Las advertencias sobre un fenómeno de El Niño de intensidad similar o incluso superior al de 1997-1998 obligan al país a dejar la improvisación y actuar con urgencia. No basta con vigilar el clima, es necesario preparar al Estado y a la sociedad para enfrentar un escenario que puede afectar la producción, la salud, la infraestructura y el abastecimiento de materias primas y productos terminados. 

La seguridad alimentaria debe ser prioritaria. La disminución de capturas pesqueras y las pérdidas agrícolas amenazan el suministro de alimentos y repercuten en el transporte, el comercio y la industria. Si provincias o regiones quedan aisladas por inundaciones o deslizamientos, el abastecimiento dependerá de una planificación anticipada y de reservas estratégicas. 

Prevenir hoy para evitar una crisis mañana

También hay que fortalecer la capacidad hospitalaria, garantizando camas, medicamentos, insumos y personal para atender el aumento de enfermedades que sobrevienen como consecuencia del fenómeno. Y la infraestructura crítica debe protegerse frente a aluviones y crecidas de ríos, que podrían afectar el funcionamiento incluso de Coca Codo Sinclair. 

Ante una amenaza de esta magnitud, Ecuador no puede distraerse en disputas políticas. La prioridad debe ser prevenir hoy para evitar que una emergencia climática se transforme mañana en una tragedia nacional.

Las tragedias sísmicas vuelven a recordar una verdad que suele olvidarse cuando la tierra deja de temblar: el mayor riesgo no siempre proviene del fenómeno natural, sino de las edificaciones que no están en condiciones de resistirlo. Ecuador conoce esa realidad. 

La experiencia del terremoto de 2016 dejó inmuebles inutilizables, algunos aún abandonados, y evidenció que la prevención no puede limitarse a los momentos de emergencia. La inspección permanente del estado de las construcciones debe convertirse en una política prioritaria de todos los municipios. 

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Un censo estructural ayudaría a prevenir tragedias

Existen precedentes de edificios que debieron ser demolidos por representar un peligro para la ciudadanía, así como inmuebles patrimoniales que requieren decisiones técnicas oportunas para preservar vidas y, cuando sea posible, su valor histórico. Ignorar estas alertas solo incrementa la vulnerabilidad de las ciudades.

Un censo nacional del estado estructural de las edificaciones permitiría identificar riesgos, planificar intervenciones y, cuando corresponda, proceder con demoliciones o reforzamientos antes de que ocurra un desastre. La prevención siempre resulta menos costosa que la reconstrucción. Los terremotos no pueden evitarse. Lo que sí está al alcance de las autoridades es impedir que una infraestructura deteriorada convierta un evento natural en una tragedia mayor.

Una obra necesaria y esperada para Guayaquil, con un gran impacto nacional. El Quinto Puente o Viaducto Sur pretende evitar el ingreso de los grandes camiones de carga que vienen desde el sur del país y que ingresen por Durán directamente al Puerto Marítimo, sin entrar a la ciudad. No solo es un alivio para las ya congestionadas vías de Guayaquil, sino que también representará una reducción de tiempos y costos para las empresas exportadoras e importadoras, y proyectará al Puerto de Guayaquil aún más ante el mundo.

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Expropiaciones generan cuestionamientos entre los habitantes

Es una obra no exenta de los cuestionamientos. El pago de las expropiaciones de viviendas asentadas en terrenos donde debe levantarse la obra total y complementarias es uno de los puntos álgidos. Ciudadanos reclaman que quieren pagarles valores por debajo de sus expectativas. 

Serán los procesos legales los que terminen definiendo el valor a pagar por sus viviendas y terrenos. De ninguna manera estos incidentes deberían manchar el alcance de una obra que traerá empleo y mejorará la productividad del país.

La transparencia es fundamental. A nadie beneficia que el Quinto Puente engrose la lista de obras salpicadas por corrupción o que quedan solo en los planos.

Entre el 25 de julio, fecha patronal de Santiago Apóstol, oficializada en 1929 por el Concejo Cantonal, o el 15 de agosto como fecha real propuesta por una pléyade de historiadores como Miguel Aspiazu, Julio Estrada, Dora León y José Antonio Gómez, la ciudad puerto de Guayaquil, según el debate histórico fundacional, cumplió 491 años de creación castellana. 

Para la conmemoración de los cinco siglos se requiere, como gran exigencia, que los actores sociales, económicos, políticos y culturales de la aglomeración y del país depongan sus encarnizados enfrentamientos politiqueros y de superegos, como sucede hoy. Y para que no ocurran situaciones a lamentar históricamente, como el plan de obras que se propuso por parte de la Comisión Técnica y la Junta de Notables para celebrar el primer centenario de independencia de Guayaquil, que tomó casi un siglo su cumplimiento. 

El posibilismo como vía para alcanzar acuerdos

Para ello proponemos el ‘posibilismo’, que se destaca como un enfoque político-institucional entre los nuevos optimismos de cambio del siglo XXI. Y que consiste en una propuesta cognitiva y operativa que busca lograr objetivos concretos mediante negociación y uso de los recursos reales disponibles, en lugar de ofertas maximalistas o imposibles.

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Políticamente, prefiere el acuerdo colectivo y la reforma práctica antes que ideas extremas o difíciles de cristalizar. Describe a alguien -o grupo- que analice los hechos con frialdad, sin caer en elucubraciones clientelares o falsos optimismos populistas, centrándose en el progreso real que se puede alcanzar para las colectividades.

En las 24 provincias y 223 cantones los grandes planificadores son las autoridades en el poder, ellos hacen los presupuestos y distribuyen las obras de acuerdo a sus intereses clientelares, lo que provoca descontento social e impide conformar una ciudadanía política territorial. Incluso urbes metropolitanas como Guayaquil no escapan a las dinámicas urbanas reseñadas.

Las necesidades reales declaradas de una población no son compartimentos aislados, sino que se articulan entre sí; por ejemplo, la inseguridad no se puede reducir al predominio de la represión, debe de acompañarse de política social y bienestar del asentamiento intervenido.

