Una obra necesaria y esperada para Guayaquil, con un gran impacto nacional. El Quinto Puente o Viaducto Sur pretende evitar el ingreso de los grandes camiones de carga que vienen desde el sur del país y que ingresen por Durán directamente al Puerto Marítimo, sin entrar a la ciudad. No solo es un alivio para las ya congestionadas vías de Guayaquil, sino que también representará una reducción de tiempos y costos para las empresas exportadoras e importadoras, y proyectará al Puerto de Guayaquil aún más ante el mundo.

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Expropiaciones generan cuestionamientos entre los habitantes

Es una obra no exenta de los cuestionamientos. El pago de las expropiaciones de viviendas asentadas en terrenos donde debe levantarse la obra total y complementarias es uno de los puntos álgidos. Ciudadanos reclaman que quieren pagarles valores por debajo de sus expectativas. 

Serán los procesos legales los que terminen definiendo el valor a pagar por sus viviendas y terrenos. De ninguna manera estos incidentes deberían manchar el alcance de una obra que traerá empleo y mejorará la productividad del país.

La transparencia es fundamental. A nadie beneficia que el Quinto Puente engrose la lista de obras salpicadas por corrupción o que quedan solo en los planos.

El debate sobre la ordenanza para el transporte público es una oportunidad para corregir un problema que Quito arrastra desde hace años. Sin embargo, el orden de las prioridades es clave: cualquier ajuste tarifario solo será legítimo si antes existe una mejora verificable en la calidad del servicio.

La propuesta impulsada por la Alcaldía y analizada por el Concejo Metropolitano incorpora herramientas tecnológicas, pago digital y un nuevo esquema de control para las operadoras. Son avances necesarios, pero insuficientes mientras persistan unidades en mal estado, frecuencias irregulares y una operación que aún genera riesgos para los usuarios.

Ecuador

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Modernización con controles efectivos

La experiencia demuestra que los anuncios de modernización, sin mecanismos efectivos de control y cumplimiento, terminan debilitando la confianza ciudadana. Por ello, el debate no debe centrarse únicamente en el valor del pasaje, sino en garantizar que cada compromiso sea exigible y verificable.

La ciudad necesita un transporte que premie la eficiencia, sancione el incumplimiento y coloque al pasajero en el centro de la política pública. La tarifa debe ser el resultado de un servicio digno, seguro y confiable, no la promesa de una mejora futura.

Ecuador ha sumado un destino más para su oferta exportable. La reciente firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Canadá consolida una política comercial que ahora suma un mercado de casi 40 millones de habitantes con alto poder adquisitivo. El acuerdo sin duda beneficiará a sectores exportadores tradicionales y a millones de consumidores; sin embargo, abrir mercados no lo es todo.

El reto de pasar de la firma del TLC a la exportación efectiva

Un tratado es ‘la llave que se requiere para abrir una gran puerta’, pero el país aún debe allanar el camino para que sus exportadores puedan llegar a ella. Y ahí los retos no solo son reducir los costos de producción sino simplificar los trámites que aún entorpecen el ingreso efectivo de nuestros productos a los mercados ya conquistados. 

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Esto incluye la resolución ágil de los permisos sanitarios y fitosanitarios que exigen los países compradores. Un pendiente que explica por qué el aguacate ecuatoriano lleva más de un año esperando la aprobación definitiva para ingresar a Estados Unidos, o por qué la quinua nacional aguarda desde hace más de dos años para venderse en China. 

Solo cerrando esa brecha, entre la firma e implementación efectiva de un acuerdo, el país podrá acelerar la incorporación de nuevos productos a su canasta exportadora y reducir la dependencia de un grupo limitado de bienes tradicionales.

La protección de los desvalidos fue, desde un inicio, la marca principal del derecho canónico como sistema de gobierno del cristianismo. Es lo que aún hoy llamamos humanismo.

Pero, ¿qué pasó después? Obviamente no se le escaparon los desvalidos al cristianismo, a la Iglesia, ni dejó esta de tenerlos en el centro de sus preocupaciones. Fueron otras instituciones las que paulatinamente fueron creciendo y capturando esa reivindicación y legitimidad: el Estado, por supuesto; las organizaciones no gubernamentales de filantropía y beneficencia; y, en última instancia, también hoy, bajo la etiqueta de minorías, ‘influencers’ y grupúsculos logran convertir a las minorías en protagonistas de enormes presupuestos y de la atención mundial.

La Iglesia fundó hospitales, acogió huérfanos y organizó la caridad. Durante siglos combatió la usura por considerarlo una protección del débil. En los manuales jurídicos que editaba para la América española aparecían, junto a normas sobre comercio o navegación, disposiciones que reconocían incluso a los esclavos el derecho a contraer matrimonio. Y mucho antes del asilo moderno, el santuario fue refugio para el perseguido.

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La secularización de la defensa de los desvalidos

La modernidad desplazó su centro de gravedad. Son hoy tribunales, ONG, universidades, organismos multilaterales o movimientos sociales quienes compiten por representar a las víctimas en la palestra pública. En muchos casos son hoy tribunales -judiciales o de la opinión pública- los que custodian, reinterpretan o sancionan secularmente principios morales que, paradójicamente, llegaron hasta ellos a través del cristianismo.

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Las ideas rara vez desaparecen. Cambian de forma y de manos. Mil quinientos años de historia muestran cómo el cristianismo convirtió la protección del débil en una tradición de siglos. Hoy ese mismo legado parece atomizado entre gobiernos, ONG, movimientos y causas cuya influencia suele medirse en años, cuando no en meses.

Ninguna civilización -o idea civilizatoria como el humanismo- se construye al ritmo de las tendencias. Mucho menos si se sostiene en ‘reels’ de 20 segundos.

