La posesión del nuevo presidente de Colombia abre un escenario de mayor tranquilidad para Ecuador, tras una etapa marcada por tensiones y una guerra arancelaria que llegó a imponer un gravamen del 100 % a los productos colombianos que ingresaban al país.

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Más allá de si existió o no una estrategia ecuatoriana de injerencia electoral, la realidad es que ambos mandatarios comparten una visión política y de gobierno, lo que permite prever una relación más cordial y orientada a beneficios mutuos.

El comercio bilateral puede beneficiarse de un nuevo escenario

Ecuador debe mantenerse abierto a acuerdos que impulsen el bienestar de comerciantes, exportadores y empresarios de ambos países, así como el fortalecimiento de la cooperación en inteligencia, tecnología y control fronterizo para enfrentar de forma más eficaz al crimen organizado.

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Los presidentes coinciden en la necesidad de aplicar firmeza en materia de seguridad. Esa mano dura debe dirigirse contra quienes amenazan el orden y la ley, mientras que la ciudadanía requiere políticas que le permitan recuperar sus calles, parques y espacios públicos.

Este nuevo escenario representa una oportunidad para robustecer la relación bilateral y trabajar de manera conjunta en favor de la seguridad, el desarrollo y la prosperidad compartida.

Antes que operativos, discursos o recorridos oficiales, General Villamil Playas necesita recuperar algo más básico: la autoridad del Estado. Cuando una estructura criminal fija tarifas, decide quién puede trabajar y castiga a quien se niega a pagar una extorsión, esta deja de ser un delito aislado para convertirse en una forma de gobierno de facto.

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Esa realidad no solo vacía locales y ahuyenta visitantes, también rompe la confianza de una comunidad que siente que obedecer la ley ya no basta para sobrevivir.

Por qué los operativos no son suficientes para frenar al crimen

Perseguir a los ejecutores es sin duda necesario, pero insuficiente. Mientras las redes que financian, coordinan y reemplazan a sus operadores permanezcan intactas, cada captura será apenas un relevo en la cadena del delito.

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La respuesta exige inteligencia, investigación patrimonial y una acción sostenida entre la Policía Nacional, la Fiscalía General del Estado y el sistema de justicia que desmantelen ese financiamiento criminal, no solo intervenciones esporádicas.

La confianza ciudadana, otra víctima de la inseguridad

La soberanía no se mide por la presencia de uniformes, sino por la capacidad de garantizar que la ley sea la única autoridad que cobre, decida y proteja. Recuperar General Villamil Playas de las extorsiones y la violencia ya no admite más aplazamientos.

Que un ciudadano ecuatoriano deba pasar la noche en la acera para conseguir un turno, e incluso pagar a un tercero para que le guarde el puesto porque de otro modo es imposible acceder a él, no es un simple inconveniente administrativo: es la evidencia de un Estado que fracasó en su función más básica, atender a quien cumple con la ley.

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Renovar la licencia en la ANT: un trámite que obliga a dormir en la calle

Desde el 20 de julio, la Agencia Nacional de Tránsito impuso un nuevo esquema para renovar licencias que convirtió un trámite ordinario en una prueba de resistencia. Familias enteras duermen en parques y exteriores de las agencias, exponiendo a menores y adultos mayores al frío y la inseguridad, sin garantía de ser atendidas.

Al mismo tiempo, proliferan tramitadores que cobran hasta medio centenar de dólares por un cupo que debería asignarse de forma gratuita y ordenada. La ANT respondió pidiendo a la ciudadanía que “no madrugue”, como si el problema fuera la impaciencia del usuario y no el colapso de su propio sistema.

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Esto no es un problema menor de gestión: es maltrato institucional. El Estado traslada al ciudadano el costo físico, económico y de seguridad de su incompetencia. Si la ANT no puede garantizar dignidad mínima en un trámite básico, no tiene autoridad moral para seguir administrándolo sin rendir cuentas.

Al tiempo de enviar estas letras a EXPRESO, el presidente Noboa debe encontrarse en Cali asistiendo a la posesión del nuevo presidente de Colombia. Una nueva etapa se inaugura en esta trascendental relación entre los dos países. Lo de fondo será la cooperación política y, a la vez, la prudente distancia que se debe guardar, sobre todo, en este momento en que la gran potencia del norte pretende incorporar a los países latinoamericanos como sus cooperantes incondicionales. Volvemos luego sobre la materia.

Ecuador y Colombia abren una nueva etapa

Antes de regresar a lo previamente señalado, el gobierno ecuatoriano deberá subsanar los daños ocasionados a nuestra economía por los aranceles que impuso a las importaciones de Colombia y que la Comunidad Andina eliminó, porque violaba su Pacto constitutivo, el de Cartagena. El comercio se redujo en un 50%, y los expertos calculan que la pérdida hasta fin de año será de un 40%. El tráfico de fronteras es casi inexistente.

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En Cali, veremos –suponemos- la concurrencia de la docena de Jefes de Estado que acudieron hace poco a Miami atendiendo a la invitación del presidente Trump, aumentada, obviamente, por la presencia del nuevo Presidente que ya ha anunciado su participación, y que adquirió su nacionalidad estadounidense bajo juramento de lealtad.

La presión de Estados Unidos sobre América Latina

Es peligrosa una adhesión a una política sobre la que no nos han consultado y que, además, es impredecible, porque depende de la voluntad, podríamos decir, del capricho del Presidente Trump. Los países europeos, miembros de la OTAN, que no fueron consultados para la guerra contra Irán, tienen que resistir la presión para participar en dicha guerra contribuyendo a la defensa del Estrecho de Ormuz.

