Pedro Sánchez anuncia medidas contra la crisis de vivienda tras convocar a elecciones

El Gobierno español aprobó el martes 6 de octubre de 2026 de nuevo dos decretos leyes de medidas contra la crisis de precios de la vivienda, esta vez con algunas modificaciones sobre los que quedaron derogados por el Congreso el viernes pasado por falta de apoyo parlamentario.

El jefe del Ejecutivo, el socialista Pedro Sánchez, aseguró hoy que esas dos normas incluyen incorporaciones "muy positivas", que mantienen la esencia de las que decayeron por la oposición parlamentaria de los conservadores y de la extrema derecha, así como de los independentistas catalanes de Junts.

El voto en contra de Junts fue clave para esa derrota parlamentaria del Gobierno, y Sánchez decidió adelantar las elecciones generales al 29 de noviembre próximo (estaban previstas en 2027), en un contexto de malestar y protestas sociales, con numerosas manifestaciones y acampadas para reivindicar el derecho a una vivienda digna y asequible.

Préstamos públicos sin intereses y desgravaciones fiscales

Como novedad, el Ejecutivo añade una línea de financiación pública dotada de 10.000 millones de euros, con préstamos sin intereses de hasta 50.000 euros para quienes quieren adquirir una primera vivienda.

Los inquilinos, por ejemplo, podrán desgravarse parte de lo que pagan del alquiler en el impuesto de la renta (unos mil euros anuales en el caso de alquileres de 800 euros mensuales); y se prevén incentivos fiscales para los pequeños propietarios que alquilen casas a precios asequibles.

También se prorrogan hasta dos años los contratos de alquiler de quienes están al corriente de pago; se limitan las subidas del precio y se fijan reglas sobre cuándo se terminan y en qué casos el propietario puede recuperar la vivienda.

Como recogían los decretos anteriores, se regula el alquiler de temporada y de habitaciones y se limita la compra de vivienda por 'fondos buitre'.

Sánchez reconoció que las medidas no resolverán el problema de la vivienda por sí solas, y abogó por "impulsar una intervención de forma mucho más firme" en el mercado de la vivienda, pues "claramente no funciona" por motivos como la especulación.

En esa línea, reiteró su compromiso de "continuar construyendo cientos de miles de viviendas más, en especial públicas y asequibles".

"No vamos a permitir ningún desahucio más como el que sufrió Maricarmen", enfatizó en alusión al reciente caso de una mujer de 87 años de Madrid, que reactivó la movilización social para exigir la protección de los inquilinos.

Decisión polémica

Los decretos-leyes aprobados por el Gobierno entran en vigor con su publicación, pero deben ser convalidados por el plenario del Congreso en el plazo de 30 días.

Sin embargo, con el Parlamento disuelto debido al adelanto electoral, los decretos tendrán que ser refrendados esta vez por la Diputación Permanente de la cámara legislativa, lo que ha generado críticas contra el Gobierno.

Según la Constitución, los grupos parlamentarios estarán representados en la Diputación Permanente en proporción a su importancia numérica. No obstante, dada la composición actual de este órgano, no sería necesario el voto favorable de Junts para que alguno de esos decretos fuera convalidado.

La portavoz de Vox (extrema derecha) en el Congreso, Pepa Millán, definió como "cacicada" del Gobierno la aprobación de nuevo de dos decretos sobre vivienda para que sean refrendados ahora por la Diputación Permanente.

Sánchez, por su parte, aseguró que el Ejecutivo "va a continuar gobernando" y "dando respuesta a los problemas de la gente" hasta que se celebren los comicios del 29 de noviembre y se elija un nuevo Parlamento.