Antes que operativos, discursos o recorridos oficiales, General Villamil Playas necesita recuperar algo más básico: la autoridad del Estado. Cuando una estructura criminal fija tarifas, decide quién puede trabajar y castiga a quien se niega a pagar una extorsión, esta deja de ser un delito aislado para convertirse en una forma de gobierno de facto.

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Esa realidad no solo vacía locales y ahuyenta visitantes, también rompe la confianza de una comunidad que siente que obedecer la ley ya no basta para sobrevivir.

Por qué los operativos no son suficientes para frenar al crimen

Perseguir a los ejecutores es sin duda necesario, pero insuficiente. Mientras las redes que financian, coordinan y reemplazan a sus operadores permanezcan intactas, cada captura será apenas un relevo en la cadena del delito.

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La respuesta exige inteligencia, investigación patrimonial y una acción sostenida entre la Policía Nacional, la Fiscalía General del Estado y el sistema de justicia que desmantelen ese financiamiento criminal, no solo intervenciones esporádicas.

La confianza ciudadana, otra víctima de la inseguridad

La soberanía no se mide por la presencia de uniformes, sino por la capacidad de garantizar que la ley sea la única autoridad que cobre, decida y proteja. Recuperar General Villamil Playas de las extorsiones y la violencia ya no admite más aplazamientos.

Que un ciudadano ecuatoriano deba pasar la noche en la acera para conseguir un turno, e incluso pagar a un tercero para que le guarde el puesto porque de otro modo es imposible acceder a él, no es un simple inconveniente administrativo: es la evidencia de un Estado que fracasó en su función más básica, atender a quien cumple con la ley.

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Renovar la licencia en la ANT: un trámite que obliga a dormir en la calle

Desde el 20 de julio, la Agencia Nacional de Tránsito impuso un nuevo esquema para renovar licencias que convirtió un trámite ordinario en una prueba de resistencia. Familias enteras duermen en parques y exteriores de las agencias, exponiendo a menores y adultos mayores al frío y la inseguridad, sin garantía de ser atendidas.

Al mismo tiempo, proliferan tramitadores que cobran hasta medio centenar de dólares por un cupo que debería asignarse de forma gratuita y ordenada. La ANT respondió pidiendo a la ciudadanía que “no madrugue”, como si el problema fuera la impaciencia del usuario y no el colapso de su propio sistema.

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Esto no es un problema menor de gestión: es maltrato institucional. El Estado traslada al ciudadano el costo físico, económico y de seguridad de su incompetencia. Si la ANT no puede garantizar dignidad mínima en un trámite básico, no tiene autoridad moral para seguir administrándolo sin rendir cuentas.

Antes del combate contra el crimen, antes de cualquier cálculo político y por encima de toda conveniencia, está la ley. El Estado de derecho no admite excepciones ni privilegios, porque precisamente en su cumplimiento descansa la democracia. Cuando autoridades o ciudadanos creen que el fin justifica los medios, el camino hacia la arbitrariedad queda abierto.

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Los riesgos de justificar acciones fuera del debido proceso

Las declaraciones imprudentes de ministros de Estado, en medio de procesos judiciales que involucran a autoridades locales y casos de alto impacto, evidencian un peligroso desprecio por la independencia de la justicia. Ningún funcionario tiene derecho a anticipar culpabilidades, presionar decisiones o utilizar el poder público para influir en causas sometidas al debido proceso.

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La independencia judicial no puede ser vulnerada

La Constitución impone límites claros a quienes gobiernan. Nadie puede actuar fuera de la ley, ni destinar recursos públicos para fines distintos de los permitidos, ni pretender que la voluntad política sustituya a las normas. Tampoco puede procesarse a una persona por hechos que la ley no tipifica como delito o aplicar una ley en forma retroactiva.

Combatir la delincuencia y la corrupción es una obligación del Estado, pero hacerlo desconociendo las garantías legales destruyen la legitimidad de esa lucha.

En la vida podemos decidir soñar o sobrevivir. Es increíble cómo tantas personas pasan por la vida con la desesperanza de no poseer la suerte de tener un sueño. Pero, ¿qué son los sueños? No son una meta medible, son algo más grande y aspiracional. Son la ilusión de conseguir algo, de conocer algo, que muchas veces viene adornada de imposibilidad o de esa sensación que suena a fantasía. Lo curioso es que no se describen como un logro: los sueños definen quién eres y quién quieres ser. Los sueños tampoco son inmediatos, son una sucesión de eventos que juntos construyen ese sueño. Un sueño puede ser tan fuerte para una persona que llega a ser compartido por otros. El mejor ejemplo de una movilización por un sueño es el de Martin Luther King, que con el suyo logró lo impensable para la época y cambió las condiciones de miles de personas.

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La comunicación de ese sueño es importante: los sueños no son para guardarlos. ¿La razón? Las personas a nuestro alrededor pueden ser habilitadoras de sueños para nosotros. Un ser querido o un desconocido pueden ser puentes para alcanzarlos. Por eso debemos decirlo, repetirlo, manifestarlo: uno no sabe quién puede conspirar a nuestro favor para que lo logremos.

La habilidad única que nos diferencia de la IA

Los sueños no son una ambición, no son una demostración de nuestras ganas de tener más o de estar inconformes con lo que tenemos. Son más bien nuestra capacidad de inteligencia humana de pensar que podemos estar mejor. Los sueños son el motor que nos da la ilusión de aspirar a algo que tiene sentido solo para nosotros.

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Todos debemos tener un sueño. Una persona que piense que, por su dependencia de una situación o de alguien más no puede soñar, pierde la ilusión de vida. Cuidado con pensar que tu sueño es “que mis hijos sean felices”. Ese no es un sueño: no puedes poner en los hombros de alguien más el conseguir el tuyo. Tu sueño tiene que ser algo que dependa de ti, de tu suerte y de las condiciones, pero nunca absolutamente de alguien más. En este desafío de diferenciarnos de la IA, quizás los sueños son una habilidad única que tenemos los humanos para lograr lo inimaginable.