Camino a Cali pasó por Quito el presidente argentino Milei. Se informa que se firmaron acuerdos poco significativos, como el de algunas exenciones de impuestos a la importación de un millar de automotores argentinos. Hace pocos días, en visita a Brasil para apoyar al candidato presidencial hijo del expresidente Bolsonaro, Milei, en uno de sus tantos desaguisados, profirió varios insultos contra el Presidente de Brasil. Parece que estas estrafalarias actitudes son rechazadas internacionalmente.

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El presidente brasileño, Lula da Silva, no asistirá a la posesión del Presidente colombiano. El mandatario brasileño no concuerda con su alineamiento con USA. Brasil y México mantienen una política independiente respecto de Trump, quien tiene actitudes tan sui generis como la de haber retirado la visa a la embajadora brasileña ante Washington y ofrecer restituir si Brasil acepta como embajador a quien él quiere enviar. ¡Esto rompe todas las tradiciones diplomáticas! Un estado propone, reservadamente, una persona para el cargo de embajador, y el estado receptor analiza y, si quiere, da su consentimiento -agreement- o simplemente no contesta en un término prudencial (unos treinta días), con lo cual se entiende su no aceptación. Los casos de esta o similar naturaleza se repiten frecuentemente, creando situaciones muy tensas.

Trump quiso enviar dos delegados suyos a entrevistarse con miembros del Tribunal Electoral de Brasil, lo cual constituía una intromisión en asuntos internos, y fue rechazado. Antes, pidió que se indulte a Bolsonaro por su intento de golpe de estado, lo cual fue rechazado.

Vivimos posiciones antagónicas entre USA y algunos gobiernos latinoamericanos.

Esta semana, Colombia vive una de las transiciones políticas más relevantes de su historia reciente cuando el presidente electo de derecha, Abelardo de la Espriella, sucede al presidente de izquierda, Gustavo Petro. Como ha ocurrido en otros países latinoamericanos que han girado hacia la derecha, es probable que aumente la polarización política y que el nuevo gobierno enfrente una oposición fuerte, posiblemente encabezada por el propio Petro.

La nueva administración heredará una economía compleja. En el ámbito social, la pobreza multidimensional ha continuado disminuyendo gracias a un mayor acceso a educación, salud, servicios públicos y vivienda. Sin embargo, estos avances no se han traducido en mejoras significativas de los ingresos, mientras la brecha entre las zonas rurales y urbanas se ha ampliado y el sistema de salud atraviesa una profunda crisis.

Política

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Desempleo, crecimiento y exportaciones

Aunque el desempleo cayó durante la administración Petro, buena parte de esa mejora parece explicarse por la expansión del empleo público. Esto implica que el ajuste fiscal que deberá emprender el nuevo gobierno podría revertir parte del avance. Además, la informalidad laboral sigue siendo muy elevada, afectando a casi la mitad de los trabajadores urbanos y a la mayoría de los rurales.

El objetivo oficial de crecer al 7% parece poco realista. Una meta cercana al 4% sería más alcanzable mediante la recuperación de sectores rezagados durante el gobierno anterior, como el petróleo, la minería y la construcción. No obstante, la prioridad principal será estimular la inversión, que en los últimos años ha permanecido alrededor del 17% del PIB, muy por debajo de los niveles registrados durante la década de 2010.

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Otra prioridad será consolidar el crecimiento de las exportaciones no tradicionales. El éxito dependerá de que las intervenciones del banco central moderen la apreciación del peso. Los aranceles anunciados por el presidente estadounidense Donald Trump también podrían afectar las exportaciones, aunque una recuperación económica de Venezuela podría compensar parcialmente ese impacto.

El fenómeno de El Niño y la crisis fiscal

Las perspectivas de corto plazo enfrentan riesgos adicionales. El fenómeno de El Niño podría afectar la producción agrícola y agravar las presiones sobre el sistema energético, dependiente de la generación hidroeléctrica y limitado por una escasa expansión de capacidad y una creciente escasez de gas natural. Al mismo tiempo, las elevadas tasas de interés podrían limitar la recuperación.

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El desafío más urgente será la crisis fiscal. Desde 2024 el déficit supera el 6% del PIB y la deuda pública alcanzará niveles históricamente altos. De la Espriella propone reducir el gasto en cerca del 3% del PIB mediante un plan de austeridad, pero la rigidez del presupuesto y las crecientes necesidades en salud dificultarán ese objetivo. A estos retos se suman la seguridad, la reconstrucción de la capacidad administrativa del Estado y la definición de la política exterior. En conjunto, el nuevo gobierno deberá recuperar la estabilidad fiscal e impulsar la inversión sin poner en riesgo los avances sociales alcanzados durante las últimas décadas.

El próximo 29 de noviembre, millones de ecuatorianos acudirán a las urnas pensando en quién debe administrar su ciudad o su provincia. Muy pocos pensarán que ese mismo día también estarán eligiendo a quienes integrarán el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, un organismo que selecciona y designa a las principales autoridades de control del Estado.

Elegir a un consejero del CPCCS no equivale a escoger alcalde o prefecto. El ciudadano no está votando por quien ejecutará obras o administrará servicios públicos. Está eligiendo a personas que deberán manejar los procesos de selección más importantes del Estado bajo presión política y mediática. Por eso requieren independencia, criterio jurídico y solvencia ética.

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Provisionalidad y concursos pendientes

Mientras la Constitución no cambie, el CPCCS conserva una de las atribuciones más influyentes del Estado. Interviene en la designación de autoridades como el fiscal general, el defensor del Pueblo, integrantes del Consejo Nacional Electoral, el procurador general del Estado, los superintendentes y otras autoridades de control. Quienes resulten elegidos vocales del CPCCS, recibirán una institución que llega con algunos de los procesos de designación más importantes del Estado aún abiertos o retrasados. El concurso para fiscal general continúa en desarrollo; la renovación parcial del CNE sigue en trámite; y la Defensoría del Pueblo permanece bajo una autoridad encargada. Más allá de cuándo concluyan esos procesos, su sola demora evidencia una preocupante normalización de la provisionalidad institucional.

