Antes que operativos, discursos o recorridos oficiales, General Villamil Playas necesita recuperar algo más básico: la autoridad del Estado. Cuando una estructura criminal fija tarifas, decide quién puede trabajar y castiga a quien se niega a pagar una extorsión, esta deja de ser un delito aislado para convertirse en una forma de gobierno de facto.

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Esa realidad no solo vacía locales y ahuyenta visitantes, también rompe la confianza de una comunidad que siente que obedecer la ley ya no basta para sobrevivir.

Por qué los operativos no son suficientes para frenar al crimen

Perseguir a los ejecutores es sin duda necesario, pero insuficiente. Mientras las redes que financian, coordinan y reemplazan a sus operadores permanezcan intactas, cada captura será apenas un relevo en la cadena del delito.

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La respuesta exige inteligencia, investigación patrimonial y una acción sostenida entre la Policía Nacional, la Fiscalía General del Estado y el sistema de justicia que desmantelen ese financiamiento criminal, no solo intervenciones esporádicas.

La confianza ciudadana, otra víctima de la inseguridad

La soberanía no se mide por la presencia de uniformes, sino por la capacidad de garantizar que la ley sea la única autoridad que cobre, decida y proteja. Recuperar General Villamil Playas de las extorsiones y la violencia ya no admite más aplazamientos.

Que un ciudadano ecuatoriano deba pasar la noche en la acera para conseguir un turno, e incluso pagar a un tercero para que le guarde el puesto porque de otro modo es imposible acceder a él, no es un simple inconveniente administrativo: es la evidencia de un Estado que fracasó en su función más básica, atender a quien cumple con la ley.

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Renovar la licencia en la ANT: un trámite que obliga a dormir en la calle

Desde el 20 de julio, la Agencia Nacional de Tránsito impuso un nuevo esquema para renovar licencias que convirtió un trámite ordinario en una prueba de resistencia. Familias enteras duermen en parques y exteriores de las agencias, exponiendo a menores y adultos mayores al frío y la inseguridad, sin garantía de ser atendidas.

Al mismo tiempo, proliferan tramitadores que cobran hasta medio centenar de dólares por un cupo que debería asignarse de forma gratuita y ordenada. La ANT respondió pidiendo a la ciudadanía que “no madrugue”, como si el problema fuera la impaciencia del usuario y no el colapso de su propio sistema.

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Esto no es un problema menor de gestión: es maltrato institucional. El Estado traslada al ciudadano el costo físico, económico y de seguridad de su incompetencia. Si la ANT no puede garantizar dignidad mínima en un trámite básico, no tiene autoridad moral para seguir administrándolo sin rendir cuentas.

Antes del combate contra el crimen, antes de cualquier cálculo político y por encima de toda conveniencia, está la ley. El Estado de derecho no admite excepciones ni privilegios, porque precisamente en su cumplimiento descansa la democracia. Cuando autoridades o ciudadanos creen que el fin justifica los medios, el camino hacia la arbitrariedad queda abierto.

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Los riesgos de justificar acciones fuera del debido proceso

Las declaraciones imprudentes de ministros de Estado, en medio de procesos judiciales que involucran a autoridades locales y casos de alto impacto, evidencian un peligroso desprecio por la independencia de la justicia. Ningún funcionario tiene derecho a anticipar culpabilidades, presionar decisiones o utilizar el poder público para influir en causas sometidas al debido proceso.

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La independencia judicial no puede ser vulnerada

La Constitución impone límites claros a quienes gobiernan. Nadie puede actuar fuera de la ley, ni destinar recursos públicos para fines distintos de los permitidos, ni pretender que la voluntad política sustituya a las normas. Tampoco puede procesarse a una persona por hechos que la ley no tipifica como delito o aplicar una ley en forma retroactiva.

Combatir la delincuencia y la corrupción es una obligación del Estado, pero hacerlo desconociendo las garantías legales destruyen la legitimidad de esa lucha.

Osvaldo Hurtado llamó “criptodictador” a Daniel Noboa, éste respondió insultando, diciendo que sacan “el cadáver en formol”. La bancada oficialista salió en tromba, los antinoboistas celebraron y el país, una vez más, se acomodó a ver el espectáculo de dos bandos encontrados y que se necesitan. 

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Conviene detenerse en la pelea misma, porque ahí, y no en lo que se dijo en la semana, está el problema ecuatoriano de fondo. Desde hace más de quince años la política nacional se ordena alrededor de un solo eje, eres correísta o anticorreísta, economía, seguridad, salud, educación, y hasta la misma calidad de la democracia se observan bajo ese prisma. 

Un candidato se califica por sus servicios a uno u otro bando. Un proyecto de ley no se juzga por lo que dice, sino por quién lo impulsa. Y una denuncia que afecte a Carondelet, por grave que sea, se archiva porque es de origen correísta.

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El episodio Hurtado retrató el dilema, y lo hizo desde el lugar preciso. Porque Hurtado no es un correísta reconvertido. Fue de los críticos más tempranos y constantes del correísmo, y su acusación contra Noboa se apoya precisamente en esa línea. Cuando dice que el presidente se está convirtiendo en un “segundo Correa”, no está cambiando de bando, está usando al correísmo como la medida misma de lo que denuncia. 

Su reproche es que Noboa hace hoy lo que él le censuró ayer a Correa: concentración de poder, presiones sobre la justicia y exclusión de rivales de la contienda electoral. Son cargos que, en cualquier democracia sana, obligarían a un debate institucional serio, con pruebas sobre la mesa y observadores formados. 

Pero dije sana y aquí, en cambio, la discusión se evaporó en cuarenta y ocho horas hacia lo de siempre. Si Hurtado es o no “correísta encubierto”, si Noboa insultó bien o mal, quién se tomó las redes sociales, etc. De fondo, el dilema ¿hay o no democracia? Quedó postergado.

Ese es el precio que ahora estamos pagando, ya que cualquier alarma democrática es banalizada. Si el que denuncia es leído como enemigo la denuncia no existe, se neutraliza. El que la lanzó sabe que una parte del país lo apoyará y el resto defenderá al otro. Así, el anticorreísmo aspira a convertirse en un cheque en blanco emocional con lealtad incluida. Y el correísmo, por su parte, cree prosperar cada vez que puede presentarse como víctima en lugar de responder por su historia.

