embargo, las compañías privadas de la IA como la estadounidense Anthropic saben que deben ganar tiempo al tiempo para alimentar de buen contenido y entrenar a sus chatbots y cautivar al mayor número de usuarios posibles mejorando la información. Así, la señalada empresa empezó a comprar miles de libros de anticuarios en todo el mundo, romper sus lomos con cortadoras hidráulicas, escanear su contenido en pocos minutos y triturar el físico. Los libreros de lo antiguo empezaron a denunciar compras extrañas en diversos puntos del mundo y con ello se descubrió lo que se ha llamado el Proyecto Panamá: una operación de escaneo masivo y destructivo de millones de libros que arrancó a inicios del 2024. Sin autorización de sus autores, esta compañía recibió una demanda millonaria que perdió.

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Proteger nuestro patrimonio de la piratería industrial

Se ha levantado un debate ético y legal frente a lo anterior. Qué libros, qué información alimentará a la IA; quién define y con qué objeto el tipo de contenidos que se digitalizarán. Será, por ejemplo, que la disidencia política se perdería para siempre si se oblitera la información de fanzines sobre el movimiento GLBTI o manuales callejeros sobre cambio climático; que se prefiera digitalizar el contenido de un pensamiento fascista acorde con la ultraderecha de hoy y que se pierda la praxis y la reflexión democrática; que no tengan cabida el pensamiento ni la producción de movimientos subversivos que cuestionan violentamente el comportamiento político de EE.UU. o de China. Que perdamos el pluralismo de miradas... Que condicionen nuestro pensamiento y conocimiento a lo que quieren estas empresas y sus mentores asociados con unos pocos lucradores que persiguen su propio beneficio a costa del beneficio y satisfacción colectivos.

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OpenAI Dots: qué puede hacer el nuevo agente de IA y quiénes pueden utilizarlo

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Ahora más que nunca países como el nuestro, con bibliotecas y archivos como los nuestros, únicos por los cortos tirajes o documentos singulares, nos obliga a cuidarlos física y digitalmente porque resultan fundamentales para la construcción y proyección de nuestras propias memorias, aquellas comparadas con la de los vecinos, y finalmente el tejido de grandes y pequeños aportes desde América Latina para la humanidad. Y hacerlo significa recuperar una multiplicidad de información, en una diversidad de fondos, tanto clásicos como informales; urbanos y rurales; escritos, sonoros y de imágenes. Y cuidar su formato material: sus lomos, las notas, la ilustración grabada.

Necesitamos conservar más que nunca nuestro patrimonio documental de esta piratería industrial que solo beneficia a las grandes corporaciones transnacionales. Como decía un librero para el caso español, nosotros debemos escanear nuestro patrimonio, en nuestra lengua, guardarlo y licenciar los datos de manera controlada.

El asambleísta Manuel Casanova (RC, Esmeraldas) cree que debe complicarse de tal forma las actividades de las empresas que se dedican a la venta de vehículos nuevos (como las “casas comerciales de vehículos” o los “concesionarios autorizados”), que pretende que, para poder operar, deban obtener una “autorización de funcionamiento otorgada por la autoridad competente e inscrita en el Registro Nacional” (proyecto de ley presentado el 16 de septiembre de 2026, art. 204); de no obtenerla en doce meses desde que llegase a entrar en vigencia ese proyecto, no pudieran seguir dedicándose a esa actividad (disposición transitoria cuarta).

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Los planes de financiamiento ganan terreno en la venta de vehículos en Ecuador

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Pero no solo eso. También propone que la tal autoridad nacional competente pueda establecer “indicadores mínimos de solvencia, liquidez y suficiencia patrimonial, atendiendo a la naturaleza y volumen de las actividades desarrolladas” (art. 186), es decir exigencias iguales a las que tienen los bancos, con la diferencia, que la ladea el legislador, de que los bancos trabajan mayoritariamente con recursos de los depositantes.