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Una democracia no solo requiere instituciones independientes, también necesita que sus autoridades sean designadas oportunamente y conforme a las reglas previstas. La estabilidad institucional no depende únicamente de quién ocupa un cargo, sino también de que los procedimientos de selección funcionen dentro de plazos razonables.

Es legítimo discutir si el CPCCS debe mantenerse, reformarse o desaparecer. Su historial de politización y de designaciones cuestionadas no es menor. Pero mientras la Constitución le atribuya estas competencias, su elección no puede seguir tratándose como un asunto secundario.

El mapa político de la región andina sigue cambiando. Keiko Fujimori asumió en Perú y promueve un claro acercamiento a Estados Unidos. Abelardo de la Espriella hará lo propio en Colombia, a pesar de los pataleos de Petro, con una retórica de seguridad que recuerda a Bukele. Ecuador es ya aliado de Washington. Bolivia giró a la derecha en elecciones democráticas. Estos cambios ocurren en uno de los principales epicentros del crimen organizado de América Latina. Colombia, Perú y Bolivia concentran la producción mundial de coca; Ecuador es una de las principales plataformas de salida de cocaína. A esa economía se suman la minería ilegal, el lavado de activos, el tráfico de armas, las guerrillas y los GDO que operan sin fronteras. La guerra en nuestra región se expresa en territorios perdidos, instituciones penetradas, muertes violentas y millones de ciudadanos desplazados o expulsados de sus países.

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La oportunidad para una estrategia regional

Venezuela aporta un termómetro. EE.UU. asestó un golpe brutal a la dictadura capturando a Maduro. Siete meses después, Delcy Rodríguez continúa en el poder y la prometida transición democrática empieza a lucir hipócrita: los rezagos del régimen cambiaron de amor antes que de naturaleza. Bye China, Rusia e Irán. Welcome, EE.UU. Hay, sin embargo, una diferencia fundamental: Washington es una democracia y tiene el deber de promoverla. Eso implica Estado de derecho y bienestar para la población. Si ambos dejan de ser prioridad, el problema de fondo permanece. Por eso siempre ronda en mi cabeza la historia del Plan Marshall. Después de la II Guerra Mundial, EE.UU. invirtió en reconstruir Europa, contribuyó a su estabilidad política, contuvo la expansión soviética y abrió mercados para sus empresas. Fue un formidable negocio para todos. Hoy se abre una oportunidad para trabajar con una estrategia regional. De hecho, el crimen organizado ya funciona así. Ecuador, Perú, Colombia y Bolivia tienen hoy gobiernos capaces de coincidir con Washington en una estrategia de seguridad, fortalecimiento institucional, infraestructura, inversión y economías legales. Para EE.UU. significaría mejores socios comerciales, menos espacio para sus rivales y menos cocaína entrando por sus fronteras.

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La propuesta es simple: enfrentar regionalmente el crimen y pensar regionalmente el desarrollo. Un Plan Marshall andino.

Desde esos tiempos en que el éxito desplazó al prestigio, y conquistar el dinero reemplazó al deseo de servir, todo se complicó. Más aún cuando se sumó la idea, tampoco cierta, que decía que ‘solo los pillos van a lo público’. Esto ha resultado en que gente valiosa se aleje de la opción pública, desentendiéndose de ella. Así comenzó el: ‘valgo por lo que tengo’, ‘gozo del dinero sin importar su origen y me admiran’.

El desprecio al político se generalizó y se satanizó así lo que es una de las más grandes opciones del servicio al prójimo: la construcción de políticas públicas, aunque no dé grandes ingresos. Es claro que el problema no está en la política, sino en aquellos que, sin ética, sin capacidad ni formación en ella, y con intereses distorsionados, la practican.

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Cuando la RAE define a la política, dice: “Arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los Estados.” Antes, Aristóteles había mencionado que era la ciencia-arte que buscaba organizar y desarrollar la ‘polis’, entendiendo que el Estado existe para servir al ciudadano y no para servirse de él, anteponiendo el bien común.

Sociedad, educación y familia

Mas, no solo la sociedad, la educación también debe hacer un ‘mea culpa’, pues no ha forjado ni fortalecido en los estudiantes el amor a la patria, ni una clara y fuerte vocación ciudadana.

La instruccionalidad desterró a la formación, y la praxis, a los valores y principios.

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La familia se eclipsó y se deslindó de lo formativo. El ser humano resume lo que ve en su hogar; se cuaja en esa cultura forjadora que es responsabilidad de los padres y que, más tarde, se traslada a la educación formal. Si no los volvemos inteligentes, solidarios, honestos, veraces, leales, patriotas, ¿cómo pedir buenos ciudadanos? Al final, la sociedad y la nación son la suma y retrato de los individuos que la conforman.

Olvidemos los miedos a formar y a corregir, dejemos la sobreprotección y seamos firmes en la crianza; así llegaremos a la resiliencia, a la pertenencia, al coraje y a la honestidad que requiere el político. Rescatemos al otro y formemos ciudadanos: ¡buenos líderes!

Los delitos financieros constituyen un problema de alcance global. Sin embargo, el ‘modus operandi’ de las organizaciones criminales continúa adaptándose para explotar las vulnerabilidades de los sistemas financieros. Estas organizaciones tienden a canalizar y lavar activos en jurisdicciones con altos niveles de corrupción, marcos regulatorios débiles y legislaciones desactualizadas en materia de prevención del lavado de activos (AML).

En América Latina, una proporción significativa de los países presenta estas vulnerabilidades, salvo pocas excepciones.

