Antes del combate contra el crimen, antes de cualquier cálculo político y por encima de toda conveniencia, está la ley. El Estado de derecho no admite excepciones ni privilegios, porque precisamente en su cumplimiento descansa la democracia. Cuando autoridades o ciudadanos creen que el fin justifica los medios, el camino hacia la arbitrariedad queda abierto.

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Los riesgos de justificar acciones fuera del debido proceso

Las declaraciones imprudentes de ministros de Estado, en medio de procesos judiciales que involucran a autoridades locales y casos de alto impacto, evidencian un peligroso desprecio por la independencia de la justicia. Ningún funcionario tiene derecho a anticipar culpabilidades, presionar decisiones o utilizar el poder público para influir en causas sometidas al debido proceso.

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La independencia judicial no puede ser vulnerada

La Constitución impone límites claros a quienes gobiernan. Nadie puede actuar fuera de la ley, ni destinar recursos públicos para fines distintos de los permitidos, ni pretender que la voluntad política sustituya a las normas. Tampoco puede procesarse a una persona por hechos que la ley no tipifica como delito o aplicar una ley en forma retroactiva.

Combatir la delincuencia y la corrupción es una obligación del Estado, pero hacerlo desconociendo las garantías legales destruyen la legitimidad de esa lucha.

La presentación de la Agenda de Crecimiento Ecuador 2040 (ACE 2040), que llega luego de tres años de gestión gubernamental, era la señal que varios sectores esperaban para conocer el rumbo económico del país a largo plazo. 

Sin embargo, la verdadera prueba no está en su anuncio, sino en su implementación y en convertir esta hoja de ruta en resultados tangibles, lo cual conlleva varios desafíos para evitar que una propuesta como esta termine en el archivo.

El documento plantea un nuevo modelo económico orientado a impulsar el crecimiento, con el protagonismo empresarial. Para lograrlo, apuesta por fortalecer la seguridad jurídica, la estabilidad fiscal y la apertura sectorial. No obstante, el plan todavía debe precisar los mecanismos concretos mediante los cuales estos objetivos se materializarán.

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El desafío de crecer sin aumentar el endeudamiento público

El reto de fondo, no es solo tener voluntad política, hay que tener disciplina y garantizar recursos. El crecimiento económico al que se aspira no debe construirse con más endeudamiento público, sino con la creación de un verdadero ecosistema productivo de todo el país, que optimice el uso de capitales, el trabajo y la tierra para generar más bienes y servicios. Sin un crecimiento robusto no habrá empleo digno, y sin empleo digno no mejorarán las condiciones de vida de los ecuatorianos.

Las advertencias sobre un fenómeno de El Niño de intensidad similar o incluso superior al de 1997-1998 obligan al país a dejar la improvisación y actuar con urgencia. No basta con vigilar el clima, es necesario preparar al Estado y a la sociedad para enfrentar un escenario que puede afectar la producción, la salud, la infraestructura y el abastecimiento de materias primas y productos terminados. 

La seguridad alimentaria debe ser prioritaria. La disminución de capturas pesqueras y las pérdidas agrícolas amenazan el suministro de alimentos y repercuten en el transporte, el comercio y la industria. Si provincias o regiones quedan aisladas por inundaciones o deslizamientos, el abastecimiento dependerá de una planificación anticipada y de reservas estratégicas. 

Prevenir hoy para evitar una crisis mañana

También hay que fortalecer la capacidad hospitalaria, garantizando camas, medicamentos, insumos y personal para atender el aumento de enfermedades que sobrevienen como consecuencia del fenómeno. Y la infraestructura crítica debe protegerse frente a aluviones y crecidas de ríos, que podrían afectar el funcionamiento incluso de Coca Codo Sinclair. 

Ante una amenaza de esta magnitud, Ecuador no puede distraerse en disputas políticas. La prioridad debe ser prevenir hoy para evitar que una emergencia climática se transforme mañana en una tragedia nacional.

Las políticas que impulsan la libertad económica han sido las más efectivas para reducir la pobreza. Esto es un hecho, fácilmente verificable. Es también un modelo replicable que, más allá de las circunstancias, produce los mismos resultados: Gran Bretaña, Países Bajos, Bélgica o Francia; Estados Unidos, India o Turquía; Uruguay o Chile; Alemania, Japón o Corea del Sur; Ruanda, Vietnam, Portugal o Irlanda. Ganadores y perdedores en distintos momentos de la historia, hoy disfrutan de altos niveles de prosperidad.

Entra en este mismo saco China, que pasó de ver morir a sesenta millones de personas por hambre por las políticas de Mao a un renacer que ha sacado a ochocientos millones de la pobreza, en pocas décadas, gracias al viraje hacia la apertura y apuesta por lo privado que hizo Deng Xiaoping desde los años ochenta. La historia de éxito de China siempre ha estado relacionada con el comercio y ese éxito sólo se vio interrumpido por el experimento del comunismo; hoy, como sostiene Díaz Marro, es el país con políticas más capitalistas del mundo. Y, sin embargo, pese a la evidencia, las ideas socialistas siguen encontrando acogida en nuevas generaciones que las miran como una alternativa viable.

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El deber ético de defender las políticas de libertad

El problema es que esos nuevos receptores de la izquierda reciben un solo mensaje: que la situación individual de carencias o fracasos está anclada y condicionada por un sistema cruel, egoísta y que beneficia a unos pocos. Y el mensaje se riega y amplifica porque del otro lado casi nadie se toma el trabajo de hablar con la verdad. Los líderes políticos de derecha, con excepción de Milei, Meloni y un par más, tienen terror a sostener públicamente sus creencias, cuando lo que la derecha necesita, antes que nada, es una inyección de coraje para defender sus ideales, al igual que paciencia, porque transformar acciones en políticas de Estado toma tiempo. Pero, sobre todo, tiene que entrar en el terreno en cada confrontación pedagógica.