Alrededor de 70.000 marroquíes ingresaron violentamente a la ciudad española de Ceuta entre el 30 y el 31 de julio pasado. Los 80.000 habitantes de esa ciudad entraron en pánico por los posibles saqueos y otros abusos que se podrían cometer. El detonante para el grave incidente sería una sentencia del Tribunal Supremo español que establece que los inmigrantes ilegales que ingresen por el mar no pueden ser expulsados en el acto, sino que deban cumplirse los trámites respectivos.

El PIB per cápita de España en 2024 fue de USD 35.326 y de Marruecos USD 4.153. Datos del Banco Mundial. Los extranjeros que ingresan ilegalmente a España y luego se regularizan aprovechando las facilidades que ofrece el actual gobierno tendrán después libre tránsito en los países de la Unión Europea (espacio Schengen). Estas facilidades crean el ‘efecto llamada’ pues incitan a ingresar ilegalmente a España para más tarde lograr su regularización y luego, eventualmente, la nacionalidad española.

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El trasfondo de la invasión a Ceuta

No existe explicación válida para que espontáneamente una muchedumbre de 70.000 marroquíes pueda de pronto ubicarse en la frontera marítima para entrar a nado a Ceuta. Marruecos está gobernada por una monarquía que concentra todos los poderes. Se dice que no se mueve una hoja sin el consentimiento del rey Mohamed VI.

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Para encontrar una posible explicación es necesario entender la política exterior de Marruecos frente a España desde que, en abril de 2021, el gobierno de Sánchez facilitó el ingreso en secreto y con nombre falso de Brahim Gali, líder del Frente Polisario, que persigue la independencia de Sahara Occidental y tiene un grave conflicto con Marruecos. Este hecho fue interpretado como un acto hostil que dinamitó la buena relación que hasta entonces hubo entre los dos vecinos. A partir de allí, Mohamed VI ha tratado muy mal al presidente Sánchez, humillándolo de varias maneras, como acceder al contenido de su teléfono móvil, hacerlo viajar a Rabat y no recibirlo, además de otras acciones, entre la cuales podría estar la invasión a Ceuta. Alrededor de 10.000 invasores permanecen aún en esa ciudad.

Intimidar jueces es delito. Obstrucción a la justicia se llama y lo comete quien “mediante… …amenazas o intimidación en todo tipo de procesos judiciales interfiera ilegítimamente en la libertad de actuación de jueces…” (COIP, art. 270.1, 3º). Intimidar es causar miedo. Y como el miedo es bien libre, las formas de intimidar pueden ser variopintas, y en muchos casos dependen de la fortaleza (o debilidad) moral del destinatario.

Hay un precedente reciente. Se trata del proceso por obstrucción a la justicia a los exmiembros del Consejo de la Judicatura Wilman Terán y Maribel Barreno, cuya sentencia escrita fue emitida el pasado 17 de julio (17721202300025G). El antecedente del caso fue que la Fiscalía había procesado a Barreno por tráfico de influencias y que, antes de que se instale la audiencia en la que debía formulársele los cargos, se montó un esquema de intimidación en contra del juez de la causa, Walter Macías.

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Delito aunque no se logre el cometido

Según la sentencia, a partir de la convocatoria a esa audiencia “existieron reuniones para planificar y desarrollar la suspensión y destitución del Juez Macías” y que eso se concretó, en lo esencial, mediante “denuncias administrativas disciplinarias… …que tienen apariencia de legalidad y legitimidad [pero que] presentan un trasfondo del esquema de intimidación en relación al proceso penal de tráfico de influencias, interfiriendo en la libertad de actuación del juez Macías”.

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Queda claro el asunto. Más allá de que el Consejo de la Judicatura tenga facultades para sancionar jueces, abrir coincidentemente un proceso disciplinario a quien estaba por procesar a uno de sus vocales constituyó un delictivo acto de intimidación.

También dice la referida sentencia que aquel delito no requiere “que la interferencia logre efectivamente que el juez actúe de una manera determinada o que se altere el resultado de un proceso, basta con la acción de interferir”. Por inventarme, que alguien del Consejo de la Judicatura, o algún operador fantasma en su nombre, presione a un juez para que altere una decisión por tomar.

Alguien lleva una copa valiosa hasta que la zancadilla la hace rodar por el suelo y otro se la lleva en sentido opuesto, hasta el siguiente traspié y así, de tanto zarandeo, la copa no llega a ninguna parte. Uno la veneraba en su forma primigenia; otro resentía su simbolismo y lo torcía a gusto de su propia región, casta o ideología -los cambios y vicisitudes de los himnos y constituciones lo ilustran-; y no faltó quien urdía cómo alzarse con el santo y la limosna. Así ha trashumado, errante y vaciada, la copa de la identidad nacional, al vaivén de la bronca permanente, la contradicción mezquina, la bravata del perro del hortelano.

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No hemos podido siquiera converger en torno a un museo nacional, lo cual no sorprende si recordamos que tampoco acertamos respecto del nombre del país, cuyo territorio, al igual que su primera constitución de 1812, llevaba el nombre de Quito, pero nos avenimos, por falta de acuerdos regionales, a llamarlo como el paralelo que lo atraviesa. ¡Vaya originalidad! Ya en tiempos modernos abundan consultas populares positivas que fracasaron para escatimarle el éxito a sus promotores, por el mismo complejo colectivo que explica el triunfo de aquellas orientadas a despojar, paralizar o prohibir a la minoría del cálculo clientelar. La zancadilla, la cucaña, el tillo que raya la pintura reluciente.

