“Pandemia vial”: concejales acusan negligencia en gestión de movilidad en Quito
La Secretaría de Movilidad fue cuestionada frente al aumento de accidentes en Quito
Más de doscientos días después de la aprobación de la Ordenanza Metropolitana para la Gestión de la Seguridad Vial, los concejales del Distrito Metropolitano de Quito expresaron su preocupación por el incumplimiento de las disposiciones destinadas a reducir los siniestros de tránsito. Durante la sesión del Concejo Metropolitano, los ediles cuestionaron a la Secretaría de Movilidad por la falta de resultados concretos y la ausencia de informes semestrales que permitan evaluar los avances en la aplicación de esta política pública.
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Secretaría de Movilidad cuestionada por inacción frente a accidentes en la ciudad
La vicealcaldesa Fernanda Racines recordó que la normativa fue aprobada con el objetivo de proteger la vida de quienes transitan por las vías de la capital. Sin embargo, señaló que la Secretaría de Movilidad no ha presentado reportes sobre cuántas capacitaciones en primeros auxilios se han realizado a conductores de transporte público y comercial, ni los informes semestrales de siniestralidad que exige la ordenanza.
“De las seis preguntas que se enviaron por escrito, el secretario solo respondió una”, afirmó Racines. Indicó que, ante la falta de información, su despacho solicitó la comparecencia del funcionario en el Concejo. “Nos preocupa que después de más de seis meses de vigencia de la ordenanza, no tengamos claridad sobre su cumplimiento”, alertó.
De acuerdo con los datos expuestos durante la sesión, en lo que va del año se han registrado 2.776 siniestros de tránsito en el Distrito Metropolitano, con 1.754 personas lesionadas y 216 fallecidas. El 46 % de los accidentes involucra motos, lo que refleja un incremento sostenido de este tipo de vehículos dentro de los hechos más graves.
La edil Analía Ledesma recordó que el Código Municipal, en su artículo 3224.5, asigna a la Autoridad Metropolitana de Movilidad la responsabilidad de elaborar informes semestrales de siniestralidad, desarrollar el Plan Metropolitano de Seguridad Vial y emitir directrices para el diseño de vías seguras y accesibles. Sin embargo, esto no se ha dado.
Además, el artículo 3224.6 ordena crear un canal tecnológico de orientación a víctimas de siniestros. Y el 3224.7 dispone dar capacitaciones anuales obligatorias en primeros auxilios.
“Permitir que una ordenanza se oxide por la inejecución es firmar la sentencia de 200 vidas o más el próximo año. Esto es inaceptable. La movilidad debe ser un derecho seguro”, señaló Ledesma.
Estas cifras no solo reflejan un problema de movilidad, también de convivencia ciudadana y coordinación institucional, inversión sostenida y compromiso político
— Analía Ledesma García (@analialedesmaec) October 28, 2025
Cada vida perdida en las vías representa una falla institucional que nos interpela como Concejo y como administración.
El concejal Andrés Campaña fue uno de los más críticos durante la sesión. Señaló que la ordenanza “establecía obligaciones concretas para la Secretaría de Movilidad: crear una unidad especializada, elaborar informes semestrales, capacitar a conductores y desarrollar el plan de seguridad vial”. No obstante, advirtió que “no se ha cumplido absolutamente nada” y que la ciudad enfrenta hoy “una pandemia vial” con consecuencias mortales.
AMT y Secretaría de Movilidad comparten responsabilidad en crisis vial de Quito
El edil lamentó la ausencia del alcalde Pabel Muñoz y cuestionó la falta de liderazgo frente a un problema que ha cobrado la vida de al menos 241 personas entre enero y octubre. “Hay malos ciudadanos que conducen con exceso de velocidad, pero también hay malos funcionarios que no cumplen con la norma”, enfatizó.
Alex Pérez
Ante los cuestionamientos, Alex Pérez, secretario de Movilidad defendió su gestión afirmando que se han realizado controles disuasivos en las vías con mayor siniestralidad, como la avenida Simón Bolívar, la Ruta Viva y la Mariscal Sucre. Explicó que no es posible aplicar sanciones por exceso de velocidad debido a que la Agencia Nacional de Tránsito aún no aprueba el reglamento de homologación de radares.
Reconoció que el exceso de velocidad y el consumo de licor siguen siendo las principales causas de los siniestros, pero insistió en que también se requiere corresponsabilidad ciudadana y mejoras en la infraestructura vial. Aseguró que se han duplicado los kilómetros de mantenimiento y que se trabaja en la adecuación de pasos seguros para peatones.
Educación vial limitada y control deficiente mantienen en riesgo a los ciudadanos
El coordinador del Observatorio Ciudadano de Movilidad Segura, Francis Aguayza, cuestionó también la gestión del secretario de Movilidad por la ausencia de una política coherente que oriente la movilidad en Quito. Recordó que no es la primera vez que el funcionario recibe llamados de atención del Concejo, ya que los problemas abarcan también la gestión del transporte público y la renovación del sistema Trolebús.
Aguayza criticó que a pesar de que hace dos años el Concejo declaró en riesgo la avenida Simón Bolívar por su alta siniestralidad, esa medida no generó acciones concretas. Mencionó la falta de reductores de velocidad y de radares portátiles, además del deterioro de la infraestructura vial, factores que aumentan el riesgo de accidentes, especialmente en temporada de lluvias.
El experto añadió que el tránsito mixto entre transporte pesado, urbano y particular agrava la inseguridad vial, y cuestionó la suspensión de los controles sancionatorios de velocidad “por temor a la impopularidad”. Según dijo, los actuales controles preventivos son insuficientes y no sustituyen las sanciones ni las campañas de concienciación.
Finalmente, recordó que el Municipio tiene plena competencia sobre la regulación y control del transporte, por lo que no depende del Gobierno Nacional para la instalación de fotorradares. Recomendó retomar estrategias integrales que incluyan sanciones con trabajo comunitario y el uso de tecnología moderna para prevenir más muertes en las vías de la capital.
El Municipio de Quito recibió recientemente un reconocimiento internacional por la aprobación de la ordenanza de seguridad vial. No obstante, los concejales advirtieron que este galardón no puede servir como excusa ante el incumplimiento. “El premio fue otorgado por la emisión de la norma, no por su ejecución. No queremos una ordenanza que quede en el papel”, señaló la vicealcaldesa.