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Debe hacerlo, no por estrategia electoral, sino porque es una obligación ética impulsar las decisiones desde el poder público que generan bienestar y esperanza para todos.

Entre los catorce y los veintiún años dediqué mis sábados a trabajar como voluntaria en un orfanato de Guayaquil. Cuando mi familia vivió en Quito, colaboré en otro dirigido por religiosas alemanas. Allí conocí las carencias materiales, pero sobre todo afectivas, de crecer sin una familia. Aprendí además que no todos son huérfanos ni pueden ser adoptados. Muchos tienen familias que no logran cuidarlos, pero su situación jurídica aún no permite iniciar un proceso de adopción.

Según el Ministerio de Desarrollo Humano, en junio de 2025 había 1.953 niños y adolescentes en acogimiento institucional. Solo 22 ingresaron por orfandad; 947 por negligencia. Cerca del 20 % llevaba cinco años o más institucionalizado.

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El informe legislativo indica que 129 niños y adolescentes declarados adoptables esperaban asignación; el 90 % tenía más de diez años, mientras las 72 familias solicitantes buscaban niños de hasta esa edad. No sabemos cuántos crecieron mientras el Estado resolvía su situación. Sí sabemos que, superados los diez años, sus posibilidades de encontrar una familia disminuyen drásticamente. En 2025, apenas 90 fueron adoptados.

Menos burocracia, más protección

Por eso importa el proyecto aprobado por la Asamblea el 28 de julio, aún pendiente del Ejecutivo. Uno de sus aciertos es que el juez que dictó la medida de protección resuelva también la adoptabilidad. Esto evita dos procesos ante jueces distintos, la repetición de diligencias y la reconstrucción de una historia ya conocida. Además, fija plazos y sanciona demoras injustificadas.

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Agilizar no significa adoptar a cualquier costo. El interés superior exige celeridad y protección. Para ello, el proyecto sí contempla la capacidad del cuidador, la inexistencia de violencia o riesgos y un entorno seguro. Estas garantías solo serán efectivas con equipos especializados, recursos suficientes y seguimiento posterior.

La reforma es necesaria, aunque no bastará por sí sola para encontrar familias para niños mayores, grupos de hermanos o niños con discapacidad. Su éxito no debe medirse solo por la rapidez de los expedientes, sino también por la oportunidad, el rigor y la seguridad de las decisiones que restituyan el derecho a vivir en familia.

El Ecuador desea vivir en democracia, en libertad; ese fue el pronunciamiento popular en las dos últimas elecciones presidenciales, que en segunda vuelta votó contra la posibilidad de que regrese al poder el autoritarismo del correísmo y su ambición de perpetuarse en el poder. Por eso buscaban descalificar a quienes no pertenecían al grupo gobernante.

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Actuar como un régimen apegado a Derecho

Esa decisión del pueblo ecuatoriano obligaba a los dos últimos gobiernos elegidos con esa tendencia, priorizar fortalecer una democracia que impida el retorno de una tendencia populista y autoritaria. Ese mandato ciudadano impone al actual gobierno realizar acciones que estabilicen la democracia y aquello solo es posible con instituciones del Estado respetadas celosamente en sus atribuciones legales: 1.- Sólida división de poderes. 2.- Un Poder Legislativo que cumpla sus funciones atribuidas legalmente, sin permitirle que se convierta en desestabilizador de la democracia; el Gobierno como colegislador puede frenar esos excesos. 3) Una Función Judicial imparcial, independiente, no manipulable ni mucho menos utilizada para perseguir adversarios, 4.- Organismos de control libres de presiones políticas que cuiden la legalidad y buen uso de bienes y recursos públicos, 5.- Organismos electorales que garanticen la libre participación política de los ciudadanos, 6.- Transparencia y Rendición de cuentas. En síntesis, actuar como un régimen apegado a Derecho, sin excluir que se coordinen acciones cuando el interés nacional lo demande.

Opinión

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El actual gobierno ha tenido una reacción equivocada e intolerante ante las últimas declaraciones del expresidente Osvaldo Hurtado, reclamando el respeto a las reglas de una democracia. Esa crítica, hecha democráticamente, con la cual se puede coincidir total o parcialmente, o estar en desacuerdo, debió ser tomada para corregir actitudes que perjudican al propio gobierno. El presidente, si estaba en desacuerdo con esas opiniones hechas por un indiscutido líder político, debía rebatirlas con sus argumentos. Eso no ha sucedido, más bien se inició una campaña para descalificar al exgobernante con acusaciones atropelladas e infundadas.

Freedom House, el organismo que mide la calidad democrática de 195 países, califica a Ecuador como “Parcialmente Libre”, con 64 sobre 100 puntos. Preocupa, y viene cayendo. Pero está a años luz de las dictaduras reales de la región: Venezuela ronda los 14 puntos, Nicaragua los 9, Cuba los 12. Ahí sí hay presos políticos, medios cerrados y elecciones sin oposición real. Ecuador no está en esa liga, y llamar “criptodictadura” al gobierno de Daniel Noboa, como hizo Osvaldo Hurtado, borra una distinción que debería ser innegociable.

Los datos duros respaldan el punto. En abril, Noboa fue reelegido con el 56 % de los votos en una elección competitiva, con oposición organizada y resultados que nadie disputó en serio. La Asamblea sigue teniendo bancadas rivales que fiscalizan, atacan e insultan al Ejecutivo en medios con alcance nacional, como pasó esta misma semana. Y el propio Hurtado, expresidente y crítico frontal, dijo lo que dijo en televisión abierta sin que le pasara absolutamente nada más allá del debate político y la molestia de algunos asambleístas. Bajo una dictadura de verdad, nada de eso ocurre.