En riesgo el financiamiento directo de concesionarios de vehículos

Lo peor viene después, en ese proyecto de casi quinientos artículos muchas veces repetitivos: pretendiendo regular los financiamientos directos que a sus clientes pueden dar los vendedores de vehículos (más allá de introducir un ambiguo concepto que serviría de excusa para dejar de pagar -que la concesión “irresponsable del financiamiento constituirá infracción muy grave y generará las responsabilidades administrativas, civiles y, cuando corresponda, penales previstas en esta Ley”- art. 135), sugiere que todo cliente tenga derecho a “Refinanciar la operación cuando sea procedente” (art. 150, 6º), bien entendido, además, que para iniciar cualquier procedimiento de cobro, inclusive extrajudicial, “el proveedor deberá ofrecer al consumidor mecanismos razonables de negociación, refinanciamiento o reestructuración de la deuda, cuando las circunstancias económicas así lo justifiquen” (art. 147).

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Se aniquilaría así, de llegar a pasar el proyecto, el financiamiento directo de los vendedores a sus clientes.

Todos hemos escuchado la fábula de la rana y el escorpión, en la que la rana ayuda al escorpión a cruzar un río para, a mitad del cruce, picar a la rana con su aguijón y matarla, al tiempo que el escorpión también se hunde y muere.

Antes de ahogarse, la rana le pregunta: “¿Por qué lo hiciste?”. El escorpión le responde: “Está en mi naturaleza”.

En una adaptación ecuatoriana del cuento, el presidente Noboa es el escorpión que pica y hace daño, aunque se hunda su administración.

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María Paz Jervis deja la Cámara de Industrias: este fue su mensaje de despedida

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Me explico: Noboa accedió a la presidencia por su discurso del “pro”, que él decía que era infinito, por oposición al “anti”, que imponía límites. Pero una vez en el poder, Noboa cambió su discurso: cayó la careta y su actitud confirmó que él es un auténtico ‘anti’ (ser un ‘pro’ no le sentaba nada bien). Él mismo se ha definido como “pésimo enemigo”.

En un principio, el ‘anti’ del gobierno orientaba su ataque al correísmo y su principal crítica era la corrupción en su período. Con el tiempo, sus ataques han ampliado su ámbito a otros muchos actores de oposición y busca involucrarlos con el crimen y los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO).

Convertir a opositores en enemigos del progreso

La idea detrás de esto es convertir a los opositores políticos, e incluso a los pocos periodistas críticos, en enemigos del progreso encarnado por el gobierno nacional. Esta idea es peligrosa, porque polariza el debate en buenos versus malos y porque supone que el otro no es un adversario sino alguien a quien se orilla a renunciar, se obliga al exilio o se somete a prisión. En cualquier caso, alguien a quien se debe sacar del juego político.

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María Paz Jervis deja la CIP tras advertir días antes: “Pocas veces he visto tanto miedo”

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Nada nuevo bajo el sol ecuatoriano: el mitológico Velasco Ibarra decía en la campaña a la presidencia de 1956, “o el Frente me tritura a mí o yo trituro al Frente”. En la historia política del Ecuador, “el Frente” de Velasco, vale por ‘opositor’. Somos una cultura de la confrontación, donde los acuerdos son motivo de desconfianza o la antesala de una traición. Por eso la tentación de muchos gobernantes en el Ecuador, si acumulan el suficiente poder, es eliminar a sus rivales. Y Noboa lo está llevando al extremo.

Miedo a consecuencias por ejercer la libertad de expresión

Esto es especialmente preocupante en estos días, porque a una sociedad indiferente o adormecida, a un periodismo complaciente, se le ha sumado una clase empresarial cobarde. Apenas una autoridad del gremio en una sesión conmemorativa alzó la voz en contra de abusos del Gobierno, en seguida se la orilló a renunciar. Y conste que la renunciada reclamaba apenas unos mínimos de la democracia. Básico, pero fue demasiado.