En 1963, Goscinny y Uderzo publicaron una parodia del Tour de Francia en la que Astérix y Obélix recorren la Galia recogiendo una especialidad de cada ciudad. El saco amarillo donde cargan las provisiones alude al ‘maillot’ del líder. El chiste funcionaba porque desde el inicio del Tour en 1903, los franceses ya leían su país como una sucesión de etapas.

Este julio, miles de ecuatorianos que jamás habían visto una carrera de ciclismo hicieron el mismo ejercicio sin proponérselo. Siguiendo a Richard Carapaz, que terminó vestido de lunares rojos por segunda vez, supieron lo que es un ‘maillot’ y aprendieron a decir Le Bourg d’Oisans, el pueblo de tres mil almas donde arrancó la etapa que ganó en el Alpe d’Huez.

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La estructura de la carrera hace posible que conozcamos decenas de pequeños pueblos. La organización cobra hasta ciento cuarenta mil euros a cada localidad que quiere una salida o una llegada, y aun así recibe cerca de doscientas cincuenta candidaturas al año.

Para un pueblo de tres mil habitantes en medio de los Alpes, la cuenta es sencilla. Hoteles copados, restaurantes que ganan en un día el ingreso de un mes, ferreterías y panaderías que atienden a varios miles de personas, y una fachada mostrada al mundo entero ante una audiencia que nunca habría tenido motivo para buscar ese lugar en el mapa.

Los pueblos que ganan con cada llegada de la carrera

Lo que les queda a esos pueblos luego de uno de los momentos más intensos del año es lo interesante. Turistas en bicicleta que reviven el Tour, visitantes en busca de las plazas y vistas que vieron en la transmisión, y quienes simplemente quieren explorar lugares cuyos nombres ahora conocen.

La premiación en París corona veinte días en que poblaciones diminutas montaron su propia versión de la fiesta con la misma intensidad, en su pequeña escala, y seguramente con mayor impacto del que causa la premiación en medio de los Campos Elíseos y con el Arco del Triunfo de fondo.

La lección es que el evento no inventa el valor de esas poblaciones en la periferia, sino que lo hace visible cuando permite que cada tramo del camino muestre lo que lo hace relevante.

En los últimos días se han anunciado varias noticias sobre acceso a financiamiento para el país originadas en multilaterales como el BID y el Banco Mundial. En conjunto podrían superar los USD 2.000 millones para los siguientes 365 días. Incluso con el BID el plan contempla que en los próximos cinco años entregarían financiamiento hasta por USD 10.500 millones para los sectores público y privado. A diferencia del financiamiento del FMI, que es exclusivo para temas presupuestarios, este tipo de deuda cubre aspectos sociales como seguridad, vivienda, empleo, educación, y no únicamente orientados al sector público.

El desafío de financiar proyectos sin elevar el déficit

El contexto fiscal sigue siendo deficitario. Incorporar nuevos gastos al presupuesto con estos recursos podría incrementar el déficit, en contravía de los compromisos asumidos con el FMI. El Gobierno deberá priorizar proyectos, enfocándose en aquellos que se alineen con las metas acordadas y generen mayor impacto social y económico.

El financiamiento por recibir también sirve para atender gastos que constan en el presupuesto, que, estando identificados con los objetivos planteados, liberarán recursos para atender amortizaciones de deuda. Para 2027 son importantes los pagos de capital de deuda con los multilaterales: al BID hay que amortizar deuda por USD 900 millones, al Banco Mundial USD 214 millones, al FMI USD 1.285 millones y USD 770 millones en conjunto a la Corporación Andina de Fomento y Fondo Latinoamericano de Reservas. El total de amortización de deuda externa en 2027 supera los USD 4.200 millones. La interna es ligeramente más baja y en conjunto repetimos la necesidad de financiamiento por USD 8.000 millones que tenemos en este 2026.

Llegan los ofrecimientos de recursos, alcanzando también al sector privado, luego que es evidente una mejora en el resultado fiscal frente al histórico reciente. Todavía es un número alto escuchar un déficit de USD 4.000 millones cuando en el 2019 se tenía idéntico resultado fiscal. La diferencia relevante es que la economía en 2019 tenía un PIB de USD 108 mil millones y para 2026 lo esperamos en 135 mil millones. En estos siete años el déficit pasaría de 3,8 % a menos del 3 % del PIB con episodios de 6,8 % en pandemia y 4,5 % en 2023, cuando ocurrió la última crisis política que terminó en la utilización de la muerte cruzada.

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El acceso a mayor financiamiento ha sido posible gracias a este ajuste fiscal, pero el costo ha sido elevado en términos de crecimiento económico y empleo, que son justamente lo que se busca corregir en los siguientes cinco años, de acuerdo al objetivo del crédito del Banco Mundial. La meta es más de 180.000 nuevos empleos originados en los programas que se deben financiar. 

Para dimensionar el desafío, basta recordar que en 2014 el empleo pleno alcanzaba al 49 % de la PEA, mientras que hoy apenas llega al 37 %. Esa diferencia de 12 puntos en los 8,9 millones de PEA equivalen a cerca de 1,1 millones de personas que hoy deberían tener empleo pleno para igualar el resultado de 12 años atrás. El programa del BM aspira a cerrar cerca de una quinta parte de esa brecha, un esfuerzo significativo, pero aún insuficiente frente a la magnitud del reto.

Si los asambleístas del Gobierno salieron a atacar a Osvaldo Hurtado amplificando sus denuncias sobre el autoritarismo, el ministro del Interior, John Reimberg, apareció para confirmar todo.

El ministro no salió a decir, literalmente, que Hurtado tiene razón, pero se la dio de una forma contundente: con hechos. Si Hurtado planteó la tesis de que el Gobierno ha colonizado a los poderes del Estado mediante amenazas, Reimberg terminó por confirmarla.