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Ecuador tiene una democracia defectuosa 

Dicho esto, ningún puntaje es intocable y ninguna democracia está libre de roces. El problema es tratar el roce como si fuera colapso institucional. El Índice de Democracia de The Economist va en la misma línea y ubica a Ecuador entre las “democracias defectuosas”, una categoría creada justamente para separar países con fallas de aquellos donde la democracia dejó de existir. Meter a Ecuador en la segunda canasta, sin las cifras que lo respalden, no fortalece el argumento de Hurtado: lo debilita, y le resta filo a la próxima advertencia que sí sea necesaria.

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La precampaña es una zona gris que nadie puede controlar

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Ecuador no vive bajo una dictadura. Vive bajo una democracia con defectos serios que, sin embargo, se sigue defendiendo sola, cada día, con cada crítica que se publica sin que nadie termine preso por decirla. Confundir ambas cosas no protege la democracia ecuatoriana: la abarata.

En su primer Mensaje a la Nación, la flamante presidente del Perú, Keiko Fujimori, pronunció un discurso que apuntala el orden y disciplina como eje fundamental de su gestión de gobierno.

Después de una década marcada por una frenética sucesión de ocho presidentes, enfrentamientos entre poderes, corrupción, improvisación e ingobernabilidad, la nueva mandataria ofreció método, disciplina, trabajo y una ruta clara. El Perú necesita un gobierno capaz de administrar, ejecutar y devolver estabilidad a sus instituciones.

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De la polarización a la estabilidad

Keiko llega al poder con una legitimidad frágil. Ganó con el 50,135 % de los votos, apenas 49.641 sufragios por encima de Roberto Sánchez. El resultado nos muestra un país divido. Por eso fue acertado que su mensaje tuviera un tono conciliador y evitara la arrogancia del vencedor. Su compromiso de gobernar cinco años, “ni un día más”, buscó disipar los fantasmas autoritarios asociados al apellido Fujimori y reafirmar su respeto por la alternancia democrática.

La orientación política de su gobierno parece definida por tres grandes ejes. Recuperación del orden, modernización del Estado y promoción de la inversión privada. La lucha contra la delincuencia, el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal ocupará un lugar central. No puede haber libertad económica donde los emprendedores pagan vacunas, los transportistas son amenazados y vastos territorios permanecen bajo el dominio de organizaciones criminales.

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En materia económica, el discurso combinó señales liberales con promesas sociales. Fujimori anunció la eliminación de regulaciones innecesarias, la digitalización de trámites y la disminución de cargas burocráticas. Propuso acelerar la inversión pública y privada en carreteras, puertos, aeropuertos, energía, agua y riego. El Perú crecerá si recupera la confianza, destraba sus proyectos mineros, protege la propiedad privada y permite que el capital vuelva a producir empleo.

Un desafío para la derecha ante la izquierda caduca

Sin embargo, existen señales que deberán vigilarse. El aumento del salario mínimo a 1.300 soles, el bono compensatorio para las pequeñas empresas, entre otros, pueden responder a necesidades legítimas, pero deberán financiarse sin romper la disciplina fiscal ni multiplicar una burocracia clientelar. Los salarios no crecen por decreto, crecen cuando aumenta la productividad, la inversión y la demanda de trabajadores. La política social debe proteger a quienes lo necesitan, no convertir al Estado en proveedor de favores.

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El mayor desafío será llevar la bonanza económica más allá de Lima. Las ideas liberales no pueden permanecer encerradas en círculos empresariales, universidades o centros financieros. Deben llegar al campesino que necesita un título de propiedad, al joven que busca su primer empleo, a la mujer que abre un pequeño negocio y al poblador rural que espera una carretera para sacar sus productos.

Keiko tiene frente a si una oportunidad histórica. Su gobierno deberá demostrar que la derecha puede gobernar con eficacia, sensibilidad social y respeto institucional. Si en cinco años entrega un país más seguro, más libre, con mayor inversión, empleo y crecimiento, habrá hecho algo mucho más importante que consolidar al fujimorismo. Habrá cerrado el camino al regreso de una izquierda caduca que prospera sobre la frustración, la pobreza y el resentimiento.

La corrupción en la administración de justicia es una realidad que, desde hace años, socava la confianza de los ecuatorianos. La percepción ciudadana de que existen jueces y fiscales que actúan por intereses particulares, bajo presiones o incluso al servicio de organizaciones criminales, ha debilitado uno de los pilares esenciales de la democracia. Nadie puede oponerse a una depuración profunda, transparente y sometida al debido proceso. Es una necesidad impostergable.

Pero combatir la corrupción no autoriza al poder político a reemplazar el Estado de derecho por la intimidación. Si un ministro o cualquier funcionario dispone de pruebas contra jueces o fiscales, su deber no es lanzar advertencias públicas sino presentarlas ante las autoridades competentes para que sean investigadas y sancionadas. Esa es la única conducta compatible con un régimen democrático.

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Por eso inquietan las declaraciones dirigidas a los jueces en el sentido de que deben “enderezarse”, “corregirse” o “van a terminar presos”. Más allá de la intención con que fueron pronunciadas, ese tipo de mensajes proyecta una imagen de presión sobre quienes deben resolver procesos en los que incluso pueden estar comprometidos intereses del propio poder político. La independencia judicial no solo debe existir; también debe estar libre de cualquier sospecha de interferencia.

Urge una auténtica carrera judicial

Los jueces tienen la obligación de condenar a los culpables, pero únicamente cuando las pruebas lo acrediten y la ley lo permita. El principio de legalidad impide condenar por conductas que la legislación no tipifique como delito. Si el marco jurídico favorece la impunidad o presenta vacíos, corresponde reformarlo. Lo que no puede hacerse es exigir a los jueces que sustituyan al o que fallen para satisfacer expectativas políticas.