Durante años, cuando se hablaba de crimen organizado, el narcotráfico concentraba casi toda la atención. Existe, sin embargo, otra economía ilícita que crece con enorme rapidez y cuyos efectos son igualmente devastadores: la minería ilegal.

No se trata únicamente de excavaciones clandestinas ni de daños ambientales. El verdadero problema es que el oro extraído ilegalmente puede terminar incorporándose al mercado formal, ocultando su origen ilícito e integrándose a los circuitos legales. Cuando eso ocurre, la frontera entre lo legal y lo ilegal se vuelve difusa y las organizaciones criminales fortalecen su capacidad económica.

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El lavado de oro alimenta al crimen organizado

La minería ilegal tampoco puede entenderse como un fenómeno independiente del narcotráfico. En Ecuador, las organizaciones criminales no solo se dedican al tráfico de drogas, sino que han diversificado sus fuentes de ingresos. Controlan territorios, extorsionan a poblaciones y actores locales, explotan yacimientos y participan en distintas fases de la comercialización del mineral. Esa convergencia entre distintas economías ilícitas ayuda a explicar la creciente violencia que hoy rodea a la explotación ilegal del oro. Pero no basta con generar ingresos ilícitos. También necesitan mecanismos para convertir esas ganancias en riqueza aparentemente legítima. En ese contexto, el oro se ha convertido en un activo especialmente atractivo por su alto valor, la facilidad para transportarlo y la dificultad para rastrear su procedencia. La minería ilegal no se convierte en una gran economía criminal cuando se extrae el oro, sino cuando se compra o se vende como si fuera legal. Eso obliga a replantear la estrategia del Estado. Destruir maquinaria o desalojar campamentos es necesario, pero no suficiente. Mientras existan mecanismos para introducir el oro en los mercados formales y convertirlo en dinero aparentemente legítimo, el negocio seguirá siendo rentable.

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El problema no es que el oro tenga un precio elevado. El problema es que hoy sirve para financiar organizaciones criminales y ocultar el origen de recursos ilícitos. Cada gramo de oro ilegal que logra ingresar al mercado formal fortalece a las organizaciones criminales y debilita al Estado.

Konstantinos Kavafis fue uno de los poetas griegos más importantes del siglo XX. En su poema Ítaca -una de sus obras más famosas- escribiría: “Cuando emprendas tu viaje hacia Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias”. Ítaca dejaría de ser una isla griega para convertirse en aquello que da sentido a nuestra existencia. Quizás por ello, mientras el mundo espera el estreno de La Odisea de Christopher Nolan, muchos notarán que Homero nunca escribiría simplemente la aventura de un héroe. Escribiría la aventura de todos los hombres.

Solemos pensar que La Odisea comienza con la caída de Troya. En realidad, comienza después de la victoria. Homero dedicaría unas pocas páginas al ardid del famoso caballo que resultara en la conquista, pero casi toda su epopeya a su viaje de regreso. Como si quisiera advertirnos que alcanzar una meta puede exigir inteligencia, pero regresar sin perderse uno mismo exige sabiduría. Porque el verdadero protagonista nunca fue el guerrero que conquistó Troya, sino el hombre que debía hacerse digno del hogar al que soñaba volver.

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Todos vivimos nuestra Odisea aunque no siempre naveguemos entre monstruos, cíclopes o hechiceras. A veces la travesía consiste en sostener un matrimonio, formar hijos de bien o en superar enfermedades y tragedias. Consiste en hacer país, construir una empresa, soportar el peso del éxito y recuperarse de los golpes de los fracasos sin nunca olvidar nuestra esencia. Porque ninguna vida camina en línea recta y todas, absolutamente todas, conocen tempestades.

La epopeya clásica vista como el espejo de la existencia

Todos conocemos nuestras sirenas y sabemos que ya no cantan desde los arrecifes del Mediterráneo. Hoy prometen dinero sin esfuerzo, poder sin límites, reconocimiento inmediato, o la tentación de sacrificar principios. Cambian las melodías, pero el riesgo de perder el rumbo permanece intacto. Antes de acercarse a las sirenas, Ulises pide ser atado al mástil de su nave. Comprende que la libertad no consiste en obedecer cada tentación, sino en conservar el autocontrol cuando el deseo intenta gobernarnos. No todas las cadenas esclavizan. Existen aquellas que aceptamos libremente para impedir que nuestras pasiones y debilidades terminen encadenándonos. Algunos las llaman disciplina.

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La vida tampoco nos concede elegir los vientos. Habrá tormentas inesperadas y puertos donde jamás pensábamos detenernos. Sin embargo, siempre podremos izar las velas y conservar el rumbo hacia aquello que da sentido a nuestra travesía. Porque Ítaca nunca fue únicamente un destino. Ítaca son nuestros principios, nuestra familia, nuestra libertad y la persona que aspiramos ser. Sin una Ítaca no hay un rumbo, y sin un rumbo -como diría Séneca- no hay viento favorable. Y con un rumbo, hasta la tormenta encuentra un propósito. Tres mil años después, Kavafis puso en verso lo que Homero había escondido en una epopeya: Ítaca no existe para ser un destino; existe para que el viaje nos transforme en la persona capaz de llegar a ella.

Millones de personas acudirán al cine a ver esta nueva versión de Nolan. Quizás muchos pensarán que asisten a divertirse y observar un nuevo matiz de una antigua leyenda. Sin embargo, otros notarán que estarán viendo el espejo de sus propias vidas. Porque todos vivimos nuestra Odisea y todos navegamos, cada día, hacia nuestra Ítaca.

¡Que el camino sea largo y bueno!

