Las advertencias sobre un fenómeno de El Niño de intensidad similar o incluso superior al de 1997-1998 obligan al país a dejar la improvisación y actuar con urgencia. No basta con vigilar el clima, es necesario preparar al Estado y a la sociedad para enfrentar un escenario que puede afectar la producción, la salud, la infraestructura y el abastecimiento de materias primas y productos terminados. 

La seguridad alimentaria debe ser prioritaria. La disminución de capturas pesqueras y las pérdidas agrícolas amenazan el suministro de alimentos y repercuten en el transporte, el comercio y la industria. Si provincias o regiones quedan aisladas por inundaciones o deslizamientos, el abastecimiento dependerá de una planificación anticipada y de reservas estratégicas. 

Prevenir hoy para evitar una crisis mañana

También hay que fortalecer la capacidad hospitalaria, garantizando camas, medicamentos, insumos y personal para atender el aumento de enfermedades que sobrevienen como consecuencia del fenómeno. Y la infraestructura crítica debe protegerse frente a aluviones y crecidas de ríos, que podrían afectar el funcionamiento incluso de Coca Codo Sinclair. 

Ante una amenaza de esta magnitud, Ecuador no puede distraerse en disputas políticas. La prioridad debe ser prevenir hoy para evitar que una emergencia climática se transforme mañana en una tragedia nacional.

Las tragedias sísmicas vuelven a recordar una verdad que suele olvidarse cuando la tierra deja de temblar: el mayor riesgo no siempre proviene del fenómeno natural, sino de las edificaciones que no están en condiciones de resistirlo. Ecuador conoce esa realidad. 

La experiencia del terremoto de 2016 dejó inmuebles inutilizables, algunos aún abandonados, y evidenció que la prevención no puede limitarse a los momentos de emergencia. La inspección permanente del estado de las construcciones debe convertirse en una política prioritaria de todos los municipios. 

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Un censo estructural ayudaría a prevenir tragedias

Existen precedentes de edificios que debieron ser demolidos por representar un peligro para la ciudadanía, así como inmuebles patrimoniales que requieren decisiones técnicas oportunas para preservar vidas y, cuando sea posible, su valor histórico. Ignorar estas alertas solo incrementa la vulnerabilidad de las ciudades.

Un censo nacional del estado estructural de las edificaciones permitiría identificar riesgos, planificar intervenciones y, cuando corresponda, proceder con demoliciones o reforzamientos antes de que ocurra un desastre. La prevención siempre resulta menos costosa que la reconstrucción. Los terremotos no pueden evitarse. Lo que sí está al alcance de las autoridades es impedir que una infraestructura deteriorada convierta un evento natural en una tragedia mayor.

Una obra necesaria y esperada para Guayaquil, con un gran impacto nacional. El Quinto Puente o Viaducto Sur pretende evitar el ingreso de los grandes camiones de carga que vienen desde el sur del país y que ingresen por Durán directamente al Puerto Marítimo, sin entrar a la ciudad. No solo es un alivio para las ya congestionadas vías de Guayaquil, sino que también representará una reducción de tiempos y costos para las empresas exportadoras e importadoras, y proyectará al Puerto de Guayaquil aún más ante el mundo.

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Expropiaciones generan cuestionamientos entre los habitantes

Es una obra no exenta de los cuestionamientos. El pago de las expropiaciones de viviendas asentadas en terrenos donde debe levantarse la obra total y complementarias es uno de los puntos álgidos. Ciudadanos reclaman que quieren pagarles valores por debajo de sus expectativas. 

Serán los procesos legales los que terminen definiendo el valor a pagar por sus viviendas y terrenos. De ninguna manera estos incidentes deberían manchar el alcance de una obra que traerá empleo y mejorará la productividad del país.

La transparencia es fundamental. A nadie beneficia que el Quinto Puente engrose la lista de obras salpicadas por corrupción o que quedan solo en los planos.

Estos días recibimos al geoide como si acabara de nacer. La imagen de una Tierra abollada, con jorobas y hundimientos, recorrió medios digitales, televisiones e impresos. Vean, decían, esta es la verdadera forma de la Tierra.

No es nueva. El centro alemán de geociencias de Potsdam viene publicando esa misma imagen desde 1995. La llaman la papa de Potsdam. En 2011 volvió a circular como novedad y hubo que aclararlo entonces. Treinta y un años de lo mismo, redescubierto cada tanto.

Tampoco es nuevo el concepto. Gauss describió esa superficie en 1828 y Listing la llamó geoide en 1873. Pero la forma achatada se confirmó antes, y se confirmó aquí. Newton sostenía que la Tierra estaba achatada en los polos y Cassini que era alargada. Solo podía resolverse midiendo sobre la línea equinoccial, y por eso en junio de 1736 llegaron a Quito tres académicos de París. Tardaron nueve años. Ganó Newton.

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La imagen de la Tierra con forma de papa que difundió la NASA este mes traía al pie, en mayúsculas, la advertencia de que aquello no estaba a escala. Tres signos de admiración. Es lo más enfático que una institución científica puede emitir sin gritar, y fue lo único de toda la ficha que no llegó a ninguna parte. Lo que trascendió fue el descubrimiento de algo que llevábamos treinta y un años viendo, solo que esta vez el render tiene mejor resolución.

La imagen de la NASA y la confusión sobre la escala

El asunto ya no es la Tierra. El conocimiento se acumula. Su actualización se diluye. La NASA publicó un logro y su advertencia el mismo día, en la misma ficha. Del logro se ocupó todo el mundo. La advertencia no le interesó a nadie, y por eso lo que se aclaró en 2011 hubo que repetirlo este mes, desde cero.