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A pesar del creciente interés por el estudio del lavado de dinero, los mecanismos que explican la formación de vínculos dentro de las redes profesionales de lavado de activos siguen siendo, en gran medida, inexplorados. Comprender estas dinámicas resulta fundamental para detectar las etapas de colocación (’placement’) e integración (’integration’) de los activos ilícitos en la economía formal.

El entramado invisible del lavado 

Los intermediarios desempeñan un papel fundamental en los esquemas de lavado de activos, ya que las organizaciones criminales, por sí solas, difícilmente pueden ejecutar operaciones de tal complejidad. Para ello recurren a facilitadores, entre ellos asesores financieros, contadores, abogados, agentes y corredores inmobiliarios, agentes de alquiler, notarios, empresarios, proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) y empresas fachada (’shell companies’).

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El común denominador entre todos estos actores es la colaboración. Ningún facilitador posee, por sí solo, los recursos, contactos o conocimientos necesarios para ejecutar un esquema de lavado de activos. Más que la eficiencia operativa, el elemento que sostiene estos esquemas es la confianza.

En la práctica, una parte importante de los recursos ilícitos suele destinarse al pago de sobornos para garantizar la protección, el acceso y la continuidad de las operaciones. De ahí surge el dicho, comúnmente escuchado en círculos criminales, de que no vale la pena lavar menos de USD 10 millones. Al mismo tiempo, la interacción con distintos grupos delictivos amplía las oportunidades de establecer nuevas alianzas, fortaleciendo las redes de lavado de activos.

En la vida podemos decidir soñar o sobrevivir. Es increíble cómo tantas personas pasan por la vida con la desesperanza de no poseer la suerte de tener un sueño. Pero, ¿qué son los sueños? No son una meta medible, son algo más grande y aspiracional. Son la ilusión de conseguir algo, de conocer algo, que muchas veces viene adornada de imposibilidad o de esa sensación que suena a fantasía. Lo curioso es que no se describen como un logro: los sueños definen quién eres y quién quieres ser. Los sueños tampoco son inmediatos, son una sucesión de eventos que juntos construyen ese sueño. Un sueño puede ser tan fuerte para una persona que llega a ser compartido por otros. El mejor ejemplo de una movilización por un sueño es el de Martin Luther King, que con el suyo logró lo impensable para la época y cambió las condiciones de miles de personas.

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La comunicación de ese sueño es importante: los sueños no son para guardarlos. ¿La razón? Las personas a nuestro alrededor pueden ser habilitadoras de sueños para nosotros. Un ser querido o un desconocido pueden ser puentes para alcanzarlos. Por eso debemos decirlo, repetirlo, manifestarlo: uno no sabe quién puede conspirar a nuestro favor para que lo logremos.

La habilidad única que nos diferencia de la IA

Los sueños no son una ambición, no son una demostración de nuestras ganas de tener más o de estar inconformes con lo que tenemos. Son más bien nuestra capacidad de inteligencia humana de pensar que podemos estar mejor. Los sueños son el motor que nos da la ilusión de aspirar a algo que tiene sentido solo para nosotros.

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Todos debemos tener un sueño. Una persona que piense que, por su dependencia de una situación o de alguien más no puede soñar, pierde la ilusión de vida. Cuidado con pensar que tu sueño es “que mis hijos sean felices”. Ese no es un sueño: no puedes poner en los hombros de alguien más el conseguir el tuyo. Tu sueño tiene que ser algo que dependa de ti, de tu suerte y de las condiciones, pero nunca absolutamente de alguien más. En este desafío de diferenciarnos de la IA, quizás los sueños son una habilidad única que tenemos los humanos para lograr lo inimaginable.

Alrededor de 70.000 marroquíes ingresaron violentamente a la ciudad española de Ceuta entre el 30 y el 31 de julio pasado. Los 80.000 habitantes de esa ciudad entraron en pánico por los posibles saqueos y otros abusos que se podrían cometer. El detonante para el grave incidente sería una sentencia del Tribunal Supremo español que establece que los inmigrantes ilegales que ingresen por el mar no pueden ser expulsados en el acto, sino que deban cumplirse los trámites respectivos.

El PIB per cápita de España en 2024 fue de USD 35.326 y de Marruecos USD 4.153. Datos del Banco Mundial. Los extranjeros que ingresan ilegalmente a España y luego se regularizan aprovechando las facilidades que ofrece el actual gobierno tendrán después libre tránsito en los países de la Unión Europea (espacio Schengen). Estas facilidades crean el ‘efecto llamada’ pues incitan a ingresar ilegalmente a España para más tarde lograr su regularización y luego, eventualmente, la nacionalidad española.

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El trasfondo de la invasión a Ceuta

No existe explicación válida para que espontáneamente una muchedumbre de 70.000 marroquíes pueda de pronto ubicarse en la frontera marítima para entrar a nado a Ceuta. Marruecos está gobernada por una monarquía que concentra todos los poderes. Se dice que no se mueve una hoja sin el consentimiento del rey Mohamed VI.

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Para encontrar una posible explicación es necesario entender la política exterior de Marruecos frente a España desde que, en abril de 2021, el gobierno de Sánchez facilitó el ingreso en secreto y con nombre falso de Brahim Gali, líder del Frente Polisario, que persigue la independencia de Sahara Occidental y tiene un grave conflicto con Marruecos. Este hecho fue interpretado como un acto hostil que dinamitó la buena relación que hasta entonces hubo entre los dos vecinos. A partir de allí, Mohamed VI ha tratado muy mal al presidente Sánchez, humillándolo de varias maneras, como acceder al contenido de su teléfono móvil, hacerlo viajar a Rabat y no recibirlo, además de otras acciones, entre la cuales podría estar la invasión a Ceuta. Alrededor de 10.000 invasores permanecen aún en esa ciudad.

