La temporada de incendios forestales vuelve a amenazar a Quito con señales que no deberían pasar inadvertidas. La sequía, el aumento de la temperatura y la vegetación reseca conforman un escenario conocido, pero la prevención aún no parece estar a la altura del riesgo. Los primeros reportes de quemas e incendios en distintos sectores de la capital son una advertencia que exige algo más que vigilancia.

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El trabajo del Cuerpo de Bomberos merece reconocimiento, pero su capacidad de respuesta no puede sustituir las acciones que corresponden a otras instancias. La instalación de hidrantes en zonas críticas, la limpieza de maleza, la poda preventiva y el mantenimiento de franjas de protección alrededor de los bosques no pueden esperar a que aparezcan las llamas.

La prevención no puede esperar a que lleguen las llamas

La ciudad ya conoce las consecuencias de llegar tarde. Los incendios no solo destruyen el patrimonio natural, también ponen en riesgo viviendas, servicios y la tranquilidad de miles de familias. Cuando el fuego avanza, cualquier esfuerzo resulta más costoso que una planificación oportuna.

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Todavía hay margen para actuar. La prevención requiere coordinación entre el Municipio de Quito, el Cuerpo de Bomberos y la ciudadanía. Hay que evitar que la historia se repita.

La posesión del nuevo presidente de Colombia abre un escenario de mayor tranquilidad para Ecuador, tras una etapa marcada por tensiones y una guerra arancelaria que llegó a imponer un gravamen del 100 % a los productos colombianos que ingresaban al país.

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Más allá de si existió o no una estrategia ecuatoriana de injerencia electoral, la realidad es que ambos mandatarios comparten una visión política y de gobierno, lo que permite prever una relación más cordial y orientada a beneficios mutuos.

El comercio bilateral puede beneficiarse de un nuevo escenario

Ecuador debe mantenerse abierto a acuerdos que impulsen el bienestar de comerciantes, exportadores y empresarios de ambos países, así como el fortalecimiento de la cooperación en inteligencia, tecnología y control fronterizo para enfrentar de forma más eficaz al crimen organizado.

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Los presidentes coinciden en la necesidad de aplicar firmeza en materia de seguridad. Esa mano dura debe dirigirse contra quienes amenazan el orden y la ley, mientras que la ciudadanía requiere políticas que le permitan recuperar sus calles, parques y espacios públicos.

Este nuevo escenario representa una oportunidad para robustecer la relación bilateral y trabajar de manera conjunta en favor de la seguridad, el desarrollo y la prosperidad compartida.

Antes que operativos, discursos o recorridos oficiales, General Villamil Playas necesita recuperar algo más básico: la autoridad del Estado. Cuando una estructura criminal fija tarifas, decide quién puede trabajar y castiga a quien se niega a pagar una extorsión, esta deja de ser un delito aislado para convertirse en una forma de gobierno de facto.

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Esa realidad no solo vacía locales y ahuyenta visitantes, también rompe la confianza de una comunidad que siente que obedecer la ley ya no basta para sobrevivir.

Por qué los operativos no son suficientes para frenar al crimen

Perseguir a los ejecutores es sin duda necesario, pero insuficiente. Mientras las redes que financian, coordinan y reemplazan a sus operadores permanezcan intactas, cada captura será apenas un relevo en la cadena del delito.

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La respuesta exige inteligencia, investigación patrimonial y una acción sostenida entre la Policía Nacional, la Fiscalía General del Estado y el sistema de justicia que desmantelen ese financiamiento criminal, no solo intervenciones esporádicas.

La confianza ciudadana, otra víctima de la inseguridad

La soberanía no se mide por la presencia de uniformes, sino por la capacidad de garantizar que la ley sea la única autoridad que cobre, decida y proteja. Recuperar General Villamil Playas de las extorsiones y la violencia ya no admite más aplazamientos.

Si las organizaciones criminales pudieran votar, seguramente elegirían una sola cosa: que los gobiernos sigan trabajando por separado, eso explica buena parte de su éxito.

Las mafias no tienen fronteras, ideologías ni burocracia. Se adaptan, cooperan, financian, reclutan y se mueven con una velocidad que los Estados todavía no consiguen igualar. Mientras tanto, Ecuador paga un precio demasiado alto, la violencia, extorsión, narcotráfico y el miedo son la consecuencia de una amenaza que jamás fue exclusivamente ecuatoriana. Por eso, la coincidencia política entre Ecuador, Perú y Colombia merece leerse desde otra perspectiva. No importa quién obtenga el crédito político, lo importante es que comprendan que la seguridad dejó de ser un asunto interno.

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Existen más de dos mil cien kilómetros de frontera terrestre que unen a tres países frente a un mismo enemigo. Allí debería comenzar la mayor operación de cooperación regional de las últimas décadas.

Una oportunidad histórica para Ecuador, Perú y Colombia

La oportunidad es histórica, no ocurre con frecuencia que tres gobiernos tengan la posibilidad de construir una agenda común desde el inicio de sus mandatos. Si logran transformar esa coincidencia en una política permanente, la región habrá dado un paso decisivo. Si la desaprovechan, el único beneficiario seguirá siendo el crimen organizado, que desde hace años entiende mejor la cooperación que los propios Estados.

No necesitamos declaraciones de buenas intenciones, necesitamos inteligencia compartida, vigilancia tecnológica, operaciones simultáneas y una decisión política que dure más que un período presidencial. Porque las mafias no descansan cuando cambian los gobiernos y sería imperdonable que los gobiernos sí lo hicieran.

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La seguridad de Ecuador ya no depende únicamente de lo que hagamos dentro de nuestras ciudades. Depende, sobre todo, de la capacidad de nuestros vecinos para entender que esta batalla ya dejó de ser de un solo país.