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Pero, aquí viene lo interesante, nos hacen creer que solo hay dos posturas y que rechazar una equivale a abrazar la otra. El que cuestiona al Gobierno actual es correista y quien recuerda los errores del correísmo es acusado de oficialista. 

Lo obvio, que es lo menos común, es que se pueda rechazar a los dos, que la defensa de las instituciones no tiene dueño y que un demócrata no está obligado a pegar su criterio a ninguna de las dos carpetas. Esta es la tercera vía y el propio Hurtado lo ilustra, se puede haber combatido al correísmo y, con la misma independencia, cuestionar a quien llegó prometiendo ser su antídoto.

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Ciertamente, que salir de esta trampa es la posición más complicada. Obliga a evaluar cada mensaje político por su apego a la Constitución y no por el color del mensajero. Es lo único que le devuelve sentido a la ciudadanía. Ecuador no necesita otro ungido que prometa salvarnos del anterior. Siempre termina igual, cambia el rostro en Carondelet permaneciendo intacta la lógica de que las instituciones son botín del vencedor y hacia ellas va. 

Lo que hace falta no es un tercer nombre para aplaudir. La tercera vía somos todos exigiendo y trabajando por instituciones fuertes, porque no confiamos plenamente en nadie que las ocupe.

La próxima vez que estalle una polémica como la de esta semana, la pregunta útil no es a qué bando pertenece el que habla, es si lo que dice resiste un análisis. Un país que aprenda a hacerse esa pregunta y a sostenerla, incluso cuando la respuesta incomode a los suyos, habrá empezado por fin a salir de la trampa. De lo contrario seguiremos discutiendo sobre el mensajero y no sobre el mensaje, en el mismo círculo vicioso de siempre.

Lo común es que la criptodictadura se justifique a sí misma a las patadas. Su principal argumento es la falacia de la descalificación ‘ad hominem’: ¿protodictador me has dicho? ¡Cadáver formolizado! ¡Soberbio! ¡Regionalista! ¡Sucretizador! En un país cuya patológica mezquindad ha vuelto impracticable el arte de la conversación, que exige la generosidad de prestar oídos y la disposición a reconocer en el otro el derecho a la discrepancia; en un país incapaz de rendir admiración a quien la merece y reconocer el lugar que ocupan las grandes figuras de nuestra sociedad y nuestra historia (lejos de nosotros, cicateros beligerantes, la capacidad de reconocer a nadie nada), la falacia de la argumentación ‘ad hominem’ es probablemente el mayor obstáculo de la convivencia. Preocupante, porque la política se trata precisamente de eso: de la convivencia. Y la convivencia reside en la capacidad de conversar. Los ecuatorianos somos irreductibles al arte de la conversación. Por eso se ha vuelto común que los debates políticos terminen fácilmente en retos para encontrarse en tal o cual esquina y zanjar cualquier diferencia a puños. Parecería que tras cada asambleísta y cada influencer hay un estúpido gorila agazapado. La escala de valores imperante es la de los trogloditas.

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Con un ápice más de sofisticación, ciertos ‘cheerleaders’ de la criptodictadura al menos han renunciado a la falacia de la descalificación ‘ad hominem’ y se han molestado por encontrar un pretexto medianamente racional para justificarla. El más socorrido de esos pretextos es el de la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado: supone que el fenómeno de la narcopolítica, con sus secuelas de violencia, muerte y corrupción es de tal magnitud que justifica la arrogación de poderes especiales por parte del caudillo autoritario y, se supone, aunque nunca llegan a admitirlo con todas sus letras, excusa la violación de ciertas leyes y preceptos constitucionales.

Mientras, la narcopolítica sigue incólume

Semejante argumento exige un análisis más detallado. ¿Los principios de legalidad entran en suspenso en tiempos de guerra? Puede ser. Pero, ¿indiscriminadamente? Vamos a ver: para ganar la guerra contra el crimen organizado, ¿es necesario imponer, violando todos los procedimientos y haciendo tabla rasa de los requisitos legales, un fiscal de bolsillo dedicado a tiempo completo a la persecución de los enemigos políticos? ¿Es necesario utilizar los organismos de control y métodos aún peores, como la amenaza y el amedrentamiento, para cercar al periodismo que no se deja controlar por el poder? ¿Es necesario financiar con plata pública un aparato de producción de desinformación y propaganda? ¿Es necesario encubrir un asesinato disfrazándolo de suicidio? ¿Es necesario dar un golpe de Estado en el Consejo de la Judicatura para tener el control, vía coacción administrativa y disciplinaria de todos los jueces de la República? ¿Es así como se gana la guerra contra el crimen organizado? ¿Impidiendo la participación de partidos de oposición en las elecciones? Se dirán que esos partidos son los aliados de la narcopolítica. Pero entonces, ¿por qué tienen que inventarse pretextos y violar leyes para sacarlos del camino, en lugar de atacarlos por lo que son, con la ley en la mano?

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Y bueno, ahí están los resultados: la narcopolítica sigue ahí, incólume. Y nada la fortalece más que haberla convertido, también a ella, en una falacia de la política.

El viernes pasado, la Asamblea archivaba el proceso contra Inés Manzano por el contrato fallido con Austral Technical Management (ATM). En su intervención, la asambleísta María Paula Villacreses sostuvo que el juicio contra la exministra había sido mal planteado (quizá no se equivoca), pero fue más allá diciendo que “el hecho de que una ministra tenga o no tenga juicio político, sea censurada o no sea censurada no le va a devolver la plata al país”. Esa postura es inaceptable.

Lo que la asambleísta Villacreses dijo, más que una pobre defensa de Manzano, fue un ataque contra la función misma que ella debería desempeñar como fiscalizadora. Es obvio que un proceso de control político no resultará, al menos de forma directa, en recuperar valor económico alguno. El sentido detrás de censurar a un ministro es otro.