Intimidar jueces es delito. Obstrucción a la justicia se llama y lo comete quien “mediante… …amenazas o intimidación en todo tipo de procesos judiciales interfiera ilegítimamente en la libertad de actuación de jueces…” (COIP, art. 270.1, 3º). Intimidar es causar miedo. Y como el miedo es bien libre, las formas de intimidar pueden ser variopintas, y en muchos casos dependen de la fortaleza (o debilidad) moral del destinatario.

Hay un precedente reciente. Se trata del proceso por obstrucción a la justicia a los exmiembros del Consejo de la Judicatura Wilman Terán y Maribel Barreno, cuya sentencia escrita fue emitida el pasado 17 de julio (17721202300025G). El antecedente del caso fue que la Fiscalía había procesado a Barreno por tráfico de influencias y que, antes de que se instale la audiencia en la que debía formulársele los cargos, se montó un esquema de intimidación en contra del juez de la causa, Walter Macías.

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Delito aunque no se logre el cometido

Según la sentencia, a partir de la convocatoria a esa audiencia “existieron reuniones para planificar y desarrollar la suspensión y destitución del Juez Macías” y que eso se concretó, en lo esencial, mediante “denuncias administrativas disciplinarias… …que tienen apariencia de legalidad y legitimidad [pero que] presentan un trasfondo del esquema de intimidación en relación al proceso penal de tráfico de influencias, interfiriendo en la libertad de actuación del juez Macías”.

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Vacantes judiciales en Ecuador: Judicatura busca llenar 700 plazas de jueces

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Queda claro el asunto. Más allá de que el Consejo de la Judicatura tenga facultades para sancionar jueces, abrir coincidentemente un proceso disciplinario a quien estaba por procesar a uno de sus vocales constituyó un delictivo acto de intimidación.

También dice la referida sentencia que aquel delito no requiere “que la interferencia logre efectivamente que el juez actúe de una manera determinada o que se altere el resultado de un proceso, basta con la acción de interferir”. Por inventarme, que alguien del Consejo de la Judicatura, o algún operador fantasma en su nombre, presione a un juez para que altere una decisión por tomar.

La temporada de incendios forestales vuelve a amenazar a Quito con señales que no deberían pasar inadvertidas. La sequía, el aumento de la temperatura y la vegetación reseca conforman un escenario conocido, pero la prevención aún no parece estar a la altura del riesgo. Los primeros reportes de quemas e incendios en distintos sectores de la capital son una advertencia que exige algo más que vigilancia.

Quito

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IVONNE MANTILLA

El trabajo del Cuerpo de Bomberos merece reconocimiento, pero su capacidad de respuesta no puede sustituir las acciones que corresponden a otras instancias. La instalación de hidrantes en zonas críticas, la limpieza de maleza, la poda preventiva y el mantenimiento de franjas de protección alrededor de los bosques no pueden esperar a que aparezcan las llamas.

La prevención no puede esperar a que lleguen las llamas

La ciudad ya conoce las consecuencias de llegar tarde. Los incendios no solo destruyen el patrimonio natural, también ponen en riesgo viviendas, servicios y la tranquilidad de miles de familias. Cuando el fuego avanza, cualquier esfuerzo resulta más costoso que una planificación oportuna.

Quito

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IVONNE MANTILLA

Todavía hay margen para actuar. La prevención requiere coordinación entre el Municipio de Quito, el Cuerpo de Bomberos y la ciudadanía. Hay que evitar que la historia se repita.

El Centro Histórico de Quito no necesita discursos de admiración, necesita decisiones. No basta con sentir orgullo por uno de los patrimonios culturales más importantes del mundo si permitimos que el deterioro, la inseguridad y el abandono le arrebaten su esencia.

Cada fachada descuidada, cada espacio público degradado y cada visitante que decide no volver representan una oportunidad perdida para el Ecuador.

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Recuperar este tesoro no es un asunto exclusivo de los quiteños ni de una administración municipal. Es una responsabilidad nacional. Quien protege su patrimonio protege también su identidad y su futuro.

El deterioro también afecta al turismo

La restauración del Centro Histórico debe ir de la mano con una estrategia permanente de seguridad, mantenimiento, movilidad y promoción turística. Solo así volverá a ser un lugar donde los ecuatorianos quieran caminar con orgullo y los visitantes extranjeros encuentren una ciudad a la altura de su prestigio internacional.

Quito

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IVONNE MANTILLA

Invertir en el Centro Histórico no es un gasto: es una apuesta por el turismo, el comercio, el empleo y la economía. Cada dólar destinado a su recuperación puede multiplicarse en ingresos para miles de familias. Dejar que este patrimonio pierda su brillo sería renunciar, por indiferencia, a una de las mayores riquezas que tiene el país.

Juliana Campos N.

En los últimos años la ciudad de Guayaquil, antes ilustre por mil títulos; la primera por su población, su economía, su espíritu libertario y sus gestas heroicas, hoy es víctima en diferentes aspectos. Una especie de mala suerte o mala racha en la elección de autoridades y sus administraciones. Donde antes hubo servicios con claridad y responsabilidad de procedimientos, ahora hay dudas, temores, exacciones para fines desconocidos, politiquería activa, cálculos electorales y descuido total de los intereses comunes de la ciudad.