La Tierra parece una papa si y solo si exageramos su forma, le estiramos la altura y dejamos el ancho igual. A simple vista es lo que era, achatada en los polos y abombada en el ecuador. Newton lo dedujo en 1687, desde un escritorio, casi tres siglos antes de que existiera una imagen de satélite. Y desde el espacio, aún es ese globo azul de los colegios.

Tenemos más acceso que nunca. Pero la fe de erratas se imprime en hoja suelta, y es la primera página que se cae de un libro viejo.

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Cada día, en un supermercado, en la parada de bus o en un giro en el tráfico Ecuador libra una batalla que casi nadie identifica. La del respeto a la fila, a los vecinos. Parece un detalle menor pero no lo es. Es el primer paso en la escalada antisocial que con frecuencia practicamos frente a nuestros hijos.

Cuando alguien se cuela sin reproche, cuando un conductor invade un carril sin consecuencia o un adulto mayor es avasallado en un espacio público, no es solo un acto de mala educación; es un aprendizaje antisocial. Porque los niños observan conductas y las repiten. Si ven que la norma no importa para quien tenga más audacia, poder o arrogancia, interiorizan una lección peligrosa: la regla es para el que no sabe evadirla o para el tonto.

Lo que aprenden los niños al observar a los adultos

Ese aprendizaje temprano se convierte con los años en indiferencia ante la propiedad ajena, en irrespeto hacia la autoridad, en el imperio del ‘vivo criollo’ como modelo de éxito social. Y ahí comienza el terreno fértil que buscan las estructuras del crimen organizado: una sociedad ya acostumbrada a violar no solo las normas de conducta social sino también la legal. 

La extorsión que hoy asfixia a comerciantes y transportistas, la corrupción que erosiona instituciones, encontraron terreno preparado por años de pequeños abusos tolerados tales como autoridad familiar desplazada, el quemeimportismo del bienestar del vecino.

Combatir el crimen organizado exige más que policías y leyes. Exige crear cultura de respeto comunitario, erradicar la cultura del individualismo extremo, porque la gran corrupción y la gran violencia siempre empiezan como una pequeña transgresión que nadie corrigió a tiempo.

Bajo tales circunstancias, el Ecuador secuestrado por la narco delincuencia, por la burocracia corrupta, no es únicamente consecuencia de narcopolíticos; es resultante de una cultura antisocial que nace y crece desde la familia, el barrio, el Estado. Esa es la sociedad y país que construimos, la de la ‘viveza criolla’, la del abuso, la del bacán, de la sapada e irrespeto a la autoridad y la ley, de cuyos resultados nos hace cómplices.

Tras años de expectativas crecientes, la industria de la inteligencia artificial (IA) afronta un momento decisivo. Pese al récord de inversiones, inversores, directivos y consejos de administración dudan cada vez más de que la IA pueda generar incrementos sustanciales de productividad a corto plazo.

Una de las principales razones es el aumento del coste de uso de los grandes modelos de lenguaje (LLM). Aunque el precio por token ha caído más del 90 % en los últimos tres años, el gasto total sigue creciendo porque el uso se ha disparado. Silicon Data señala que desde 2025 el gasto en LLM se duplicó y la Reserva Federal de Atlanta prevé que la inversión empresarial en IA aumente un 50 % en 2026, hasta 280.000 millones de dólares.

Esta situación refleja una asimetría: mientras las empresas deben justificar un gasto creciente, los proveedores de LLM dependen del consumo de tokens para sostener sus ingresos y sus valoraciones bursátiles. Sin embargo, los resultados siguen siendo inciertos. Un informe del MIT de 2025 concluyó que el 95 % de los proyectos piloto de IA generativa no alcanzó los objetivos previstos.

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Ciberseguridad y propiedad intelectual, entre los principales riesgos

También preocupa el riesgo de que las empresas cedan, sin pretenderlo, propiedad intelectual, datos y conocimiento estratégico a proveedores como OpenAI o Anthropic. Aunque existen acuerdos de confidencialidad, estos proveedores pueden obtener información sobre cómo las compañías crean y capturan valor. La disputa entre Anthropic y Figma ilustra esta tensión.

La historia ofrece precedentes similares, como la estrategia de Microsoft frente a Lotus 1-2-3 y WordPerfect en los años noventa. Por ello, las organizaciones deben valorar cuidadosamente su dependencia de un único proveedor de IA.

A largo plazo, la IA también puede generar costes económicos y sociales: mayor demanda de energía e infraestructura, desplazamiento laboral y aumento de la desigualdad. Estas consecuencias podrían exigir más inversión pública y aumentar la presión fiscal sobre las empresas.

Ante este escenario, los directivos deberían adoptar varias medidas. En primer lugar, renegociar los contratos con los proveedores para que compartan parte del riesgo y vinculen parte de sus ingresos al valor realmente generado. Asimismo, conviene comparar de forma continua el coste y el tiempo de realizar tareas con IA frente al trabajo humano mediante indicadores operativos y financieros.

En segundo lugar, es recomendable evitar la dependencia de un solo proveedor, diversificando modelos y utilizando entornos de prueba antes de implantar soluciones a gran escala. También pueden considerarse modelos de código abierto, muchos de ellos desarrollados por empresas chinas, aunque las preocupaciones geopolíticas y de ciberseguridad pueden limitar su adopción.

La tercera prioridad es reforzar la ciberseguridad. El Banco de Inglaterra ya ha advertido de que los avances en IA incrementan los riesgos operativos y la probabilidad de ciberataques coordinados.

Por último, las empresas deben fijar plazos y métricas claras para demostrar que la IA aporta beneficios reales. Si los resultados no cumplen las expectativas, la impaciencia de los inversores podría provocar una fuerte corrección en la valoración de los activos vinculados a la IA.