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Lo que persigue el control político

Primero, el control político, en una democracia republicana, como nominalmente es la nuestra, busca que el Legislativo ejerza de contrapeso para al Ejecutivo, cosa que, por supuesto, no les interesará a las mayorías oficialistas de este país todavía lleno de señoritos y capataces. Segundo, es una forma de advertirles a futuros funcionarios que incidir en cierto comportamiento, como el no intervenir oportunamente para evitar un afectación al Estado, acarreará un castigo político y social.

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Dejando de lado el error conceptual, preocupa aún más la inconsistencia del oficialismo tanto en la fiscalización –que la ejercen con ahínco contra alcaldes, a pesar de no estar facultados para hacerlo– como en los casos Progen y ATM. En eso último llama la atención que sostengan que los ministros nada tienen que ver con las actuaciones de Celec, habiendo sido ellos mismos sus principales contradictores: Roberto Luque visitó a posibles proveedores, mientras que Manzano habló en múltiples ocasiones como si ella hubiera comandado la EP.

En una entrevista del 25 de octubre de 2024, declaró que dispuso revertir una prórroga concedida a uno de los contratistas. Luego, el 8 de noviembre, habló en primera persona: “nosotros tenemos que comenzar un proceso posiblemente de terminación unilateral del contrato”. ¿No es eso asumir responsabilidad?

Cada 10 de Agosto, Ecuador se pone de pie, canta el himno y celebra su independencia.

Y hay que decirlo con respeto: los criollos quiteños de 1809 fueron valientes. Se jugaron la vida contra el poder colonial, y varios de ellos la perdieron, fusilados en 1810. Eso no se discute. Lo que sí merece discutirse es si ese día, técnicamente, nos independizó de algo, porque la Junta de 1809 juró lealtad al mismo rey al que decía enfrentar. Fue una rebeldía con corbata, no una ruptura.

Podría decir que la independencia eficaz fue el 9 de Octubre de 1820, cuando Guayaquil rompió con España. Esa ruptura se sostuvo en el tiempo y fue el primer paso para liberar al país entero.

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La propuesta para consolidar el Día del Ecuador

Pero ya sé lo que están pensando: suena muy Guayaquil. Y a más de un historiador le levantaría la ceja.

La ruptura absoluta con España en territorio quiteño llegó en octubre de 1811, con la Segunda Junta: Carlos Montúfar al mando, y su padre Juan Pío, el mismo que en 1809 -oh, sorpresa- renunció justo a tiempo para salvarse mientras otros morían fusilados.

Esa Junta incluso se dio su propia Constitución en 1812. También cayó, y también la olvidamos, sepultada bajo el peso simbólico del 10 de Agosto.

Honrar a los patriotas de 1809 no exige fingir que esa fecha nos hizo libres.

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Por eso hay una propuesta en la Asamblea que merece más atención: declarar el 11 de septiembre, fecha de la primera Constitución en Riobamba, 1830, como el “Día del Ecuador”.

No borra el 10 de Agosto; lo completa.

Es la fecha que ninguna región puede reclamar como propia, porque ahí nació el país entero, con nombre, frontera y bandera.

Quizás sea hora de dejar de discutir independencias dispersas, para hablar, por fin, de un día nacional que ayude a cimentar las raíces de la identidad.

Mañana en la tarde será posesionado Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia. Que eso sea o no una buena noticia dependerá de lo que él haga -o deje de hacer- en los tres meses venideros. En esos, quien se autodenomina ‘El Tigre’ podrá demostrar si es un marginal (’outsider’) del sistema, que mejorará a su país, o un farsante más.

Tres meses es el plazo que él mismo se fijó. Sus ofertas son espectaculares y apuntan a resolver problemas graves. Esta es la principal: recuperar el control de zonas de conflicto, o sea, de territorios que maneja el crimen organizado, sobre todo 330.000 h con sembríos de coca. Para que usted se haga una idea: esa es la superficie de nuestra provincia del Tungurahua… “Hay que fumigar la fuente primigenia de todas las formas de violencia”, dijo ‘El Tigre’, en alusión a esos sembríos. Obviamente no lo va a lograr, no en ese tiempo, pero será un buen modo de medir si es un ejecutante pragmático, decidido. O no.

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Promesas por cumplir y dudas por despejar

Hay otras promesas: iniciar la construcción de 10 megacárceles, para replicar el Modelo Bukele; ejecutar, esto sí en 90 días, un “Plan de Choque para capturar o dar de baja a los 10 cabecillas importantes del narcoterrorismo”; y lanzar otro plan de choque para atender las deficiencias en salud… Parece demasiado, pero todo líder que gana una elección democrática -la suya fue brillante y meteórica pues la levantó en apenas tres meses- merece que el respetable le eche un puñado de suertes. Eso incluye a sus vecinos del sur, que veremos bien que Colombia venza el estigma que ahora empieza a calzarnos: país de narcos…

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Dejo sentada mis dudas, sin embargo, porque de dudar vivo. Y es que alguien que defendió a mafiosos cuando ejerció de abogado; que se cree “defensor de la patria” cuando no ha hecho (aún) nada por ella; que de niño amarraba gatos a petardos voladores para verlos estallar; y que dijo que Dios era responsable “por acción u omisión de todo lo malo que ha pasado en este mundo” pero hoy llena de curuchupas su gabinete, no me da buena espina. Y por eso, quizás Colombia lo único que ha hecho es soltar un tigre en su sabana. Sin estar preparada para ello.

Decía la siempre genial Mafalda (el ‘alter ego’ del gran Joaquín Lavado, más conocido como Quino) que “siempre: lo urgente no deja tiempo para lo importante”. No solo que la frase es una de las críticas más profundas sobre la vida contemporánea, sino que, también, se convierte en una metáfora social y política sobre las decisiones (o la ausencia de ellas) que se toman en los países latinoamericanos, particularmente en el nuestro.

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Hay, al menos, tres causas que lo explicaría y que se aplica tanto para el gobierno central como para los gobiernos seccionales: la primera, la ausencia de planificación y de políticas que se sostengan a largo plazo, más allá de las coyunturas político-partidistas y la obsesión de refundar el país cada cuatro años luego de cada elección. La segunda, el vivir en una crisis permanente que obliga a apagar incendios económicos y sociales día a día. De alguna manera esto responde a la visión perversa de mantener situaciones de demandas con la finalidad de dar respuesta a lo coyuntural en lugar de lo estructural, descuidando aspectos que son fundamentales, aunque se los considere no prioritarios. Y la tercera, el ser reactivos antes que preventivos, lo que se vincula, nuevamente, con la ausencia de planificación y de una visión limitada sobre el país y las ciudades.