Las declaraciones de Osvaldo Hurtado esta semana causaron revuelo. Muchas voces lo reivindican o lo atacan. Algunos cayeron en el sinsentido de calificarlo de correísta. Trazo entonces la cancha de esta columna reafirmando el respeto que tengo por la figura, el pensamiento y la honorabilidad del expresidente.

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Las definiciones importan

Planteo ahora mi discrepancia. En el razonamiento que lo lleva a calificar a Daniel Noboa de “criptodictador”, Hurtado cuestiona que haya sido suspendida la Revolución Ciudadana (RC), a la que definió como “el partido político más importante del Ecuador”. Hurtado no es solo un político, sino también un intelectual y un escritor. Las definiciones importan. La RC… ¿un partido político? ¿Cómo llamar a una organización cuyo líder indiscutido es un delincuente sentenciado, cuya segunda figura acumula condenas, que reivindica un modelo de abusos y corrupción y que organiza su actividad política alrededor de la defensa y la impunidad de sus líderes? Con tanta agua que ha corrido bajo el puente, ¿cómo puede eludirse la relación de ese “partido político” con lo que reveló el caso Metástasis? ¿Cómo desvincular eso de la “pacificación de pandillas”, que terminó con un Latin King presidiendo la Asamblea Nacional y con un ñeta convertido en capo del narcotráfico? Dato no menor: ambos figuran en el expediente del asesinato de Villavicencio. El “partido político más importante del Ecuador” buscó un golpe a través de los paros criminales de 2019, 2022 y 2025. Además de las sentencias, investigaciones por lavado de activos y actos de corrupción probados de decenas de miembros de esa organización, ¿qué más se necesita para llamarla por su nombre?

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Llamar partido político a la RC legitima su prontuario. La presenta como un vehículo democrático cuando los hechos confirman que ha sido un vehículo de agendas criminales. Otra cosa es que -por motivos que no alcanzan a despacharse en este espacio- se mantenga como una organización popular.

Las definiciones importan. No puede obviarse el fenómeno de la narcopolítica como principal causante del deterioro institucional y, sobre todo, del territorio en disputa que es hoy el Ecuador. Hace muchísimo tiempo aquí se aniquiló la democracia. Repararla o restaurarla será imposible si no atacamos los orígenes de esa ruptura o si legitimamos a quienes la destruyeron.

Hace algunas semanas, diario La Hora publicaba y resaltaba el estudio hecho por el economista Luis Tobar Pesantez, docente de la Universidad Salesiana, en el que se devela una triste verdad y, también, ¿por qué no?, una incertidumbre mayor frente al futuro: “En 11 años, el país perdió casi 690.000 estudiantes y cerró más de 7.000 planteles”.

Si esa es nuestra situación actual, ¿qué podemos y debemos hacer para construir la sociedad y la nación que necesitamos, para que el país crezca y se desarrolle como todos queremos? Los datos asustan y no son de juego.

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Perder 690.000 alumnos en el sistema educativo delata una realidad triste y preocupante: ¿dónde están? ¿Qué se hicieron? ¿A qué se están dedicando? Preguntas estas que debemos contestarnos para partir de un sólido diagnóstico.

Que se cierren 7.000 planteles educativos y se vea como urgente la construcción de cárceles debe también hacernos pensar en la sociedad en que vivimos, pues es claro que otra vez, no estamos apostando a la educación del ecuatoriano. Acaso, por los motivos de siempre, educar no llama tanto la atención del político como el deslumbrón de inaugurar y dejar su nombre plasmado en obras; pero el sacrificio es grande, pues hipotecamos futuro.

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Cómo hacer volver a los estudiantes a las aulas

Podrá decirse que la migración, la baja natalidad, la necesidad de aportar para el hogar, que la captación por parte de entes delincuenciales o, simplemente, la insatisfacción alejan a alumnos del mundo escolar; pero es entonces necesario activar, con fuerza, mecanismos para el retorno a las aulas. Y que no se diga, como alguna dignataria electa afirmó, que es el rigor de la escuela y la incomprensión de no promover a todos sin merecerlo lo que ahuyenta al alumno del colegio.

Condicionar bonos y dádivas a cambio de escolaridad, condicionar subsidios y rebajas a la obligación de que padres respondan al hecho de educar a sus hijos, pueden ser caminos y, además, dar una educación que redima, que dé frutos, que llegue pronto a objetivos de sostenibilidad de ese estudiante que requiere aprender con exigencia, amabilidad y sentido de pertenencia.

El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del 2024 ilustra claramente un escenario de uso de las instituciones del Estado para beneficio del poder oficial que “tuvo como objetivo impedir la participación política de la oposición, lo que constituyó una violación a su derecho a la igualdad de oportunidades para postularse y hacer campaña sin restricciones arbitrarias y discriminaciones” (Párr. 3).

En sus páginas se describe el uso de las instituciones del Estado que se pusieron a disposición para cumplir el reprobable objetivo y que incurrieron en decretar las inhabilitaciones administrativas de personas opositoras, imponer obstáculos para la inscripción de candidaturas opositoras y ejecutar detenciones arbitrarias y amedrentamientos a las personas opositoras o percibidas como tales.

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Inhabilitaciones y persecución

Este informe de la CIDH del año 2024 describe, por ejemplo, las inhabilitaciones de origen administrativo para impedir la participación de opositores y recordó que el estándar internacional es que “ningún órgano administrativo puede restringir los derechos políticos a elegir y ser elegido a través de sanciones de inhabilidad o destitución” porque ese tipo de sanciones “sólo puede ser impuesta mediante condena por juez competente, en el marco de un proceso penal” (Párr. 21). En el Ecuador, hoy, el estándar es mucho más bajo que una condena penal.