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La democracia en crisis permanente

En todas las sociedades y culturas hay diferencias marcadas, tanto como cosas en común. Aquí se han exacerbado las primeras y relegado las últimas porque no hay cultura de diálogo, se descalifica al otro antes de examinar su crítica, no hay espacio para someter las ideas propias a su mayor catalizador: madurarlas a la luz de las antagónicas. No esperemos que la política sea la excepción. En Ecuador hay una pobrísima democracia, si todavía merece tal nombre, pero no es un fenómeno nuevo. La justicia fue tomada y la política judicializada hace casi tres décadas, asalto perfeccionado por los socialistas, igual que la guerra sin tregua a la prensa libre. El Estado capituló en los paros criminales de 2019 y 2022, cuyos autores y cómplices estarían tras las rejas en un país funcional. La ley se aplica selectivamente. La democracia está vaciada porque la sociedad de la que es hija no valora ni practica el diálogo, ese intercambio con ánimo de aprender que en el foro ateniense, origen de la institución, configuraba el ejercicio del poder.

Quiero destacar una capital diferencia entre dos fechas muy importantes para la historia del Ecuador: el 10 de Agosto de 1809 y el 9 de Octubre de 1820.

La diferencia: a partir del 10 de Agosto en Quito se luchó contra las demás provincias de la Audiencia de Quito, mientras que a partir del 9 de Octubre en Guayaquil se luchó a favor de las demás provincias de la Audiencia de Quito. Es justo lo opuesto.

La lucha de Quito en contra de las demás provincias era para que se reconozca su primacía administrativa en el ámbito de la Audiencia de Quito, es decir, que las autoridades de Popayán, Cuenca y Guayaquil se sujeten a las decisiones de las autoridades quiteñas. Quiso dejar de ser una audiencia subordinada: este movimiento fue de corte autonomista, a fin de romper la sujeción de Quito a una audiencia superior situada en la capital de un virreinato y empezar a comportarse como una capitanía general del Reino de España, a la manera de Guatemala, Venezuela y Chile.

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Dos gestas y dos propósitos opuestos

La lucha de Quito se hizo contra los franceses, en defensa del rey español Fernando VII, cautivo en Valençay. Para los quiteños, la lucha contra el ‘Tirano de Europa’ (así llamaban a Napoleón) debía tener un carácter continental, orientado “al individuo objeto de morir por Dios, por el Rey y la patria. Esta es nuestra divisa, esta será también la gloriosa herencia que dejemos a nuestra posterioridad”, como se puede leer en la proclama firmada en Quito y dirigida a los pueblos de América, del 16 de agosto de 1809. La posterioridad recuerda el 10 de Agosto de 1809 como una lucha contra los españoles, que no lo fue.

La lucha de Quito para imponer su primacía dentro de una porción del Reino de España terminó en un rotundo fracaso. Ni Popayán, ni Cuenca, ni Guayaquil, consintieron su idea. Todo lo contrario: resistieron, rechazando a sus emisarios y haciéndole la guerra. Pronto (fueron 76 días de un gobierno presidido por una “Alteza Serenísima” en defensa de su rey y “señor natural”), el 24 de octubre de 1809, Quito claudicó.

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El 9 de Octubre de 1820 es diferente, porque fue una lucha por la independencia y por el cambio a un régimen republicano y electivo, que marcó el inicio de la lucha de Guayaquil por independizar a sus provincias vecinas del yugo de los españoles. A raíz de su independencia, Guayaquil constituyó una milicia para luchar por la libertad de otros. Su lucha sí fue contra los españoles, sin nombres rimbombantes y con el apoyo de un pueblo reunido en el cabildo abierto que se convocó la mañana del 9 de Octubre (el 10 de Agosto se hizo prescindiendo del cabildo quiteño).

La libertad de todos

La lucha que emprendió Guayaquil por la libertad de sus provincias vecinas se fundió en un gran empeño colectivo, con fuerzas del Norte y del Sur, que fue coronado por el éxito en 1824, año que marcó la expulsión de los españoles de sus dominios conquistados el siglo XVI. El gran cantor de esta gesta fue un guayaquileño, José Joaquín Olmedo.

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Unos años antes, en 1822, se había independizado a Quito de España. En Guayaquil, apenas se conoció la noticia del triunfo en Pichincha, se mandó a publicar un bando que avisaba del magno hecho a la población: “Guayaquileños: Quito es ya libre: vuestros votos están cumplidos”.

Osvaldo Hurtado llamó “criptodictador” a Daniel Noboa, éste respondió insultando, diciendo que sacan “el cadáver en formol”. La bancada oficialista salió en tromba, los antinoboistas celebraron y el país, una vez más, se acomodó a ver el espectáculo de dos bandos encontrados y que se necesitan. 

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Conviene detenerse en la pelea misma, porque ahí, y no en lo que se dijo en la semana, está el problema ecuatoriano de fondo. Desde hace más de quince años la política nacional se ordena alrededor de un solo eje, eres correísta o anticorreísta, economía, seguridad, salud, educación, y hasta la misma calidad de la democracia se observan bajo ese prisma. 

Un candidato se califica por sus servicios a uno u otro bando. Un proyecto de ley no se juzga por lo que dice, sino por quién lo impulsa. Y una denuncia que afecte a Carondelet, por grave que sea, se archiva porque es de origen correísta.

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El episodio Hurtado retrató el dilema, y lo hizo desde el lugar preciso. Porque Hurtado no es un correísta reconvertido. Fue de los críticos más tempranos y constantes del correísmo, y su acusación contra Noboa se apoya precisamente en esa línea. Cuando dice que el presidente se está convirtiendo en un “segundo Correa”, no está cambiando de bando, está usando al correísmo como la medida misma de lo que denuncia. 