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El eterno problema de gestión en Ecuador

Para dar algunos ejemplos. Entre los cuestionamientos que se hacía a la edificación del nuevo Museo Nacional del Ecuador estaba la de quienes argumentaban que no se trataba de una obra prioritaria para el país, ya que hay enormes carencias que conocemos en los hospitales públicos o la limitada inversión en obra pública. En este caso, la preservación de la memoria y la protección del rico patrimonio nacional debería pasar a un segundo plano, hasta que, algún día, se resuelvan los grandes problemas nacionales. Lo mismo ocurre con las ciudades, cuando se siguen ofreciendo soluciones puntuales sobre carencia de servicios y nadie habla de una visión de ciudad en el tiempo. Es así como desplazamos a lo importante para priorizar (¿resolver?) lo urgente.

Para el Gobierno ecuatoriano, puede resultar más caro endeudarse dentro del país que en los mercados internacionales. Hace pocos años esta afirmación habría parecido absurda. Sin embargo, eso es exactamente lo que muestran las cifras. La fuerte reducción del riesgo país desde abril 2025 ha cambiado el panorama financiero del Ecuador y ha generado una situación que no tiene precedentes.

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La evidencia aparece al observar la curva de rendimiento, el gráfico que muestra la rentabilidad que exigen los inversionistas para comprar bonos de un emisor a distintos plazos de vencimiento. Utilizando información de transacciones de la Bolsa de Valores de Quito (BVQ) para la deuda interna y de BondbloX para la deuda externa, se observa un hecho llamativo: los inversionistas locales están exigiendo rendimientos superiores a los que piden los inversionistas internacionales por bonos con similares fechas de vencimiento.

Un ejemplo ilustra la magnitud del fenómeno. El bono soberano ecuatoriano con vencimiento en 2030 se negociaba el 30 de julio con un rendimiento cercano al 6,9% en los mercados internacionales. Mientras tanto, bonos domésticos de plazos similares ofrecían rentabilidades, en promedio, de alrededor del 9%. En otras palabras, quien quiera asumir "riesgo Ecuador" obtiene hoy una mayor rentabilidad comprando deuda emitida en el mercado local que adquiriendo bonos soberanos negociados en el exterior.

La paradoja es todavía más interesante si se considera la historia crediticia del país. La deuda pública interna nunca ha entrado en moratoria, mientras que la deuda externa ha registrado nueve episodios de incumplimiento desde 1830, según Federico Sturzenegger, un economista argentino que dirigió el banco central de ese país y actualmente encabeza el Ministerio de Desregulación del presidente Xavier Milei. Aun así, el mercado local exige una tasa de rentabilidad superior.

¿Por qué la deuda interna paga más que la externa?

Cabe entonces preguntarse por qué los grandes inversionistas internacionales no están comprando deuda ecuatoriana en el mercado doméstico para aprovechar ese diferencial. La respuesta no está en la rentabilidad, sino en el funcionamiento del mercado.

Los inversionistas institucionales internacionales administran miles de millones de dólares y necesitan mercados líquidos y profundos. La liquidez significa poder comprar o vender un activo de forma rápida sin provocar cambios importantes en su precio. La profundidad implica que el mercado pueda absorber operaciones de gran tamaño sin generar fuertes movimientos en las cotizaciones. En Ecuador, el mercado doméstico está lejos de ofrecer esas condiciones.

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En junio pasado, por ejemplo, se negociaron aproximadamente 120 millones de dólares en bonos de deuda pública en la BVQ, distribuidos en 651 transacciones (en promedio, 184.000 dólares por transacción). Para un administrador de un fondo mutuo o de un fondo de cobertura internacional, este valor es prácticamente insignificante. Si bien la rentabilidad es atractiva, la dificultad para comprar y especialmente vender un bono local no lo compensa.

La caída del riesgo país abre una oportunidad

La reducción del riesgo país representa una oportunidad extraordinaria para el Ecuador. Pero aprovecharla plenamente requiere algo más que estabilidad macroeconómica. También exige desarrollar un mercado de capitales más profundo, más líquido y con mayor participación de inversionistas institucionales.

Las políticas que impulsan la libertad económica han sido las más efectivas para reducir la pobreza. Esto es un hecho, fácilmente verificable. Es también un modelo replicable que, más allá de las circunstancias, produce los mismos resultados: Gran Bretaña, Países Bajos, Bélgica o Francia; Estados Unidos, India o Turquía; Uruguay o Chile; Alemania, Japón o Corea del Sur; Ruanda, Vietnam, Portugal o Irlanda. Ganadores y perdedores en distintos momentos de la historia, hoy disfrutan de altos niveles de prosperidad.

Entra en este mismo saco China, que pasó de ver morir a sesenta millones de personas por hambre por las políticas de Mao a un renacer que ha sacado a ochocientos millones de la pobreza, en pocas décadas, gracias al viraje hacia la apertura y apuesta por lo privado que hizo Deng Xiaoping desde los años ochenta. La historia de éxito de China siempre ha estado relacionada con el comercio y ese éxito sólo se vio interrumpido por el experimento del comunismo; hoy, como sostiene Díaz Marro, es el país con políticas más capitalistas del mundo. Y, sin embargo, pese a la evidencia, las ideas socialistas siguen encontrando acogida en nuevas generaciones que las miran como una alternativa viable.

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El deber ético de defender las políticas de libertad

El problema es que esos nuevos receptores de la izquierda reciben un solo mensaje: que la situación individual de carencias o fracasos está anclada y condicionada por un sistema cruel, egoísta y que beneficia a unos pocos. Y el mensaje se riega y amplifica porque del otro lado casi nadie se toma el trabajo de hablar con la verdad. Los líderes políticos de derecha, con excepción de Milei, Meloni y un par más, tienen terror a sostener públicamente sus creencias, cuando lo que la derecha necesita, antes que nada, es una inyección de coraje para defender sus ideales, al igual que paciencia, porque transformar acciones en políticas de Estado toma tiempo. Pero, sobre todo, tiene que entrar en el terreno en cada confrontación pedagógica.