La pregunta ya no es si podemos trabajar juntos, la pregunta es cuánto tiempo más estamos dispuestos a perder antes de hacerlo.

Al cerrar el año 2025 la deuda pública total ecuatoriana, incluidos otros pasivos, llegó a $91.881 millones, representando el 70,5 % del PIB. Al efectuar la consolidación, dejando a un lado la deuda entre los de ‘casa adentro’, se ubicó en 49,9 % del PIB, en la ruta que debe llevarla al 40 % luego de varios años, conforme lo señala la legislación actual. En los primeros cinco meses de 2026 la deuda total se ha incrementado apenas $1.500 millones, ya que buena parte del endeudamiento ha servido para pagar amortizaciones de capital de este año y posteriores.

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Desde hace algunos años se vienen registrando adecuadamente los atrasos del Presupuesto del Estado dentro de la deuda pública interna. A mayo, suman $3.506 millones, de los cuales 2.452 corresponden a ejercicios anteriores y 1.054 al actual. En diciembre de 2025 los atrasos representaron el 3,2 % del PIB. Si hacemos un ejercicio simple con los $135.171 millones de PIB nominal esperado para 2026, los atrasos para no aumentar frente al PIB, bien podrían alcanzar los $4.353 millones. En lo macro, tolerable, pero a lo micro, muy complicado. Los proveedores que no reciben dichos pagos por obras ya realizadas y entregadas deben financiarse con el sistema financiero o extender la cadena de atrasos. Si el atraso es con entes públicos como municipios o prefecturas implicará desacomodos en sus proyecciones, lo que al final contribuye al estancamiento o crecimiento lento que vamos sintiendo.

La deuda interna y externa como opciones de financiamiento

La información oficial de deuda pública es solo hasta mayo, sin embargo, Finanzas presenta al día la ejecución presupuestaria y se puede extraer información interesante hasta el mes de julio de 2026 relacionada con deuda pública para determinar cuánta deuda aún se necesita para cerrar el año.

En los primeros siete meses del año se tomaron $11.237 millones de nueva deuda y se pagaron 8.598 que era el total presupuestado al inicio del año. Dos lecturas con estas cifras: La deuda neta se ha incrementado $2.639 millones en lo que va del 2026. Unos mil millones adicionales a la cifra oficial reportada en mayo. Lo segundo, todavía faltan cerca de $3.000 millones por pagar en amortizaciones y el déficit fiscal podría llegar a 4.000 millones. La suma de ambos marca 7.000 como el total de financiamiento por conseguir de agosto a diciembre. La gran duda es bajo qué formato. Más deuda interna, que ya se ha emitido por $5.050 millones, o externa que lleva un monto similar. Los multilaterales dijeron presente en financiamiento para algunos proyectos y seguramente contribuirán en esa necesidad de recursos.

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La expectativa es que, si se debe tomar deuda para un cada vez menor déficit fiscal, que sea al menos plata fresca para incidir positivamente en la actividad económica y no un incremento de atrasos que desbarate el trabajo que se viene realizando para rebajar los más de 5.000 millones de dólares con que terminó el 2023, cuando este gobierno arrancó su primer encargo luego de la muerte cruzada.

Los atrasos si bien son deuda, no son la mejor solución para la economía. Finanzas podría estar feliz porque es un costo ‘cero’, sin embargo, o se lo han incorporado en los precios de las obras que contrata o se lo incrementarán, porque todos sabemos que el dinero, lo que menos es, es gratis.

Existen países que parecen haber tenido suerte. La evidencia histórica sugiere otra explicación: lo que llamamos suerte suele ser el resultado de elegir bien y mantener el rumbo el tiempo suficiente para que esas decisiones den resultados.

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En vísperas de un nuevo aniversario del Primer Grito de Independencia, vale la pena preguntarnos qué significa hoy ser independientes. La soberanía política sigue siendo irrenunciable, pero no basta por sí sola. También depende de nuestra capacidad de crear oportunidades para las próximas generaciones.

El potencial de Ecuador sigue esperando

Esa idea la respalda A Century of Plenty, del McKinsey Global Institute. Sus autores sostienen que el siglo XXI podría convertirse en la etapa más próspera de la historia, siempre que las sociedades tomen las decisiones correctas. En el último siglo, el ingreso por habitante se sextuplicó y la pobreza extrema mundial cayó del 60 % a menos del 10 %. Ese progreso no fue un accidente: respondió a mejores instituciones, innovación, apertura económica y aumentos continuos de la productividad.

La pregunta no es si ese escenario llegará. La pregunta es si sabremos aprovecharlo. Dispone de abundantes recursos naturales y de una reconocida capacidad emprendedora. El desafío ha sido convertir ese potencial en inversión, productividad y crecimiento.

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Incluso en 2025, cuando la inversión extranjera directa alcanzó USD 1.299 millones (la mayor en seis años), Ecuador apenas captó una fracción de lo que recibieron Perú y Colombia. No obedece a una fatalidad geográfica ni a la escasez de recursos naturales, sino a las condiciones que ofrecemos para invertir.

Revertir esa realidad exige mucho más que buenos diagnósticos: reglas estables que generen confianza, instituciones que las hagan cumplir, una educación a la altura de las nuevas tecnologías y una visión nacional que trascienda los ciclos políticos.

El Primer Grito de Independencia nos recuerda que las grandes transformaciones toman tiempo. La prosperidad también. Dependerá de nuestra capacidad para pensar más allá de la próxima urgencia y construir desde hoy el país que todavía podemos elegir.

De tanto decir que quienes se quejan por las violaciones a los derechos humanos son correístas, los correístas serán vistos como lo que nunca fueron ni son: defensores de los derechos humanos.

De tanto decir que quienes denuncian el autoritarismo lo hacen porque son correístas, la gente terminará creyendo que los correístas son lo que no son: demócratas y antiautoritarios.

