El tiempo transcurre sin que la Empresa Pública Metro de Quito decida cómo operará el sistema de transporte de pasajeros más caro del país, pues la obra sobrepasa los $ 2.009 millones.

Para el vicealcalde Santiago Guarderas, los días perdidos significan un nuevo retraso. Prevé que el Metro ya no comenzará a operar en febrero del 2022, como se dijo en abril, sino a finales del 2023. Las razones son técnicas, económicas y políticas.

El 20 de abril, el directorio del Metro presentó un plan que sugería que la operación se haga con personal propio y con asistencia técnica internacional, para lo cual necesitaba $ 202 millones para tres años y medio de gestión.

La resolución provocó la crítica de la Veeduría Ciudadana. En mayo, en un primer informe, el colectivo dijo que se necesitaba de un estudio más extenso que repare, por ejemplo, en el impacto económico, pues si la empresa metropolitana asume la operación significa que se debe incorporar a 600 empleados nuevos.

Ayer, en el segundo informe, la Veeduría volvió a subrayar que la elección del modelo de gestión es el principal problema que tiene la obra. Mientras transcurren los días sin que el directorio tome una decisión tampoco se puede crear la nueva estructura administrativa y operativa. Están frenados los procesos de capacitación, no se pueden implementar los subsistemas como el de recaudo y otros. Además, todavía no se conocen el monto ni las vías de financiamiento para poner en marcha la megaobra.

Frente a esta situación, la Veeduría asegura que “la falta de gestión muy posiblemente represente un perjuicio económico a la ciudad y al proyecto en general”. Sugiere que la gerencia del Metro modifique de nuevo el cronograma.

Ayer, este Diario solicitó una entrevista con el titular del Metro de Quito, pero no hubo respuesta hasta el cierre.

A estos problemas técnicos y económicos se suma la crisis política que enfrenta la Alcaldía, luego de que la primera autoridad de la ciudad, Jorge Yunda, fuera removido por 14 votos de los 21 ediles del Concejo Metropolitano, el 2 de junio.

El concejal Bernardo Abad, quien es parte del Directorio de Quito, dice que se debería postergar la decisión sobre el modelo de gestión, ya que esto implica celebrar un contrato de cientos de millones de dólares.

El proceso de contratación estaría en manos de funcionarios que no se conoce si seguirán en sus cargos o serán removidos si es que el Tribunal Contencioso Electoral ratifica la remoción del alcalde y da pasado a que Guarderas lo subrogue. El vicealcalde advirtió la semana pasada que impulsaría investigaciones si los funcionarios celebraran contratos durante esta fase de transición.

“No hagan contratos de última hora, no hagan transferencias ni pagos sobre contratos irregulares. Yo como alcalde, como vicealcalde y fiscalizador cumpliré mi tarea de control y si es el caso presentaré ante las autoridades de control si se dan movimientos irregulares en esta época de transición”.

Ayer, la Veeduría del Metro, en su informe, también asegura que el avance de la obra no es del 99 %, como afirma la Alcaldía. “Después de recibido un cuadro por parte del Metro, sin los sustentos respectivos, podemos prorratear lo recibido y llegar a que el avance del proyecto apenas está, más o menos, en el 90 %”, concluye.

La Cifra

$ 202

MILLONES es el presupuesto que se necesita para contratar la operación del Metro de Quito

La frase

"El avance del proyecto apenas está, más o menos, en el 90 % y no en el 99 %”.

David Dávalos, miembro de la Veeduría del Metro

El plazo de entrega vence el 18 de octubre

La antigua gerenta del Metro de Quito, Andrea Flores, renunció el pasado 24 de mayo. En ese entonces señaló que la obra del Metro de Quito se encontraba en la fase de entrega-recepción. Aseguró que hasta el 18 de octubre estaba previsto que se entreguen las 15 estaciones de la Primera Línea del Metro, luego de extender el plazo. La construcción arrancó en enero del 2013. En este tiempo, la Empresa Metro de Quito ha abierto 21 inconformidades con la contratista que ya han sido cerradas. Hubo 20 días de incumplimiento, con un total de $ 615.213 por multas. El presupuesto también se ha encarecido. SO