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La justicia no puede convertirse en un instrumento para perseguir adversarios ni para proteger aliados. Ecuador necesita una auténtica carrera judicial que garantice jueces independientes, competentes y probos. Necesita instituciones fuertes, no gobernantes que pretendan condicionar sus decisiones.

El jueves pasado el mundo entero testificó las impresionantes imágenes de más de sesenta mil personas que cruzaron el espigón de El Tarajal hacia Ceuta, generando una de las crisis migratorias más grandes de España. En nuestro país la noticia pasó como una nota internacional más, pero en la geopolítica de 2026 ya no existen sucesos lejanos.

Es que detrás de la avalancha migratoria hay algo más que pobreza y las redes de tráfico que operan como mafias en todo el mundo, especialmente en África o en nuestra región. Según la información oficial, Marruecos no organizó el cruce, pero algunos especialistas y políticos españoles creen que al menos lo permitió y lo utilizó como método de presión.

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Durante siglos, las fronteras sensibles han sido utilizadas como moneda de cambio. Se vuelve relevante también, que desde los Acuerdos de Abraham de 2020, Marruecos normalizó relaciones con Israel a cambio de que Washington reconociera su soberanía sobre el Sahara Occidental.

Ceuta en la conversación pública en Latinoamérica

Aunque Latinoamérica no tiene vela en este entierro, el actual mandatario colombiano Gustavo Petro, a pesar de que le quedan pocas horas en el poder, volvió a tener una de sus absurdas especulaciones ideológicas, y señaló a la alianza de Rabat, Washington y Tel Aviv, como la causante del conflicto migratorio, acusando además a Netanyahu de financiar el éxodo hacia Ceuta. Así, la crisis del Ceuta se introdujo en la conversación pública latinoamericana.

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Hace pocos meses, el Ecuador, lejano a este actual conflicto, tomó una decisión geopolítica que lo acerca al mismo. En octubre pasado nuestro país retiró el reconocimiento a la RASD, rompiendo la neutralidad histórica de más de cuarenta años, y en mayo abrimos embajada en Rabat, respaldando el plan marroquí de autonomía para el Sahara.

Sin mayores detalles, parecería una acertada y pragmática decisión, especialmente por la oportunidad comercial y afinidad diplomática con Washington. Pero por otro lado, Ecuador, sin buscarlo, toma una posición con un socio al que España, uno de nuestros principales aliados en Europa, origen de inversión, destino de nuestra diáspora y puerta de entrada a la Unión Europea, acusa hoy de chantaje.

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Así vivieron los vecinos de Ceuta la llegada de miles de migrantes desde Marruecos

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Efectos de una diplomacia basada en alianzas transaccionales

Cuando hace pocos meses Estados Unidos e Irán iniciaron su conflicto, que parecía tan lejano, sus efectos (como la subida de los precios de combustibles) llegaron hasta nuestro país. Esto muestra la globalización de las desaveniencias internacionales.

Hay que estar entonces pendientes de si este nuevo conflicto entre Marruecos y España responde a contextos más geopolíticos que migratorios, pues al vivir en medio de una diplomacia basada en alianzas transaccionales, podemos heredar responsabilidades por el solo hecho de tener una posición diplomática tomada en torno a tal o cual eje.

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La geopolítica ya no tiene provincias lejanas, y si el mar se agita en Ceuta, tarde o temprano la ola puede llegar hasta nuestros mares. La clave será entender los intereses reales del Ecuador, ante cualquier decisión que se deba tomar.

El próximo lunes es 10 de agosto. ¿Qué significa esa fecha? No me refiero a qué ocurrió ese día, sino al sentimiento que le genera a los ecuatorianos. Fuera del país, para nuestros compatriotas, es el día nacional del Ecuador y así se lo festeja. Pero en el país, a lo sumo, era un día político: posesión presidencial, cuando correspondía, y elección de autoridades congresales. Nada más. ¿Fiestas Patrias? Eso acá no existe. Ni siquiera equivale al 9 de Octubre en Guayaquil o al 3 de Noviembre en Cuenca, o a las decenas de ‘días de la independencia’ que, por cuadras, se celebra en varias localidades del Ecuador, a las que se suman centenares de fiestas de fundación, cantonización, provincialización, etc.

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La fecha cívica que se re redujo a un feriado más

Y no es que el 10 de Agosto se haya dañado por haber sido un ‘día político’, porque el día mayor en otros países sudamericanos también lo era, como el 18 de septiembre en Chile, hasta su cambio por el 11 de marzo, o como lo es el 28 de julio en Perú. Y cuando dejó de ser un día político, por la Constitución de 1998 que pasó la posesión presidencial al 15 de enero, se volvió un mero ‘feriado móvil’. Podemos hacer hablar a decenas de historiadores, que saldrán otras decenas a indicar que este no es el día nacional del Ecuador. Algunos dirán que nacimos divididos y no hemos podido consolidar la unión ni en esto. Pero, la verdad de las cosas, es que el 10 de Agosto no es un día importante ni en Quito, donde en esa fecha ni siquiera se enarbolan banderas ecuatorianas (su izado es realmente excepcional). Nuestra Patria es una madre injustamente abandonada por unos hijos impresentables, que es en lo que nos ha convertido el progresismo de izquierda y el liberalismo de derecha, que fomentan una educación en la que el patriotismo es una ridícula antigualla y en la que la defensa del país es una extravagancia. Eso es lo que ha permitido la clase dirigente, que solo mira sus intereses ‘en nombre del pueblo’, que, mientras más inculto e incívico, mejor.