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Debe hacerlo, no por estrategia electoral, sino porque es una obligación ética impulsar las decisiones desde el poder público que generan bienestar y esperanza para todos.

Entre los catorce y los veintiún años dediqué mis sábados a trabajar como voluntaria en un orfanato de Guayaquil. Cuando mi familia vivió en Quito, colaboré en otro dirigido por religiosas alemanas. Allí conocí las carencias materiales, pero sobre todo afectivas, de crecer sin una familia. Aprendí además que no todos son huérfanos ni pueden ser adoptados. Muchos tienen familias que no logran cuidarlos, pero su situación jurídica aún no permite iniciar un proceso de adopción.

Según el Ministerio de Desarrollo Humano, en junio de 2025 había 1.953 niños y adolescentes en acogimiento institucional. Solo 22 ingresaron por orfandad; 947 por negligencia. Cerca del 20 % llevaba cinco años o más institucionalizado.

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Reforma de adopciones en Ecuador: ¿Qué cambios aprobó la Asamblea Nacional?

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El informe legislativo indica que 129 niños y adolescentes declarados adoptables esperaban asignación; el 90 % tenía más de diez años, mientras las 72 familias solicitantes buscaban niños de hasta esa edad. No sabemos cuántos crecieron mientras el Estado resolvía su situación. Sí sabemos que, superados los diez años, sus posibilidades de encontrar una familia disminuyen drásticamente. En 2025, apenas 90 fueron adoptados.

Menos burocracia, más protección

Por eso importa el proyecto aprobado por la Asamblea el 28 de julio, aún pendiente del Ejecutivo. Uno de sus aciertos es que el juez que dictó la medida de protección resuelva también la adoptabilidad. Esto evita dos procesos ante jueces distintos, la repetición de diligencias y la reconstrucción de una historia ya conocida. Además, fija plazos y sanciona demoras injustificadas.

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¿Se vienen cambios en la licencia de maternidad en Ecuador? Asamblea debate sobre este asunto

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Agilizar no significa adoptar a cualquier costo. El interés superior exige celeridad y protección. Para ello, el proyecto sí contempla la capacidad del cuidador, la inexistencia de violencia o riesgos y un entorno seguro. Estas garantías solo serán efectivas con equipos especializados, recursos suficientes y seguimiento posterior.

La reforma es necesaria, aunque no bastará por sí sola para encontrar familias para niños mayores, grupos de hermanos o niños con discapacidad. Su éxito no debe medirse solo por la rapidez de los expedientes, sino también por la oportunidad, el rigor y la seguridad de las decisiones que restituyan el derecho a vivir en familia.

¡Qué te sucede, ciudad querida de mi corazón! Otrora forjadora de ilusiones y símbolo de progreso, hoy te doblegas ante la violencia y la corrupción que asfixian tus calles y entristecen a tus hijos. Donde antes resonaban risas y conversaciones, hoy imperan el miedo y la soledad.

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No te rindas, Guayaquil del río y el estero. Ábrete como un capullo en flor y da paso a la esperanza, porque mientras el alma y la acción se unan a la razón, nada estará perdido. ¡Despierta, Guayaquil! Que tus hijos vivan para construir y no para delinquir; que la verdad prevalezca sobre la mentira y que la justicia sea el camino.

La violencia y la corrupción golpean a la ciudad

¿Por qué cambiaste, faro de libertad? Quienes te amamos sentimos el dolor de verte herida, pero también la convicción de que puedes renacer. Junto al Guayas sigues siendo hermosa, valiente y generosa, tierra de trabajo, progreso y corazón abierto para todos.

Guayaquil

"Detrás de cada decisión judicial hay familias": Tatiana Coronel habla de Aquiles Álvarez

Juan Ponce Merchán

Tus hijos tenemos el deber de honrarte con amor, respeto y civismo; de unirnos para desterrar el vandalismo y el terrorismo, educando a las nuevas generaciones en valores y esperanza. Hagamos viral lo positivo y sembremos confianza en el futuro.

No quiero verte sufrir ni llorar, mi querida Guayaquil. Que Dios bendiga a nuestra ciudad y fortalezca a su gente para devolverle la paz, la dignidad y el esplendor que siempre la han distinguido.

Myrna Jurado de Cobo

El Dr. Gabriel García Moreno, conservador, estadista, abogado, político, periodista, escritor, militar y poeta, nació en Guayaquil el 24 de diciembre de 1821. Católico convencido, defendió la religión y exigía que sus colaboradores compartieran esa fe. Esta postura fue una de las causas del descontento político que culminó con su asesinato el 6 de agosto de 1875. Fue sepultado con honores de jefe de Estado y uniforme de general. Gobernó el Ecuador en dos períodos: 1861-1865 y 1869-1875.

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El rechazo de parte de la ciudadanía también se originó porque se consideraba que el presidente podía ser reelegido indefinidamente y designaba de forma interina a las principales autoridades públicas. En 2026 recordamos los 151 años de su muerte, ocurrida tras el ataque a machetazos perpetrado por el colombiano Faustino Rayo en los bajos del Palacio Presidencial de Quito.

Las causas que llevaron al asesinato de García Moreno

Según una entrevista realizada el 20 de abril de 1958 por Eduardo Pérez Moscoso al hijo de Faustino Rayo, quien se hallaba anciano, ciego y sordo en un hospicio de Quito, este manifestó que no podía dar fe de los hechos porque era apenas un bebé cuando ocurrió el magnicidio. Sin embargo, sostuvo que su padre había dado muerte a un gran hombre que impulsó importantes obras en educación, salud y vialidad.

García Moreno no pudo concluir sus 54 años de vida ni ejercer el tercer mandato para el que había sido elegido. El magnicidio respondió al descontento de sectores políticos, especialmente de jóvenes liberales que se oponían a su gobierno. Posteriormente surgieron fuertes enfrentamientos ideológicos y literarios. Juan Montalvo fue criticado por su frase “mi pluma lo mató”, pronunciada en un contexto de restricciones a la libertad de prensa. También José Joaquín de Olmedo defendió la opinión pública y la libertad de imprenta como pilares de la libertad.