Raras veces la inauguración de un centro médico produce emoción entre los asistentes. Fue el caso de quienes asistimos a la del Centro Oncológico de Ueesclinic el pasado 27 de julio en la mañana, al conocer su espíritu fundacional y su visión humana y profesional, en las palabras de los doctores Escala y Plaza, y del canciller de la universidad Espíritu Santo, UEES, Dr. Carlos Ortega Maldonado. 

Impresiona por lo que significa para la ciudad, para el país y, a mediano plazo, para la región. Un centro médico se explica desde la visión de quienes emprendieron su creación. Si asume la complejidad de la condición humana y sintoniza con ella, el centro médico, su edificio, su tecnología, su personal médico y asistencial la harán vida. Al inaugurar Oncocenter, como señaló el Dr. Ortega, no se trataba de inaugurar un edificio, ni siquiera de crear un centro médico más, sino de inaugurar una esperanza. 

Ello es posible solo desde una visión integral de la persona, que permita al paciente y a sus familiares afrontar una de las pruebas decisivas de su existencia, el diagnóstico y luego el tratamiento de una enfermedad cuyo solo nombre desata miedo y angustia. ‘Cáncer’ es todavía una palabra que tiene sabor a condena.

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Tecnología avanzada al servicio de los pacientes con cáncer

Oncocenter Ueesclinic, en su novedad, retoma la gran tradición de la medicina y la razón de su existencia: cuidar al ser humano, es decir, tener empatía para entender y sintonizar con el paciente que entrega al centro médico nada menos que su esperanza de vida, como dijo el Dr. Ortega. El paciente no es un caso ni un nombre. “Detrás de cada diagnóstico existe una persona”, señaló el Dr. Plaza; “existe una familia; existen miedos, preguntas, incertidumbre y esperanza”. Por ello, la mayor fortaleza de la institución está en quienes trabajan en ella y se sienten comprometidos con su espíritu, como lo expresó el fundador del centro oncológico.

Esta esperanza implica, en este caso, contar con la tecnología más avanzada que estará a disposición afortunadamente en un corto plazo y cuya sola enumeración genera aplauso: Resonador de 5 teslas, el primero en Sudamérica, PET Scan y una larga lista de equipos.

Oncocenter de Ueesclinic es una de las buenas noticias en un tiempo de adversidades: que la palabra cáncer no sea la definitiva.

El 14 de julio de 2026, el Pleno del Consejo de la Judicatura declaró, mediante Resolución 129-2026, la necesidad extraordinaria y emergente en toda la Función Judicial, ante un déficit que los informes técnicos oficiales estiman en aproximadamente 700 jueces a escala nacional, por ello se propone llenar provisionalmente esas plazas. 

La medida, aprobada por resolución del referido organismo, aprueba fases y procedimientos para designar temporalmente jueces de Garantías Penales, Cortes Provinciales y Conjueces de la Corte Nacional; ni qué decir de los miles de plazas de secretarios y ayudantes judiciales que se requieren para abarcar las necesidades de un despacho oportuno de las causas judiciales de miles de ecuatorianos que acuden, a diario, al sistema de justicia.

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Nadie discute la urgencia de que las dependencias judiciales operan ya en estado crítico. Pero la vía elegida convive en tensión con el artículo 36 del Código Orgánico de la Función Judicial, que exige concurso de oposición y méritos para el ingreso a la carrera judicial, y con el artículo 186 de la Constitución, que consagra ese principio. 

El riesgo de convertir una medida excepcional en una solución permanente

La resolución de emergencia prevé fases, como la promoción interna, metodologías específicas por materia encargada a la Dirección Nacional de Talento Humano para que realice y estudie la verificación de requisitos mínimos de los postulantes, curso obligatorio de formación en la Escuela de la Función Judicial, conformación de un “banco temporal de elegibles”, posesión y vigencia limitada. El proceso completo está pensado para resolverse en un plazo aproximado de 33 días.

Cubrir vacantes es legítimo y necesario, pero perpetuar la excepción no lo es. Como vemos, si bien el proceso propuesto –que no recoge la ley- es simplificado, no es sencillo ni inmediato, está cubierto por una emergencia que preocupa que incorpore administradores de justicia temporales que sean golondrinas de paso, que nada bien hacen a la Función Judicial.

Si bien es cierto que el Consejo de la Judicatura ha indicado que los jueces temporales no entrarán a la carrera judicial, no es menos cierto que ahí estarán, al menos, por un buen rato. Vale analizar si es mejor ir con el concurso definitivo, pues no vaya a ser peor el remedio que la enfermedad.

Entre el 25 de julio, fecha patronal de Santiago Apóstol, oficializada en 1929 por el Concejo Cantonal, o el 15 de agosto como fecha real propuesta por una pléyade de historiadores como Miguel Aspiazu, Julio Estrada, Dora León y José Antonio Gómez, la ciudad puerto de Guayaquil, según el debate histórico fundacional, cumplió 491 años de creación castellana. 

Para la conmemoración de los cinco siglos se requiere, como gran exigencia, que los actores sociales, económicos, políticos y culturales de la aglomeración y del país depongan sus encarnizados enfrentamientos politiqueros y de superegos, como sucede hoy. Y para que no ocurran situaciones a lamentar históricamente, como el plan de obras que se propuso por parte de la Comisión Técnica y la Junta de Notables para celebrar el primer centenario de independencia de Guayaquil, que tomó casi un siglo su cumplimiento. 

El posibilismo como vía para alcanzar acuerdos

Para ello proponemos el ‘posibilismo’, que se destaca como un enfoque político-institucional entre los nuevos optimismos de cambio del siglo XXI. Y que consiste en una propuesta cognitiva y operativa que busca lograr objetivos concretos mediante negociación y uso de los recursos reales disponibles, en lugar de ofertas maximalistas o imposibles.

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Políticamente, prefiere el acuerdo colectivo y la reforma práctica antes que ideas extremas o difíciles de cristalizar. Describe a alguien -o grupo- que analice los hechos con frialdad, sin caer en elucubraciones clientelares o falsos optimismos populistas, centrándose en el progreso real que se puede alcanzar para las colectividades.