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Noboa anuncia Plan de protección de Quito con 4.000 policías y militares adicionales

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El amor a la patria es algo que se inculca y se cultiva. Las fechas cívicas han perdido todo significado e importancia: no tenemos día nacional, así como tampoco fiestas patrias, y no existe ninguna fecha aglutinante. Solo fiestas locales que reflejan que una ciudad cualquiera es más importante que el país, perdiendo nuestra identidad nacional. ¡Viva el Ecuador!

La Corte Constitucional ha resuelto, mediante la sentencia 1937-19-JP/25, un problema de muchos años relativo a la protección laboral reforzada de las personas con discapacidad, de los trabajadores sustitutos y de quienes tienen a su cargo a personas con discapacidad y/o enfermedades catastróficas: que la vulneración de este derecho se discuta mediante acción de protección y no en sede contencioso-administrativa, porque compromete la dignidad humana de quien la sufre.

No es necesario contar con un certificado del Ministerio del Trabajo como sustituto para tener el derecho, pues el acto administrativo reconoce una situación de hecho; no crea el derecho previsto en la Constitución. Basta con que el empleador haya conocido la situación de la persona con discapacidad o de su cuidador por cualquier medio para que el derecho sea exigible y justiciable.

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Una retribución para los cuidadores

Este reconocimiento no es un beneficio asistencial y, por ello, la Corte emplea la palabra exacta: es una retribución a quien ejerce el derecho a cuidar, y advierte algo: desamparar a quien está a cargo vulnera también los derechos de la persona con discapacidad, que tiene la autonomía disminuida y no puede reclamar por sí misma.

Existen casos en los que el Ministerio del Trabajo niega el certificado de persona sustituta cuando la persona con discapacidad cumple 18 años, porque el porcentaje no alcanza el umbral de discapacidad “grave”; no obstante, la discapacidad no termina con la mayoría de edad.

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ACE 2040: los retos de Ecuador para convertir su nueva agenda económica en crecimiento real

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La Constitución ordena aplicar la norma más favorable y veta cualquier retroceso en el ejercicio de los derechos.

Un mensaje para los sustitutos: la discapacidad se certifica; la dependencia económica se acredita mediante facturas, pagos, entre otros.

La Constitución, además, dispone que quienes cuiden a una persona con discapacidad que requiera atención permanente serán cubiertos por la Seguridad Social; por ello, cada vez que se desvincula a un sustituto sin justificación, esa cobertura se extingue para dos personas a la vez, una de las cuales forma parte del grupo vulnerable, y la alta Corte acaba de recordarlo.

Que un ciudadano ecuatoriano deba pasar la noche en la acera para conseguir un turno, e incluso pagar a un tercero para que le guarde el puesto porque de otro modo es imposible acceder a él, no es un simple inconveniente administrativo: es la evidencia de un Estado que fracasó en su función más básica, atender a quien cumple con la ley.

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Renovar la licencia en la ANT: un trámite que obliga a dormir en la calle

Desde el 20 de julio, la Agencia Nacional de Tránsito impuso un nuevo esquema para renovar licencias que convirtió un trámite ordinario en una prueba de resistencia. Familias enteras duermen en parques y exteriores de las agencias, exponiendo a menores y adultos mayores al frío y la inseguridad, sin garantía de ser atendidas.

Al mismo tiempo, proliferan tramitadores que cobran hasta medio centenar de dólares por un cupo que debería asignarse de forma gratuita y ordenada. La ANT respondió pidiendo a la ciudadanía que “no madrugue”, como si el problema fuera la impaciencia del usuario y no el colapso de su propio sistema.

Quito

ANT atenderá los sábados para entregar las licencias por primera vez

Mónica Jara Chérrez

La renovación de licencias refleja una crisis de atención pública

Esto no es un problema menor de gestión: es maltrato institucional. El Estado traslada al ciudadano el costo físico, económico y de seguridad de su incompetencia. Si la ANT no puede garantizar dignidad mínima en un trámite básico, no tiene autoridad moral para seguir administrándolo sin rendir cuentas.

La docencia en Ecuador atraviesa un cambio preocupante: de ser una vocación de servicio, ha pasado a ejercerse bajo el miedo. El respeto hacia los maestros se ha debilitado y ha sido reemplazado por una constante sensación de vulnerabilidad dentro y fuera del aula.

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Docentes en la incertidumbre: claves de la pugna entre la UNE y Educación por plazas de trabajo

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La autoridad de los maestros se debilita

Hoy, muchos docentes no solo se preocupan por enseñar mejor, sino por evitar problemas legales. Las normas de convivencia han llevado a extremar precauciones: evitar cualquier contacto físico, incluso gestos de cercanía, y mantener distancia con los estudiantes para prevenir posibles acusaciones. En muchos casos, el escritorio se convierte en una barrera simbólica de protección.

La presión también proviene de algunos padres de familia, quienes cuestionan calificaciones y, en ocasiones, ejercen presión para modificarlas. Algunos profesores terminan negociando notas para evitar conflictos, denuncias o procesos legales, mientras el discurso de priorizar el bienestar del estudiante termina debilitando la autoridad docente.

Ecuador

La UNE denuncia a distritos del Ministerio de Educación: 5.000 docentes serían los afectados

Richard Josue Jimenez Mora

La educación requiere respeto hacia los docentes

El resultado es un creciente sentimiento de desamparo. Sin un respaldo efectivo de las autoridades educativas y con el temor permanente a enfrentar agresiones o denuncias por cumplir su trabajo, muchos maestros consideran la renuncia como la única alternativa. Un sistema educativo no debería obligar a enseñar con miedo, sino garantizar que quienes forman a las nuevas generaciones trabajen con seguridad, respeto y reconocimiento.

