Robos en Quito aumentan 538 %; Comisión de Movilidad analizará regulación delivery
Quito registra 264 homicidios; propuesta de delivery será revisada esta semana
El temor se ha instalado con fuerza en varios sectores de Quito. En Monjas, suroriente de la ciudad, vecinos aún recuerdan el asalto perpetrado el fin de semana por varios motociclistas contra una pareja que salía de un local comercial. El hecho, ocurrido a plena luz del día, dejó una sensación de vulnerabilidad entre los moradores, quienes aseguran que los robos cometidos por sujetos en moto han aumentado y se registran a cualquier hora.
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Inseguridad en Quito: vecinos alertan sobre robos de motociclistas
Por miedo a represalias, muchos vecinos prefieren no identificarse. Coinciden en que la presencia constante de motocicletas merodeando locales comerciales ha alterado la tranquilidad del sector. “Ya no es solo en la noche, ahora los robos son a cualquier hora”, relatan.
Este caso no es aislado. El pasado 7 de enero, Michelle Katz, propietaria del local Baker Tov, denunció en redes sociales que fue víctima de un asalto similar. “Fuimos víctimas de un robo. El día de ayer nos tocó a nosotros y mañana te puede tocar a ti”, expresó en un mensaje que se viralizó rápidamente. En su testimonio, Katz habló del miedo e impotencia que vivieron durante el atraco a su cafetería y afirmó que se niegan a normalizar la violencia.
Ese mismo día, en horas de la mañana, un guardia de seguridad perdió la vida al intentar frustrar un asalto a una cafetería en el norte de Quito. El crimen profundizó el debate sobre la inseguridad y reactivó la discusión acerca de la necesidad de regular el trabajo de los repartidores, actividad que, según denuncias ciudadanas, ha sido utilizada como fachada por delincuentes.
Ordenanza de deliverys será analizada en la Comisión de Movilidad
Desde 2019 existe un proyecto de ordenanza para regular este sector, pero no ha avanzado. La concejal Analía Ledesma reconoce que ha faltado voluntad política. “La situación de seguridad en Quito es realmente crítica. Es lamentable que haya tenido que pasar todo esto para que recién exista algo de voluntad para legislar”, dice.
Ledesma señala que uno de los principales nudos del problema es la ausencia de un catastro confiable. Actualmente no existe una cifra oficial sobre cuántas personas se dedican al trabajo de ‘delivery’: las estimaciones oscilan entre ocho mil, quince mil o incluso más, una imprecisión que deja en situación de vulnerabilidad a la ciudadanía, advierte la concejala.
Ante este escenario, Ledesma propone registrar a los repartidores, identificar mochilas y cascos, e implementar códigos QR que permitan verificar datos básicos, sin vulnerar el derecho al trabajo. Recalca además que cualquier tasa o contribución debe recaer sobre las grandes plataformas digitales y no sobre quienes realizan el reparto. Y adelanta que este jueves su iniciativa será tratada en la Comisión de Movilidad, donde expondrá formalmente los alcances de la propuesta.
Expertos señalan que control de deliverys no basta para frenar robos
Desde el gremio, Arturo Torres, presidente de la Asociación de Deliverys Independientes del Ecuador, admite que personas ajenas al oficio se hacen pasar por repartidores para delinquir. Sin embargo, rechaza la estigmatización. “Cualquiera puede comprar una mochila y ponerse un casco. Eso no significa que sea ‘delivery’”, aclara.
Torres critica que las plataformas digitales no tengan controles exhaustivos y cuestiona que las autoridades prioricen medidas recaudatorias antes que soluciones de fondo.
Según él, un sistema de identificación con QR podría ser útil siempre que no implique nuevos costos para los trabajadores. “Ya pagamos tasas de seguridad. No es justo que nos cobren más cuando la mayoría somos personas honestas”, enfatiza. La asociación que preside registra cerca de 2.500 repartidores, aunque estima que en Quito existen alrededor de 25.000 personas dedicadas a esta actividad.
Diego Pérez
El debate se da en un contexto de creciente violencia. Datos de la Policía Nacional revelan que entre 2016 y 2025 los homicidios intencionales en el Distrito Metropolitano de Quito aumentaron un 136 %, pasando de 112 a 264 casos. La violencia criminal se incrementó en un 538 %, mientras que los homicidios cometidos con armas de fuego crecieron un alarmante 1.154 %.
Para Diego Pérez, experto en seguridad, el problema no se resuelve únicamente con más normativas para el sector del ‘delivery’. “No se puede asociar automáticamente a quienes trabajan con quienes delinquen. La respuesta debe ser integral, con control permanente y planificación de seguridad”, plantea.
En la misma línea, el analista Abraham Correa considera que un censo de repartidores podría ayudar al control, siempre que se respete la Constitución. Advierte que la violencia en el país se ha intensificado debido a la expansión de bandas delictivas hacia nuevas ciudades y parroquias con escasa presencia policial.