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De tanto decir que quienes denuncian que se utiliza la justicia para perseguir a los adversarios políticos son correístas, los correístas serán considerados como un grupo que cree en la independencia judicial; es decir, exactamente lo contrario de lo que son.

Cuando el correísmo termina apareciendo como víctima

De tanto decir que quienes rechazan la concentración del poder y la cooptación de todas las funciones del Estado son correístas, habrá gente -sobre todo jóvenes- que terminará creyendo que el correísmo cree en la democracia. Nada más lejos de la realidad, lo de ellos es Nicolás Maduro, Daniel Ortega y Miguel Díaz-Canel.

Y también está el tema del uso del sistema electoral para proscribir partidos. Ahora resulta que los correístas, maestros creadores del sistema, son las víctimas de su propia creación y por eso hoy tienen la oportunidad dorada para convertirse en los adalides del derecho a la participación política. Por todo esto, y por mucho más, el operativo de acusar de correísta a todo aquel que se opone a los abusos del Gobierno es la mejor campaña imaginable para lavarle la cara al correísmo.

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Ni en sus mejores sueños Correa y su jorga pudieron imaginar una campaña tan eficaz en beneficio de una corriente política identificada con el autoritarismo y la corrupción, que controló el país durante una década. Porque, por ejemplo, de tanto acusar de correístas a quienes denuncian la corrupción en casos como Progen, el correísmo terminará siendo elevado a los altares por una virtud que jamás tuvo: la honestidad.

La paradoja es todavía mayor si se considera quiénes encabezan esta cruzada. Muchos de los más empeñados en tachar de correístas a quienes hoy defienden la democracia fueron quienes menos enfrentaron al correísmo cuando este ejercía el poder. Incluso hay operadores dedicados a lanzar ese mensaje que, durante aquellos años, figuraban entre los más fervientes defensores del prófugo Rafael Correa. Lo menos que puede hacer el correísmo es dar las gracias por todo esto.

El Gobierno reaccionó, hay que reconocerlo. Después de que un cuerpo decapitado apareciera colgado de un puente en Quito llegó el anuncio del Plan de Protección. En una ciudad que está siendo golpeada con mayor violencia por el crimen organizado, más presencia del Estado es urgente.

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Sin embargo, parece que el Gobierno parece más reactivo que proactivo. Es como si estuviera a la espera de que el horror se vuelva imposible de ignorar para actuar. Y no se debe olvidar que el anuncio del plan se hace ‘ad portas’ de una cerrada disputa electoral por la Alcaldía. ¿Coincidencia?

El crimen organizado funciona como una red

De todas formas, el plan merece respaldo. Dos mil policías y otro tanto de militares pueden controlar y recuperar espacios. Pero la simple fuerza no es suficiente. El crimen organizado no solo está detrás de una puerta que se tumba o en una esquina ocupada por el microtráfico. Es una red presente en los lugares más impensados y que reemplaza rápidamente a quienes caen.

Es que las organizaciones criminales entendieron hace rato de cooperación, mientras que nuestras instituciones y autoridades todavía tratan de descubrirla. Por eso se debe coordinar acciones entre entidades nacionales, municipios y gobiernos extranjeros, trabajando también en inteligencia, que debe ser compartida.

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Así, lo lógico es que Gobierno y Municipio colaboren. El uno tiene la fuerza pública y los organismos de inteligencia. El otro controla la vida en la ciudad y no puede lavarse las manos. Pensemos en las motocicletas, que aparecen con frecuencia en delitos. ¿Qué control sostenido existe sobre ellas? O en la iluminación, o en la movilidad. Para eso también sirven las ordenanzas, no solo para legalizar letreros.

La tragedia es que el bien común suele perder casi siempre frente al ego y al cálculo político, por lo que esa colaboración se ve improbable. Peor aún a las puertas de una elección.

Entonces sí, el plan es una buena noticia, pero sin coordinación e inteligencia será apenas un operativo. Porque el crimen transnacional es una hidra. Cuando se corta una cabeza, si nadie ataca el cuerpo que la alimenta, aparecen dos más.

Al tiempo de enviar estas letras a EXPRESO, el presidente Noboa debe encontrarse en Cali asistiendo a la posesión del nuevo presidente de Colombia. Una nueva etapa se inaugura en esta trascendental relación entre los dos países. Lo de fondo será la cooperación política y, a la vez, la prudente distancia que se debe guardar, sobre todo, en este momento en que la gran potencia del norte pretende incorporar a los países latinoamericanos como sus cooperantes incondicionales. Volvemos luego sobre la materia.

Ecuador y Colombia abren una nueva etapa

Antes de regresar a lo previamente señalado, el gobierno ecuatoriano deberá subsanar los daños ocasionados a nuestra economía por los aranceles que impuso a las importaciones de Colombia y que la Comunidad Andina eliminó, porque violaba su Pacto constitutivo, el de Cartagena. El comercio se redujo en un 50%, y los expertos calculan que la pérdida hasta fin de año será de un 40%. El tráfico de fronteras es casi inexistente.

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En Cali, veremos –suponemos- la concurrencia de la docena de Jefes de Estado que acudieron hace poco a Miami atendiendo a la invitación del presidente Trump, aumentada, obviamente, por la presencia del nuevo Presidente que ya ha anunciado su participación, y que adquirió su nacionalidad estadounidense bajo juramento de lealtad.

La presión de Estados Unidos sobre América Latina

Es peligrosa una adhesión a una política sobre la que no nos han consultado y que, además, es impredecible, porque depende de la voluntad, podríamos decir, del capricho del Presidente Trump. Los países europeos, miembros de la OTAN, que no fueron consultados para la guerra contra Irán, tienen que resistir la presión para participar en dicha guerra contribuyendo a la defensa del Estrecho de Ormuz.