En las 24 provincias y 223 cantones los grandes planificadores son las autoridades en el poder, ellos hacen los presupuestos y distribuyen las obras de acuerdo a sus intereses clientelares, lo que provoca descontento social e impide conformar una ciudadanía política territorial. Incluso urbes metropolitanas como Guayaquil no escapan a las dinámicas urbanas reseñadas.

Las necesidades reales declaradas de una población no son compartimentos aislados, sino que se articulan entre sí; por ejemplo, la inseguridad no se puede reducir al predominio de la represión, debe de acompañarse de política social y bienestar del asentamiento intervenido.

En 1963, Goscinny y Uderzo publicaron una parodia del Tour de Francia en la que Astérix y Obélix recorren la Galia recogiendo una especialidad de cada ciudad. El saco amarillo donde cargan las provisiones alude al ‘maillot’ del líder. El chiste funcionaba porque desde el inicio del Tour en 1903, los franceses ya leían su país como una sucesión de etapas.

Este julio, miles de ecuatorianos que jamás habían visto una carrera de ciclismo hicieron el mismo ejercicio sin proponérselo. Siguiendo a Richard Carapaz, que terminó vestido de lunares rojos por segunda vez, supieron lo que es un ‘maillot’ y aprendieron a decir Le Bourg d’Oisans, el pueblo de tres mil almas donde arrancó la etapa que ganó en el Alpe d’Huez.

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La estructura de la carrera hace posible que conozcamos decenas de pequeños pueblos. La organización cobra hasta ciento cuarenta mil euros a cada localidad que quiere una salida o una llegada, y aun así recibe cerca de doscientas cincuenta candidaturas al año.

Para un pueblo de tres mil habitantes en medio de los Alpes, la cuenta es sencilla. Hoteles copados, restaurantes que ganan en un día el ingreso de un mes, ferreterías y panaderías que atienden a varios miles de personas, y una fachada mostrada al mundo entero ante una audiencia que nunca habría tenido motivo para buscar ese lugar en el mapa.

Los pueblos que ganan con cada llegada de la carrera

Lo que les queda a esos pueblos luego de uno de los momentos más intensos del año es lo interesante. Turistas en bicicleta que reviven el Tour, visitantes en busca de las plazas y vistas que vieron en la transmisión, y quienes simplemente quieren explorar lugares cuyos nombres ahora conocen.

La premiación en París corona veinte días en que poblaciones diminutas montaron su propia versión de la fiesta con la misma intensidad, en su pequeña escala, y seguramente con mayor impacto del que causa la premiación en medio de los Campos Elíseos y con el Arco del Triunfo de fondo.

La lección es que el evento no inventa el valor de esas poblaciones en la periferia, sino que lo hace visible cuando permite que cada tramo del camino muestre lo que lo hace relevante.

En los últimos días se han anunciado varias noticias sobre acceso a financiamiento para el país originadas en multilaterales como el BID y el Banco Mundial. En conjunto podrían superar los USD 2.000 millones para los siguientes 365 días. Incluso con el BID el plan contempla que en los próximos cinco años entregarían financiamiento hasta por USD 10.500 millones para los sectores público y privado. A diferencia del financiamiento del FMI, que es exclusivo para temas presupuestarios, este tipo de deuda cubre aspectos sociales como seguridad, vivienda, empleo, educación, y no únicamente orientados al sector público.

El desafío de financiar proyectos sin elevar el déficit

El contexto fiscal sigue siendo deficitario. Incorporar nuevos gastos al presupuesto con estos recursos podría incrementar el déficit, en contravía de los compromisos asumidos con el FMI. El Gobierno deberá priorizar proyectos, enfocándose en aquellos que se alineen con las metas acordadas y generen mayor impacto social y económico.

El financiamiento por recibir también sirve para atender gastos que constan en el presupuesto, que, estando identificados con los objetivos planteados, liberarán recursos para atender amortizaciones de deuda. Para 2027 son importantes los pagos de capital de deuda con los multilaterales: al BID hay que amortizar deuda por USD 900 millones, al Banco Mundial USD 214 millones, al FMI USD 1.285 millones y USD 770 millones en conjunto a la Corporación Andina de Fomento y Fondo Latinoamericano de Reservas. El total de amortización de deuda externa en 2027 supera los USD 4.200 millones. La interna es ligeramente más baja y en conjunto repetimos la necesidad de financiamiento por USD 8.000 millones que tenemos en este 2026.

Llegan los ofrecimientos de recursos, alcanzando también al sector privado, luego que es evidente una mejora en el resultado fiscal frente al histórico reciente. Todavía es un número alto escuchar un déficit de USD 4.000 millones cuando en el 2019 se tenía idéntico resultado fiscal. La diferencia relevante es que la economía en 2019 tenía un PIB de USD 108 mil millones y para 2026 lo esperamos en 135 mil millones. En estos siete años el déficit pasaría de 3,8 % a menos del 3 % del PIB con episodios de 6,8 % en pandemia y 4,5 % en 2023, cuando ocurrió la última crisis política que terminó en la utilización de la muerte cruzada.

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El acceso a mayor financiamiento ha sido posible gracias a este ajuste fiscal, pero el costo ha sido elevado en términos de crecimiento económico y empleo, que son justamente lo que se busca corregir en los siguientes cinco años, de acuerdo al objetivo del crédito del Banco Mundial. La meta es más de 180.000 nuevos empleos originados en los programas que se deben financiar. 