¿Cómo? El ministro declaró que, si los jueces de la Corte Nacional de Justicia no se enderezan, irán presos. Lo hizo cuando la Fiscalía había allanado, casi al mismo tiempo, el domicilio de al menos un juez de la Corte Nacional para investigar un presunto delito de cohecho sobre el que, según la propia Fiscalía, existen evidencias.

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Es cierto que nadie puede poner las manos al fuego por ningún juez del más alto organismo de justicia del país. Pero lo dicho por el ministro termina reforzando lo que Hurtado sostiene: que la Fiscalía se ha convertido en una herramienta de presión política en manos de Carondelet.

El efecto político de las palabras de Reimberg

La intervención de Reimberg alimenta esa percepción. Cuando un ministro del Ejecutivo afirma públicamente que los jueces “o se enderezan y se corrigen o van presos”, proyecta la imagen de que existe una relación entre la conducta que espera el Gobierno de los magistrados y la actuación de la Fiscalía. Reimberg es ministro del Interior y forma parte del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, no puede, o no debería, hablar en nombre de la Fiscalía. Pero lo hace. Que existan indicios de que un juez cometió un delito corresponde exclusivamente a la Fiscalía y debería tramitarse con absoluta independencia del Ejecutivo. Más aún: el ministro ni siquiera debería emitir opiniones que puedan interpretarse como presión sobre jueces que podrían terminar conociendo causas relacionadas con el Gobierno.

Es precisamente ahí donde Hurtado recibe el espaldarazo de Reimberg. El expresidente habló del uso político de la Fiscalía; el ministro, con sus declaraciones, terminó reforzando esa percepción.

Los asambleístas del Gobierno deberían estar indignados con su ministro. Salieron a atacar a Hurtado y, aunque lo hicieron de manera torpe, al menos intentaron desmontar la tesis del expresidente. Y entonces aparece Reimberg para hacer exactamente lo contrario: darle la razón.

“Es una pena que tengamos en la Presidencia un segundo Correa”, dijo Osvaldo Hurtado. Bastó esa frase para provocar un fenómeno digno de estudio. Rápidamente se pronunciaron funcionarios, legisladores y simpatizantes del oficialismo. Unos lo acusaron de degradar el debate público. Otros, de desinformar. 

Hubo incluso algún desubicado que sostuvo que, por haber llegado a la Presidencia tras la muerte de Jaime Roldós, no podía hablar de democracia. Y, por supuesto, tampoco faltaron los insultos, el recurso de los sin argumentos. Casi nadie respondió al fondo de sus palabras. La discusión giró, más bien, alrededor de su derecho a pronunciarlas.

Y la escena es profundamente irónica. Muchos de quienes reaccionaron dicen defender la democracia. Sin embargo, frente a una opinión incómoda, parecieron olvidar que la libertad de expresión es uno de sus pilares esenciales.

Naturalmente, se puede discrepar con Hurtado y pensar que la comparación es equivocada o injusta. Pero las democracias no exigen moderación en las opiniones, exigen argumentos para responderlas. Para eso existe el debate público.

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La libertad de expresión protege las opiniones incómodas

Es que la libertad de expresión no fue concebida para proteger opiniones agradables. Su razón de ser es precisamente proteger aquellas que molestan o desafían a quienes gobiernan. No deja de ser paradójico que algunos acusaran a Hurtado de “degradar el debate” mientras respondían, precisamente, con descalificaciones personales. Si solo se protegieran las opiniones que el poder considera razonables ya no hablaríamos de un derecho, sino de un permiso.

Entre lo más llamativo, sin embargo, estuvo la rapidez con la que tantas voces coincidieron en atacar a Hurtado. Si ese mismo entusiasmo se destinara a defender la institucionalidad o a resolver algunos de los problemas más urgentes del país, probablemente viviríamos en un Ecuador bastante mejor.

Al final, el verdadero escándalo nunca fue que Osvaldo Hurtado llamara “segundo Correa” a Daniel Noboa. Fue descubrir cuántos creen que el problema no era la frase y lo que hay detrás, sino que alguien se hubiera atrevido a pronunciarla.

De boca en boca, la gente va comentando lo dicho por el expresidente Osvaldo Hurtado en crítica tanto al expresidente Rafael Correa como al actual presidente, Daniel Noboa, a los que acusa de autócratas, de dictadores, por haber sometido a todos los poderes del Estado, irrespetando el fundamento de las repúblicas: la división de poderes.

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Pero, el haber acusado, Hurtado, de autócratas a los dos criticados, ha eliminado, en buena parte, este temor interno de muchas personas de que, al impugnar al uno, lo acusen de ser partidario del otro; y así, cuando alguien critica a Noboa, lo tildan de correista, y viceversa. 

Hay que reivindicar la tercera posición, la de pensar y actuar por sí mismo, en ejercicio del libre albedrío. Que no volvamos al tiempo de las luchas religiosas, cuando se exigía a las personas el pronunciarse por el Papa o por Lutero, so pena de ser quemadas en la Hoguera.

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Los partidarios del actual presidente atacan a Hurtado, pero no refutan sus ideas; uno, porque en sus filas no cuentan con personas de una talla intelectual que se aproxime, ni remotamente, a la del expresidente, y luego, porque, aunque la tuviesen, sus medidas son indefendibles: eliminar a todos los oponentes, a todo adversario que se presente de candidato a cualquiera entidad seccional, encarcelarlos, quitarles sus derechos políticos, personalmente, o a los partidos que los auspicien. 

Mientras no desistan de esto, el enfrentamiento no sólo continuará, sino que se intensificará, no sólo en el país, sino a nivel internacional, ante los organismos de Derechos Humanos y otros foros y conferencias multilaterales. Y si fueren, algunos candidatos del oficialismo, elegidos, su legitimidad será impugnada. La gente teme que los procedimientos empleados en estas elecciones seccionales se los aplique, posteriormente, en las presidenciales.