Camino a Cali pasó por Quito el presidente argentino Milei. Se informa que se firmaron acuerdos poco significativos, como el de algunas exenciones de impuestos a la importación de un millar de automotores argentinos. Hace pocos días, en visita a Brasil para apoyar al candidato presidencial hijo del expresidente Bolsonaro, Milei, en uno de sus tantos desaguisados, profirió varios insultos contra el Presidente de Brasil. Parece que estas estrafalarias actitudes son rechazadas internacionalmente.

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El presidente brasileño, Lula da Silva, no asistirá a la posesión del Presidente colombiano. El mandatario brasileño no concuerda con su alineamiento con USA. Brasil y México mantienen una política independiente respecto de Trump, quien tiene actitudes tan sui generis como la de haber retirado la visa a la embajadora brasileña ante Washington y ofrecer restituir si Brasil acepta como embajador a quien él quiere enviar. ¡Esto rompe todas las tradiciones diplomáticas! Un estado propone, reservadamente, una persona para el cargo de embajador, y el estado receptor analiza y, si quiere, da su consentimiento -agreement- o simplemente no contesta en un término prudencial (unos treinta días), con lo cual se entiende su no aceptación. Los casos de esta o similar naturaleza se repiten frecuentemente, creando situaciones muy tensas.

Trump quiso enviar dos delegados suyos a entrevistarse con miembros del Tribunal Electoral de Brasil, lo cual constituía una intromisión en asuntos internos, y fue rechazado. Antes, pidió que se indulte a Bolsonaro por su intento de golpe de estado, lo cual fue rechazado.

Vivimos posiciones antagónicas entre USA y algunos gobiernos latinoamericanos.

Esta semana, Colombia vive una de las transiciones políticas más relevantes de su historia reciente cuando el presidente electo de derecha, Abelardo de la Espriella, sucede al presidente de izquierda, Gustavo Petro. Como ha ocurrido en otros países latinoamericanos que han girado hacia la derecha, es probable que aumente la polarización política y que el nuevo gobierno enfrente una oposición fuerte, posiblemente encabezada por el propio Petro.

La nueva administración heredará una economía compleja. En el ámbito social, la pobreza multidimensional ha continuado disminuyendo gracias a un mayor acceso a educación, salud, servicios públicos y vivienda. Sin embargo, estos avances no se han traducido en mejoras significativas de los ingresos, mientras la brecha entre las zonas rurales y urbanas se ha ampliado y el sistema de salud atraviesa una profunda crisis.

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Desempleo, crecimiento y exportaciones

Aunque el desempleo cayó durante la administración Petro, buena parte de esa mejora parece explicarse por la expansión del empleo público. Esto implica que el ajuste fiscal que deberá emprender el nuevo gobierno podría revertir parte del avance. Además, la informalidad laboral sigue siendo muy elevada, afectando a casi la mitad de los trabajadores urbanos y a la mayoría de los rurales.

El objetivo oficial de crecer al 7% parece poco realista. Una meta cercana al 4% sería más alcanzable mediante la recuperación de sectores rezagados durante el gobierno anterior, como el petróleo, la minería y la construcción. No obstante, la prioridad principal será estimular la inversión, que en los últimos años ha permanecido alrededor del 17% del PIB, muy por debajo de los niveles registrados durante la década de 2010.

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Otra prioridad será consolidar el crecimiento de las exportaciones no tradicionales. El éxito dependerá de que las intervenciones del banco central moderen la apreciación del peso. Los aranceles anunciados por el presidente estadounidense Donald Trump también podrían afectar las exportaciones, aunque una recuperación económica de Venezuela podría compensar parcialmente ese impacto.

El fenómeno de El Niño y la crisis fiscal

Las perspectivas de corto plazo enfrentan riesgos adicionales. El fenómeno de El Niño podría afectar la producción agrícola y agravar las presiones sobre el sistema energético, dependiente de la generación hidroeléctrica y limitado por una escasa expansión de capacidad y una creciente escasez de gas natural. Al mismo tiempo, las elevadas tasas de interés podrían limitar la recuperación.

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El desafío más urgente será la crisis fiscal. Desde 2024 el déficit supera el 6% del PIB y la deuda pública alcanzará niveles históricamente altos. De la Espriella propone reducir el gasto en cerca del 3% del PIB mediante un plan de austeridad, pero la rigidez del presupuesto y las crecientes necesidades en salud dificultarán ese objetivo. A estos retos se suman la seguridad, la reconstrucción de la capacidad administrativa del Estado y la definición de la política exterior. En conjunto, el nuevo gobierno deberá recuperar la estabilidad fiscal e impulsar la inversión sin poner en riesgo los avances sociales alcanzados durante las últimas décadas.

El próximo 29 de noviembre, millones de ecuatorianos acudirán a las urnas pensando en quién debe administrar su ciudad o su provincia. Muy pocos pensarán que ese mismo día también estarán eligiendo a quienes integrarán el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, un organismo que selecciona y designa a las principales autoridades de control del Estado.

Elegir a un consejero del CPCCS no equivale a escoger alcalde o prefecto. El ciudadano no está votando por quien ejecutará obras o administrará servicios públicos. Está eligiendo a personas que deberán manejar los procesos de selección más importantes del Estado bajo presión política y mediática. Por eso requieren independencia, criterio jurídico y solvencia ética.