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Tras renuncia de María Paz Jervis, la CIP recalca su carácter “gremial e independiente”

Redacción Digital

No se puede imputar esta renuncia a un cabildeo del Gobierno, pero eso es lo más preocupante: que ya ni siquiera sea necesario, que se haya naturalizado el miedo a sufrir las consecuencias de ejercer la libertad de expresión. Esto se llama autocensura (de políticos, periodistas, gremios, de cualquiera que prefiera el silencio antes que alzar la voz). Y por la multiplicación de las autocensuras muere una democracia.

Algo es seguro: el presidente va a seguir al ataque, encarnando el ‘anti’, aunque genere una creciente resistencia, erosione la institucionalidad y se vulneren derechos. Aunque se hunda su administración: él es el escorpión y esta autodestrucción está en su naturaleza.

No creo que haya un solo empresario que merezca el nombre de tal que dude de que su gremio existe, en primer orden, para representar los intereses comunes frente a la autoridad, o que piense que tales intereses se circunscriben a las utilidades del año en curso. Si algo caracteriza al buen empresario es la visión de largo plazo y, por lo tanto, la conciencia de que la libertad, la democracia, la justicia independiente o la capacidad de opinar sin censura son instituciones tan indispensables para la salud del mercado como lo son para el Estado de derecho. No están para la política partidista militante, pero sí para la aristotélica, la que nutre la polis, responsabilidad de todo ciudadano, no se diga de quien tiene, como el empresariado, mayor influencia y peso en el desarrollo nacional.

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Desde la primera cámara de Marsella de 1599, la interpelación al poder fue función prioritaria de estas asociaciones. La Cámara de Comercio de Glasgow, la primera del mundo anglosajón, incluía en su carta fundacional de 1783 el explícito mandato de oponerse a las acciones del Parlamento perjudiciales al comercio y la industria de Escocia, y en Ecuador abundan los ejemplos de acciones políticas de las organizaciones empresariales: en 1983 una de las cámaras acusó frontalmente al gobierno de liquidar el agro; en 1997 todas plegaron al paro contra Bucaram; en 1999 las cámaras de Guayaquil marcharon en protesta contra las medidas del gobierno; la de Quito calificó de enemigo de los sectores productivos al gobierno de Palacio por una acción confiscatoria. Y a pesar de la extrema concentración de poder de la revolución ciudadana y el odio visceral que sus líderes han profesado contra las élites, no dudaron las cámaras en condenar la erosión de la libertad de expresión que supuso la persecución judicial a El Universo.

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Tras renuncia de María Paz Jervis, la CIP recalca su carácter “gremial e independiente”

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Las asociaciones empresariales expresan la voz de quienes generan riqueza y fuentes de empleo, las prioridades del Ecuador, amén de seguridad e imperio de la ley. Por eso están para hacer oír su voz crítica, un ejercicio de invalorable beneficio al gobierno de turno y al país. No es en el aplauso cómodo ni la tibieza elástica, sino en el terreno de la crítica donde se prueban los liderazgos, tanto de quienes saben expresarla aportando soluciones, como de quienes saben procesarla positivamente. Está por verse si unos y otros están a la altura de las circunstancias.

Pocos tienen la suerte de, a sus 41 años, aún tener abuelos. Mi suerte es no solo tener a mi abuela, sino disfrutarla, honrarla y que mis hijos la vivan también. A sus casi 90 años, Flor Villagómez Yépez recuerda todas sus vidas. Ella, sin duda, las ha vivido todas. Florcita ha tenido la dicha de vivir lo que solo imaginamos en las grandes novelas de la época. Gracias a que su papá, Jorge Villagómez, fue embajador, viajó desde chica por el mundo. Cuenta que desde los 10 años ya se había subido en un avión de Panagra para visitar Nueva York, algo muy inusual para niños de la época. Poco después se fue a vivir a Ciudad de México, donde su papá ejerció como embajador del Ecuador. Su siguiente parada fue Cuba. “Esa fue, sin duda, la época dorada”; cuenta que La Habana era un lugar mágico, con Tropicana y las fiestas. No había mejor lugar en el mundo.