Para dimensionar el desafío, basta recordar que en 2014 el empleo pleno alcanzaba al 49 % de la PEA, mientras que hoy apenas llega al 37 %. Esa diferencia de 12 puntos en los 8,9 millones de PEA equivalen a cerca de 1,1 millones de personas que hoy deberían tener empleo pleno para igualar el resultado de 12 años atrás. El programa del BM aspira a cerrar cerca de una quinta parte de esa brecha, un esfuerzo significativo, pero aún insuficiente frente a la magnitud del reto.

Si los asambleístas del Gobierno salieron a atacar a Osvaldo Hurtado amplificando sus denuncias sobre el autoritarismo, el ministro del Interior, John Reimberg, apareció para confirmar todo.

El ministro no salió a decir, literalmente, que Hurtado tiene razón, pero se la dio de una forma contundente: con hechos. Si Hurtado planteó la tesis de que el Gobierno ha colonizado a los poderes del Estado mediante amenazas, Reimberg terminó por confirmarla.

¿Cómo? El ministro declaró que, si los jueces de la Corte Nacional de Justicia no se enderezan, irán presos. Lo hizo cuando la Fiscalía había allanado, casi al mismo tiempo, el domicilio de al menos un juez de la Corte Nacional para investigar un presunto delito de cohecho sobre el que, según la propia Fiscalía, existen evidencias.

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Es cierto que nadie puede poner las manos al fuego por ningún juez del más alto organismo de justicia del país. Pero lo dicho por el ministro termina reforzando lo que Hurtado sostiene: que la Fiscalía se ha convertido en una herramienta de presión política en manos de Carondelet.

El efecto político de las palabras de Reimberg

La intervención de Reimberg alimenta esa percepción. Cuando un ministro del Ejecutivo afirma públicamente que los jueces “o se enderezan y se corrigen o van presos”, proyecta la imagen de que existe una relación entre la conducta que espera el Gobierno de los magistrados y la actuación de la Fiscalía. Reimberg es ministro del Interior y forma parte del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, no puede, o no debería, hablar en nombre de la Fiscalía. Pero lo hace. Que existan indicios de que un juez cometió un delito corresponde exclusivamente a la Fiscalía y debería tramitarse con absoluta independencia del Ejecutivo. Más aún: el ministro ni siquiera debería emitir opiniones que puedan interpretarse como presión sobre jueces que podrían terminar conociendo causas relacionadas con el Gobierno.

Es precisamente ahí donde Hurtado recibe el espaldarazo de Reimberg. El expresidente habló del uso político de la Fiscalía; el ministro, con sus declaraciones, terminó reforzando esa percepción.

Los asambleístas del Gobierno deberían estar indignados con su ministro. Salieron a atacar a Hurtado y, aunque lo hicieron de manera torpe, al menos intentaron desmontar la tesis del expresidente. Y entonces aparece Reimberg para hacer exactamente lo contrario: darle la razón.

La presentación de la Agenda de Crecimiento Ecuador 2040 (ACE 2040), que llega luego de tres años de gestión gubernamental, era la señal que varios sectores esperaban para conocer el rumbo económico del país a largo plazo. 

Sin embargo, la verdadera prueba no está en su anuncio, sino en su implementación y en convertir esta hoja de ruta en resultados tangibles, lo cual conlleva varios desafíos para evitar que una propuesta como esta termine en el archivo.

El documento plantea un nuevo modelo económico orientado a impulsar el crecimiento, con el protagonismo empresarial. Para lograrlo, apuesta por fortalecer la seguridad jurídica, la estabilidad fiscal y la apertura sectorial. No obstante, el plan todavía debe precisar los mecanismos concretos mediante los cuales estos objetivos se materializarán.

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El desafío de crecer sin aumentar el endeudamiento público

El reto de fondo, no es solo tener voluntad política, hay que tener disciplina y garantizar recursos. El crecimiento económico al que se aspira no debe construirse con más endeudamiento público, sino con la creación de un verdadero ecosistema productivo de todo el país, que optimice el uso de capitales, el trabajo y la tierra para generar más bienes y servicios. Sin un crecimiento robusto no habrá empleo digno, y sin empleo digno no mejorarán las condiciones de vida de los ecuatorianos.

En una entrevista reciente se abordó el concepto de responsabilidad social. Dicho concepto nace en el ámbito empresarial y es ampliamente desarrollado en las maestrías de Administración y carreras afines. Sin embargo, surge la pregunta: ¿podemos ejercer la responsabilidad social también a nivel individual? La respuesta es afirmativa. 

Elegir por la trayectoria y no por las promesas

Como ciudadanos, tenemos el deber de elegir con mayor criterio a nuestras nuevas autoridades. Esto implica analizar su trayectoria y sus hechos, más allá de su discurso. Los hechos hablan más que mil palabras. En la comunicación política es común que se nos ofrezcan incentivos como bonos, los cuales, en última instancia, resultan ser medidas superficiales.

La responsabilidad social exige que todos actuemos con igualdad, imparcialidad y objetividad respecto a lo que significa gobernar. De esta manera evitamos ser manipulados. Es momento de realizar un análisis profundo y una autocrítica responsable. Basta ya de atribuir todo a “la culpa de Correa”.

Señores, elijamos bien para que el mensaje llegue con claridad a quienes ostentan el poder. Al gobierno actual se le dijo No, y al parecer no escucha al pueblo, pero sí a otros actores que podrían estar sosteniendo su permanencia. Se dijo No a la intervención extranjera y, sin embargo, se les otorgó inmunidad. Recordemos el ataque con drones a embarcaciones ecuatorianas. Dios ama a Ecuador, pero el ecuatoriano debe amarse a sí mismo para garantizar el bienestar de todos.

David Ronquillo

Se fue el Mundial de fútbol, que durante mes y medio mantuvo la atención de millones de aficionados en los 104 partidos disputados por 48 selecciones. Fue un torneo entretenido, cargado de emoción y suspenso, pero también marcado por decisiones tecnológicas y reglamentarias que despertaron polémica.