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Provisionalidad y concursos pendientes

Mientras la Constitución no cambie, el CPCCS conserva una de las atribuciones más influyentes del Estado. Interviene en la designación de autoridades como el fiscal general, el defensor del Pueblo, integrantes del Consejo Nacional Electoral, el procurador general del Estado, los superintendentes y otras autoridades de control. Quienes resulten elegidos vocales del CPCCS, recibirán una institución que llega con algunos de los procesos de designación más importantes del Estado aún abiertos o retrasados. El concurso para fiscal general continúa en desarrollo; la renovación parcial del CNE sigue en trámite; y la Defensoría del Pueblo permanece bajo una autoridad encargada. Más allá de cuándo concluyan esos procesos, su sola demora evidencia una preocupante normalización de la provisionalidad institucional.

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Una democracia no solo requiere instituciones independientes, también necesita que sus autoridades sean designadas oportunamente y conforme a las reglas previstas. La estabilidad institucional no depende únicamente de quién ocupa un cargo, sino también de que los procedimientos de selección funcionen dentro de plazos razonables.

Es legítimo discutir si el CPCCS debe mantenerse, reformarse o desaparecer. Su historial de politización y de designaciones cuestionadas no es menor. Pero mientras la Constitución le atribuya estas competencias, su elección no puede seguir tratándose como un asunto secundario.

El mapa político de la región andina sigue cambiando. Keiko Fujimori asumió en Perú y promueve un claro acercamiento a Estados Unidos. Abelardo de la Espriella hará lo propio en Colombia, a pesar de los pataleos de Petro, con una retórica de seguridad que recuerda a Bukele. Ecuador es ya aliado de Washington. Bolivia giró a la derecha en elecciones democráticas. Estos cambios ocurren en uno de los principales epicentros del crimen organizado de América Latina. Colombia, Perú y Bolivia concentran la producción mundial de coca; Ecuador es una de las principales plataformas de salida de cocaína. A esa economía se suman la minería ilegal, el lavado de activos, el tráfico de armas, las guerrillas y los GDO que operan sin fronteras. La guerra en nuestra región se expresa en territorios perdidos, instituciones penetradas, muertes violentas y millones de ciudadanos desplazados o expulsados de sus países.

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La oportunidad para una estrategia regional

Venezuela aporta un termómetro. EE.UU. asestó un golpe brutal a la dictadura capturando a Maduro. Siete meses después, Delcy Rodríguez continúa en el poder y la prometida transición democrática empieza a lucir hipócrita: los rezagos del régimen cambiaron de amor antes que de naturaleza. Bye China, Rusia e Irán. Welcome, EE.UU. Hay, sin embargo, una diferencia fundamental: Washington es una democracia y tiene el deber de promoverla. Eso implica Estado de derecho y bienestar para la población. Si ambos dejan de ser prioridad, el problema de fondo permanece. Por eso siempre ronda en mi cabeza la historia del Plan Marshall. Después de la II Guerra Mundial, EE.UU. invirtió en reconstruir Europa, contribuyó a su estabilidad política, contuvo la expansión soviética y abrió mercados para sus empresas. Fue un formidable negocio para todos. Hoy se abre una oportunidad para trabajar con una estrategia regional. De hecho, el crimen organizado ya funciona así. Ecuador, Perú, Colombia y Bolivia tienen hoy gobiernos capaces de coincidir con Washington en una estrategia de seguridad, fortalecimiento institucional, infraestructura, inversión y economías legales. Para EE.UU. significaría mejores socios comerciales, menos espacio para sus rivales y menos cocaína entrando por sus fronteras.

Economía y negocios

Milei y Noboa firman acuerdos para dinamizar un comercio deficitario

Liz Briceño

La propuesta es simple: enfrentar regionalmente el crimen y pensar regionalmente el desarrollo. Un Plan Marshall andino.

El valor de la palabra es importante. Es uno de los pilares de la construcción de la confianza en cualquier relación, como la de un gobernante con sus ciudadanos, y más aún cuando se trata de una oferta que, en algunos casos, es el límite entre la vida y la muerte.

Política

La salud entra a la campaña de las elecciones seccionales 2026

Martin Pallares

El acuerdo con India sigue sin respuestas claras

El presidente de la República ofreció responder al desabastecimiento de medicinas en el país con un acuerdo con India, pacto del que poco o nada se sabe, y la información llega a cuentagotas. India no sería el único país que pueda proveer de medicinas a Ecuador. Hay otras potencias, incluso dentro de la región, a las que se les puede comprar medicinas.

Política

“Queremos vivir”: pacientes con trasplantes y con cáncer denuncian falta de medicamentos

Rosero Mariela

Al ciudadano poco o nada le importa el proceso o a quién se le compra, lo que quiere es contar con su medicina a un precio justo. Eso es todo. Cada día que pasa es crucial para quien depende de esos medicamentos. Hay que pensar en ellos y en los que vendrán esperanzados en encontrar ayuda en el sistema público de salud.

Cada día cuenta para los pacientes

El paciente no puede esperar. El Gobierno debe acelerar el proceso y hacerlo con total transparencia. Nadie quiere que, por el apuro, tal como sucedió con las crisis eléctrica y en la pandemia, una mano corrupta intente aprovecharse de la salud y la vida de las personas. Eso sería cruel e inhumano.

Ecuador tiene un recurso que muchos países desearían: sol prácticamente todo el año. Pero seguimos mirando al cielo sin convertir esa ventaja natural en fuente permanente de desarrollo.

La energía solar no debe verse como a alternativa aislada, sino como parte de la solución energética nacional. Viviendas, industrias, comercios, instituciones públicas y privadas pueden convertirse en pequeños generadores que reduzcan su dependencia de la red y aporten al sistema eléctrico cuando exista excedente.

Economía y negocios

Nuevo sistema de transmisión eléctrica para el sur de Ecuador avanza: ¿cuándo entrará en operación?

Mayra Pacheco Pazmiño

Los paneles solares son hoy una tecnología accesible, eficiente y probada. Países con menor radiación solar han avanzado con rapidez porque entendieron que la generación distribuida fortalece la seguridad energética, reduce costos y promueve inversión.