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Resiliencia, familia y memoria

Pocos años después, su padre quería que su hija dominara el inglés y la mandó a un internado a Estados Unidos, donde, con la educación de las monjas ursulinas, vivió una experiencia que ella recuerda como transformadora. Poco antes de cumplir 18 años, Flor y sus padres viajaron un año por Europa, con el único fin de conocer y culturizarse. París, Madrid y Egipto fueron los destinos, llenos de museos, teatros y profundas conversaciones. Cuando volvió a Quito, fue un ‘shock’ cultural: había bailado cada ritmo, desde el chachachá hasta el vals, y hablaba tres idiomas; lo que ella había visto era de otro mundo. Poco después se casó, fue madre muy joven y por eso hoy es bisabuela de 14 bisnietos, de los que disfruta y a quienes quiere mucho. Su vida, como todas, también ha tenido desafíos, incluso dos diagnósticos de cáncer, pero nada ha detenido a esta luchadora que sigue viendo la vida adelante. “He tenido una gran vida”, suspira con nostalgia, mientras recuerda a sus padres con gratitud. Le converso de temas espaciales y de inteligencia artificial, y ella piensa que no se cree todo lo que el mundo ha cambiado en solo 90 años, y ella lo ha vivido todo. ¡Qué afortunada soy de conocer su historia y valorar el tesoro que es recibir educación! Quizás es lo único que no ha cambiado.

Habría certeza de que Corea del Norte y su dictadura hereditaria ya dispone de cabezas nucleares y artefactos para llevar a largas distancias esos instrumentos de aniquilación a la especie humana. Los intentos de seis administraciones de Estados Unidos para evitar el desarrollo atómico en ese país han fracasado ante las ‘habilidades’ de la generación Kim, que gobierna esa nación desde 1960, para ocultar sus trabajos nucleares, junto a cierta ingenuidad de algunos mandatarios americanos.

El exclusivo club atómico que se desarrolló luego de la Segunda Guerra Mundial formado por EE.UU., Reino Unido, Francia y Rusia no ha podido frenar los apetitos de otros países por integrarse a ese círculo macabro: Rusia, 5.420 ojivas; EE.UU., 5.042; China, 620 (pero en carrera para acercarse a las dos anteriores); Francia, 290; Reino Unido, 225; India, 190; Pakistán, 170; Israel, 90; Corea del Norte, 60. Datos a enero de 2026 del Stokholm International Peace Research Institute, Sipri.

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Corea del Norte lanzó dos misiles balísticos hacia el mar de Japón

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Urge restablecer el control sobre el armamento nuclear

Las armas atómicas, más allá de quienes las posean, son el mayor riesgo para la supervivencia de la humanidad. Los conflictos internacionales tienden a agravarse en el ambiente de crispación que vive el mundo y en medio de las guerras limitadas actuales. (Rusia-Ucrania, Irán- EE.UU., etc.).

En un momento de depresión un mandatario de escaso autocontrol u otro que responde más a un destino divino que a la realidad terrenal, podría ordenar la utilización de armas nucleares de efectos restringidos, pero habría presionado el botón que provocaría una reacción en cadena que podría aniquilar la vida en el planeta.

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¿Por qué Donald Trump se está acercando a Kim Jong-un?

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Lejos de mensajes tremendistas, pero las reacciones caprichosas de algunos ‘dueños de vidas y haciendas’, por falta de pesos y contrapesos en regímenes autoritarios podrían encender el camino a la extinción. De allí que sea obligación primigenia de los líderes mundiales que conducen los países más poderosos, de despojarse de arrogancia o pedantería y restablecer con urgencia los controles internacionales sobre el armamento nuclear.