juicio político
David Rosero es censurado y destituido como consejero de Participación Ciudadana
La Asamblea Nacional aprobó la sanción con 84 votos, en un proceso marcado por cuestionamientos a las pruebas sobre una supuesta reunión con Inés Romero

David Rosero, consejero de Participación Ciudadana.
Lo que debes saber
- La Asamblea Nacional censuró y destituyó a David Rosero, vocal del CPCCS, con 84 votos, por un presunto conflicto de intereses relacionado con una supuesta reunión con Inés Romero, aspirante a fiscal general.
- Durante el juicio político, Rosero cuestionó el origen y la validez de las imágenes presentadas como prueba, mientras el asambleísta oficialista Luiggi García reconoció que no podía confirmar que el encuentro ocurrió y señaló que corresponde a la Fiscalía determinarlo.
- La decisión le impide ejercer cargos públicos durante dos años y estuvo rodeada de acusaciones sobre posibles intereses políticos en el concurso para designar al nuevo fiscal general.
La Asamblea Nacional censuró y destituyó a David Rosero Minda, vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), con 84 votos a favor durante el juicio político realizado este martes 13 de octubre de 2026.
La decisión lo aparta de su cargo y le impide ejercer funciones públicas durante los próximos dos años.
La resolución se aprobó con el respaldo de la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN), legisladores independientes aliados al oficialismo y otros asambleístas.
En total, 66 votos provinieron de ADN, 13 de independientes y aliados al Gobierno, dos del Partido Social Cristiano (PSC) y tres de legisladores expulsados de Pachakutik.
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Los 56 asambleístas de la Revolución Ciudadana (RC) se abstuvieron, mientras que cuatro legisladores votaron en contra: tres de Pachakutik y uno del correísmo.
Juicio político a David Rosero: Acusación de presunto incumplimiento de funciones
El proceso contra Rosero se originó en una acusación por presunto incumplimiento de funciones debido a un supuesto conflicto de intereses.
El legislador independiente Sergio Peña, aliado de ADN, impulsó el juicio político, al señalar que el vocal habría mantenido un encuentro con la jueza Inés Romero, quien aspiraba al cargo de fiscal general del Estado, el 5 de junio de 2026, cuando ya estaba en marcha el concurso de selección.
Las imágenes que supuestamente registraban esa reunión ocuparon un lugar central en la acusación. Sin embargo, el asambleísta de ADN, Luiggi García, reconoció que los legisladores no podían asegurar que el encuentro se hubiera producido.
Sostuvo que corresponde a la Fiscalía determinar si ocurrió, aunque defendió que el juicio político se rige por un estándar probatorio distinto.
García también afirmó que, durante la sustanciación del caso, Peña presentó dos pericias, incluida una de tipo morfológico, para respaldar la autenticidad de las imágenes. Además, señaló que la fecha del supuesto encuentro había sido objeto de especulaciones, aunque aseguró que el día planteado por el proponente se sustentó en información del GPS.
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Rosero, por su parte, cuestionó la solidez de los elementos utilizados en su contra durante su intervención ante el Pleno. El vocal sostuvo que no se había establecido el origen de las imágenes, ni identificado la cámara o el dispositivo con el que habrían sido tomadas.
También alegó que no se demostró un beneficio concreto para Romero derivado de la supuesta reunión.
Comparación con el juicio a la exministra de Energía, Inés Manzano
En su defensa, Rosero comparó su caso con el juicio político contra la exministra de Energía, Inés Manzano, que fue archivado por la Asamblea. Pidió que se aplicara el mismo criterio y recordó que, en aquel proceso, se cuestionó la cadena de custodia de las pruebas y el uso de enlaces de noticias como elementos probatorios.
“El control político es legítimo; la arbitrariedad no”, expresó Rosero al iniciar su intervención.
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La controversia también se trasladó al concurso para elegir al nuevo fiscal general. Rosero atribuyó su posible destitución a intereses del Ejecutivo en ese proceso y advirtió sobre el riesgo de que la selección responda a conveniencias políticas.
Con la votación de este martes, Rosero queda fuera del CPCCS y sujeto a la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante dos años. Andrés Mendoza Paladines asumiría su puesto en el Consejo.