Nunca he coincidido con la línea política de Hurtado Larrea, y menos, en su hora, con la eliminación de los independientes como sujetos con posibilidad no solamente de elegir sino, también, de ser elegidos, como consiguió que se incluya de la Constitución de 1977, y en la Ley de Partidos, pero hay que reconocer que venció a León Febres-Cordero, cuando presidente, en 1985, y a Luis Robles Plaza, ministro de Gobierno, cuando se les ocurrió, en búsqueda de apoyo popular, la inconsulta idea de someter a plebiscito la plena restauración del derecho de los independientes a ser elegidos. 

Hurtado consiguió que los propios independientes votaran contra sí mismos, aprovechando el debilitamiento del apoyo popular al régimen, y triunfara el NO. Con ese antecedente victorioso, el expresidente se presenta ante la incierta contienda electoral próxima, no como candidato, por supuesto. Su lucha, por su calidad de expresidente, tendrá trascendencia internacional. Agravaría el desprestigio internacional, y la tensión interna, si se dictaren órdenes represivas contra él.

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La persecución a los alcaldes ha ido demasiado lejos: al injustamente suspendido alcalde de Cuenca lo vemos en las fotos muy deteriorado; igual con el de Guayaquil; parecería que se ha orquestado una sucia trama para acusarlo, y la directora de Hidrocarburos, quien lo acusó, se retractó luego, diciendo que lo había hecho por presión del asesor jurídico del Ministerio, quien habría dicho, a su vez, que había sido presionado por el ahora secretario general de la Administración, durante su función anterior. 

Esa mujer ha desaparecido, no se sabe si está escondida, probablemente por miedo ¿o quién sabe por qué? El analista político Oswaldo Muñoz ha comparado esta eliminación de alcaldes y partidos, con las tristemente célebres “purgas” con las que el dictador ruso Stalin eliminaba a sus competidores.

Más le convendría al Gobierno desistir de intervenir en las elecciones seccionales.

La protección de los desvalidos fue, desde un inicio, la marca principal del derecho canónico como sistema de gobierno del cristianismo. Es lo que aún hoy llamamos humanismo.

Pero, ¿qué pasó después? Obviamente no se le escaparon los desvalidos al cristianismo, a la Iglesia, ni dejó esta de tenerlos en el centro de sus preocupaciones. Fueron otras instituciones las que paulatinamente fueron creciendo y capturando esa reivindicación y legitimidad: el Estado, por supuesto; las organizaciones no gubernamentales de filantropía y beneficencia; y, en última instancia, también hoy, bajo la etiqueta de minorías, ‘influencers’ y grupúsculos logran convertir a las minorías en protagonistas de enormes presupuestos y de la atención mundial.

La Iglesia fundó hospitales, acogió huérfanos y organizó la caridad. Durante siglos combatió la usura por considerarlo una protección del débil. En los manuales jurídicos que editaba para la América española aparecían, junto a normas sobre comercio o navegación, disposiciones que reconocían incluso a los esclavos el derecho a contraer matrimonio. Y mucho antes del asilo moderno, el santuario fue refugio para el perseguido.

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La secularización de la defensa de los desvalidos

La modernidad desplazó su centro de gravedad. Son hoy tribunales, ONG, universidades, organismos multilaterales o movimientos sociales quienes compiten por representar a las víctimas en la palestra pública. En muchos casos son hoy tribunales -judiciales o de la opinión pública- los que custodian, reinterpretan o sancionan secularmente principios morales que, paradójicamente, llegaron hasta ellos a través del cristianismo.

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Las ideas rara vez desaparecen. Cambian de forma y de manos. Mil quinientos años de historia muestran cómo el cristianismo convirtió la protección del débil en una tradición de siglos. Hoy ese mismo legado parece atomizado entre gobiernos, ONG, movimientos y causas cuya influencia suele medirse en años, cuando no en meses.

Ninguna civilización -o idea civilizatoria como el humanismo- se construye al ritmo de las tendencias. Mucho menos si se sostiene en ‘reels’ de 20 segundos.

Durante años, cuando se hablaba de crimen organizado, el narcotráfico concentraba casi toda la atención. Existe, sin embargo, otra economía ilícita que crece con enorme rapidez y cuyos efectos son igualmente devastadores: la minería ilegal.

No se trata únicamente de excavaciones clandestinas ni de daños ambientales. El verdadero problema es que el oro extraído ilegalmente puede terminar incorporándose al mercado formal, ocultando su origen ilícito e integrándose a los circuitos legales. Cuando eso ocurre, la frontera entre lo legal y lo ilegal se vuelve difusa y las organizaciones criminales fortalecen su capacidad económica.

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El lavado de oro alimenta al crimen organizado

La minería ilegal tampoco puede entenderse como un fenómeno independiente del narcotráfico. En Ecuador, las organizaciones criminales no solo se dedican al tráfico de drogas, sino que han diversificado sus fuentes de ingresos. Controlan territorios, extorsionan a poblaciones y actores locales, explotan yacimientos y participan en distintas fases de la comercialización del mineral. Esa convergencia entre distintas economías ilícitas ayuda a explicar la creciente violencia que hoy rodea a la explotación ilegal del oro. Pero no basta con generar ingresos ilícitos. También necesitan mecanismos para convertir esas ganancias en riqueza aparentemente legítima. En ese contexto, el oro se ha convertido en un activo especialmente atractivo por su alto valor, la facilidad para transportarlo y la dificultad para rastrear su procedencia. La minería ilegal no se convierte en una gran economía criminal cuando se extrae el oro, sino cuando se compra o se vende como si fuera legal. Eso obliga a replantear la estrategia del Estado. Destruir maquinaria o desalojar campamentos es necesario, pero no suficiente. Mientras existan mecanismos para introducir el oro en los mercados formales y convertirlo en dinero aparentemente legítimo, el negocio seguirá siendo rentable.

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El problema no es que el oro tenga un precio elevado. El problema es que hoy sirve para financiar organizaciones criminales y ocultar el origen de recursos ilícitos. Cada gramo de oro ilegal que logra ingresar al mercado formal fortalece a las organizaciones criminales y debilita al Estado.