Roberto Camana-Fiallos

Cuando se habla de inversión minera suele asumirse que el principal riesgo consiste en no encontrar un yacimiento económicamente explotable. Y es cierto. Sin embargo, ese es un riesgo que el inversionista conoce, evalúa y acepta antes de invertir. La incertidumbre geológica forma parte del negocio y puede administrarse mediante información técnica y análisis financiero.

Existe, no obstante, un riesgo mucho más difícil de gestionar: que las reglas del juego cambien cuando la inversión ya está en marcha.

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Demanda de energía en Ecuador alcanza récord de crecimiento en siete años pese a la crisis eléctrica

Mayra Pacheco Pazmiño

La seguridad jurídica define la inversión minera

Ningún inversionista espera que un proyecto minero sea sencillo, pero sí que las condiciones jurídicas bajo las cuales decidió invertir mantengan una estabilidad razonable. Esa no es una concesión, sino un requisito indispensable para una inversión de largo plazo.

Por ello, cuando se afirma que la apertura del catastro minero atraerá inversión extranjera, la verdadera pregunta es qué encontrará el inversionista una vez obtenida la concesión.

La inversión comienza mucho antes del otorgamiento del título minero, con estudios técnicos, análisis regulatorios y la evaluación de la viabilidad del proyecto. Una vez comprometido su capital, el inversionista espera instituciones técnicas, decisiones previsibles, respeto a los contratos y un marco regulatorio estable. Cuando esos elementos generan incertidumbre, el problema deja de ser geológico y pasa a ser institucional.

La seguridad jurídica no depende solo de normas claras. También exige estabilidad institucional, continuidad en la política pública y coherencia en las decisiones del Estado. Un inversionista puede adaptarse a regulaciones exigentes, pero difícilmente aceptará cambios imprevisibles una vez realizada la inversión.

Ecuador

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La minería necesita reglas claras y previsibles

En una industria intensiva en capital y de largo plazo como la minería, la confianza institucional es tan importante como el potencial geológico. Abrir el catastro es apenas el inicio. La verdadera cuestión es si Ecuador está preparado para ofrecer la estabilidad y la seguridad jurídica que exige la inversión minera.

El mayor riesgo de un proyecto minero en el Ecuador no siempre está bajo la tierra; con demasiada frecuencia está sobre el escritorio de la administración pública.

Eduardo Chang Dávila

La partidocracia ecuatoriana se resistirá al cambio del ‘status político’.

El Dr. Osvaldo Hurtado, expresidente de la República, pertenece a una rancia generación, cuya idea de democracia descontextualiza la guerra interna, financiada por las mafias transnacionales, verdaderos ‘carteles políticos del siglo XXI’.

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Elecciones Seccionales 2026: CNE recuerda los requisitos para inscribir candidaturas

Flor Layedra Torres

Osvaldo Hurtado y el debate sobre la democracia

Según el idealismo democrático del Dr. Osvaldo Hurtado, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele no es un héroe sino ‘otro dictador más”, pese a su popularidad incuestionable.

Pronto dirá lo mismo del presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, por priorizar la seguridad.

¿Es malo para la ‘democracia’ que la delincuencia (organizada como partidos) ‘tenga miedo’ y sea fumigada del padrón electoral?

Paul Tapia Goya

Tengo 83 años y mi amor por Guayaquil lo demuestro con acciones. Desde hace años mantengo, con mis propios recursos, la única peatonal municipal de Urdesa Central convertida en un jardín. Aunque mis ingresos son limitados, priorizo su cuidado porque las plantas brindan belleza y bienestar. También procuro contribuir con el reciclaje y sacar la basura correctamente para facilitar el trabajo de los recolectores.

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Juan Pablo Pérez Tomalá

Guardo recuerdos imborrables de los desfiles del 9 de Octubre. De niña los observaba desde la terraza de la casa de mis tíos o desde el departamento de un amigo de mi padre, frente a la zona militar. Aquellos actos despertaban un profundo civismo que aún conservo, porque el amor por Guayaquil se demuestra todos los días.

Los recuerdos que fortalecieron su civismo

La muerte temprana de mis padres nos obligó a mi hermano y a mí a salir adelante. Con el apoyo de familiares y amigos, mi hermano emigró a California, donde fue recibido con generosidad, aprendió inglés, estudió Ciencias Políticas y formó una hermosa familia. Mi hija María Sol también emigró, estudió en una universidad de Pomona, desarrolló una exitosa carrera profesional y hoy vive feliz junto a su esposo. Ninguno de los dos ha olvidado sus raíces guayaquileñas.

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¿Bajarán los planes móviles? El panorama del mercado de celulares tras los recientes cambios

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Yo permanecí en Guayaquil porque había adquirido una vivienda en Urdesa. Siempre recordaré con gratitud al arquitecto Bolívar Jalón Feraud, quien, tras el fallecimiento de mi madre continuó apoyándome sin cobrar honorarios. Más adelante amplié la casa y hoy subsisto gracias a pequeños alquileres, pues no tengo jubilación ni montepío.

A pesar de las dificultades, llevo una vida activa y agradecida. Asisto a conciertos, museos y actividades culturales que enriquecen la ciudad. También reconozco a quienes impulsaron su transformación urbana, como León Febres-Cordero y Jaime Nebot, porque considero que fortalecieron el orgullo de ser guayaquileños. Mi mayor deseo es seguir aportando, con trabajo y ejemplo, al bienestar y la conservación de la ciudad que tanto amo.