Su reproche es que Noboa hace hoy lo que él le censuró ayer a Correa: concentración de poder, presiones sobre la justicia y exclusión de rivales de la contienda electoral. Son cargos que, en cualquier democracia sana, obligarían a un debate institucional serio, con pruebas sobre la mesa y observadores formados. 

Pero dije sana y aquí, en cambio, la discusión se evaporó en cuarenta y ocho horas hacia lo de siempre. Si Hurtado es o no “correísta encubierto”, si Noboa insultó bien o mal, quién se tomó las redes sociales, etc. De fondo, el dilema ¿hay o no democracia? Quedó postergado.

Ese es el precio que ahora estamos pagando, ya que cualquier alarma democrática es banalizada. Si el que denuncia es leído como enemigo la denuncia no existe, se neutraliza. El que la lanzó sabe que una parte del país lo apoyará y el resto defenderá al otro. Así, el anticorreísmo aspira a convertirse en un cheque en blanco emocional con lealtad incluida. Y el correísmo, por su parte, cree prosperar cada vez que puede presentarse como víctima en lugar de responder por su historia.

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Pero, aquí viene lo interesante, nos hacen creer que solo hay dos posturas y que rechazar una equivale a abrazar la otra. El que cuestiona al Gobierno actual es correista y quien recuerda los errores del correísmo es acusado de oficialista. 

Lo obvio, que es lo menos común, es que se pueda rechazar a los dos, que la defensa de las instituciones no tiene dueño y que un demócrata no está obligado a pegar su criterio a ninguna de las dos carpetas. Esta es la tercera vía y el propio Hurtado lo ilustra, se puede haber combatido al correísmo y, con la misma independencia, cuestionar a quien llegó prometiendo ser su antídoto.

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Ciertamente, que salir de esta trampa es la posición más complicada. Obliga a evaluar cada mensaje político por su apego a la Constitución y no por el color del mensajero. Es lo único que le devuelve sentido a la ciudadanía. Ecuador no necesita otro ungido que prometa salvarnos del anterior. Siempre termina igual, cambia el rostro en Carondelet permaneciendo intacta la lógica de que las instituciones son botín del vencedor y hacia ellas va. 

Lo que hace falta no es un tercer nombre para aplaudir. La tercera vía somos todos exigiendo y trabajando por instituciones fuertes, porque no confiamos plenamente en nadie que las ocupe.

La próxima vez que estalle una polémica como la de esta semana, la pregunta útil no es a qué bando pertenece el que habla, es si lo que dice resiste un análisis. Un país que aprenda a hacerse esa pregunta y a sostenerla, incluso cuando la respuesta incomode a los suyos, habrá empezado por fin a salir de la trampa. De lo contrario seguiremos discutiendo sobre el mensajero y no sobre el mensaje, en el mismo círculo vicioso de siempre.

Lo común es que la criptodictadura se justifique a sí misma a las patadas. Su principal argumento es la falacia de la descalificación ‘ad hominem’: ¿protodictador me has dicho? ¡Cadáver formolizado! ¡Soberbio! ¡Regionalista! ¡Sucretizador! En un país cuya patológica mezquindad ha vuelto impracticable el arte de la conversación, que exige la generosidad de prestar oídos y la disposición a reconocer en el otro el derecho a la discrepancia; en un país incapaz de rendir admiración a quien la merece y reconocer el lugar que ocupan las grandes figuras de nuestra sociedad y nuestra historia (lejos de nosotros, cicateros beligerantes, la capacidad de reconocer a nadie nada), la falacia de la argumentación ‘ad hominem’ es probablemente el mayor obstáculo de la convivencia. Preocupante, porque la política se trata precisamente de eso: de la convivencia. Y la convivencia reside en la capacidad de conversar. Los ecuatorianos somos irreductibles al arte de la conversación. Por eso se ha vuelto común que los debates políticos terminen fácilmente en retos para encontrarse en tal o cual esquina y zanjar cualquier diferencia a puños. Parecería que tras cada asambleísta y cada influencer hay un estúpido gorila agazapado. La escala de valores imperante es la de los trogloditas.

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Con un ápice más de sofisticación, ciertos ‘cheerleaders’ de la criptodictadura al menos han renunciado a la falacia de la descalificación ‘ad hominem’ y se han molestado por encontrar un pretexto medianamente racional para justificarla. El más socorrido de esos pretextos es el de la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado: supone que el fenómeno de la narcopolítica, con sus secuelas de violencia, muerte y corrupción es de tal magnitud que justifica la arrogación de poderes especiales por parte del caudillo autoritario y, se supone, aunque nunca llegan a admitirlo con todas sus letras, excusa la violación de ciertas leyes y preceptos constitucionales.

Mientras, la narcopolítica sigue incólume

Semejante argumento exige un análisis más detallado. ¿Los principios de legalidad entran en suspenso en tiempos de guerra? Puede ser. Pero, ¿indiscriminadamente? Vamos a ver: para ganar la guerra contra el crimen organizado, ¿es necesario imponer, violando todos los procedimientos y haciendo tabla rasa de los requisitos legales, un fiscal de bolsillo dedicado a tiempo completo a la persecución de los enemigos políticos? ¿Es necesario utilizar los organismos de control y métodos aún peores, como la amenaza y el amedrentamiento, para cercar al periodismo que no se deja controlar por el poder? ¿Es necesario financiar con plata pública un aparato de producción de desinformación y propaganda? ¿Es necesario encubrir un asesinato disfrazándolo de suicidio? ¿Es necesario dar un golpe de Estado en el Consejo de la Judicatura para tener el control, vía coacción administrativa y disciplinaria de todos los jueces de la República? ¿Es así como se gana la guerra contra el crimen organizado? ¿Impidiendo la participación de partidos de oposición en las elecciones? Se dirán que esos partidos son los aliados de la narcopolítica. Pero entonces, ¿por qué tienen que inventarse pretextos y violar leyes para sacarlos del camino, en lugar de atacarlos por lo que son, con la ley en la mano?

