Sur de Quito cumple siete días sin agua: tensión entre Gobierno y Municipio

La crisis por la falta de agua potable en el sur de Quito ya cumple siete días, afectando a más de 220 barrios y generando una creciente tensión entre el Municipio capitalino y el Gobierno Nacional. En medio de reclamos ciudadanos, acusaciones cruzadas y medidas que muchos califican de tardías, este martes 15 de julio de 2025 el Ejecutivo inició la instalación de tres plantas potabilizadoras portátiles como medida emergente.

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220 barrios no tienen agua en el sur de Quito 

La crisis comenzó la noche del 9 de julio, cuando se reportó la rotura de un tramo de 350 metros en el sistema de captación La Mica-Quito Sur, ubicado en el páramo del Antisana. El daño dejó sin el servicio de agua a unas 400.000 personas distribuidas en seis parroquias del sur, entre ellas Guamaní, Chillogallo, La Argelia y La Ecuatoriana. Desde entonces, el desabastecimiento ha causado largas filas, distribución irregular mediante tanqueros y una creciente desesperación en los sectores populares del sur de la capital.

Ante este panorama, el Gobierno activó finalmente el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional el lunes 14 de julio, cinco días después de la declaración de emergencia. La ministra de Energía y presidenta del COE Nacional, Inés Manzano, lideró la sesión, aunque sin la presencia del alcalde de Quito, Pabel Muñoz. Al día siguiente se inició la instalación de tres plantas potabilizadoras portátiles, dos en el parque del barrio Nueva Aurora y una en el sector Jazmines de Guamaní, en coordinación con la Cruz Roja Ecuatoriana.

La ministra Manzano justificó la intervención del Ejecutivo señalando que el Municipio de Quito no entregó un plan técnico de emergencia pese a los reiterados pedidos del Ministerio del Ambiente. “El plan nunca fue entregado y de hecho hemos vuelto a insistir para que nos den un informe técnico de qué pasó y qué actividades van a hacer. Como no ha habido comunicación veraz y oportuna, entonces nosotros hemos intervenido”, enfatizó Manzano en declaraciones a la prensa.

También recordó que la Constitución otorga a los gobiernos municipales competencias específicas como la dotación de agua potable y el tratamiento de aguas residuales. “Lo que nosotros estamos haciendo es intervenir en el espacio donde el Municipio no ha actuado”, afirmó.

Durante la instalación de una de las plantas en Nueva Aurora, la titular del COE Nacional insistió en la falta de coordinación por parte del Cabildo. Paralelamente, el ministro de Transporte y Obras Públicas y vicepresidente del COE, Roberto Luque, anunció una visita al sitio del daño en el Antisana, para evaluar técnicamente la situación y coordinar recursos del Gobierno para su reparación.

Además, Manzano informó que la vicepresidenta María José Pinto fue designada por el presidente Daniel Noboa como responsable de liderar las acciones de abastecimiento y distribución de ayuda humanitaria en Quito.

El Municipio responde

El alcalde Pabel Muñoz, en una rueda de prensa ofrecida también el 15 de julio, cuestionó la forma en que el Gobierno ha intervenido. Dijo que se enteró por los medios de comunicación sobre la visita oficial al Antisana y lamentó que no haya existido una coordinación con el Puesto de Mando Unificado.

Muñoz defendió la gestión municipal desde el inicio de la emergencia: “Convocamos al COE Metropolitano inmediatamente, trabajamos junto con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y desplegamos operativos para la distribución de agua con tanqueros, puntos fijos y cisternas móviles en los barrios más afectados”.

El burgomaestre indicó que el Municipio ha mantenido presencia constante en los sectores con mayor vulnerabilidad y rechazó que se intente politizar la emergencia. “La prioridad debe ser la gente, no las disputas institucionales”.

La instalación de las plantas potabilizadoras ha generado reacciones mixtas entre los vecinos. Jessica López, técnica de agua, saneamiento e higiene de la Cruz Roja Ecuatoriana, explicó que los equipos instalados toman el agua de vertientes naturales, la cual debe tener ciertas condiciones para ser tratada. Luego de pasar por sistemas de filtración y cloración, el agua se distribuye a la comunidad.

Según el Ministerio del Ambiente, las tres plantas pueden potabilizar hasta 90.000 litros diarios en un turno de ocho horas, lo que equivale a una dotación mínima de 15 litros por persona, de acuerdo con estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para situaciones de emergencia.

No obstante, la instalación tomó alrededor de dos horas en entrar en funcionamiento, y algunos vecinos consideran que esta medida llegó demasiado tarde. Guillermo Toapanta, habitante del barrio Nueva Aurora, no ocultó su molestia. “Esto debió hacerse el segundo día de la emergencia, no el sexto. Ya contábamos con la vertiente, pero hay sectores como Lucha de los Pobres y otros barrios donde los tanqueros no llegan o llegan muy poco”, manifestó.

Guillermo Pilamunga, también vecino de la zona, coincidió con Toapanta y pidió a las autoridades que no solo mantengan la planta, sino que implementen un proyecto integral. “Esta vertiente tiene más de 50 años y ha abastecido a barrios como La Ecuatoriana y Caupicho. Necesitamos un plan permanente, no algo momentáneo”.

Ambos moradores hicieron un llamado a conformar mesas de trabajo que permitan discutir soluciones de largo plazo para el sur de Quito. Plantearon la necesidad urgente de proteger los humedales, conservar las fuentes naturales de agua y ejecutar inversiones sostenidas en infraestructura que garanticen un abastecimiento seguro y permanente.

En otros sectores como Tréboles del Sur, Divino Niño y La Lucha de los Pobres, los vecinos deben hacer largas filas para conseguir unos pocos litros de agua. Pamela Gonzaga, habitante de uno de estos barrios, expresó su malestar por la ausencia de autoridades en la zona: “Aquí también hay cientos de vecinos, adultos mayores, niños que necesitan agua. Parece una competencia entre el Municipio y el Gobierno, pero nadie viene a darnos una solución”.

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