Laura Esther Gómez Serrano

The Times dio la primera voz: la FIFA preparaba una especie de privatización de la Copa del Mundo y el Mundial de Clubes. La operación financiera implicaba la creación de una sociedad privada (FIFA Forward Enterprise -FFE-) para que administre los derechos de los mencionados eventos, donde inicialmente el 20 % del capital se repartiría para las federaciones nacionales, el 30 % se colocaría en inversionistas privados, tanto individuales como institucionales (fondos de inversión), y el resto se mantendría en manos de la FIFA. Inmediatamente la UEFA, quien maneja el fútbol europeo, expresó una fuerte protesta ante la posibilidad. Lo hicieron también otros importantes actores del deporte como la Concacaf, la AFC (asiática), y medios deportivos. 

La pregunta que salta de inmediato es: ¿por qué se pretendió hacer esto? Frente a la respuesta de grito al cielo de quienes se opusieron, rápidamente Infantino sacó una explicación a través de la página oficial de la FIFA, donde el resumen fue que las federaciones nacionales ganarían mucho dinero. Es decir, a quienes les habría tocado decidir, las federaciones, les prometía que les iría bien económicamente en este nuevo escenario.

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El afán de lucro podría influir en las decisiones

El punto es que, si hay terceros, salvo limitaciones societarias para el tipo de acciones en manos de esos privados, ellos habrían tenido el derecho a participar en las decisiones, lo cual implicaba la búsqueda de su mejor interés económico (legítimo si ponían recursos) en temas críticos de las competencias. Aquellos temas como la hidratación, el alargamiento del descanso a 30 minutos en la final, etc., serían pequeñas anécdotas para lo que se podría establecer, basado en el lucro más que en consideraciones deportivas.

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Christopher Montalván

El Mundial de Fútbol es el evento más importante del planeta, y es un monopolio de facto; al convertirlo parcialmente en privado, quien tiene que controlarlo terminaría siendo el socio, lo cual no parece un buen matrimonio para los hijos, que terminan siendo todos los fanáticos frente al televisor. La FIFA no resistió el escándalo y se tiró atrás. Le mojaron la pólvora a don Giovanni Vincenzo.

Hay una forma de injusticia que rara vez ocupa titulares. No genera escándalos, pero afecta silenciosamente a miles de ciudadanos. Cuando una persona presenta una solicitud ante una institución pública, no espera necesariamente una respuesta favorable; espera, al menos, que alguien decida.

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En teoría, el Estado tiene rostro: ministros, directores, jueces y funcionarios con responsabilidades definidas. En la práctica, esa estructura suele convertirse en un laberinto donde los expedientes pasan de un escritorio a otro mientras el tiempo transcurre. El escrito se remite al área competente, se solicita información adicional, se entrega y luego sobreviene el silencio. Hay nuevas insistencias y nuevas remisiones, pero nadie parece responder por el resultado final.

Un Estado que debe responder a sus ciudadanos

No se cuestiona la existencia de procedimientos o delegaciones. El problema surge cuando esa organización diluye la responsabilidad. El ciudadano sabe dónde presentó su petición, pero ya no sabe quién responde por ella. Mientras tanto, el tiempo produce efectos irreversibles: organizaciones paralizadas, patrimonios deteriorados y, en el caso de las personas adultas mayores, meses que ninguna resolución tardía podrá devolver.

Quizá el mayor desafío no sea crear más leyes, sino recuperar un principio esencial: que toda decisión pública tenga un responsable visible y que toda demora sea explicada. Porque el Estado no pierde su rostro cuando se equivoca; lo pierde cuando nadie asume la responsabilidad de corregir el error.

Xavier Humberto Checa M.

En nuestro país el desaliento, la confusión y las promesas incumplidas han provocado una profunda crisis de valores. Hemos pasado de una ética del esfuerzo a una cultura del facilismo y la diversión inmediata.

Los ejemplos son evidentes: un sistema de salud en crisis que, pese al cambio constante de ministros, sigue sin una reforma estructural ni una política preventiva eficaz. También preocupa la situación de la Penitenciaría del Litoral, donde la falta de higiene, agua potable y servicios básicos favorece enfermedades como la tuberculosis.

Opinión

Sociedad cómplice

Modesto Apolo

La corrupción y el crimen organizado alcanzan incluso a gobiernos locales, mientras la violencia en los estadios y el vandalismo reflejan el deterioro de la convivencia. A ello se suman la acumulación de basura por falta de sentido de pertenencia, la inseguridad vial y el desempleo juvenil, que convierte a muchos jóvenes en presa fácil de organizaciones delictivas.

Violencia, corrupción e inseguridad: desafíos para Ecuador

La violencia también afecta a niños y adolescentes que crecen sin oportunidades educativas, perpetuando un círculo de exclusión.

En los barrios aumenta el miedo y la falta de denuncias revela la desconfianza en las instituciones.

La justicia debe ser independiente del poder político y del crimen organizado.

No podemos ignorar esta realidad ni aceptar la hipocresía.

Cartas de lectores

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Cartas de lectores

La educación comienza en el hogar: ningún partido político enseña a ensuciar la ciudad o a perder el respeto por los demás. El cambio exige responsabilidad individual y colectiva.

Necesitamos autoridades con visión, honestidad y sensibilidad, pero también ciudadanos comprometidos con el bien común. El espacio público se cuida entre todos y la democracia no termina el día de las elecciones.

El papel de ciudadanos y autoridades en la transformación del país

Nuestra patria requiere personas con pensamiento crítico, disciplina y sentido de pertenencia. Debemos trabajar por un objetivo común, fortaleciendo valores como la verdad, la rectitud, la solidaridad, la tolerancia y el respeto. Solo así podremos construir una sociedad donde prevalezcan la paz, la convivencia y la esperanza.

Nuestro pasado estuvo marcado por grandes sueños y soñadores. La juventud conserva esa fuerza transformadora: mientras existan sueños, siempre habrá futuro. La historia pertenece a quienes se atreven a construirla.