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Y bueno, ahí están los resultados: la narcopolítica sigue ahí, incólume. Y nada la fortalece más que haberla convertido, también a ella, en una falacia de la política.

El viernes pasado, la Asamblea archivaba el proceso contra Inés Manzano por el contrato fallido con Austral Technical Management (ATM). En su intervención, la asambleísta María Paula Villacreses sostuvo que el juicio contra la exministra había sido mal planteado (quizá no se equivoca), pero fue más allá diciendo que “el hecho de que una ministra tenga o no tenga juicio político, sea censurada o no sea censurada no le va a devolver la plata al país”. Esa postura es inaceptable.

Lo que la asambleísta Villacreses dijo, más que una pobre defensa de Manzano, fue un ataque contra la función misma que ella debería desempeñar como fiscalizadora. Es obvio que un proceso de control político no resultará, al menos de forma directa, en recuperar valor económico alguno. El sentido detrás de censurar a un ministro es otro.

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Lo que persigue el control político

Primero, el control político, en una democracia republicana, como nominalmente es la nuestra, busca que el Legislativo ejerza de contrapeso para al Ejecutivo, cosa que, por supuesto, no les interesará a las mayorías oficialistas de este país todavía lleno de señoritos y capataces. Segundo, es una forma de advertirles a futuros funcionarios que incidir en cierto comportamiento, como el no intervenir oportunamente para evitar un afectación al Estado, acarreará un castigo político y social.

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Dejando de lado el error conceptual, preocupa aún más la inconsistencia del oficialismo tanto en la fiscalización –que la ejercen con ahínco contra alcaldes, a pesar de no estar facultados para hacerlo– como en los casos Progen y ATM. En eso último llama la atención que sostengan que los ministros nada tienen que ver con las actuaciones de Celec, habiendo sido ellos mismos sus principales contradictores: Roberto Luque visitó a posibles proveedores, mientras que Manzano habló en múltiples ocasiones como si ella hubiera comandado la EP.

En una entrevista del 25 de octubre de 2024, declaró que dispuso revertir una prórroga concedida a uno de los contratistas. Luego, el 8 de noviembre, habló en primera persona: “nosotros tenemos que comenzar un proceso posiblemente de terminación unilateral del contrato”. ¿No es eso asumir responsabilidad?

Cada 10 de Agosto, Ecuador se pone de pie, canta el himno y celebra su independencia.

Y hay que decirlo con respeto: los criollos quiteños de 1809 fueron valientes. Se jugaron la vida contra el poder colonial, y varios de ellos la perdieron, fusilados en 1810. Eso no se discute. Lo que sí merece discutirse es si ese día, técnicamente, nos independizó de algo, porque la Junta de 1809 juró lealtad al mismo rey al que decía enfrentar. Fue una rebeldía con corbata, no una ruptura.

Podría decir que la independencia eficaz fue el 9 de Octubre de 1820, cuando Guayaquil rompió con España. Esa ruptura se sostuvo en el tiempo y fue el primer paso para liberar al país entero.

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La propuesta para consolidar el Día del Ecuador

Pero ya sé lo que están pensando: suena muy Guayaquil. Y a más de un historiador le levantaría la ceja.

La ruptura absoluta con España en territorio quiteño llegó en octubre de 1811, con la Segunda Junta: Carlos Montúfar al mando, y su padre Juan Pío, el mismo que en 1809 -oh, sorpresa- renunció justo a tiempo para salvarse mientras otros morían fusilados.

Esa Junta incluso se dio su propia Constitución en 1812. También cayó, y también la olvidamos, sepultada bajo el peso simbólico del 10 de Agosto.

Honrar a los patriotas de 1809 no exige fingir que esa fecha nos hizo libres.

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Por eso hay una propuesta en la Asamblea que merece más atención: declarar el 11 de septiembre, fecha de la primera Constitución en Riobamba, 1830, como el “Día del Ecuador”.

No borra el 10 de Agosto; lo completa.

Es la fecha que ninguna región puede reclamar como propia, porque ahí nació el país entero, con nombre, frontera y bandera.

Quizás sea hora de dejar de discutir independencias dispersas, para hablar, por fin, de un día nacional que ayude a cimentar las raíces de la identidad.

La posesión del nuevo presidente de Colombia abre un escenario de mayor tranquilidad para Ecuador, tras una etapa marcada por tensiones y una guerra arancelaria que llegó a imponer un gravamen del 100 % a los productos colombianos que ingresaban al país.

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Más allá de si existió o no una estrategia ecuatoriana de injerencia electoral, la realidad es que ambos mandatarios comparten una visión política y de gobierno, lo que permite prever una relación más cordial y orientada a beneficios mutuos.

El comercio bilateral puede beneficiarse de un nuevo escenario

Ecuador debe mantenerse abierto a acuerdos que impulsen el bienestar de comerciantes, exportadores y empresarios de ambos países, así como el fortalecimiento de la cooperación en inteligencia, tecnología y control fronterizo para enfrentar de forma más eficaz al crimen organizado.

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Los presidentes coinciden en la necesidad de aplicar firmeza en materia de seguridad. Esa mano dura debe dirigirse contra quienes amenazan el orden y la ley, mientras que la ciudadanía requiere políticas que le permitan recuperar sus calles, parques y espacios públicos.

Este nuevo escenario representa una oportunidad para robustecer la relación bilateral y trabajar de manera conjunta en favor de la seguridad, el desarrollo y la prosperidad compartida.

La extorsión dejó de ser un delito más. En demasiados barrios del Ecuador se ha convertido en un impuesto criminal que decide quién puede abrir su tienda, vender un almuerzo o mantener vivo un pequeño negocio. Mientras el Estado reacciona con operativos y discursos, miles de familias siguen pagando por trabajar o cerrando sus puertas por miedo. Las cifras y los testimonios muestran que este delito se ha consolidado como una de las principales fuentes de ingresos de las bandas criminales.