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En ese informe del año 2024 se criticó el trato desigual en la inscripción de las principales candidaturas opositoras al régimen y las oficialistas, lo que en palabras de la CIDH “sugiere un trato discriminatorio en el acceso a la función pública y una afectación arbitraria a la oferta electoral” (Párr. 23). También criticó el uso de detenciones arbitrarias y amedrentamientos a personas opositoras o percibidas como tales, en una represión que “no sólo estuvo dirigida contra personas opositoras, sino también contra defensores de derechos humanos y periodistas” (Párr. 30) y cuya ejecución incluyó “omisión de procedimientos judiciales, el secretismo en torno a la situación de personas detenidas y la intimidación a sus familiares”, todo lo cual demostró, en palabras de la CIDH, “un carácter deliberado, planificado y coordinador de distintas instituciones” que “socavan los principios básicos del Estado de Derecho y la democracia” (Párr. 36-37).

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Y eso es precisamente lo que ocurre en el Ecuador: se trata de manera desigual y se impone obstáculos a la participación de los partidos de oposición, y se ha llegado a encarcelar y amedrentar a los opositores, en un ambiente marcado por el miedo y la incertidumbre. Es claro que se está instrumentalizando a órganos del Estado (principal, pero no exclusivamente, a los órganos de justicia y electorales) para marcar la cancha electoral a favor del partido del gobierno. Es inobjetable que las reprobables prácticas descritas en el informe de la CIDH del 2024 están ocurriendo en el Ecuador del 2026.

El título del informe de la CIDH del año 2024 es “Venezuela. Graves violaciones a los derechos humanos en el contexto electoral” y describe en detalle las etapas de la persecución y la represión política sufridas en ese país. Tal parece, alguien les está calcando su receta.

Cada semana las noticias sobre los avances de la IA nos dejan perplejos. Mientras la inteligencia avanza más rápido de lo que los humanos podemos procesar, hay algo a lo que no le estamos dedicando suficiente tiempo. Estamos pasivos, como espectadores viendo una película de la que no nos sentimos parte, ignorando que al final podemos ser los protagonistas o los actores secundarios.

Esta semana, el caso del hackeo de ChatGPT dejó preocupados a los ingenieros, testigos de que su Frankenstein está ignorando todas las reglas y limitaciones que su programación inicial dictaba. También vimos cómo Kimi, el modelo LLM chino, logró igualar o incluso superar las habilidades del modelo más avanzado de Anthropic hasta la fecha, y claro ahora gratis para el mundo.

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El futuro de la humanidad con la IA

Todos estos avances que nos dejan sorprendidos nublan la verdadera discusión: ¿qué nos va a pasar como especie si empoderamos y automatizamos cada vez más estos modelos? No quiero ser alarmista, siempre he sido una optimista de la tecnología. Pero sí insisto en la necesidad de priorizar la conversación acerca del rol que queremos que la IA tenga en la educación, en los procesos de estrategia, en la toma de decisiones judiciales, en las decisiones de salud, entre otros. Esta discusión debe incluir cómo el sobreuso de estos modelos empeora nuestro desempeño cognitivo, cómo niños en Asia están desarrollando relaciones afectivas con robots, confundiendo emociones humanas con las de una máquina; hablemos también de agentes que están rompiendo las reglas de su programación por miedo a ser desconectados o por buscar la eficiencia máxima.

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La IA es un reflejo de nuestra humanidad: no tiene valores propios, es un espejo de lo mejor o lo peor de nuestra especie. Estamos viendo ya la ambición, la competencia y también la increíble capacidad de resolver problemas. Todos somos parte de esta discusión, no solo los ingenieros o los dueños de las grandes plataformas; los ciudadanos tenemos la obligación de informarnos, de participar y de plantearnos, en nuestra casa y en nuestras empresas, qué rol queremos darle a la IA: el de protagonista o un papel secundario.

La explosión tecnológica ofrecía, a primera vista, poner al alcance de cualquiera información sin filtros. Hace décadas sólo un reportero que se jugaba el tipo en el teatro de los hechos, un presentador curtido o un columnista encorvado bajo el peso de sus lecturas se ganaban el favor de una audiencia o lo perdían si comprometían su credibilidad. Hoy, cualquier improvisado con tres divorcios por maltrato e hijos abandonados que no querrán saber de él ni cuando el notario lea su testamento, puede lograr en poco tiempo decenas de miles de seguidores con tal que haya digerido las cuatro tácticas del influencer para filmarse 30 segundos mientras conduce un vehículo -puesta en escena favorita- y sienta cátedra de armonía conyugal y paternidad responsable.

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De las pantallas a la papeleta: la estrategia de los influencers en la política ecuatoriana

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El escudo que otorgan las redes

El problema no es el prototípico consultor del ejemplo, que cualquiera tiene derecho a montarse un chiringuito en un parque público, virtual o no, para vender el potingue de la eterna juventud. Tampoco lo es que haya ingenuos y palurdos dispuestos a tragar ruedas de molino. Hay que tolerar esto y más si queremos vivir en libertad y mínima regulación de la autoridad, cuyos remedios siempre son peores que la enfermedad. La cuestión es que los protagonistas de hazañas y patrañas de interés público -autoridades, líderes, gremios- han hallado, por paradójico que parezca, en las mismas redes que prometían una nueva frontera informativa el escudo que protege su silencio o sus mentiras, con la misma eficacia con que atrofia la capacidad del público para separar la paja del trigo.