Guayaquil

Segura EP pide más dinero y el Municipio de Guayaquil le asigna $15,3 millones

Juan Ponce Merchán

Seguridad y servicios, entre los principales problemas

Hoy se ultraja a Guayaquil desde adentro y desde afuera, y hace pocos días por la celebración de los 491 años de su fundación tuvo caracteres de especial regocijo para los guayaquileños y para todos sus habitantes. Antes, los eventos y desfiles que se organizaban para estas fechas creaban un ambiente propicio y adecuado para que la ciudadanía disfrutase, con civismo y orgullo, de grata recordación, junto con sus mandatarios, que con cariño y admiración visitaban la ciudad y aprovechaban para inaugurar aquellas obras que con sensibilidad y esfuerzo habían impulsado en beneficio de la comunidad. Pero ahora el contraste es muy notorio y penoso, empezando por celebrar las festividades por separado. 

Lo expresado es un bosquejo de la triste realidad guayaquileña del momento, pero lo que ha motivado a escribir esta opinión es la intensión perdida de la oportunidad de darle a Guayaquil la confianza, tranquilidad y el desarrollo que necesita. Guayaquil está atravesando por una situación extremadamente crítica en seguridad, salud, educación, servicios públicos, empleo, vialidad, etc., y demanda soluciones radicales.

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Valeria Alvear

Y regreso a lo medular: Guayaquil necesita mucho más de las órdenes antes citadas, y cualquiera que sea la vía que se emplee para lograrlo será justificada y aplaudida por los guayaquileños de verdad. Es imperativo, que las autoridades nacionales y seccionales desoigan voces políticas motivadas en aspectos ajenos a los intereses de la ciudad, a quienes, en verdad, no representan el sentir profundo de Guayaquil y de los guayaquileños. ¡Veremos que pasa más adelante!

Mario Vargas Ochoa

En tiempos en que el cine suele abusar de los efectos digitales para impresionar, La Odisea de Christopher Nolan demuestra que el asombro también nace de una buena idea.

La aparición del cíclope, con un ojo vertical que rompe el imaginario tradicional, y la inquietante secuencia en la que Circe convierte en cerdos a los hombres de Odiseo, bastan para recordar que la mitología sigue siendo un territorio fértil para la creatividad.

Opinión

Todos vivimos nuestra Odisea

Iván Baquerizo

Homero llega al cine con una nueva mirada

La película no se limita a ilustrar a Homero: lo reinterpreta con inteligencia visual. A ello se suma una banda sonora que no acompaña la acción, sino que la multiplica, haciendo casi tangible el caos y la violencia de la toma de Troya. Nolan confirma que el espectáculo cinematográfico no depende solo del presupuesto, sino de la capacidad para convertir relatos milenarios en experiencias contemporáneas.

Cuando el cine dialoga con los clásicos sin solemnidad ni artificios gratuitos, el resultado trasciende la pantalla y devuelve vigencia a historias que parecían pertenecer únicamente a los libros.

Ernesto Cáceres S.

Dos días consecutivos, dos tráileres volcados y dos contenedores desprendidos en la vía a la costa. La escena ya no sorprende. Y ese es, precisamente, el problema.

Cada nuevo accidente se explica con las mismas hipótesis: exceso de velocidad, pérdida de control o fallas en la sujeción de la carga. Las autoridades atienden la emergencia, el tráfico colapsa durante horas y, una vez retirada la grúa, todo vuelve a la normalidad... hasta el siguiente siniestro.

Guayaquil

Así fue el rescate de una persona atrapada tras un accidente de tránsito en la vía Perimetral

Edison Andrés García Yépez

Pero esta no es una fatalidad inevitable. Si un contenedor se desprende, alguien incumplió su responsabilidad. Las empresas transportistas deben garantizar que la carga salga correctamente asegurada y que sus conductores respeten los límites de velocidad y los carriles establecidos. Y el Estado tiene la obligación de fiscalizar y sancionar. Cuando esa cadena falla, las consecuencias las pagan ciudadanos que simplemente iban camino a su trabajo o a su hogar.

La vía a la Costa ya no soporta el mismo flujo de carga

Ya ha habido víctimas mortales en esta vía. Por eso resulta incomprensible que las sanciones sigan siendo insuficientes. Quien pone en circulación un vehículo de carga sin las condiciones de seguridad necesarias no solo infringe una norma administrativa: pone vidas en riesgo. Las multas deben ser severas y, cuando exista negligencia comprobada con consecuencias fatales, también deben existir responsabilidades penales.

Guayaquil

"¿Hasta cuándo?": vía a la costa exige frenar los constantes vuelcos de tráileres

Diana Sotomayor

Al mismo tiempo, el Gobierno no puede seguir postergando la solución de fondo. La vía a la Costa dejó hace mucho de ser una carretera destinada principalmente al tránsito interprovincial. Hoy atraviesa una extensa zona residencial que soporta un flujo creciente de transporte pesado hacia el puerto de aguas profundas de Posorja. El propio Ejecutivo ha planteado una ruta alterna para desviar buena parte de esa carga. Es hora de convertir ese anuncio de la vía Nobol-Posorja en obra.

Esperar el próximo contenedor desprendido para volver a discutir el problema ya no es una opción. Gobernar también consiste en prevenir.

Roberto Mosquera F.

Alguien lleva una copa valiosa hasta que la zancadilla la hace rodar por el suelo y otro se la lleva en sentido opuesto, hasta el siguiente traspié y así, de tanto zarandeo, la copa no llega a ninguna parte. Uno la veneraba en su forma primigenia; otro resentía su simbolismo y lo torcía a gusto de su propia región, casta o ideología -los cambios y vicisitudes de los himnos y constituciones lo ilustran-; y no faltó quien urdía cómo alzarse con el santo y la limosna. Así ha trashumado, errante y vaciada, la copa de la identidad nacional, al vaivén de la bronca permanente, la contradicción mezquina, la bravata del perro del hortelano.