Konstantinos Kavafis fue uno de los poetas griegos más importantes del siglo XX. En su poema Ítaca -una de sus obras más famosas- escribiría: “Cuando emprendas tu viaje hacia Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias”. Ítaca dejaría de ser una isla griega para convertirse en aquello que da sentido a nuestra existencia. Quizás por ello, mientras el mundo espera el estreno de La Odisea de Christopher Nolan, muchos notarán que Homero nunca escribiría simplemente la aventura de un héroe. Escribiría la aventura de todos los hombres.

Solemos pensar que La Odisea comienza con la caída de Troya. En realidad, comienza después de la victoria. Homero dedicaría unas pocas páginas al ardid del famoso caballo que resultara en la conquista, pero casi toda su epopeya a su viaje de regreso. Como si quisiera advertirnos que alcanzar una meta puede exigir inteligencia, pero regresar sin perderse uno mismo exige sabiduría. Porque el verdadero protagonista nunca fue el guerrero que conquistó Troya, sino el hombre que debía hacerse digno del hogar al que soñaba volver.

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Todos vivimos nuestra Odisea aunque no siempre naveguemos entre monstruos, cíclopes o hechiceras. A veces la travesía consiste en sostener un matrimonio, formar hijos de bien o en superar enfermedades y tragedias. Consiste en hacer país, construir una empresa, soportar el peso del éxito y recuperarse de los golpes de los fracasos sin nunca olvidar nuestra esencia. Porque ninguna vida camina en línea recta y todas, absolutamente todas, conocen tempestades.

La epopeya clásica vista como el espejo de la existencia

Todos conocemos nuestras sirenas y sabemos que ya no cantan desde los arrecifes del Mediterráneo. Hoy prometen dinero sin esfuerzo, poder sin límites, reconocimiento inmediato, o la tentación de sacrificar principios. Cambian las melodías, pero el riesgo de perder el rumbo permanece intacto. Antes de acercarse a las sirenas, Ulises pide ser atado al mástil de su nave. Comprende que la libertad no consiste en obedecer cada tentación, sino en conservar el autocontrol cuando el deseo intenta gobernarnos. No todas las cadenas esclavizan. Existen aquellas que aceptamos libremente para impedir que nuestras pasiones y debilidades terminen encadenándonos. Algunos las llaman disciplina.

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La vida tampoco nos concede elegir los vientos. Habrá tormentas inesperadas y puertos donde jamás pensábamos detenernos. Sin embargo, siempre podremos izar las velas y conservar el rumbo hacia aquello que da sentido a nuestra travesía. Porque Ítaca nunca fue únicamente un destino. Ítaca son nuestros principios, nuestra familia, nuestra libertad y la persona que aspiramos ser. Sin una Ítaca no hay un rumbo, y sin un rumbo -como diría Séneca- no hay viento favorable. Y con un rumbo, hasta la tormenta encuentra un propósito. Tres mil años después, Kavafis puso en verso lo que Homero había escondido en una epopeya: Ítaca no existe para ser un destino; existe para que el viaje nos transforme en la persona capaz de llegar a ella.

Millones de personas acudirán al cine a ver esta nueva versión de Nolan. Quizás muchos pensarán que asisten a divertirse y observar un nuevo matiz de una antigua leyenda. Sin embargo, otros notarán que estarán viendo el espejo de sus propias vidas. Porque todos vivimos nuestra Odisea y todos navegamos, cada día, hacia nuestra Ítaca.

¡Que el camino sea largo y bueno!

El 29 de julio, la Asamblea Nacional frenó el segundo debate de la Ley de Reproducción Humana Asistida. El presidente encargado del Legislativo argumentó la “delicadeza” del tema y dispuso la suspensión del debate para una próxima sesión. La medida genera fuertes cuestionamientos por sus profundos dilemas morales y políticos.

Uno de los puntos de conflicto es que la ley autorizaría el acceso a la reproducción asistida para parejas del mismo sexo, lo que choca frontalmente con la ley de adopción ecuatoriana (exclusiva para parejas heterosexuales).

Si bien es cierto que la propuesta de ley prohibe la comercialización de embriones y vientres de alquiler, no podemos cerrar los ojos y permitir que quede en segundo plano el debate sobre el derecho de los niños a crecer en un modelo de familia tradicional y el respeto a la vida desde la concepción.

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El futuro de la propuesta en el Legislativo

Suspender la sesión podría ser una maniobra para ganar tiempo, mitigar la resistencia social o dar paso a demandas judiciales en curso de parejas homoparentales.

Urge que se pronuncien legisladores firmes que prioricen el bienestar de la niñez en la redacción de la ley o mocionen y apoyen el archivo definitivo de la propuesta, tal como ocurrió con el COS y el Copinna, ¡sin demora!, por el bien del hombre y la mujer, por el futuro de las nuevas generaciones

Estela Zea de Furlato

Pensar en el Ecuador de 2040 puede parecer lejano, pero los países que han definido hojas de ruta a 10, 15 o 20 años lo hicieron porque tenían claro qué querían alcanzar y en qué deseaban convertirse. La historia ofrece ejemplos como Japón, Alemania, tras la Segunda Guerra Mundial, y los tigres asiáticos, que apostaron por fortalecer sus instituciones y su economía para mejorar la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras.

En ese contexto, la Agenda de Crecimiento Ecuador 2040 plantea una visión de largo plazo para construir el país que queremos. No debe confundirse con un Plan Nacional de Desarrollo, pues su alcance es distinto. Aunque incorpora temas sociales, ambientales y demográficos, parte de una premisa fundamental: sin crecimiento económico no habrá recursos suficientes para enfrentar esos desafíos.

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Esos recursos no pueden depender únicamente de la recaudación tributaria o de las exportaciones petroleras. También deben provenir de fuentes como la inversión extranjera directa y el acceso a financiamiento internacional competitivo. Para ello, la agenda se sustenta en cuatro pilares: institucionalidad y seguridad jurídica; infraestructura e inversión productiva; estabilidad fiscal y dolarización; y profundización bancaria.