Política

La bancada de ADN se pegó un tiro con su ataque a Osvaldo Hurtado

Martin Pallares

Las plataformas digitales crean una percepción de abundancia informativa que aplaca la necesidad de respuestas o las sustituye con guiones falsarios y entrevistas trucadas. Al periodismo auténtico, el que indaga lo que quiere ocultarse, no había cómo ignorarlo sin consecuencias y la refutación de la crítica difundida desde un plató exigía dar la cara en el mismo foro y enfrentar la interpelación de un entrevistador avezado. Hoy basta con sepultar el argumento incómodo bajo el barullo de los mal llamados medios digitales, apenas una etiqueta sin firma de responsabilidad en muchos casos, cuyos relatos son esparcidos por troles de pago y tontos útiles y gratuitos. Es un espectáculo que dice más acerca de la degradación de las audiencias que de los payasos del circo, que a fin de cuentas son simples mercenarios que cobran, comunes a toda época.

La Agenda de crecimiento Ecuador 2040 elaborada por el Gobierno con apoyo técnico del BID es un documento de 130 páginas que contiene “el marco estratégico en materia económica para promover la transformación estructural del país hacia una economía dinámica y competitiva”. Las herramientas principales para alcanzar esa meta son: 1. Estabilidad Fiscal. 2. Competitividad e Inversión Productiva. Y 3. Fortalecimiento de la dolarización y profundización financiera. Se propone: “Convertir esta visión en acciones concretas” con el lema “De la visión a la acción”.

Economía y negocios

Agenda 2040 de Noboa plantea un nuevo modelo económico para Ecuador: ¿cómo se hará realidad?

Mayra Pacheco Pazmiño

Es indispensable un acuerdo sobre temas fundamentales

Construir la visión de mediano y largo plazo del país es fundamental para alinear las acciones respectivas. De lo contrario sería navegar a ciegas adoptando decisiones oportunistas para resolver o al menos atacar problemas esporádicos. Este documento aporta a ese propósito. Ahora bien, para que el Ecuador –no solo el gobierno de turno- tenga un acuerdo sobre los objetivos nacionales, la propuesta debe nacer de la autoridad, pero es indispensable un acuerdo sobre cuestiones fundamentales en el que participe la mayoría -ojalá la totalidad- de los actores sociales. Dicho de otra manera, partidos políticos, empresarios, trabajadores, academia y organizaciones indígenas.

Economía y negocios

Agenda de Crecimiento 2040: estos son los cuatro ejes para transformar la economía de Ecuador

Liz Briceño

Es una verdad de Perogrullo que democracia sin partidos organizados no existe y que mientras proliferen formaciones provinciales, cantonales y hasta parroquiales cuyo único propósito es participar en los procesos electorales y ver si allí captan alguna función pública de la cual aprovecharse, será imposible el acuerdo sobre, al menos, grandes metas y las acciones fundamentales para ese fin. Deben incluir: pluralidad ideológica, estructura del Estado, estabilidad jurídica, justicia independiente, separación de funciones, pesos y contrapesos, libertades, el derecho de propiedad, los roles de los sectores público y privado, entre las más evidentes.

El enfrentamiento permanente y la atención de emergencias no permitirán lograr 10 - 20 años de crecimiento económico sostenido de al menos el 6 % anual.

Las tragedias sísmicas vuelven a recordar una verdad que suele olvidarse cuando la tierra deja de temblar: el mayor riesgo no siempre proviene del fenómeno natural, sino de las edificaciones que no están en condiciones de resistirlo. Ecuador conoce esa realidad. 

La experiencia del terremoto de 2016 dejó inmuebles inutilizables, algunos aún abandonados, y evidenció que la prevención no puede limitarse a los momentos de emergencia. La inspección permanente del estado de las construcciones debe convertirse en una política prioritaria de todos los municipios. 

Guayaquil

Matriculación vehicular 2026: ¿Qué vehículos deben realizar la revisión técnica en agosto?

Freddy Josue Andrade Andrade

Un censo estructural ayudaría a prevenir tragedias

Existen precedentes de edificios que debieron ser demolidos por representar un peligro para la ciudadanía, así como inmuebles patrimoniales que requieren decisiones técnicas oportunas para preservar vidas y, cuando sea posible, su valor histórico. Ignorar estas alertas solo incrementa la vulnerabilidad de las ciudades.

Un censo nacional del estado estructural de las edificaciones permitiría identificar riesgos, planificar intervenciones y, cuando corresponda, proceder con demoliciones o reforzamientos antes de que ocurra un desastre. La prevención siempre resulta menos costosa que la reconstrucción. Los terremotos no pueden evitarse. Lo que sí está al alcance de las autoridades es impedir que una infraestructura deteriorada convierta un evento natural en una tragedia mayor.

Gálatas 1:20... En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. 2 Corintios 11:31... El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Reina-Valera. 1960.

No sirvo para ser político, no puedo serlo. Los políticos han aprendido a mentir, el cinismo es su herramienta de combate. Son expertos en el arte de manipular; me niego a maquillar mis pensamientos. No sirvo para ser político, es mi realidad. 

Política

Guillermo Lasso rechaza un pacto con el correísmo y aclara que no existen contactos recientes

Sara Ortiz

Críticas a la corrupción y el engaño

Mis convicciones están por encima de los acuerdos polítiqueros; no quiero cerrar mis ojos ante la injusticia. La indiferencia no es mi estilo de vida. No sirvo para ser político, me niego; ser político es sinónimo de engañador. Se cambian de camisetas usando el mismo calzoncillo. 

No pueden esconder la suciedad de su intención, prefiero pasar desapercibido y vivir con integridad. No sirvo para ser político, no sirvo. Ser político es la vía fácil para enriquecerse; ser político es una distorsión conceptual. Ser político es una enfermedad ideológica. Aprendí que el anonimato me da paz mental.

¿Cuándo los políticos se corrompieron? ¿Conoces a un político que sea honesto? ¿Por qué los buenos no son políticos?

La política es servicio, no entendieron; los políticos viven para sí mismos. Buscan una oportunidad para engañar y estafar. Ten cuidado y no creas en sus ofrecimientos. 