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Es cierto que las extorsiones también golpean a urbanizaciones y empresas con mayor capacidad económica. Pero no todos resisten el mismo impacto. Un comerciante de un barrio popular no tiene abogados, seguridad privada ni margen para absorber pérdidas. Cuando paga una ‘vacuna’, sacrifica la comida de su familia; cuando no paga, arriesga su vida.

Los barrios populares enfrentan el avance de las mafias

Por eso la prioridad del Gobierno debería ser rescatar primero a quienes menos pueden defenderse. Recuperar los barrios populares no es solo una política de seguridad: es una decisión de justicia social y de supervivencia económica. Cada tienda que cierra fortalece el control de las mafias sobre el territorio. Cada comerciante protegido representa una victoria del Estado.

La lucha contra la extorsión no puede medirse únicamente por capturas. Debe medirse por la tranquilidad de quien vuelve a abrir su negocio sin miedo.

Manuel Torres H.

La memoria es algo que muchas veces damos por sentado. Queremos olvidar aquello que quedó atrapado en el rincón de los recuerdos dolorosos. Sin embargo, como dice un maestro de Oriente, no sufrimos nuestra vida, sufrimos nuestra memoria. Y entonces me pregunto: ¿sufriríamos menos si pudiéramos borrar ciertos recuerdos? ¿O deberíamos entender la vida como un regalo que renace cada mañana? No lo sé. Aún no he vivido el Alzheimer de cerca.

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La obra 'El viaje perdido de Pishku' recorrerá Quito con funciones al aire libre

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Mi abuela paterna murió a causa de microinfartos cerebrales que derivaron en demencia. En sus últimos días ya no reconocía a nadie y, por momentos, se volvía agresiva. Para sus hijos fue devastador; para nosotros, sus nietos, fue verla desvanecerse lentamente mientras todavía éramos niños.

Ver cómo alguien pierde la memoria es profundamente doloroso. Con el tiempo esa persona deja de ser quien conocíamos, se confunde y pierde el control. Y quienes acompañan ese proceso tampoco pueden hacer mucho más que sostenerse de la paciencia.

'En otras palabras' pone al Alzheimer en el centro de la historia

Todo esto volvió a mí después de ver En otras palabras (’In Other Words’), del dramaturgo inglés Matthew Seager. La dirección de Xavier Andrade me sorprendió gratamente. No suelo disfrutar las propuestas de directores que llegan al teatro desde el cine, pero aquí encontró un equilibrio preciso entre ambos lenguajes. Los recursos cinematográficos enriquecen la puesta sin restarle fuerza a la experiencia teatral.

También destacan Joselyn Gallardo, como Mónica, y Ricardo Velástegui, como Leonardo. Ambos construyen personajes de gran sensibilidad y sostienen con verdad las intensas transiciones que exige la obra, potenciando la belleza de la dramaturgia.

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Joan Sánchez: “El jazz es una expresión de libertad, belleza, resiliencia y amor”

Marco Martinez

Lo más trágico del Alzheimer no es solo la pérdida de la memoria, sino los fragmentos de humanidad que van quedando suspendidos. Y también el desgaste silencioso de quien cuida: su vida se resquebraja entre el cansancio, la soledad y un dolor inmenso.

Salí del teatro con un nudo en la garganta. La obra recuerda que, incluso en medio de la tragedia, el amor permanece en los pequeños gestos que nos hacen humanos.

En otras palabras se presenta en el Teatro Sánchez Aguilar hasta este domingo.

Frances Swett

¿Cuánto tiempo más seguiremos tratando al reciclaje como una opción y no como una obligación? Mientras algunas ciudades ecuatorianas avanzan con programas de separación de residuos, la mayoría aún deposita toda la basura en el mismo destino. El problema ya no es la falta de información, sino la ausencia de decisión política.

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Cartas de lectores

Los municipios tienen la competencia y la responsabilidad de liderar un cambio que reduzca la contaminación, prolongue la vida útil de los rellenos sanitarios y fortalezca una economía circular.

La separación de residuos requiere políticas obligatorias

El propio sistema estadístico ambiental del país evidencia que la separación en la fuente y la recolección diferenciada siguen siendo prácticas desiguales entre los gobiernos locales.

Reciclar no puede depender únicamente de la buena voluntad ciudadana. Debe convertirse en una norma obligatoria, con infraestructura, educación y control. Cada año de espera significa más residuos enterrados y más oportunidades perdidas. Los municipios deben actuar ya.

Marissa Ramírez

Esta semana la Fiscalía realizó allanamientos contra varios jueces de la Corte Nacional, investigados por presuntamente haber cobrado a cambio de sentencias. El ministro del Interior, conocido por sus frases contundentes, afirmó: “nadie es intocable; o se enderezan o van presos”.

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Edison Andrés García Yépez

En lo primero no hay discusión: un juez que vende un fallo comete una de las traiciones más graves contra su deber y contra la sociedad. Convierte la justicia en mercancía y deja indefenso a quien confió en ella. La corrupción judicial debe investigarse y, cuando corresponda, sancionarse con todo el peso de la ley.

El debido proceso no puede reemplazarse por declaraciones políticas

El problema está en otro punto: entre investigar a un juez y que un ministro anuncie que ese juez irá preso existe una enorme distancia.

Un allanamiento no es una condena, una investigación tampoco. Cuando un funcionario del Ejecutivo anticipa el resultado de un proceso, invierte la regla que protege a todos: primero se demuestra la responsabilidad en un juicio y luego se sanciona.