Inversión, institucionalidad y competitividad

La seguridad jurídica brinda confianza a inversionistas y empresarios, con reglas claras y estables que incentiven la inversión. Además, unas instituciones sólidas deben prevalecer más allá de los gobiernos de turno. El caso de Perú demuestra que, pese a la inestabilidad política, instituciones fuertes pueden sostener la confianza y atraer inversión.

La infraestructura y la inversión productiva son esenciales para elevar la competitividad y aprovechar una agenda comercial que abra nuevos mercados y diversifique las exportaciones. Ecuador no debe aislarse del mundo, sino integrarse plenamente a él.

Finalmente, la dolarización requiere un flujo constante de divisas mediante mayores exportaciones e inversión extranjera. Esto exige un sistema financiero sólido, con mayor profundización bancaria, menores costos operativos e integración internacional.

La Agenda de Crecimiento Ecuador 2040 busca sentar las bases de las reformas, objetivos e hitos necesarios para construir un Ecuador más competitivo, estable y próspero.

Jorge Calderón Salazar

Cuando un policía se gradúa, conserva intactos su vocación de servicio, patriotismo y deseo de proteger a su país. Sin embargo, con el tiempo descubre que su identidad y la de su familia son vulnerables frente al crimen organizado, que conoce dónde vive y cómo intimidarlo. Lo mismo ocurre con fiscales, jueces y agentes penitenciarios, quienes pueden enfrentar amenazas directas o intentos de soborno.

En muchos casos, actuar con honestidad implica poner en riesgo su propia vida.

El policía también es un ser humano: forma una familia y se vuelve más vulnerable. Además, observa cómo delincuentes capturados en repetidas ocasiones recuperan su libertad por medidas sustitutivas o falta de pruebas, incluso después de que su captura costó la vida o la incapacidad permanente de compañeros. Esa realidad, sumada a las amenazas, termina desgastando su vocación.

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Combatir la impunidad y fortalecer las instituciones

Por ello es indispensable proteger la identidad de los operadores de justicia en expedientes, documentos y publicaciones de prensa, reduciendo los riesgos derivados de su labor.

Mejorar la seguridad ciudadana exige fortalecer las leyes, sancionar con mayor firmeza a quienes cometen delitos graves y evitar la impunidad. También es necesario debatir medidas que impidan que los criminales más peligrosos continúen causando daño a la sociedad.

La familia como base para un mejor país

Al mismo tiempo, debemos proteger a niños y jóvenes de los efectos nocivos del uso excesivo de internet, las redes sociales, la pornografía y la influencia de falsos referentes que deterioran valores, ética y salud física.

La solución no depende únicamente de un gobierno, sino del trabajo coordinado entre las funciones del Estado, los GAD, los ministerios, la prensa y, sobre todo, las familias, mediante una educación y supervisión responsables desde la infancia.

Aspiro y espero un mejor país para todos.

Gunnar Lundh

Las generaciones futuras (si la actual consigue sobrevivir, aunque sea con la ‘trampa’ de la inteligencia artificial -IA-) rechazarán indignadas que se las comparen con la ‘nuestra’.

Esto se debe a que, por una parte, tenemos jefes que son capaces de destruirnos con armas nucleares.

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El arte, el consumo y las paradojas sociales

Por el otro extremo, se da un valioso premio a una banana pegada a la pared por un ‘artista’ italiano, que ni siquiera es vegetariano, banana que ha sido expuesta y ahora destruida y reemplazada con otra real por segunda vez, con tanta hambre que hay aún en el mundo.

Diego Mas Mas

Las declaraciones de Osvaldo Hurtado esta semana causaron revuelo. Muchas voces lo reivindican o lo atacan. Algunos cayeron en el sinsentido de calificarlo de correísta. Trazo entonces la cancha de esta columna reafirmando el respeto que tengo por la figura, el pensamiento y la honorabilidad del expresidente.

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Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

Las definiciones importan

Planteo ahora mi discrepancia. En el razonamiento que lo lleva a calificar a Daniel Noboa de “criptodictador”, Hurtado cuestiona que haya sido suspendida la Revolución Ciudadana (RC), a la que definió como “el partido político más importante del Ecuador”. Hurtado no es solo un político, sino también un intelectual y un escritor. Las definiciones importan. La RC… ¿un partido político? ¿Cómo llamar a una organización cuyo líder indiscutido es un delincuente sentenciado, cuya segunda figura acumula condenas, que reivindica un modelo de abusos y corrupción y que organiza su actividad política alrededor de la defensa y la impunidad de sus líderes? Con tanta agua que ha corrido bajo el puente, ¿cómo puede eludirse la relación de ese “partido político” con lo que reveló el caso Metástasis? ¿Cómo desvincular eso de la “pacificación de pandillas”, que terminó con un Latin King presidiendo la Asamblea Nacional y con un ñeta convertido en capo del narcotráfico? Dato no menor: ambos figuran en el expediente del asesinato de Villavicencio. El “partido político más importante del Ecuador” buscó un golpe a través de los paros criminales de 2019, 2022 y 2025. Además de las sentencias, investigaciones por lavado de activos y actos de corrupción probados de decenas de miembros de esa organización, ¿qué más se necesita para llamarla por su nombre?

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Llamar partido político a la RC legitima su prontuario. La presenta como un vehículo democrático cuando los hechos confirman que ha sido un vehículo de agendas criminales. Otra cosa es que -por motivos que no alcanzan a despacharse en este espacio- se mantenga como una organización popular.

Las definiciones importan. No puede obviarse el fenómeno de la narcopolítica como principal causante del deterioro institucional y, sobre todo, del territorio en disputa que es hoy el Ecuador. Hace muchísimo tiempo aquí se aniquiló la democracia. Repararla o restaurarla será imposible si no atacamos los orígenes de esa ruptura o si legitimamos a quienes la destruyeron.