Agustín Romero

Nunca pensé que diría adiós a la libertad de prensa y al diario El Comercio, donde inicié hace 35 años mi apostolado ciudadano escribiendo en Cartas al director”, espacio que llamo la Tribuna del pueblo. Tras la venta del diario por las presiones del correísmo, su línea editorial cambió y dejaron de publicar mis cartas críticas, por lo que dejé de enviarlas.

Luego escribí para Hoy y La Hora. En Hoy llegaron a publicar dos cartas mías el mismo día, hasta que el diario fue cerrado tras la persecución del gobierno de Rafael Correa. La Hora eliminó la sección de Cartas al director al migrar a digital. Hoy continúo escribiendo para EXPRESO y, desde 2017, soy columnista del diario digital Desde mi trinchera.

Durante el correísmo se instauraron la Supercom y la llamada Ley Mordaza, se persiguió a medios, periodistas y opositores, se impulsó el juicio contra El Universo y desaparecieron periódicos, revistas, radios y programas. La libertad de expresión sufrió un grave retroceso y muchos comunicadores fueron perseguidos, silenciados o asesinados.

Considero que gran parte de ese sistema de control e impunidad continúa vigente. El correísmo mantiene influencia en instituciones del Estado y sigue condicionando la vida política del país. Sin una reforma profunda de la Constitución de 2008 y de las leyes que favorecen la corrupción y la impunidad, Ecuador continuará atrapado en la inestabilidad.

También preocupa el debilitamiento de medios independientes, la compra de empresas periodísticas y las presiones contra quienes denuncian corrupción o crimen organizado.

Guayaquil

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Freddy Josue Andrade Andrade

Los desafíos actuales para la libertad de expresión

La defensa de la libertad de prensa es indispensable para preservar la democracia y el derecho de los ciudadanos a expresar sus ideas.

Con la voluntad de Dios seguiré escribiendo mientras me sea posible, aunque quizás haya llegado el momento de pensar en dar un paso al costado después de 35 años.

Mantengo la esperanza de un Ecuador con libertad, democracia, justicia, seguridad y oportunidades para las futuras generaciones, porque considero que trabajar por un país mejor es un deber moral, humano y espiritual.

Juan Carlos Cobo Rueda

A mediados del siglo pasado, las calles de Santa Elena se envolvían en un halo de misterio por la aparición de la Mujer Gigante.

Vestida con un amplio traje y larga melena, recorría las calles llorando y asustando a transeúntes y niños por su descomunal tamaño.

Los mayores contaban que vivía cerca del cementerio y desde allí iniciaba su camino hacia el cerro.

Guayaquil

Operativo sorpresa de John Reimberg y el ministro de Salud deja insólitos hallazgos en hospitales

Freddy Josue Andrade Andrade

El secreto detrás de la Mujer Gigante

Al caer la noche, entre el canto de las lechuzas y el aullar de los perros, parecía crecer mientras avanzaba por las laderas.

El sonido de sus pasos sobre las calles lastradas y el movimiento de su vestido aumentaban el temor.

Un grupo de adolescentes decidió seguirla y descubrió que era una mujer común que usaba largas cañas para aparentar mayor altura.

Así distraía a los curiosos mientras subía al cerro El Tablazo para encontrarse con su amante, quien trabajaba en una mina de piedra en la cumbre.

Evelio Patricio Reyes Tipán

La Constitución de la República del Ecuador -CRE-, vigente desde 2008, para que pueda ser aplicada, la Asamblea aprobó la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional del 2009, y en su disposición final ordena que todo lo no previsto en esa ley se lo hará con la aplicación del Código civil, código de procedimiento Civil, Código Penal y Ley Orgánica de la Procuraduría del Estado (abogado del Estado) cuando las autoridades de control sean: la Procuraduría, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, fiscal general, Consejo Electoral.

Las leyes orgánicas tienen su ámbito de aplicación; sus disposiciones no deben ser extensivas, ni narrativas; su corrección o rectificación se hace a partir de los artículos 172, y 173, no en los casos de restitución, artículo 326 de la Constitución, etc. Siendo las máximas autoridades del Estado, deben acogerse a la disposición final de la Logjcc y respetar el mandato que ordena: en ningún caso el juez declarará válido lo que la ley ordena que sea nulo (cualquier ley).

 El orden que se indique en la Constitución está sobre lo dispuesto en la Logjcc, artículo no. 22, Violaciones procesales. Los jueces no deben ser juez y parte, ni aun usando directorios de su propia estructura organizacional; sí es válida la aplicación de directorios técnicos apolíticos, la academia, colegios profesionales.

Política

Sin ser dictador, todos los poderes llevan a Daniel Noboa

Carlos Isaac Pino

La importancia de la separación de poderes

Para tener por lo menos una idea de solución para la independencia de poderes, se sugiere que lean la obra del Premio Nobel de Economía, Friedrich Hayek, en que se proponen estratos de edades para el escogimiento de los senadores, sin tener que recurrir al federalismo. Y desechando a la partidocracia.

El progreso del país está en no seguir perjudicando al sistema judicial, queriendo ser juez y parte en el escogimiento de las autoridades de control, jueces generales y de superintendencias.

Los problemas traen sus oportunidades y es posible que este sea el momento.

Salvador c. Autheman

En el séptimo suplemento del Registro Oficial del pasado 24 de julio de 2026 quedó finalmente publicado -como debió estarlo desde mayo de 2023- el texto propuesto por el entonces presidente Lasso para reformar la tipificación que, de las prácticas colusorias en materia de competencia, había desde su origen en la Ley de Control del Poder de Mercado (art. 11). Dicha reciente publicación es consecuencia de la sentencia unánime 43-24-IN/26, dictada por la Corte Constitucional el 25 de junio de 2026 (ponente: Ortiz), que dejó sin efecto, retroactivamente, el texto nunca aprobado por la Asamblea Nacional que fue enviado al Registro Oficial -como si de una ley se tratase- por quien entonces presidía el Legislativo, señor Saquicela (y que fue indebidamente publicado el 16 de mayo de 2023, en lugar del texto alternativo planteado por el Ejecutivo, como debió haberse hecho).