El VAR, implementado por la FIFA desde 2016, volvió a ser centro de cuestionamientos. Decisiones como la anulación del gol de Croacia ante Portugal, el tanto invalidado de Egipto frente a Argentina o la expulsión de Folarin Balogun, luego revertida en medio de controversias, alimentaron las dudas sobre su imparcialidad. Para muchos, algunas jugadas se revisan y otras no, dando la impresión de que el criterio depende del peso de los equipos o de sus figuras.

También se evaluarán las pausas de hidratación de tres minutos en cada tiempo, justificadas por el bienestar de los jugadores, aunque críticos consideran que favorecen los espacios publicitarios. Los derechos de transmisión alcanzaron valores entre 200 mil y un millón de dólares.

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Récord de premios y nuevas apuestas comerciales de la FIFA

La FIFA sorprendió además con la venta de fragmentos del césped de la final por 450 dólares y del álbum musical oficial por 48 dólares. Como novedad, el campeón recibió, además del trofeo y las medallas, un anillo personalizado de oro de 18 quilates, valorado en 300 mil dólares, del que se elaboraron 2.026 unidades.

Los premios económicos también marcaron un récord. España obtuvo 50 millones de dólares por el título; Argentina, 33; Inglaterra, 29; Francia, 27; los clasificados a octavos recibieron 15 millones y quienes quedaron en la fase de grupos, nueve millones. En total, la FIFA distribuyó 871 millones de dólares entre las selecciones participantes.

Otro aspecto destacado fue el respaldo del público, con asistencias de entre 60.000 y 80.000 espectadores por estadio. Además, Gianni Infantino planteó ampliar el Mundial de 2030 a 64 selecciones y disputarlo en tres continentes. El fútbol confirma así su enorme poder deportivo, político y comercial. Estados Unidos entendió esa dimensión al organizar el torneo como una vitrina de liderazgo global.

El Mundial terminó y comenzó la cuenta regresiva hacia 2030, con el desafío de que Ecuador logre su clasificación superando sus propias limitaciones.

Robespierre Rivas Ronquillo

Guayaquil no puede resignarse a ver morir su centro. Cuando el corazón de una ciudad deja de latir, todo el organismo se debilita. Ya vivimos esa historia: el Malecón pasó de ser símbolo de abandono e inseguridad a convertirse, gracias a la regeneración impulsada por León Febres-Cordero, en un espacio que devolvió a los guayaquileños el orgullo de mirar al río.

Recuperar las calles más allá de la infraestructura

Hoy el desafío es impedir que ese esfuerzo se desvanezca. Recuperar el centro no significa solo rescatar edificios o abrir negocios; significa devolver la vida a sus calles, garantizar seguridad, multiplicar las áreas verdes y promover una convivencia donde todas las clases sociales compartan el mismo espacio con respeto y tranquilidad.

Las ciudades que prosperan cuidan su memoria mientras construyen su futuro. Guayaquil merece un centro vivo, seguro y digno, capaz de inspirar a sus habitantes y de recordarles que pertenecen a un pueblo luchador, resiliente y alegre. Ese corazón no puede dejar de latir.

Cristina Zúñiga

Un deportista de élite mundial, en un deporte de una exigencia extraordinaria como es el ciclismo, en una competición donde están los mejores ciclistas del mundo. Un hombre de gran humildad, nacido en tierra de campeones como es el Carchi, se vislumbró con una fortaleza física y mental: Richard Carapaz. No se dejó ser uno más del pelotón, sino que se codeó con los fenómenos de este deporte, como Tadej Pogacar, Mathieu Van der Poel y el mexicano Isaac del Toro, que trataban de perseguir a nuestro compatriota, quien luchaba tenazmente con esos monstruos. En la etapa reina, catalogada como la más fuerte, donde solo los grandes llegaron, Richard Carapaz lo hizo, ganándose puntos importantísimos para coronarse como líder de la montaña en las dos últimas etapas.

Este triunfo es quizá la más grande odisea de todos los deportes, sin menoscabar la primera medalla olímpica que consiguió Jefferson Pérez hace justamente 30 años, la cual quedará en la inmortalidad.

Carapaz no solo conquistó Francia, sino que se inmortalizó a nivel mundial a sus 33 años, destacándose como un extraordinario escalador, al que nadie pudo superar en los Juegos Olímpicos de Tokio, en el Giro de Italia -donde fue campeón-, en la Vuelta a España, en Suiza y en el Tour de Francia 2026, donde se consagró como un gigante de la montaña.

La Locomotora del Carchi lidera los triunfos latinos en las grandes vueltas.

Una nueva página dorada para el deporte ecuatoriano

Con sus tres victorias en esta etapa 20 del Tour de Francia y la décima en sus tres grandes vueltas, Richard Carapaz volvió a escribir una página de oro para nuestro país, llenándonos de alegrías en el tormentoso viacrucis que estamos viviendo políticamente, con un desgobierno autocrático.

Ojalá el presidente Noboa lo reciba con grandes esperanzas y expectativas, digno de un premio que enaltezca la fuerza y el pundonor de este deportista que nos dio un enorme alegrón.

Felicidades a este gran David que destronó a los grandes del mundo entero: Richard Carapaz.

Luis Mario Contreras Morales

“Es una pena que tengamos en la Presidencia un segundo Correa”, dijo Osvaldo Hurtado. Bastó esa frase para provocar un fenómeno digno de estudio. Rápidamente se pronunciaron funcionarios, legisladores y simpatizantes del oficialismo. Unos lo acusaron de degradar el debate público. Otros, de desinformar. 

Hubo incluso algún desubicado que sostuvo que, por haber llegado a la Presidencia tras la muerte de Jaime Roldós, no podía hablar de democracia. Y, por supuesto, tampoco faltaron los insultos, el recurso de los sin argumentos. Casi nadie respondió al fondo de sus palabras. La discusión giró, más bien, alrededor de su derecho a pronunciarlas.