Hace algunas semanas, diario La Hora publicaba y resaltaba el estudio hecho por el economista Luis Tobar Pesantez, docente de la Universidad Salesiana, en el que se devela una triste verdad y, también, ¿por qué no?, una incertidumbre mayor frente al futuro: “En 11 años, el país perdió casi 690.000 estudiantes y cerró más de 7.000 planteles”.

Si esa es nuestra situación actual, ¿qué podemos y debemos hacer para construir la sociedad y la nación que necesitamos, para que el país crezca y se desarrolle como todos queremos? Los datos asustan y no son de juego.

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Perder 690.000 alumnos en el sistema educativo delata una realidad triste y preocupante: ¿dónde están? ¿Qué se hicieron? ¿A qué se están dedicando? Preguntas estas que debemos contestarnos para partir de un sólido diagnóstico.

Que se cierren 7.000 planteles educativos y se vea como urgente la construcción de cárceles debe también hacernos pensar en la sociedad en que vivimos, pues es claro que otra vez, no estamos apostando a la educación del ecuatoriano. Acaso, por los motivos de siempre, educar no llama tanto la atención del político como el deslumbrón de inaugurar y dejar su nombre plasmado en obras; pero el sacrificio es grande, pues hipotecamos futuro.

Guayaquil

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Cómo hacer volver a los estudiantes a las aulas

Podrá decirse que la migración, la baja natalidad, la necesidad de aportar para el hogar, que la captación por parte de entes delincuenciales o, simplemente, la insatisfacción alejan a alumnos del mundo escolar; pero es entonces necesario activar, con fuerza, mecanismos para el retorno a las aulas. Y que no se diga, como alguna dignataria electa afirmó, que es el rigor de la escuela y la incomprensión de no promover a todos sin merecerlo lo que ahuyenta al alumno del colegio.

Condicionar bonos y dádivas a cambio de escolaridad, condicionar subsidios y rebajas a la obligación de que padres respondan al hecho de educar a sus hijos, pueden ser caminos y, además, dar una educación que redima, que dé frutos, que llegue pronto a objetivos de sostenibilidad de ese estudiante que requiere aprender con exigencia, amabilidad y sentido de pertenencia.

Gálatas 1:20... En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. 2 Corintios 11:31... El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Reina-Valera. 1960.

No sirvo para ser político, no puedo serlo. Los políticos han aprendido a mentir, el cinismo es su herramienta de combate. Son expertos en el arte de manipular; me niego a maquillar mis pensamientos. No sirvo para ser político, es mi realidad. 

Política

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Sara Ortiz

Críticas a la corrupción y el engaño

Mis convicciones están por encima de los acuerdos polítiqueros; no quiero cerrar mis ojos ante la injusticia. La indiferencia no es mi estilo de vida. No sirvo para ser político, me niego; ser político es sinónimo de engañador. Se cambian de camisetas usando el mismo calzoncillo. 

No pueden esconder la suciedad de su intención, prefiero pasar desapercibido y vivir con integridad. No sirvo para ser político, no sirvo. Ser político es la vía fácil para enriquecerse; ser político es una distorsión conceptual. Ser político es una enfermedad ideológica. Aprendí que el anonimato me da paz mental.

¿Cuándo los políticos se corrompieron? ¿Conoces a un político que sea honesto? ¿Por qué los buenos no son políticos?

La política es servicio, no entendieron; los políticos viven para sí mismos. Buscan una oportunidad para engañar y estafar. Ten cuidado y no creas en sus ofrecimientos. 

Agustín Romero

Nunca pensé que diría adiós a la libertad de prensa y al diario El Comercio, donde inicié hace 35 años mi apostolado ciudadano escribiendo en Cartas al director”, espacio que llamo la Tribuna del pueblo. Tras la venta del diario por las presiones del correísmo, su línea editorial cambió y dejaron de publicar mis cartas críticas, por lo que dejé de enviarlas.

Luego escribí para Hoy y La Hora. En Hoy llegaron a publicar dos cartas mías el mismo día, hasta que el diario fue cerrado tras la persecución del gobierno de Rafael Correa. La Hora eliminó la sección de Cartas al director al migrar a digital. Hoy continúo escribiendo para EXPRESO y, desde 2017, soy columnista del diario digital Desde mi trinchera.

Durante el correísmo se instauraron la Supercom y la llamada Ley Mordaza, se persiguió a medios, periodistas y opositores, se impulsó el juicio contra El Universo y desaparecieron periódicos, revistas, radios y programas. La libertad de expresión sufrió un grave retroceso y muchos comunicadores fueron perseguidos, silenciados o asesinados.

Considero que gran parte de ese sistema de control e impunidad continúa vigente. El correísmo mantiene influencia en instituciones del Estado y sigue condicionando la vida política del país. Sin una reforma profunda de la Constitución de 2008 y de las leyes que favorecen la corrupción y la impunidad, Ecuador continuará atrapado en la inestabilidad.

También preocupa el debilitamiento de medios independientes, la compra de empresas periodísticas y las presiones contra quienes denuncian corrupción o crimen organizado.

Guayaquil

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Freddy Josue Andrade Andrade

Los desafíos actuales para la libertad de expresión

La defensa de la libertad de prensa es indispensable para preservar la democracia y el derecho de los ciudadanos a expresar sus ideas.

Con la voluntad de Dios seguiré escribiendo mientras me sea posible, aunque quizás haya llegado el momento de pensar en dar un paso al costado después de 35 años.

Mantengo la esperanza de un Ecuador con libertad, democracia, justicia, seguridad y oportunidades para las futuras generaciones, porque considero que trabajar por un país mejor es un deber moral, humano y espiritual.

Juan Carlos Cobo Rueda

A mediados del siglo pasado, las calles de Santa Elena se envolvían en un halo de misterio por la aparición de la Mujer Gigante.