Ecuador necesita aprovechar su recurso solar

Ecuador ha dado pasos normativos para permitir sistemas de generación distribuida y autoabastecimiento, mas el desafío está en pasar de la regulación a la acción: procesos más ágiles, trámites simples, incentivos claros y una institucionalidad que acompañe al ciudadano y al sector productivo.

El Gobierno y sus entidades deben impulsar una política decidida para que instalar paneles solares no sea una carrera de obstáculos. Hay que facilitar conexiones, promover financiamiento, capacitar técnicos y crear mecanismos que integren esta nueva energía al sistema nacional interconectado.

El sol está disponible cada día. Convertirlo en electricidad depende de decisiones que no pueden seguir esperando.

Alicia Figueroa R.

A continuación, un ejemplo ficticio, aunque basado en situaciones reales donde aparecen engaño, omisión y acción de los regres. Pido disculpas a los países mencionados con fines únicamente didácticos.

Lo hago ante lo que considero un doble rasero de la ONU y la Unión Europea frente al Estado democrático de Israel y otros conflictos: Palestina, Hezbolá en Líbano, Hamás en Gaza, los hutíes de Yemen, grupos yihadistas y regímenes autoritarios. La información está en la web, aunque muchas voces denuncian censura, manipulación algorítmica y silenciamiento.

Internacional

Arabia Saudí, Turquía y Pakistán firman histórico pacto de defensa para lograr "disuasión"

Agencia EFE

Es difícil denunciar guerras, corrupción, crímenes, adoctrinamientos extremistas y amenazas contra las democracias y libertades. Mientras algunos líderes llaman “medios confiables” solo a quienes apoyan su poder, otros cuestionan a Israel, Trump o Estados Unidos, mientras Irán amenaza a sus enemigos y busca influencia con apoyo directo o indirecto de China, Rusia, Pakistán y Corea del Norte.

¿Qué significa defender una democracia?

¿Los que dicen defender la paz realmente buscan evitar guerras o proteger regímenes responsables de persecuciones, torturas y miles de muertes? ¿Qué ocurrirá si esas amenazas alcanzan Europa u otros continentes con armas más avanzadas?

En un ejemplo ficticio, Andorra es tomada por terroristas que atacan Francia desde zonas civiles. Francia, amparada en el art. 51 de la ONU, intenta defenderse, pero los atacantes usan a la población como escudos. ¿Debe un país rendirse ante el terrorismo?

Internacional

El desafío de Cali para garantizar la seguridad en la investidura presidencial de Colombia

Agencia EFE

La comparación refleja el dilema de Israel, que desde 1948 enfrenta ataques terroristas. Cuando responde militarmente, advierte a civiles, mientras Hamás y Hezbolá utilizan zonas pobladas y retienen ayuda humanitaria para sus propios fines.

La comunidad internacional exige límites a Israel pero, ¿cómo puede un Estado proteger a sus ciudadanos si sus enemigos prometen destruirlo? Mientras tanto, Rusia mantiene una guerra con enormes pérdidas humanas en Ucrania.

El mundo debe preguntarse si la defensa de las democracias puede quedar paralizada por intereses políticos. La historia demuestra que ignorar las amenazas del extremismo y los autoritarismos puede tener consecuencias para todos.

Juan Carlos Cobo Rueda

En este mundo digital lleno de malinformación existe confusión sobre el trasfondo de la política del gobierno ucraniano. Llama la atención que aparentemente no rechace de forma frontal la acusación rusa sobre la presencia de grupos neonazis con influencia política. ¿Será por temor? Según Wikipedia, el fascismo se caracteriza por ser “totalitario, antidemocrático y ultranacionalista”, incluso dentro de estructuras aparentemente democráticas.

Fascismo y autoritarismo a través de la historia

Esta actitud no nace solo con el hitlerismo, franquismo o mussolinismo; también estuvo presente durante el colonialismo, con la matanza de pueblos indígenas, la esclavitud africana y la explotación de numerosas naciones. Esa visión autoritaria, disfrazada a veces de monarquías o repúblicas, ha sido parte de la construcción violenta de imperios.

El apoyo de grandes potencias a gobiernos autoritarios ha sido una constante en los siglos XX y XXI, muchas veces ligado a intereses de corporaciones transnacionales. Estas apoyaron a Hitler y otros tiranos mientras les fueron útiles, abandonándolos cuando sus derrotas amenazaron sus intereses. Colombia muestra cómo sectores fascistas, con apoyos externos, han mantenido conflictos prolongados durante décadas.

Opinión

La falacia de la narcopolítica

Roberto Aguilar

Tras la Segunda Guerra Mundial, la sociedad civil organizada ganó espacios frente a poderes económicos dominantes. Hoy se presenta otra ofensiva política mundial encabezada por Donald Trump en Estados Unidos, que busca -según esta visión- frenar avances democráticos. Si el siglo pasado estuvo marcado por el choque entre capitalismo y socialismo, hoy lo está por la disputa entre capitalismos monopolistas que dominan el mercado financiero y comercial global. Como en toda guerra, las principales víctimas son las poblaciones.

La doctrina de la ‘competencia’ ha convertido la economía en una lucha permanente, desde la rivalidad comercial hasta la automatización tecnológica sin suficientes límites éticos. Son guerras ajenas a la mayoría de las personas. Por ello, la sociedad civil debe seguir organizándose para resolver sus problemas y no dejar su destino únicamente en manos de corporaciones transnacionales.

Federico P. Koelle D.

Guayaquil aspira a ser una ciudad moderna, turística y ordenada, pero hay una deuda evidente: los baños públicos. En pleno centro, miles de personas caminan, trabajan y hacen trámites sin contar con servicios sanitarios adecuados. El resultado es visible: espacios convertidos en urinarios improvisados y una imagen que afecta a todos.