Y la escena es profundamente irónica. Muchos de quienes reaccionaron dicen defender la democracia. Sin embargo, frente a una opinión incómoda, parecieron olvidar que la libertad de expresión es uno de sus pilares esenciales.

Naturalmente, se puede discrepar con Hurtado y pensar que la comparación es equivocada o injusta. Pero las democracias no exigen moderación en las opiniones, exigen argumentos para responderlas. Para eso existe el debate público.

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IVONNE MANTILLA

La libertad de expresión protege las opiniones incómodas

Es que la libertad de expresión no fue concebida para proteger opiniones agradables. Su razón de ser es precisamente proteger aquellas que molestan o desafían a quienes gobiernan. No deja de ser paradójico que algunos acusaran a Hurtado de “degradar el debate” mientras respondían, precisamente, con descalificaciones personales. Si solo se protegieran las opiniones que el poder considera razonables ya no hablaríamos de un derecho, sino de un permiso.

Entre lo más llamativo, sin embargo, estuvo la rapidez con la que tantas voces coincidieron en atacar a Hurtado. Si ese mismo entusiasmo se destinara a defender la institucionalidad o a resolver algunos de los problemas más urgentes del país, probablemente viviríamos en un Ecuador bastante mejor.

Al final, el verdadero escándalo nunca fue que Osvaldo Hurtado llamara “segundo Correa” a Daniel Noboa. Fue descubrir cuántos creen que el problema no era la frase y lo que hay detrás, sino que alguien se hubiera atrevido a pronunciarla.

El 29 de julio, la Asamblea Nacional frenó el segundo debate de la Ley de Reproducción Humana Asistida. El presidente encargado del Legislativo argumentó la “delicadeza” del tema y dispuso la suspensión del debate para una próxima sesión. La medida genera fuertes cuestionamientos por sus profundos dilemas morales y políticos.

Uno de los puntos de conflicto es que la ley autorizaría el acceso a la reproducción asistida para parejas del mismo sexo, lo que choca frontalmente con la ley de adopción ecuatoriana (exclusiva para parejas heterosexuales).

Si bien es cierto que la propuesta de ley prohibe la comercialización de embriones y vientres de alquiler, no podemos cerrar los ojos y permitir que quede en segundo plano el debate sobre el derecho de los niños a crecer en un modelo de familia tradicional y el respeto a la vida desde la concepción.

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El futuro de la propuesta en el Legislativo

Suspender la sesión podría ser una maniobra para ganar tiempo, mitigar la resistencia social o dar paso a demandas judiciales en curso de parejas homoparentales.

Urge que se pronuncien legisladores firmes que prioricen el bienestar de la niñez en la redacción de la ley o mocionen y apoyen el archivo definitivo de la propuesta, tal como ocurrió con el COS y el Copinna, ¡sin demora!, por el bien del hombre y la mujer, por el futuro de las nuevas generaciones

Estela Zea de Furlato

Pensar en el Ecuador de 2040 puede parecer lejano, pero los países que han definido hojas de ruta a 10, 15 o 20 años lo hicieron porque tenían claro qué querían alcanzar y en qué deseaban convertirse. La historia ofrece ejemplos como Japón, Alemania, tras la Segunda Guerra Mundial, y los tigres asiáticos, que apostaron por fortalecer sus instituciones y su economía para mejorar la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras.

En ese contexto, la Agenda de Crecimiento Ecuador 2040 plantea una visión de largo plazo para construir el país que queremos. No debe confundirse con un Plan Nacional de Desarrollo, pues su alcance es distinto. Aunque incorpora temas sociales, ambientales y demográficos, parte de una premisa fundamental: sin crecimiento económico no habrá recursos suficientes para enfrentar esos desafíos.

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Esos recursos no pueden depender únicamente de la recaudación tributaria o de las exportaciones petroleras. También deben provenir de fuentes como la inversión extranjera directa y el acceso a financiamiento internacional competitivo. Para ello, la agenda se sustenta en cuatro pilares: institucionalidad y seguridad jurídica; infraestructura e inversión productiva; estabilidad fiscal y dolarización; y profundización bancaria.

Inversión, institucionalidad y competitividad

La seguridad jurídica brinda confianza a inversionistas y empresarios, con reglas claras y estables que incentiven la inversión. Además, unas instituciones sólidas deben prevalecer más allá de los gobiernos de turno. El caso de Perú demuestra que, pese a la inestabilidad política, instituciones fuertes pueden sostener la confianza y atraer inversión.

La infraestructura y la inversión productiva son esenciales para elevar la competitividad y aprovechar una agenda comercial que abra nuevos mercados y diversifique las exportaciones. Ecuador no debe aislarse del mundo, sino integrarse plenamente a él.

Finalmente, la dolarización requiere un flujo constante de divisas mediante mayores exportaciones e inversión extranjera. Esto exige un sistema financiero sólido, con mayor profundización bancaria, menores costos operativos e integración internacional.

La Agenda de Crecimiento Ecuador 2040 busca sentar las bases de las reformas, objetivos e hitos necesarios para construir un Ecuador más competitivo, estable y próspero.

Jorge Calderón Salazar

Cuando un policía se gradúa, conserva intactos su vocación de servicio, patriotismo y deseo de proteger a su país. Sin embargo, con el tiempo descubre que su identidad y la de su familia son vulnerables frente al crimen organizado, que conoce dónde vive y cómo intimidarlo. Lo mismo ocurre con fiscales, jueces y agentes penitenciarios, quienes pueden enfrentar amenazas directas o intentos de soborno.

En muchos casos, actuar con honestidad implica poner en riesgo su propia vida.