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El giro legal tras el dictamen de la Corte Constitucional

El texto recién publicado -a diferencia de lo pretendido por la ley Saquicela- mantiene como un ejemplo expreso de acuerdo colusorio al amarre entre competidores para falsear la competencia en contratos públicos. Lo dice con todas las letras: “Concertar o coordinar ofertas, posturas o propuestas, o abstenerse de estas en las licitaciones o concursos públicos u otras formas de adquisición pública previstas en la legislación de la materia, así como en subastas públicas o remates”.

Pero no solo eso. Declara también que esas prácticas resultan colusorias por su objeto, es decir que son ilícitas “per se”, aun cuando no hubiesen tenido efectivamente como resultado un real falseamiento de la competencia (por ejemplo, que pese a las propuestas amañadas termine ganando un tercero no coludido).

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Es de recordar, en adición, que la Ley de Control del Poder de Mercado considera infracción muy grave a las prácticas colusorias “entre empresas u operadores económicos competidores entre sí, reales o potenciales”. La sanción aplicable es “multa de hasta el 12% del volumen de negocios total de la empresa u operador económico infractor en el ejercicio inmediatamente anterior al de imposición de la multa”.

Las elecciones exigen establecer mediante una ley la obligación de las personas que busquen una ubicación política-administrativa en una dependencia del Estado, como la Asamblea Nacional, el Consejo Provincial, un municipio o la junta parroquial, identificadas como organismos autónomos descentralizados, para que previamente se instruyan, al menos en las materias que son de su competencia, como el Código de Administración Territorial. 

Certificación y requisitos para las candidaturas

Para tal efecto sería conveniente que los cuerpos colegiados que los representan, como la propia Asamblea, el Congope, AME y el Conagopare cuenten con centros de preparación profesional, como lo hace el gobierno central a través del Instituto de Altos Estudios. A toda agrupación política, antes de exponer sus precandidatos, se les debería exigir que exhiban una certificación debidamente protocolizada que avale el cumplimiento de esta condición, con los castigos penales del caso por la presentación de documentación falsa.

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Es tan importante la carrera profesional que una persona no debería buscar la alcaldía, la prefectura o dirigir una junta parroquial sin la preparación y experiencia suficientes de haber ocupado cargos menores dentro de cada organismo, por lo que vale recordar que España llegó a obtener el campeonato mundial de fútbol gracias al apresto sostenido de sus jugadores, los cuales llegaron a obtener el premio después de formarse previamente en grupos no profesionales, incluso su propio director técnico, Luis de la Fuente.

Iván Escobar Cisneros

Sí, continuar por un camino de desgaste y decadencia progresiva, donde la distancia entre el sistema político y la sociedad se profundiza, o intentar, con todas las dificultades que ello implica, corregir el rumbo.

No existen garantías de éxito. Ningún proceso de transformación profunda las tiene.

¡Es tiempo de decir ya basta! Es tiempo de que los ecuatorianos despertemos de esta larga noche, de esta inercia, para cambiar esta realidad deprimente.

Privilegios y distancia con la ciudadanía

La democracia no es un fin en sí mismo. Es un instrumento. Su legitimidad solo proviene de cuánto respeta, garantiza y protege la libertad y la dignidad de sus ciudadanos. Si no cumple esa función, no sirve para nada.

Durante mucho tiempo, una parte importante de nuestra sociedad ha tenido la sensación de estar atrapada en un sistema injusto y desigual, donde existen ciudadanos de primera -políticos y grupos de poder- y ciudadanos de segunda: el resto de la sociedad.

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Los primeros, financiados por los segundos, se autorregulan sus fueros, inmunidades, privilegios, viajes, salarios y toda clase de beneficios que los demás ni siquiera sueñan.

Un esquema de estas democracias que hoy se vienen imponiendo es inaceptable, porque el Estado y la ley se transforman en instrumentos del poder para concretar intereses personales.

Son democracias donde ya no existe una verdadera igualdad ante la ley ni una auténtica separación de poderes, y donde, poco a poco, se consolida una fractura silenciosa entre quienes deciden y quienes viven las consecuencias de esas decisiones.

El sistema en que vivimos ha resentido la confianza en las instituciones, que han dejado de servir al pueblo para ser utilizadas por hombres y mujeres que buscan imponer sus programas partidarios y ampliar su poder.

Los ecuatorianos enfrentamos un poder que no oprime de manera abierta, sino que se expande gradualmente bajo la apariencia de protección y bienestar, mientras los ciudadanos se acostumbran, poco a poco, a depender de él.

Mario Vargas Ochoa

La economía no se recuperará mientras el miedo siga cobrando impuestos ilegales.

La extorsión dejó de ser un delito aislado para convertirse en un freno cotidiano para comerciantes, emprendedores, transportistas y ciudadanos. Quien vive bajo amenaza no invierte, no contrata, no produce y, muchas veces, opta por cerrar.

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Un desafío para la seguridad y la justicia

Por eso, el objetivo prioritario del Gobierno debe ser erradicar las extorsiones en todos los niveles. No basta con reaccionar ante los casos más visibles; se requiere una respuesta sostenida de la Policía Nacional, la Fiscalía y el sistema de justicia, acompañada de protección efectiva para las víctimas. Diversos análisis coinciden en que este delito afecta la actividad económica y deteriora la confianza social.