Sara María Garaicoa Granizo

La humanidad no puede seguir dañando sus innatos nexos. De ahí la importancia de no supeditarlo al poderío del dinero, sino a la transparencia del donarse a cambio de nada. Hagamos una tierra de corazones sinceros, démoslo todo para que así sea, y será posible la unidad.

Entretenimiento

Carlos Echeverría Kossak explora la memoria, la naturaleza y la arquitectura en una muestra

Mariella Toranzos

A la hora de la verdad nos daremos cuenta de que promoviendo la cultura del encuentro y no la del encontronazo, la de la cercanía y no la del distanciamiento, comenzando por escuchar antes de juzgar, la verídica camaradería será modelo para la mediación y el apaciguamiento. Por desgracia, las cuentas en el planeta no suelen estar muy claras, así que los espíritus corruptos se habitúan a gobernar a sus antojos, con las injusticias debidas.

Una sociedad basada en la confianza y la cercanía

¡Sálvese el país que pueda! Quizás debiéramos comenzar por avivar esa luminaria del refranero, con “las cuentas claras y el chocolate espeso”, máxime en una época en que la globalización es una realidad; pero no debe ser un nuevo tipo de colonialismo, sino un sistema al servicio de la persona humana, de la solidaridad y del bien común.

Víctor Corcoba

Las falsas y nocivas ideas que propaga la denominada izquierda, con su disfraz seudoideológico de marxismo o socialismo, las han infiltrado en universidades publicas, centros culturales, medios de comunicación, ocasionando un grave daño a la juventud al inculcarle ciertos sofismas, mitos y dogmas en su mentalidad, que perjudican su formación, desarrollo cognitivo, capacidad crítica y libre albedrío, con la perniciosa pretensión de convertirlos en seres sumisos, fanáticos y manipulables, al servicio de esa corriente política autoritaria y totalitaria, que al igual que el nazismo y el fascismo han fracasado socialmente y han destruido vidas humanas por medio de la coerción y violencia, imponiendo a la sociedad su ‘verdad alternativa’, utilizando un falso relato o narrativa de propender a una justicia social , con palabras rimbombantes y falsas de igualdad, defensa a los pobres, equidad, justa redistribución de la riqueza, inclusión, derechos sociales.

Internacional

Las reformas y el nieto de Raúl Castro abren una fractura interna a La Habana por su izquierda

Agencia AFP

Todos son espejismos que seducen y engañan a estamentos socialmente marginados, a fin de utilizarlos electoralmente y controlar el poder político, dividiendo a la sociedad, sometiendo y persiguiendo a quienes ejercen un pensamiento divergente y crítico, y vulnerando su libertad de expresión.

La justicia social como argumento político

La perversa lucha de clases que propugna genera el resentimiento, odio y envidia hacia las personas que emprenden y prosperan, confiscando sus bienes y patrimonio por medio de onerosos e injustos impuestos, generando pobreza, miseria y corrupción, y privilegios que favorecen únicamente a quienes ejercen y ostentan el poder, empobreciendo más a quienes supuesta y falsamente dicen defender, mediante una nefasta, engañosa pero eficaz propaganda, y con una gran corrupción pública que enriquece ilegal y delincuencialmente a la cúpula gobernante.

Esta perversa corriente política, debe ser proscrita por las leyes, porque atenta contra la vida, la libertad, la propiedad y los valores espirituales del ser humano.

Santiago Yépez Andrade

Estos días recibimos al geoide como si acabara de nacer. La imagen de una Tierra abollada, con jorobas y hundimientos, recorrió medios digitales, televisiones e impresos. Vean, decían, esta es la verdadera forma de la Tierra.

No es nueva. El centro alemán de geociencias de Potsdam viene publicando esa misma imagen desde 1995. La llaman la papa de Potsdam. En 2011 volvió a circular como novedad y hubo que aclararlo entonces. Treinta y un años de lo mismo, redescubierto cada tanto.

Tampoco es nuevo el concepto. Gauss describió esa superficie en 1828 y Listing la llamó geoide en 1873. Pero la forma achatada se confirmó antes, y se confirmó aquí. Newton sostenía que la Tierra estaba achatada en los polos y Cassini que era alargada. Solo podía resolverse midiendo sobre la línea equinoccial, y por eso en junio de 1736 llegaron a Quito tres académicos de París. Tardaron nueve años. Ganó Newton.

Quito

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IVONNE MANTILLA

La imagen de la Tierra con forma de papa que difundió la NASA este mes traía al pie, en mayúsculas, la advertencia de que aquello no estaba a escala. Tres signos de admiración. Es lo más enfático que una institución científica puede emitir sin gritar, y fue lo único de toda la ficha que no llegó a ninguna parte. Lo que trascendió fue el descubrimiento de algo que llevábamos treinta y un años viendo, solo que esta vez el render tiene mejor resolución.

La imagen de la NASA y la confusión sobre la escala

El asunto ya no es la Tierra. El conocimiento se acumula. Su actualización se diluye. La NASA publicó un logro y su advertencia el mismo día, en la misma ficha. Del logro se ocupó todo el mundo. La advertencia no le interesó a nadie, y por eso lo que se aclaró en 2011 hubo que repetirlo este mes, desde cero.

La Tierra parece una papa si y solo si exageramos su forma, le estiramos la altura y dejamos el ancho igual. A simple vista es lo que era, achatada en los polos y abombada en el ecuador. Newton lo dedujo en 1687, desde un escritorio, casi tres siglos antes de que existiera una imagen de satélite. Y desde el espacio, aún es ese globo azul de los colegios.

Tenemos más acceso que nunca. Pero la fe de erratas se imprime en hoja suelta, y es la primera página que se cae de un libro viejo.

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