El policía también es un ser humano: forma una familia y se vuelve más vulnerable. Además, observa cómo delincuentes capturados en repetidas ocasiones recuperan su libertad por medidas sustitutivas o falta de pruebas, incluso después de que su captura costó la vida o la incapacidad permanente de compañeros. Esa realidad, sumada a las amenazas, termina desgastando su vocación.

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Combatir la impunidad y fortalecer las instituciones

Por ello es indispensable proteger la identidad de los operadores de justicia en expedientes, documentos y publicaciones de prensa, reduciendo los riesgos derivados de su labor.

Mejorar la seguridad ciudadana exige fortalecer las leyes, sancionar con mayor firmeza a quienes cometen delitos graves y evitar la impunidad. También es necesario debatir medidas que impidan que los criminales más peligrosos continúen causando daño a la sociedad.

La familia como base para un mejor país

Al mismo tiempo, debemos proteger a niños y jóvenes de los efectos nocivos del uso excesivo de internet, las redes sociales, la pornografía y la influencia de falsos referentes que deterioran valores, ética y salud física.

La solución no depende únicamente de un gobierno, sino del trabajo coordinado entre las funciones del Estado, los GAD, los ministerios, la prensa y, sobre todo, las familias, mediante una educación y supervisión responsables desde la infancia.

Aspiro y espero un mejor país para todos.

Gunnar Lundh

Las generaciones futuras (si la actual consigue sobrevivir, aunque sea con la ‘trampa’ de la inteligencia artificial -IA-) rechazarán indignadas que se las comparen con la ‘nuestra’.

Esto se debe a que, por una parte, tenemos jefes que son capaces de destruirnos con armas nucleares.

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El arte, el consumo y las paradojas sociales

Por el otro extremo, se da un valioso premio a una banana pegada a la pared por un ‘artista’ italiano, que ni siquiera es vegetariano, banana que ha sido expuesta y ahora destruida y reemplazada con otra real por segunda vez, con tanta hambre que hay aún en el mundo.

Diego Mas Mas

De boca en boca, la gente va comentando lo dicho por el expresidente Osvaldo Hurtado en crítica tanto al expresidente Rafael Correa como al actual presidente, Daniel Noboa, a los que acusa de autócratas, de dictadores, por haber sometido a todos los poderes del Estado, irrespetando el fundamento de las repúblicas: la división de poderes.

Te invitamos a leer: Osvaldo Hurtado responde a los ataques de ADN: "Tienen limitaciones severas; semi analfabetos"

Pero, el haber acusado, Hurtado, de autócratas a los dos criticados, ha eliminado, en buena parte, este temor interno de muchas personas de que, al impugnar al uno, lo acusen de ser partidario del otro; y así, cuando alguien critica a Noboa, lo tildan de correista, y viceversa. 

Hay que reivindicar la tercera posición, la de pensar y actuar por sí mismo, en ejercicio del libre albedrío. Que no volvamos al tiempo de las luchas religiosas, cuando se exigía a las personas el pronunciarse por el Papa o por Lutero, so pena de ser quemadas en la Hoguera.

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Los partidarios del actual presidente atacan a Hurtado, pero no refutan sus ideas; uno, porque en sus filas no cuentan con personas de una talla intelectual que se aproxime, ni remotamente, a la del expresidente, y luego, porque, aunque la tuviesen, sus medidas son indefendibles: eliminar a todos los oponentes, a todo adversario que se presente de candidato a cualquiera entidad seccional, encarcelarlos, quitarles sus derechos políticos, personalmente, o a los partidos que los auspicien. 

Mientras no desistan de esto, el enfrentamiento no sólo continuará, sino que se intensificará, no sólo en el país, sino a nivel internacional, ante los organismos de Derechos Humanos y otros foros y conferencias multilaterales. Y si fueren, algunos candidatos del oficialismo, elegidos, su legitimidad será impugnada. La gente teme que los procedimientos empleados en estas elecciones seccionales se los aplique, posteriormente, en las presidenciales.

Nunca he coincidido con la línea política de Hurtado Larrea, y menos, en su hora, con la eliminación de los independientes como sujetos con posibilidad no solamente de elegir sino, también, de ser elegidos, como consiguió que se incluya de la Constitución de 1977, y en la Ley de Partidos, pero hay que reconocer que venció a León Febres-Cordero, cuando presidente, en 1985, y a Luis Robles Plaza, ministro de Gobierno, cuando se les ocurrió, en búsqueda de apoyo popular, la inconsulta idea de someter a plebiscito la plena restauración del derecho de los independientes a ser elegidos. 

Hurtado consiguió que los propios independientes votaran contra sí mismos, aprovechando el debilitamiento del apoyo popular al régimen, y triunfara el NO. Con ese antecedente victorioso, el expresidente se presenta ante la incierta contienda electoral próxima, no como candidato, por supuesto. Su lucha, por su calidad de expresidente, tendrá trascendencia internacional. Agravaría el desprestigio internacional, y la tensión interna, si se dictaren órdenes represivas contra él.

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La persecución a los alcaldes ha ido demasiado lejos: al injustamente suspendido alcalde de Cuenca lo vemos en las fotos muy deteriorado; igual con el de Guayaquil; parecería que se ha orquestado una sucia trama para acusarlo, y la directora de Hidrocarburos, quien lo acusó, se retractó luego, diciendo que lo había hecho por presión del asesor jurídico del Ministerio, quien habría dicho, a su vez, que había sido presionado por el ahora secretario general de la Administración, durante su función anterior. 

Esa mujer ha desaparecido, no se sabe si está escondida, probablemente por miedo ¿o quién sabe por qué? El analista político Oswaldo Muñoz ha comparado esta eliminación de alcaldes y partidos, con las tristemente célebres “purgas” con las que el dictador ruso Stalin eliminaba a sus competidores.

Más le convendría al Gobierno desistir de intervenir en las elecciones seccionales.