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Claudia Pazán

La Constitución de 1869, conocida como la Carta Negra, fue comparada con la Carta de la Esclavitud de 1843, promulgada durante el gobierno de Juan José Flores. Más tarde, Benjamín Carrión calificó a García Moreno como “el santo del patíbulo”. Hoy, frente a la corrupción y la violencia que afectan al país, vale reflexionar sobre la necesidad de fortalecer el Estado de derecho y el cumplimiento de la ley.

José Arrobo Reyes

El mismo éxito de este sistema político en el espacio y tiempo muestra la necesidad de afinarlo, perfeccionarlo, adaptándolo a las distintas situaciones de los pueblos.

Así, la victoria por la mínima de un candidato colombiano sobre otro mejoraría, para consolidar al vencedor, el exigir, para gobernar, una segunda vuelta, en la que el vencedor debiera conseguir, por ejemplo, un 5 % más de votos.

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Cuando una victoria ajustada debilita al gobierno

Aún más frágil y contestable, debilitando de entrada su gobierno, ha sido la victoria en Perú de Keiko Fujimori por un estrechísimo margen, debido además a emigrados ya de varios lustros.

Aquí, adicionalmente, habría que estudiar la limitación del derecho al voto -excepto en caso de dictaduras- a emigrados de, por ejemplo, menos de diez años, pues los demás conocen en general menos la situación real de su país

M. Sagrera Capdevila

Muchas veces creemos que la economía no está presente en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, incluso en acciones tan simples como comprar en una tienda utilizamos conceptos económicos, aunque no siempre de forma correcta. Un ejemplo es el uso indistinto de tres palabras que en economía tienen significados diferentes: costo, precio y valor.

Economía y negocios

Celec avanza en obras de transmisión y mantenimiento de hidroeléctricas en Tungurahua

Vanessa López

Cuando preguntamos: “¿cuánto cuesta esto?”, en realidad queremos conocer el precio, es decir, la cantidad de dinero que debemos pagar por un bien. El costo, en cambio, corresponde a todos los recursos que la empresa empleó para producirlo, como materias primas, mano de obra, transporte y almacenamiento, sin incluir la ganancia. Por ello, el costo es información del productor, mientras que el consumidor paga el precio.

El valor: una percepción que cambia según cada persona

El valor es el concepto más subjetivo, pues no depende de cifras ni del mercado, sino de la utilidad o satisfacción que un bien representa para cada persona. Un mismo producto puede tener el mismo precio para dos consumidores, pero un valor distinto. Por ejemplo, una estampa del Mundial vale mucho más cuando es la última necesaria para completar el álbum que cuando apenas se empieza a llenarlo. Del mismo modo, una botella de agua tiene un valor muy diferente para alguien en su casa que para quien lleva horas caminando en el desierto.

Economía y negocios

Bancos privados garantizarán el servicio a sus clientes durante el feriado del 10 de agosto

Vanessa López

Ejemplos cotidianos para entender costo, precio y valor

Estos ejemplos muestran que el valor no está en el objeto, sino en las necesidades y circunstancias de quien lo consume. No se determina con una etiqueta ni sumando costos, sino por la importancia que cada persona le asigna.

En conclusión, cuando compramos un producto intervienen tres conceptos: pagamos un precio, calculado a partir del costo de producción y el margen de ganancia del vendedor, para obtener un bien cuyo valor depende únicamente de nosotros. Comprender esta diferencia permite entender mejor nuestras decisiones de consumo y por qué algo puede parecer caro para unos y barato para otros.

Jorge Andrés Calderón

El Ecuador desea vivir en democracia, en libertad; ese fue el pronunciamiento popular en las dos últimas elecciones presidenciales, que en segunda vuelta votó contra la posibilidad de que regrese al poder el autoritarismo del correísmo y su ambición de perpetuarse en el poder. Por eso buscaban descalificar a quienes no pertenecían al grupo gobernante.

Política

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Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

Actuar como un régimen apegado a Derecho

Esa decisión del pueblo ecuatoriano obligaba a los dos últimos gobiernos elegidos con esa tendencia, priorizar fortalecer una democracia que impida el retorno de una tendencia populista y autoritaria. Ese mandato ciudadano impone al actual gobierno realizar acciones que estabilicen la democracia y aquello solo es posible con instituciones del Estado respetadas celosamente en sus atribuciones legales: 1.- Sólida división de poderes. 2.- Un Poder Legislativo que cumpla sus funciones atribuidas legalmente, sin permitirle que se convierta en desestabilizador de la democracia; el Gobierno como colegislador puede frenar esos excesos. 3) Una Función Judicial imparcial, independiente, no manipulable ni mucho menos utilizada para perseguir adversarios, 4.- Organismos de control libres de presiones políticas que cuiden la legalidad y buen uso de bienes y recursos públicos, 5.- Organismos electorales que garanticen la libre participación política de los ciudadanos, 6.- Transparencia y Rendición de cuentas. En síntesis, actuar como un régimen apegado a Derecho, sin excluir que se coordinen acciones cuando el interés nacional lo demande.

Opinión

“Nos dio diciendo”

Mauricio Gándara Gallegos

El actual gobierno ha tenido una reacción equivocada e intolerante ante las últimas declaraciones del expresidente Osvaldo Hurtado, reclamando el respeto a las reglas de una democracia. Esa crítica, hecha democráticamente, con la cual se puede coincidir total o parcialmente, o estar en desacuerdo, debió ser tomada para corregir actitudes que perjudican al propio gobierno. El presidente, si estaba en desacuerdo con esas opiniones hechas por un indiscutido líder político, debía rebatirlas con sus argumentos. Eso no ha sucedido, más bien se inició una campaña para descalificar al exgobernante con acusaciones atropelladas e infundadas.