Sociedad

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Mariella Toranzos

No hemos podido siquiera converger en torno a un museo nacional, lo cual no sorprende si recordamos que tampoco acertamos respecto del nombre del país, cuyo territorio, al igual que su primera constitución de 1812, llevaba el nombre de Quito, pero nos avenimos, por falta de acuerdos regionales, a llamarlo como el paralelo que lo atraviesa. ¡Vaya originalidad! Ya en tiempos modernos abundan consultas populares positivas que fracasaron para escatimarle el éxito a sus promotores, por el mismo complejo colectivo que explica el triunfo de aquellas orientadas a despojar, paralizar o prohibir a la minoría del cálculo clientelar. La zancadilla, la cucaña, el tillo que raya la pintura reluciente.

Justicia

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Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

La democracia en crisis permanente

En todas las sociedades y culturas hay diferencias marcadas, tanto como cosas en común. Aquí se han exacerbado las primeras y relegado las últimas porque no hay cultura de diálogo, se descalifica al otro antes de examinar su crítica, no hay espacio para someter las ideas propias a su mayor catalizador: madurarlas a la luz de las antagónicas. No esperemos que la política sea la excepción. En Ecuador hay una pobrísima democracia, si todavía merece tal nombre, pero no es un fenómeno nuevo. La justicia fue tomada y la política judicializada hace casi tres décadas, asalto perfeccionado por los socialistas, igual que la guerra sin tregua a la prensa libre. El Estado capituló en los paros criminales de 2019 y 2022, cuyos autores y cómplices estarían tras las rejas en un país funcional. La ley se aplica selectivamente. La democracia está vaciada porque la sociedad de la que es hija no valora ni practica el diálogo, ese intercambio con ánimo de aprender que en el foro ateniense, origen de la institución, configuraba el ejercicio del poder.

Quiero destacar una capital diferencia entre dos fechas muy importantes para la historia del Ecuador: el 10 de Agosto de 1809 y el 9 de Octubre de 1820.

La diferencia: a partir del 10 de Agosto en Quito se luchó contra las demás provincias de la Audiencia de Quito, mientras que a partir del 9 de Octubre en Guayaquil se luchó a favor de las demás provincias de la Audiencia de Quito. Es justo lo opuesto.

La lucha de Quito en contra de las demás provincias era para que se reconozca su primacía administrativa en el ámbito de la Audiencia de Quito, es decir, que las autoridades de Popayán, Cuenca y Guayaquil se sujeten a las decisiones de las autoridades quiteñas. Quiso dejar de ser una audiencia subordinada: este movimiento fue de corte autonomista, a fin de romper la sujeción de Quito a una audiencia superior situada en la capital de un virreinato y empezar a comportarse como una capitanía general del Reino de España, a la manera de Guatemala, Venezuela y Chile.

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IVONNE MANTILLA

Dos gestas y dos propósitos opuestos

La lucha de Quito se hizo contra los franceses, en defensa del rey español Fernando VII, cautivo en Valençay. Para los quiteños, la lucha contra el ‘Tirano de Europa’ (así llamaban a Napoleón) debía tener un carácter continental, orientado “al individuo objeto de morir por Dios, por el Rey y la patria. Esta es nuestra divisa, esta será también la gloriosa herencia que dejemos a nuestra posterioridad”, como se puede leer en la proclama firmada en Quito y dirigida a los pueblos de América, del 16 de agosto de 1809. La posterioridad recuerda el 10 de Agosto de 1809 como una lucha contra los españoles, que no lo fue.

La lucha de Quito para imponer su primacía dentro de una porción del Reino de España terminó en un rotundo fracaso. Ni Popayán, ni Cuenca, ni Guayaquil, consintieron su idea. Todo lo contrario: resistieron, rechazando a sus emisarios y haciéndole la guerra. Pronto (fueron 76 días de un gobierno presidido por una “Alteza Serenísima” en defensa de su rey y “señor natural”), el 24 de octubre de 1809, Quito claudicó.

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IVONNE MANTILLA

El 9 de Octubre de 1820 es diferente, porque fue una lucha por la independencia y por el cambio a un régimen republicano y electivo, que marcó el inicio de la lucha de Guayaquil por independizar a sus provincias vecinas del yugo de los españoles. A raíz de su independencia, Guayaquil constituyó una milicia para luchar por la libertad de otros. Su lucha sí fue contra los españoles, sin nombres rimbombantes y con el apoyo de un pueblo reunido en el cabildo abierto que se convocó la mañana del 9 de Octubre (el 10 de Agosto se hizo prescindiendo del cabildo quiteño).

La libertad de todos

La lucha que emprendió Guayaquil por la libertad de sus provincias vecinas se fundió en un gran empeño colectivo, con fuerzas del Norte y del Sur, que fue coronado por el éxito en 1824, año que marcó la expulsión de los españoles de sus dominios conquistados el siglo XVI. El gran cantor de esta gesta fue un guayaquileño, José Joaquín Olmedo.

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IVONNE MANTILLA

Unos años antes, en 1822, se había independizado a Quito de España. En Guayaquil, apenas se conoció la noticia del triunfo en Pichincha, se mandó a publicar un bando que avisaba del magno hecho a la población: “Guayaquileños: Quito es ya libre: vuestros votos están cumplidos”.

La extorsión dejó de ser un delito más. En demasiados barrios del Ecuador se ha convertido en un impuesto criminal que decide quién puede abrir su tienda, vender un almuerzo o mantener vivo un pequeño negocio. Mientras el Estado reacciona con operativos y discursos, miles de familias siguen pagando por trabajar o cerrando sus puertas por miedo. Las cifras y los testimonios muestran que este delito se ha consolidado como una de las principales fuentes de ingresos de las bandas criminales.

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Es cierto que las extorsiones también golpean a urbanizaciones y empresas con mayor capacidad económica. Pero no todos resisten el mismo impacto. Un comerciante de un barrio popular no tiene abogados, seguridad privada ni margen para absorber pérdidas. Cuando paga una ‘vacuna’, sacrifica la comida de su familia; cuando no paga, arriesga su vida.