Guayaquil

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Juan Pablo Pérez Tomalá

Calles limpias también requieren servicios básicos

No basta con limpiar calles; también hay que crear las condiciones para mantenerlas limpias. La responsabilidad ciudadana es clave, pero la planificación urbana corresponde al Municipio. Una ciudad digna no solo se construye con grandes obras, sino con servicios básicos que respeten a sus habitantes.

Genaro Pérez P.

Desde esos tiempos en que el éxito desplazó al prestigio, y conquistar el dinero reemplazó al deseo de servir, todo se complicó. Más aún cuando se sumó la idea, tampoco cierta, que decía que ‘solo los pillos van a lo público’. Esto ha resultado en que gente valiosa se aleje de la opción pública, desentendiéndose de ella. Así comenzó el: ‘valgo por lo que tengo’, ‘gozo del dinero sin importar su origen y me admiran’.

El desprecio al político se generalizó y se satanizó así lo que es una de las más grandes opciones del servicio al prójimo: la construcción de políticas públicas, aunque no dé grandes ingresos. Es claro que el problema no está en la política, sino en aquellos que, sin ética, sin capacidad ni formación en ella, y con intereses distorsionados, la practican.

Guayaquil

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Edison Andrés García Yépez

Cuando la RAE define a la política, dice: “Arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los Estados.” Antes, Aristóteles había mencionado que era la ciencia-arte que buscaba organizar y desarrollar la ‘polis’, entendiendo que el Estado existe para servir al ciudadano y no para servirse de él, anteponiendo el bien común.

Sociedad, educación y familia

Mas, no solo la sociedad, la educación también debe hacer un ‘mea culpa’, pues no ha forjado ni fortalecido en los estudiantes el amor a la patria, ni una clara y fuerte vocación ciudadana.

La instruccionalidad desterró a la formación, y la praxis, a los valores y principios.

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La familia se eclipsó y se deslindó de lo formativo. El ser humano resume lo que ve en su hogar; se cuaja en esa cultura forjadora que es responsabilidad de los padres y que, más tarde, se traslada a la educación formal. Si no los volvemos inteligentes, solidarios, honestos, veraces, leales, patriotas, ¿cómo pedir buenos ciudadanos? Al final, la sociedad y la nación son la suma y retrato de los individuos que la conforman.

Olvidemos los miedos a formar y a corregir, dejemos la sobreprotección y seamos firmes en la crianza; así llegaremos a la resiliencia, a la pertenencia, al coraje y a la honestidad que requiere el político. Rescatemos al otro y formemos ciudadanos: ¡buenos líderes!

Los delitos financieros constituyen un problema de alcance global. Sin embargo, el ‘modus operandi’ de las organizaciones criminales continúa adaptándose para explotar las vulnerabilidades de los sistemas financieros. Estas organizaciones tienden a canalizar y lavar activos en jurisdicciones con altos niveles de corrupción, marcos regulatorios débiles y legislaciones desactualizadas en materia de prevención del lavado de activos (AML).

En América Latina, una proporción significativa de los países presenta estas vulnerabilidades, salvo pocas excepciones.

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A pesar del creciente interés por el estudio del lavado de dinero, los mecanismos que explican la formación de vínculos dentro de las redes profesionales de lavado de activos siguen siendo, en gran medida, inexplorados. Comprender estas dinámicas resulta fundamental para detectar las etapas de colocación (’placement’) e integración (’integration’) de los activos ilícitos en la economía formal.

El entramado invisible del lavado 

Los intermediarios desempeñan un papel fundamental en los esquemas de lavado de activos, ya que las organizaciones criminales, por sí solas, difícilmente pueden ejecutar operaciones de tal complejidad. Para ello recurren a facilitadores, entre ellos asesores financieros, contadores, abogados, agentes y corredores inmobiliarios, agentes de alquiler, notarios, empresarios, proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) y empresas fachada (’shell companies’).

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El común denominador entre todos estos actores es la colaboración. Ningún facilitador posee, por sí solo, los recursos, contactos o conocimientos necesarios para ejecutar un esquema de lavado de activos. Más que la eficiencia operativa, el elemento que sostiene estos esquemas es la confianza.

En la práctica, una parte importante de los recursos ilícitos suele destinarse al pago de sobornos para garantizar la protección, el acceso y la continuidad de las operaciones. De ahí surge el dicho, comúnmente escuchado en círculos criminales, de que no vale la pena lavar menos de USD 10 millones. Al mismo tiempo, la interacción con distintos grupos delictivos amplía las oportunidades de establecer nuevas alianzas, fortaleciendo las redes de lavado de activos.

El Centro Histórico de Quito no necesita discursos de admiración, necesita decisiones. No basta con sentir orgullo por uno de los patrimonios culturales más importantes del mundo si permitimos que el deterioro, la inseguridad y el abandono le arrebaten su esencia.

Cada fachada descuidada, cada espacio público degradado y cada visitante que decide no volver representan una oportunidad perdida para el Ecuador.

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Recuperar este tesoro no es un asunto exclusivo de los quiteños ni de una administración municipal. Es una responsabilidad nacional. Quien protege su patrimonio protege también su identidad y su futuro.

El deterioro también afecta al turismo

La restauración del Centro Histórico debe ir de la mano con una estrategia permanente de seguridad, mantenimiento, movilidad y promoción turística. Solo así volverá a ser un lugar donde los ecuatorianos quieran caminar con orgullo y los visitantes extranjeros encuentren una ciudad a la altura de su prestigio internacional.

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Invertir en el Centro Histórico no es un gasto: es una apuesta por el turismo, el comercio, el empleo y la economía. Cada dólar destinado a su recuperación puede multiplicarse en ingresos para miles de familias. Dejar que este patrimonio pierda su brillo sería renunciar, por indiferencia, a una de las mayores riquezas que tiene el país.