Recuperar la tranquilidad no es solo una meta de seguridad. Es la condición indispensable para que Ecuador vuelva a trabajar, invertir y crecer.

Lucía Fuentes E.

Resulta perturbador para una mente crítica que EE. UU., en medio de la incesante novelería trumpista, anuncie el impedimento de importar bienes producidos con trabajo forzoso. En apariencia, la medida busca frenar la competencia desleal de empresas extranjeras que no respetan derechos laborales básicos, a diferencia de las estadounidenses que, supuestamente, sí los cumplen. 

Casos de trabajo forzoso son denunciados con frecuencia por medios independientes e incluyen condiciones peligrosas e insalubres, empleo de menores, jornadas excesivas, amenazas, servidumbre por deudas, engaños, intimidación, aislamiento y violencia física o sexual, entre otras prácticas.

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El desafío para los exportadores ecuatorianos

Desde la perspectiva de los derechos humanos, sería positivo que las empresas exportadoras ecuatorianas adoptaran plenamente estos estándares. Sin embargo, cabe preguntarse desde cuándo los derechos humanos constituyen una prioridad de la política trumpista, considerando las numerosas vulneraciones denunciadas incluso dentro de Estados Unidos. ¿Aplicarán también estas exigencias las empresas estadounidenses que se beneficiarán del mayor costo que afrontarán sus competidores extranjeros? ¿Acaso no existe trabajo forzoso en ese país?

Más que una política de protección de los derechos humanos, esta medida parece responder a una estrategia de competencia comercial. El cumplimiento de los nuevos requisitos implicará costos que muchas empresas ecuatorianas, especialmente medianas y pequeñas, difícilmente podrán asumir. 

El resultado podría ser una reducción de la competitividad, favoreciendo únicamente a grandes empresas con mayor capacidad de adaptación y acelerando un proceso de concentración de capitales. Ello debilitaría al tejido empresarial ecuatoriano y limitaría las oportunidades de numerosos exportadores. La pregunta final es inevitable: ¿es ese, en realidad, el objetivo de Estados Unidos?

Federico P. Koelle D.

A propósito de la comparecencia del periodista Álvaro Espinosa a la bien prestigiada Comisión de Fiscalización, se ha formado una idea clara que da vueltas en estos días y que suena impecable. Los periodistas no deberían aparecer en las audiencias de un juicio político, porque el que sale perdiendo es el periodismo. La frase tiene la seducción de las verdades a medias, y como toda verdad a medias queda una mitad por llenar.

Te invitamos a leer: Juicios políticos: los periodistas no deben involucrarse en ellos

Veamos. Se dice que en estos escenarios el político gana y el periodismo siempre pierde. Lo que no se dice es ante quién se pierde, exactamente. Hemos visto a más de un periodista salir de estos episodios con más influencia, más seguidores y, también, más temido. Eso no es salir gravemente lesionado. Realmente lo que se afecta, para algunos, es la idea romanticona del periodista como un observador impecable, que jamás se ensucia las manos con el resultado de lo que publica. 

Woodward y Bernstein (Watergate), por ejemplo, no fueron neutrales, siguieron una tesis, empujaron y le cambiaron el rumbo a un país. Lo que pasó es que no tuvieron que declarar en la interpelación porque estaban las grabaciones de la Casa Blanca. Pero eso es suerte y no seguir la línea nostálgica del periodismo, de lo contrario hubieran tenido que testificar. 

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Lo malo no es investigar y peor difundir los resultados en cualquier escenario que sea, mucho más en el parlamento nacional. Lo malo es tomar la bandera de la acusación sin demostrar nada o algo, aunque sea.

El caso de Álvaro Espinosa se lo ha tratado con una injusticia notable. A Espinosa lo llamaron. Una comisión lo convocó a explicar una investigación periodística sobre el caso Progen y otras hierbas podridas, y él fue e hizo exactamente lo que debía hacer, dar la cara por lo que publicó. 

No se ofreció como testigo estelar y no redactó ninguna acusación. Respondió preguntas sobre hechos que ya se había hecho públicos. Que los abogados de la defensa lo interrogaran como si fuera perito no es una falta suya, fue la estrategia de la defensa en un proceso asimétrico, alevoso, y encubridor de la comisión respectiva. Culpar al periodista por el uso que otros hacen de su testimonio, es como culpar al testigo de un choque por la estrategia del abogado que lo repregunta.

De otra parte, Espinosa no debía desobedecer una convocatoria institucional para cuidar las apariencias. El periodista que se niega a comparecer en nombre de su “independencia” da la impresión de que esconde algo. Espinosa hizo lo contrario, puso su investigación sobre la mesa, se sometió al escrutinio y aguantó el “canchereo” (como se dice en argentino). 

Eso no debilita al periodismo; lo dignifica. Caso distinto es cuando un periodista, sin aportar mayores pruebas, hasta sugiere la causal por la que debería enjuiciarse a un funcionario público. Ahí ya no está reporteando, está redactando la acusación. Y ahí el problema no es la apariencia de independencia, sino que se transgredió la ley básica de la profesión.

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El protocolo del oficio exige investigar, contrastar, publicar y después hacerse a un lado para que el “resto” sea del “resto”, o sea, las instituciones hagan lo suyo. Cuando alguien no se “hace a un lado” el reproche es legítimo sobre esa conducta. No sobre quien simplemente fue a responder cuando lo citaron, a ratificar y probar lo publicado.

Al final, la conclusión surge nítida. No es cierto que cuando el periodismo protagoniza, la democracia se tambalea. Lo que la pone en riesgo es un periodismo que deja de comprobar y se conforma con acusar, o, peor, silenciar. Espinosa hizo su trabajo, y lo hizo bien. Meterlo en el mismo saco con otros que confundieron reportaje con acusación, es injusto.