Los barrios populares enfrentan el avance de las mafias

Por eso la prioridad del Gobierno debería ser rescatar primero a quienes menos pueden defenderse. Recuperar los barrios populares no es solo una política de seguridad: es una decisión de justicia social y de supervivencia económica. Cada tienda que cierra fortalece el control de las mafias sobre el territorio. Cada comerciante protegido representa una victoria del Estado.

La lucha contra la extorsión no puede medirse únicamente por capturas. Debe medirse por la tranquilidad de quien vuelve a abrir su negocio sin miedo.

Manuel Torres H.

La memoria es algo que muchas veces damos por sentado. Queremos olvidar aquello que quedó atrapado en el rincón de los recuerdos dolorosos. Sin embargo, como dice un maestro de Oriente, no sufrimos nuestra vida, sufrimos nuestra memoria. Y entonces me pregunto: ¿sufriríamos menos si pudiéramos borrar ciertos recuerdos? ¿O deberíamos entender la vida como un regalo que renace cada mañana? No lo sé. Aún no he vivido el Alzheimer de cerca.

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Mariella Toranzos

Mi abuela paterna murió a causa de microinfartos cerebrales que derivaron en demencia. En sus últimos días ya no reconocía a nadie y, por momentos, se volvía agresiva. Para sus hijos fue devastador; para nosotros, sus nietos, fue verla desvanecerse lentamente mientras todavía éramos niños.

Ver cómo alguien pierde la memoria es profundamente doloroso. Con el tiempo esa persona deja de ser quien conocíamos, se confunde y pierde el control. Y quienes acompañan ese proceso tampoco pueden hacer mucho más que sostenerse de la paciencia.

'En otras palabras' pone al Alzheimer en el centro de la historia

Todo esto volvió a mí después de ver En otras palabras (’In Other Words’), del dramaturgo inglés Matthew Seager. La dirección de Xavier Andrade me sorprendió gratamente. No suelo disfrutar las propuestas de directores que llegan al teatro desde el cine, pero aquí encontró un equilibrio preciso entre ambos lenguajes. Los recursos cinematográficos enriquecen la puesta sin restarle fuerza a la experiencia teatral.

También destacan Joselyn Gallardo, como Mónica, y Ricardo Velástegui, como Leonardo. Ambos construyen personajes de gran sensibilidad y sostienen con verdad las intensas transiciones que exige la obra, potenciando la belleza de la dramaturgia.

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Lo más trágico del Alzheimer no es solo la pérdida de la memoria, sino los fragmentos de humanidad que van quedando suspendidos. Y también el desgaste silencioso de quien cuida: su vida se resquebraja entre el cansancio, la soledad y un dolor inmenso.

Salí del teatro con un nudo en la garganta. La obra recuerda que, incluso en medio de la tragedia, el amor permanece en los pequeños gestos que nos hacen humanos.

En otras palabras se presenta en el Teatro Sánchez Aguilar hasta este domingo.

Frances Swett

¿Cuánto tiempo más seguiremos tratando al reciclaje como una opción y no como una obligación? Mientras algunas ciudades ecuatorianas avanzan con programas de separación de residuos, la mayoría aún deposita toda la basura en el mismo destino. El problema ya no es la falta de información, sino la ausencia de decisión política.

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Los municipios tienen la competencia y la responsabilidad de liderar un cambio que reduzca la contaminación, prolongue la vida útil de los rellenos sanitarios y fortalezca una economía circular.

La separación de residuos requiere políticas obligatorias

El propio sistema estadístico ambiental del país evidencia que la separación en la fuente y la recolección diferenciada siguen siendo prácticas desiguales entre los gobiernos locales.

Reciclar no puede depender únicamente de la buena voluntad ciudadana. Debe convertirse en una norma obligatoria, con infraestructura, educación y control. Cada año de espera significa más residuos enterrados y más oportunidades perdidas. Los municipios deben actuar ya.

Marissa Ramírez

Esta semana la Fiscalía realizó allanamientos contra varios jueces de la Corte Nacional, investigados por presuntamente haber cobrado a cambio de sentencias. El ministro del Interior, conocido por sus frases contundentes, afirmó: “nadie es intocable; o se enderezan o van presos”.

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En lo primero no hay discusión: un juez que vende un fallo comete una de las traiciones más graves contra su deber y contra la sociedad. Convierte la justicia en mercancía y deja indefenso a quien confió en ella. La corrupción judicial debe investigarse y, cuando corresponda, sancionarse con todo el peso de la ley.

El debido proceso no puede reemplazarse por declaraciones políticas

El problema está en otro punto: entre investigar a un juez y que un ministro anuncie que ese juez irá preso existe una enorme distancia.

Un allanamiento no es una condena, una investigación tampoco. Cuando un funcionario del Ejecutivo anticipa el resultado de un proceso, invierte la regla que protege a todos: primero se demuestra la responsabilidad en un juicio y luego se sanciona.

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También está en juego la independencia judicial. La frase “enderécense o van presos” puede entenderse como un llamado a no ser corruptos, pero también puede interpretarse como una advertencia para que los jueces fallen según lo que el poder espera. Un juez que teme decidir contra el gobierno de turno deja de actuar con independencia y se convierte en un funcionario condicionado. Y eso perjudica especialmente al ciudadano que necesita justicia frente al poder.

Combatir la corrupción y defender la independencia judicial no son ideas opuestas; son parte de la misma causa. Un juez corrupto debe ser investigado y sancionado mediante un sistema serio, no por una declaración anticipada. Proteger el debido proceso no es proteger al corrupto: es proteger el mecanismo que permite distinguir entre quien es culpable y quien es inocente.

Leonel González Vallejo