Quito es una ciudad franciscana, dijo ayer el nuevo alcalde, pero su ética es laica. Esta fue la primera disposición de Santiago Guarderas a pocas horas de haber asumido el cargo: expedir un Código de Ética.

El texto comienza con la enumeración de los principios constitucionales y los institucionales y pronto empieza con las restricciones. La primera, el nepotismo, al cual dedica tres artículos y prohíbe contratar empresas en las que participen familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad, y los viajes de parientes para atender asuntos públicos con fondos municipales. Además, el texto regula el uso de los vehículos institucionales.

En un repetido artículo 13 menciona los conflictos de interés que deben ser declarados y remitidos a Quito Honesto para la verificación del cumplimiento de directrices.

Especifica además que al menos una vez cada tres meses el alcalde, vicealcalde y los gerentes de las empresas públicas metropolitanas deberán ofrecer una rueda de prensa en la que presentarán un informe de gestión, información sobre sus actividades y responderán preguntas a los periodistas.

Sobre el acceso a la información pública, la norma es flexible. Si bien especifica que la ciudadanía podrá conocer los procesos de contratación, litigios y trámites administrativos “a través de la información que se incorpore en los sistemas de información y transparencia correspondientes”, no establece un plazo en el cual esos documentos deban ser publicados ni regulaciones sobre la legibilidad o facilidad de acceso. Aunque sí deberán cumplir los Planes de Acción de Gobierno Abierto de sus carteras.

En el aspecto empresarial se promoverá la contratación de empresas que hayan adoptado códigos de buenas prácticas corporativas (compromisos contra la corrupción, seguridad laboral y no discriminación). Y no se contratará a personas o empresas que mantengan deudas con el Estado y se convocará a la Academia para que participe en los procesos de contratación pública.

Sin embargo, no para todos es positivo. “En el país existen normativas claras sobre cómo deben actuar los funcionarios públicos, qué deben hacer y las circunstancias que les están prohibidas, de tal manera que recordarles esto no está mal, pero no es nada nuevo y puede terminar siendo una moda en el país”, expresó el coordinador de la Comisión Anticorrupción, Germán Rodas.

En esto coincide el exalcalde Roque Sevilla, para quien la mera existencia del Código de Ética no es suficiente. “Son las acciones adicionales de la autoridad máxima las que dan el ejemplo”, explicó e instó al nuevo alcalde a no tolerar “el más mínimo desvío de ningún empleado” y separar a los malos elementos de las dependencias.

Este documento deroga la Resolución de la Alcaldía número 0010 del 23 de agosto de 2013 que contiene el manual de ética anterior del Cabildo.