Justicia

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Sara Ortiz

También está en juego la independencia judicial. La frase “enderécense o van presos” puede entenderse como un llamado a no ser corruptos, pero también puede interpretarse como una advertencia para que los jueces fallen según lo que el poder espera. Un juez que teme decidir contra el gobierno de turno deja de actuar con independencia y se convierte en un funcionario condicionado. Y eso perjudica especialmente al ciudadano que necesita justicia frente al poder.

Combatir la corrupción y defender la independencia judicial no son ideas opuestas; son parte de la misma causa. Un juez corrupto debe ser investigado y sancionado mediante un sistema serio, no por una declaración anticipada. Proteger el debido proceso no es proteger al corrupto: es proteger el mecanismo que permite distinguir entre quien es culpable y quien es inocente.

Leonel González Vallejo

Mañana en la tarde será posesionado Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia. Que eso sea o no una buena noticia dependerá de lo que él haga -o deje de hacer- en los tres meses venideros. En esos, quien se autodenomina ‘El Tigre’ podrá demostrar si es un marginal (’outsider’) del sistema, que mejorará a su país, o un farsante más.

Tres meses es el plazo que él mismo se fijó. Sus ofertas son espectaculares y apuntan a resolver problemas graves. Esta es la principal: recuperar el control de zonas de conflicto, o sea, de territorios que maneja el crimen organizado, sobre todo 330.000 h con sembríos de coca. Para que usted se haga una idea: esa es la superficie de nuestra provincia del Tungurahua… “Hay que fumigar la fuente primigenia de todas las formas de violencia”, dijo ‘El Tigre’, en alusión a esos sembríos. Obviamente no lo va a lograr, no en ese tiempo, pero será un buen modo de medir si es un ejecutante pragmático, decidido. O no.

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Promesas por cumplir y dudas por despejar

Hay otras promesas: iniciar la construcción de 10 megacárceles, para replicar el Modelo Bukele; ejecutar, esto sí en 90 días, un “Plan de Choque para capturar o dar de baja a los 10 cabecillas importantes del narcoterrorismo”; y lanzar otro plan de choque para atender las deficiencias en salud… Parece demasiado, pero todo líder que gana una elección democrática -la suya fue brillante y meteórica pues la levantó en apenas tres meses- merece que el respetable le eche un puñado de suertes. Eso incluye a sus vecinos del sur, que veremos bien que Colombia venza el estigma que ahora empieza a calzarnos: país de narcos…

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Dejo sentada mis dudas, sin embargo, porque de dudar vivo. Y es que alguien que defendió a mafiosos cuando ejerció de abogado; que se cree “defensor de la patria” cuando no ha hecho (aún) nada por ella; que de niño amarraba gatos a petardos voladores para verlos estallar; y que dijo que Dios era responsable “por acción u omisión de todo lo malo que ha pasado en este mundo” pero hoy llena de curuchupas su gabinete, no me da buena espina. Y por eso, quizás Colombia lo único que ha hecho es soltar un tigre en su sabana. Sin estar preparada para ello.

Decía la siempre genial Mafalda (el ‘alter ego’ del gran Joaquín Lavado, más conocido como Quino) que “siempre: lo urgente no deja tiempo para lo importante”. No solo que la frase es una de las críticas más profundas sobre la vida contemporánea, sino que, también, se convierte en una metáfora social y política sobre las decisiones (o la ausencia de ellas) que se toman en los países latinoamericanos, particularmente en el nuestro.

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IVONNE MANTILLA

Hay, al menos, tres causas que lo explicaría y que se aplica tanto para el gobierno central como para los gobiernos seccionales: la primera, la ausencia de planificación y de políticas que se sostengan a largo plazo, más allá de las coyunturas político-partidistas y la obsesión de refundar el país cada cuatro años luego de cada elección. La segunda, el vivir en una crisis permanente que obliga a apagar incendios económicos y sociales día a día. De alguna manera esto responde a la visión perversa de mantener situaciones de demandas con la finalidad de dar respuesta a lo coyuntural en lugar de lo estructural, descuidando aspectos que son fundamentales, aunque se los considere no prioritarios. Y la tercera, el ser reactivos antes que preventivos, lo que se vincula, nuevamente, con la ausencia de planificación y de una visión limitada sobre el país y las ciudades.

Guayaquil

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El eterno problema de gestión en Ecuador

Para dar algunos ejemplos. Entre los cuestionamientos que se hacía a la edificación del nuevo Museo Nacional del Ecuador estaba la de quienes argumentaban que no se trataba de una obra prioritaria para el país, ya que hay enormes carencias que conocemos en los hospitales públicos o la limitada inversión en obra pública. En este caso, la preservación de la memoria y la protección del rico patrimonio nacional debería pasar a un segundo plano, hasta que, algún día, se resuelvan los grandes problemas nacionales. Lo mismo ocurre con las ciudades, cuando se siguen ofreciendo soluciones puntuales sobre carencia de servicios y nadie habla de una visión de ciudad en el tiempo. Es así como desplazamos a lo importante para priorizar (¿resolver?) lo urgente.

¡Qué te sucede, ciudad querida de mi corazón! Otrora forjadora de ilusiones y símbolo de progreso, hoy te doblegas ante la violencia y la corrupción que asfixian tus calles y entristecen a tus hijos. Donde antes resonaban risas y conversaciones, hoy imperan el miedo y la soledad.

Justicia

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Sara Ortiz

No te rindas, Guayaquil del río y el estero. Ábrete como un capullo en flor y da paso a la esperanza, porque mientras el alma y la acción se unan a la razón, nada estará perdido. ¡Despierta, Guayaquil! Que tus hijos vivan para construir y no para delinquir; que la verdad prevalezca sobre la mentira y que la justicia sea el camino.

La violencia y la corrupción golpean a la ciudad

¿Por qué cambiaste, faro de libertad? Quienes te amamos sentimos el dolor de verte herida, pero también la convicción de que puedes renacer. Junto al Guayas sigues siendo hermosa, valiente y generosa, tierra de trabajo, progreso y corazón abierto para todos.