Juliana Campos N.

En los últimos años la ciudad de Guayaquil, antes ilustre por mil títulos; la primera por su población, su economía, su espíritu libertario y sus gestas heroicas, hoy es víctima en diferentes aspectos. Una especie de mala suerte o mala racha en la elección de autoridades y sus administraciones. Donde antes hubo servicios con claridad y responsabilidad de procedimientos, ahora hay dudas, temores, exacciones para fines desconocidos, politiquería activa, cálculos electorales y descuido total de los intereses comunes de la ciudad.

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Seguridad y servicios, entre los principales problemas

Hoy se ultraja a Guayaquil desde adentro y desde afuera, y hace pocos días por la celebración de los 491 años de su fundación tuvo caracteres de especial regocijo para los guayaquileños y para todos sus habitantes. Antes, los eventos y desfiles que se organizaban para estas fechas creaban un ambiente propicio y adecuado para que la ciudadanía disfrutase, con civismo y orgullo, de grata recordación, junto con sus mandatarios, que con cariño y admiración visitaban la ciudad y aprovechaban para inaugurar aquellas obras que con sensibilidad y esfuerzo habían impulsado en beneficio de la comunidad. Pero ahora el contraste es muy notorio y penoso, empezando por celebrar las festividades por separado. 

Lo expresado es un bosquejo de la triste realidad guayaquileña del momento, pero lo que ha motivado a escribir esta opinión es la intensión perdida de la oportunidad de darle a Guayaquil la confianza, tranquilidad y el desarrollo que necesita. Guayaquil está atravesando por una situación extremadamente crítica en seguridad, salud, educación, servicios públicos, empleo, vialidad, etc., y demanda soluciones radicales.

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Y regreso a lo medular: Guayaquil necesita mucho más de las órdenes antes citadas, y cualquiera que sea la vía que se emplee para lograrlo será justificada y aplaudida por los guayaquileños de verdad. Es imperativo, que las autoridades nacionales y seccionales desoigan voces políticas motivadas en aspectos ajenos a los intereses de la ciudad, a quienes, en verdad, no representan el sentir profundo de Guayaquil y de los guayaquileños. ¡Veremos que pasa más adelante!

Mario Vargas Ochoa

En tiempos en que el cine suele abusar de los efectos digitales para impresionar, La Odisea de Christopher Nolan demuestra que el asombro también nace de una buena idea.

La aparición del cíclope, con un ojo vertical que rompe el imaginario tradicional, y la inquietante secuencia en la que Circe convierte en cerdos a los hombres de Odiseo, bastan para recordar que la mitología sigue siendo un territorio fértil para la creatividad.

Opinión

Todos vivimos nuestra Odisea

Iván Baquerizo

Homero llega al cine con una nueva mirada

La película no se limita a ilustrar a Homero: lo reinterpreta con inteligencia visual. A ello se suma una banda sonora que no acompaña la acción, sino que la multiplica, haciendo casi tangible el caos y la violencia de la toma de Troya. Nolan confirma que el espectáculo cinematográfico no depende solo del presupuesto, sino de la capacidad para convertir relatos milenarios en experiencias contemporáneas.

Cuando el cine dialoga con los clásicos sin solemnidad ni artificios gratuitos, el resultado trasciende la pantalla y devuelve vigencia a historias que parecían pertenecer únicamente a los libros.

Ernesto Cáceres S.

Dos días consecutivos, dos tráileres volcados y dos contenedores desprendidos en la vía a la costa. La escena ya no sorprende. Y ese es, precisamente, el problema.

Cada nuevo accidente se explica con las mismas hipótesis: exceso de velocidad, pérdida de control o fallas en la sujeción de la carga. Las autoridades atienden la emergencia, el tráfico colapsa durante horas y, una vez retirada la grúa, todo vuelve a la normalidad... hasta el siguiente siniestro.

Guayaquil

Así fue el rescate de una persona atrapada tras un accidente de tránsito en la vía Perimetral

Edison Andrés García Yépez

Pero esta no es una fatalidad inevitable. Si un contenedor se desprende, alguien incumplió su responsabilidad. Las empresas transportistas deben garantizar que la carga salga correctamente asegurada y que sus conductores respeten los límites de velocidad y los carriles establecidos. Y el Estado tiene la obligación de fiscalizar y sancionar. Cuando esa cadena falla, las consecuencias las pagan ciudadanos que simplemente iban camino a su trabajo o a su hogar.

La vía a la Costa ya no soporta el mismo flujo de carga

Ya ha habido víctimas mortales en esta vía. Por eso resulta incomprensible que las sanciones sigan siendo insuficientes. Quien pone en circulación un vehículo de carga sin las condiciones de seguridad necesarias no solo infringe una norma administrativa: pone vidas en riesgo. Las multas deben ser severas y, cuando exista negligencia comprobada con consecuencias fatales, también deben existir responsabilidades penales.

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"¿Hasta cuándo?": vía a la costa exige frenar los constantes vuelcos de tráileres

Diana Sotomayor

Al mismo tiempo, el Gobierno no puede seguir postergando la solución de fondo. La vía a la Costa dejó hace mucho de ser una carretera destinada principalmente al tránsito interprovincial. Hoy atraviesa una extensa zona residencial que soporta un flujo creciente de transporte pesado hacia el puerto de aguas profundas de Posorja. El propio Ejecutivo ha planteado una ruta alterna para desviar buena parte de esa carga. Es hora de convertir ese anuncio de la vía Nobol-Posorja en obra.

Esperar el próximo contenedor desprendido para volver a discutir el problema ya no es una opción. Gobernar también consiste en prevenir.

Roberto Mosquera F.