Vestida con un amplio traje y larga melena, recorría las calles llorando y asustando a transeúntes y niños por su descomunal tamaño.

Los mayores contaban que vivía cerca del cementerio y desde allí iniciaba su camino hacia el cerro.

Guayaquil

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Freddy Josue Andrade Andrade

El secreto detrás de la Mujer Gigante

Al caer la noche, entre el canto de las lechuzas y el aullar de los perros, parecía crecer mientras avanzaba por las laderas.

El sonido de sus pasos sobre las calles lastradas y el movimiento de su vestido aumentaban el temor.

Un grupo de adolescentes decidió seguirla y descubrió que era una mujer común que usaba largas cañas para aparentar mayor altura.

Así distraía a los curiosos mientras subía al cerro El Tablazo para encontrarse con su amante, quien trabajaba en una mina de piedra en la cumbre.

Evelio Patricio Reyes Tipán

La Constitución de la República del Ecuador -CRE-, vigente desde 2008, para que pueda ser aplicada, la Asamblea aprobó la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional del 2009, y en su disposición final ordena que todo lo no previsto en esa ley se lo hará con la aplicación del Código civil, código de procedimiento Civil, Código Penal y Ley Orgánica de la Procuraduría del Estado (abogado del Estado) cuando las autoridades de control sean: la Procuraduría, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, fiscal general, Consejo Electoral.

Las leyes orgánicas tienen su ámbito de aplicación; sus disposiciones no deben ser extensivas, ni narrativas; su corrección o rectificación se hace a partir de los artículos 172, y 173, no en los casos de restitución, artículo 326 de la Constitución, etc. Siendo las máximas autoridades del Estado, deben acogerse a la disposición final de la Logjcc y respetar el mandato que ordena: en ningún caso el juez declarará válido lo que la ley ordena que sea nulo (cualquier ley).

 El orden que se indique en la Constitución está sobre lo dispuesto en la Logjcc, artículo no. 22, Violaciones procesales. Los jueces no deben ser juez y parte, ni aun usando directorios de su propia estructura organizacional; sí es válida la aplicación de directorios técnicos apolíticos, la academia, colegios profesionales.

Política

Sin ser dictador, todos los poderes llevan a Daniel Noboa

Carlos Isaac Pino

La importancia de la separación de poderes

Para tener por lo menos una idea de solución para la independencia de poderes, se sugiere que lean la obra del Premio Nobel de Economía, Friedrich Hayek, en que se proponen estratos de edades para el escogimiento de los senadores, sin tener que recurrir al federalismo. Y desechando a la partidocracia.

El progreso del país está en no seguir perjudicando al sistema judicial, queriendo ser juez y parte en el escogimiento de las autoridades de control, jueces generales y de superintendencias.

Los problemas traen sus oportunidades y es posible que este sea el momento.

Salvador c. Autheman

El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del 2024 ilustra claramente un escenario de uso de las instituciones del Estado para beneficio del poder oficial que “tuvo como objetivo impedir la participación política de la oposición, lo que constituyó una violación a su derecho a la igualdad de oportunidades para postularse y hacer campaña sin restricciones arbitrarias y discriminaciones” (Párr. 3).

En sus páginas se describe el uso de las instituciones del Estado que se pusieron a disposición para cumplir el reprobable objetivo y que incurrieron en decretar las inhabilitaciones administrativas de personas opositoras, imponer obstáculos para la inscripción de candidaturas opositoras y ejecutar detenciones arbitrarias y amedrentamientos a las personas opositoras o percibidas como tales.

Política

¿El partido socialista, la salvación para los candidatos de Revolución Ciudadana?

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

Inhabilitaciones y persecución

Este informe de la CIDH del año 2024 describe, por ejemplo, las inhabilitaciones de origen administrativo para impedir la participación de opositores y recordó que el estándar internacional es que “ningún órgano administrativo puede restringir los derechos políticos a elegir y ser elegido a través de sanciones de inhabilidad o destitución” porque ese tipo de sanciones “sólo puede ser impuesta mediante condena por juez competente, en el marco de un proceso penal” (Párr. 21). En el Ecuador, hoy, el estándar es mucho más bajo que una condena penal.

Política

Vivian Idrovo: “Ecuador camina a parecerse a Venezuela y a Nicaragua”

Flor Layedra Torres

En ese informe del año 2024 se criticó el trato desigual en la inscripción de las principales candidaturas opositoras al régimen y las oficialistas, lo que en palabras de la CIDH “sugiere un trato discriminatorio en el acceso a la función pública y una afectación arbitraria a la oferta electoral” (Párr. 23). También criticó el uso de detenciones arbitrarias y amedrentamientos a personas opositoras o percibidas como tales, en una represión que “no sólo estuvo dirigida contra personas opositoras, sino también contra defensores de derechos humanos y periodistas” (Párr. 30) y cuya ejecución incluyó “omisión de procedimientos judiciales, el secretismo en torno a la situación de personas detenidas y la intimidación a sus familiares”, todo lo cual demostró, en palabras de la CIDH, “un carácter deliberado, planificado y coordinador de distintas instituciones” que “socavan los principios básicos del Estado de Derecho y la democracia” (Párr. 36-37).

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Y eso es precisamente lo que ocurre en el Ecuador: se trata de manera desigual y se impone obstáculos a la participación de los partidos de oposición, y se ha llegado a encarcelar y amedrentar a los opositores, en un ambiente marcado por el miedo y la incertidumbre. Es claro que se está instrumentalizando a órganos del Estado (principal, pero no exclusivamente, a los órganos de justicia y electorales) para marcar la cancha electoral a favor del partido del gobierno. Es inobjetable que las reprobables prácticas descritas en el informe de la CIDH del 2024 están ocurriendo en el Ecuador del 2026.

El título del informe de la CIDH del año 2024 es “Venezuela. Graves violaciones a los derechos humanos en el contexto electoral” y describe en detalle las etapas de la persecución y la represión política sufridas en ese país. Tal parece, alguien les está calcando su receta.