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Juan Ponce Merchán

Tus hijos tenemos el deber de honrarte con amor, respeto y civismo; de unirnos para desterrar el vandalismo y el terrorismo, educando a las nuevas generaciones en valores y esperanza. Hagamos viral lo positivo y sembremos confianza en el futuro.

No quiero verte sufrir ni llorar, mi querida Guayaquil. Que Dios bendiga a nuestra ciudad y fortalezca a su gente para devolverle la paz, la dignidad y el esplendor que siempre la han distinguido.

Myrna Jurado de Cobo

El Dr. Gabriel García Moreno, conservador, estadista, abogado, político, periodista, escritor, militar y poeta, nació en Guayaquil el 24 de diciembre de 1821. Católico convencido, defendió la religión y exigía que sus colaboradores compartieran esa fe. Esta postura fue una de las causas del descontento político que culminó con su asesinato el 6 de agosto de 1875. Fue sepultado con honores de jefe de Estado y uniforme de general. Gobernó el Ecuador en dos períodos: 1861-1865 y 1869-1875.

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Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

El rechazo de parte de la ciudadanía también se originó porque se consideraba que el presidente podía ser reelegido indefinidamente y designaba de forma interina a las principales autoridades públicas. En 2026 recordamos los 151 años de su muerte, ocurrida tras el ataque a machetazos perpetrado por el colombiano Faustino Rayo en los bajos del Palacio Presidencial de Quito.

Las causas que llevaron al asesinato de García Moreno

Según una entrevista realizada el 20 de abril de 1958 por Eduardo Pérez Moscoso al hijo de Faustino Rayo, quien se hallaba anciano, ciego y sordo en un hospicio de Quito, este manifestó que no podía dar fe de los hechos porque era apenas un bebé cuando ocurrió el magnicidio. Sin embargo, sostuvo que su padre había dado muerte a un gran hombre que impulsó importantes obras en educación, salud y vialidad.

García Moreno no pudo concluir sus 54 años de vida ni ejercer el tercer mandato para el que había sido elegido. El magnicidio respondió al descontento de sectores políticos, especialmente de jóvenes liberales que se oponían a su gobierno. Posteriormente surgieron fuertes enfrentamientos ideológicos y literarios. Juan Montalvo fue criticado por su frase “mi pluma lo mató”, pronunciada en un contexto de restricciones a la libertad de prensa. También José Joaquín de Olmedo defendió la opinión pública y la libertad de imprenta como pilares de la libertad.

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La Constitución de 1869, conocida como la Carta Negra, fue comparada con la Carta de la Esclavitud de 1843, promulgada durante el gobierno de Juan José Flores. Más tarde, Benjamín Carrión calificó a García Moreno como “el santo del patíbulo”. Hoy, frente a la corrupción y la violencia que afectan al país, vale reflexionar sobre la necesidad de fortalecer el Estado de derecho y el cumplimiento de la ley.

José Arrobo Reyes

El mismo éxito de este sistema político en el espacio y tiempo muestra la necesidad de afinarlo, perfeccionarlo, adaptándolo a las distintas situaciones de los pueblos.

Así, la victoria por la mínima de un candidato colombiano sobre otro mejoraría, para consolidar al vencedor, el exigir, para gobernar, una segunda vuelta, en la que el vencedor debiera conseguir, por ejemplo, un 5 % más de votos.

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Cuando una victoria ajustada debilita al gobierno

Aún más frágil y contestable, debilitando de entrada su gobierno, ha sido la victoria en Perú de Keiko Fujimori por un estrechísimo margen, debido además a emigrados ya de varios lustros.

Aquí, adicionalmente, habría que estudiar la limitación del derecho al voto -excepto en caso de dictaduras- a emigrados de, por ejemplo, menos de diez años, pues los demás conocen en general menos la situación real de su país

M. Sagrera Capdevila

Muchas veces creemos que la economía no está presente en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, incluso en acciones tan simples como comprar en una tienda utilizamos conceptos económicos, aunque no siempre de forma correcta. Un ejemplo es el uso indistinto de tres palabras que en economía tienen significados diferentes: costo, precio y valor.

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Vanessa López

Cuando preguntamos: “¿cuánto cuesta esto?”, en realidad queremos conocer el precio, es decir, la cantidad de dinero que debemos pagar por un bien. El costo, en cambio, corresponde a todos los recursos que la empresa empleó para producirlo, como materias primas, mano de obra, transporte y almacenamiento, sin incluir la ganancia. Por ello, el costo es información del productor, mientras que el consumidor paga el precio.

El valor: una percepción que cambia según cada persona

El valor es el concepto más subjetivo, pues no depende de cifras ni del mercado, sino de la utilidad o satisfacción que un bien representa para cada persona. Un mismo producto puede tener el mismo precio para dos consumidores, pero un valor distinto. Por ejemplo, una estampa del Mundial vale mucho más cuando es la última necesaria para completar el álbum que cuando apenas se empieza a llenarlo. Del mismo modo, una botella de agua tiene un valor muy diferente para alguien en su casa que para quien lleva horas caminando en el desierto.

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Ejemplos cotidianos para entender costo, precio y valor

Estos ejemplos muestran que el valor no está en el objeto, sino en las necesidades y circunstancias de quien lo consume. No se determina con una etiqueta ni sumando costos, sino por la importancia que cada persona le asigna.

En conclusión, cuando compramos un producto intervienen tres conceptos: pagamos un precio, calculado a partir del costo de producción y el margen de ganancia del vendedor, para obtener un bien cuyo valor depende únicamente de nosotros. Comprender esta diferencia permite entender mejor nuestras decisiones de consumo y por qué algo puede parecer caro para unos y barato para otros.

Jorge Andrés Calderón