Freedom House, el organismo que mide la calidad democrática de 195 países, califica a Ecuador como “Parcialmente Libre”, con 64 sobre 100 puntos. Preocupa, y viene cayendo. Pero está a años luz de las dictaduras reales de la región: Venezuela ronda los 14 puntos, Nicaragua los 9, Cuba los 12. Ahí sí hay presos políticos, medios cerrados y elecciones sin oposición real. Ecuador no está en esa liga, y llamar “criptodictadura” al gobierno de Daniel Noboa, como hizo Osvaldo Hurtado, borra una distinción que debería ser innegociable.

Los datos duros respaldan el punto. En abril, Noboa fue reelegido con el 56 % de los votos en una elección competitiva, con oposición organizada y resultados que nadie disputó en serio. La Asamblea sigue teniendo bancadas rivales que fiscalizan, atacan e insultan al Ejecutivo en medios con alcance nacional, como pasó esta misma semana. Y el propio Hurtado, expresidente y crítico frontal, dijo lo que dijo en televisión abierta sin que le pasara absolutamente nada más allá del debate político y la molestia de algunos asambleístas. Bajo una dictadura de verdad, nada de eso ocurre.

Política

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Richard Josue Jimenez Mora

Ecuador tiene una democracia defectuosa 

Dicho esto, ningún puntaje es intocable y ninguna democracia está libre de roces. El problema es tratar el roce como si fuera colapso institucional. El Índice de Democracia de The Economist va en la misma línea y ubica a Ecuador entre las “democracias defectuosas”, una categoría creada justamente para separar países con fallas de aquellos donde la democracia dejó de existir. Meter a Ecuador en la segunda canasta, sin las cifras que lo respalden, no fortalece el argumento de Hurtado: lo debilita, y le resta filo a la próxima advertencia que sí sea necesaria.

Política

La precampaña es una zona gris que nadie puede controlar

Redacción Expreso

Ecuador no vive bajo una dictadura. Vive bajo una democracia con defectos serios que, sin embargo, se sigue defendiendo sola, cada día, con cada crítica que se publica sin que nadie termine preso por decirla. Confundir ambas cosas no protege la democracia ecuatoriana: la abarata.

En su primer Mensaje a la Nación, la flamante presidente del Perú, Keiko Fujimori, pronunció un discurso que apuntala el orden y disciplina como eje fundamental de su gestión de gobierno.

Después de una década marcada por una frenética sucesión de ocho presidentes, enfrentamientos entre poderes, corrupción, improvisación e ingobernabilidad, la nueva mandataria ofreció método, disciplina, trabajo y una ruta clara. El Perú necesita un gobierno capaz de administrar, ejecutar y devolver estabilidad a sus instituciones.

Política

Keiko Fujimori sorprendió con un reconocimiento a Jamil Mahuad: ¿qué dijo?

Edison Andrés García Yépez

De la polarización a la estabilidad

Keiko llega al poder con una legitimidad frágil. Ganó con el 50,135 % de los votos, apenas 49.641 sufragios por encima de Roberto Sánchez. El resultado nos muestra un país divido. Por eso fue acertado que su mensaje tuviera un tono conciliador y evitara la arrogancia del vencedor. Su compromiso de gobernar cinco años, “ni un día más”, buscó disipar los fantasmas autoritarios asociados al apellido Fujimori y reafirmar su respeto por la alternancia democrática.

La orientación política de su gobierno parece definida por tres grandes ejes. Recuperación del orden, modernización del Estado y promoción de la inversión privada. La lucha contra la delincuencia, el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal ocupará un lugar central. No puede haber libertad económica donde los emprendedores pagan vacunas, los transportistas son amenazados y vastos territorios permanecen bajo el dominio de organizaciones criminales.

Internacional

Keiko Fujimori es reconocida como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía de Perú

Agencia EFE

En materia económica, el discurso combinó señales liberales con promesas sociales. Fujimori anunció la eliminación de regulaciones innecesarias, la digitalización de trámites y la disminución de cargas burocráticas. Propuso acelerar la inversión pública y privada en carreteras, puertos, aeropuertos, energía, agua y riego. El Perú crecerá si recupera la confianza, destraba sus proyectos mineros, protege la propiedad privada y permite que el capital vuelva a producir empleo.

Un desafío para la derecha ante la izquierda caduca

Sin embargo, existen señales que deberán vigilarse. El aumento del salario mínimo a 1.300 soles, el bono compensatorio para las pequeñas empresas, entre otros, pueden responder a necesidades legítimas, pero deberán financiarse sin romper la disciplina fiscal ni multiplicar una burocracia clientelar. Los salarios no crecen por decreto, crecen cuando aumenta la productividad, la inversión y la demanda de trabajadores. La política social debe proteger a quienes lo necesitan, no convertir al Estado en proveedor de favores.

Política

Fujimori abre expectativas de una mayor cooperación con Ecuador

Mónica Jara Chérrez

El mayor desafío será llevar la bonanza económica más allá de Lima. Las ideas liberales no pueden permanecer encerradas en círculos empresariales, universidades o centros financieros. Deben llegar al campesino que necesita un título de propiedad, al joven que busca su primer empleo, a la mujer que abre un pequeño negocio y al poblador rural que espera una carretera para sacar sus productos.

Keiko tiene frente a si una oportunidad histórica. Su gobierno deberá demostrar que la derecha puede gobernar con eficacia, sensibilidad social y respeto institucional. Si en cinco años entrega un país más seguro, más libre, con mayor inversión, empleo y crecimiento, habrá hecho algo mucho más importante que consolidar al fujimorismo. Habrá cerrado el camino al regreso de una izquierda caduca que prospera sobre la frustración, la pobreza y el resentimiento.

La docencia en Ecuador atraviesa un cambio preocupante: de ser una vocación de servicio, ha pasado a ejercerse bajo el miedo. El respeto hacia los maestros se ha debilitado y ha sido reemplazado por una constante sensación de vulnerabilidad dentro y fuera del aula.

Ecuador

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Valeria Alvear

La autoridad de los maestros se debilita

Hoy, muchos docentes no solo se preocupan por enseñar mejor, sino por evitar problemas legales. Las normas de convivencia han llevado a extremar precauciones: evitar cualquier contacto físico, incluso gestos de cercanía, y mantener distancia con los estudiantes para prevenir posibles acusaciones. En muchos casos, el escritorio se convierte en una barrera simbólica de protección.

La presión también proviene de algunos padres de familia, quienes cuestionan calificaciones y, en ocasiones, ejercen presión para modificarlas. Algunos profesores terminan negociando notas para evitar conflictos, denuncias o procesos legales, mientras el discurso de priorizar el bienestar del estudiante termina debilitando la autoridad docente.

Ecuador

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La educación requiere respeto hacia los docentes

El resultado es un creciente sentimiento de desamparo. Sin un respaldo efectivo de las autoridades educativas y con el temor permanente a enfrentar agresiones o denuncias por cumplir su trabajo, muchos maestros consideran la renuncia como la única alternativa. Un sistema educativo no debería obligar a enseñar con miedo, sino garantizar que quienes forman a las nuevas generaciones trabajen con seguridad, respeto y reconocimiento.

Roberto Camana-Fiallos

Cuando se habla de inversión minera suele asumirse que el principal riesgo consiste en no encontrar un yacimiento económicamente explotable. Y es cierto. Sin embargo, ese es un riesgo que el inversionista conoce, evalúa y acepta antes de invertir. La incertidumbre geológica forma parte del negocio y puede administrarse mediante información técnica y análisis financiero.

Existe, no obstante, un riesgo mucho más difícil de gestionar: que las reglas del juego cambien cuando la inversión ya está en marcha.

Economía y negocios

Demanda de energía en Ecuador alcanza récord de crecimiento en siete años pese a la crisis eléctrica

Mayra Pacheco Pazmiño

La seguridad jurídica define la inversión minera

Ningún inversionista espera que un proyecto minero sea sencillo, pero sí que las condiciones jurídicas bajo las cuales decidió invertir mantengan una estabilidad razonable. Esa no es una concesión, sino un requisito indispensable para una inversión de largo plazo.

Por ello, cuando se afirma que la apertura del catastro minero atraerá inversión extranjera, la verdadera pregunta es qué encontrará el inversionista una vez obtenida la concesión.

La inversión comienza mucho antes del otorgamiento del título minero, con estudios técnicos, análisis regulatorios y la evaluación de la viabilidad del proyecto. Una vez comprometido su capital, el inversionista espera instituciones técnicas, decisiones previsibles, respeto a los contratos y un marco regulatorio estable. Cuando esos elementos generan incertidumbre, el problema deja de ser geológico y pasa a ser institucional.

La seguridad jurídica no depende solo de normas claras. También exige estabilidad institucional, continuidad en la política pública y coherencia en las decisiones del Estado. Un inversionista puede adaptarse a regulaciones exigentes, pero difícilmente aceptará cambios imprevisibles una vez realizada la inversión.

Ecuador

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La minería necesita reglas claras y previsibles

En una industria intensiva en capital y de largo plazo como la minería, la confianza institucional es tan importante como el potencial geológico. Abrir el catastro es apenas el inicio. La verdadera cuestión es si Ecuador está preparado para ofrecer la estabilidad y la seguridad jurídica que exige la inversión minera.

El mayor riesgo de un proyecto minero en el Ecuador no siempre está bajo la tierra; con demasiada frecuencia está sobre el escritorio de la administración pública.

Eduardo Chang Dávila

La partidocracia ecuatoriana se resistirá al cambio del ‘status político’.

El Dr. Osvaldo Hurtado, expresidente de la República, pertenece a una rancia generación, cuya idea de democracia descontextualiza la guerra interna, financiada por las mafias transnacionales, verdaderos ‘carteles políticos del siglo XXI’.

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Flor Layedra Torres

Osvaldo Hurtado y el debate sobre la democracia

Según el idealismo democrático del Dr. Osvaldo Hurtado, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele no es un héroe sino ‘otro dictador más”, pese a su popularidad incuestionable.

Pronto dirá lo mismo del presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, por priorizar la seguridad.

¿Es malo para la ‘democracia’ que la delincuencia (organizada como partidos) ‘tenga miedo’ y sea fumigada del padrón electoral?

Paul Tapia Goya

Tengo 83 años y mi amor por Guayaquil lo demuestro con acciones. Desde hace años mantengo, con mis propios recursos, la única peatonal municipal de Urdesa Central convertida en un jardín. Aunque mis ingresos son limitados, priorizo su cuidado porque las plantas brindan belleza y bienestar. También procuro contribuir con el reciclaje y sacar la basura correctamente para facilitar el trabajo de los recolectores.

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Juan Pablo Pérez Tomalá

Guardo recuerdos imborrables de los desfiles del 9 de Octubre. De niña los observaba desde la terraza de la casa de mis tíos o desde el departamento de un amigo de mi padre, frente a la zona militar. Aquellos actos despertaban un profundo civismo que aún conservo, porque el amor por Guayaquil se demuestra todos los días.

Los recuerdos que fortalecieron su civismo

La muerte temprana de mis padres nos obligó a mi hermano y a mí a salir adelante. Con el apoyo de familiares y amigos, mi hermano emigró a California, donde fue recibido con generosidad, aprendió inglés, estudió Ciencias Políticas y formó una hermosa familia. Mi hija María Sol también emigró, estudió en una universidad de Pomona, desarrolló una exitosa carrera profesional y hoy vive feliz junto a su esposo. Ninguno de los dos ha olvidado sus raíces guayaquileñas.

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Lina Zambrano

Yo permanecí en Guayaquil porque había adquirido una vivienda en Urdesa. Siempre recordaré con gratitud al arquitecto Bolívar Jalón Feraud, quien, tras el fallecimiento de mi madre continuó apoyándome sin cobrar honorarios. Más adelante amplié la casa y hoy subsisto gracias a pequeños alquileres, pues no tengo jubilación ni montepío.

A pesar de las dificultades, llevo una vida activa y agradecida. Asisto a conciertos, museos y actividades culturales que enriquecen la ciudad. También reconozco a quienes impulsaron su transformación urbana, como León Febres-Cordero y Jaime Nebot, porque considero que fortalecieron el orgullo de ser guayaquileños. Mi mayor deseo es seguir aportando, con trabajo y ejemplo, al bienestar y la conservación de la ciudad que tanto amo.

Laura Esther Gómez Serrano