Los reclamos por mantenimientos de las quebradas no cesan. Quienes viven en las laderas del Pichincha dicen dormir con “un ojo abierto” ante el temor que ha dejado el reciente aluvión en La Comuna que afectó a La Gasca.

El Municipio de Quito ha construido durante todo este tiempo 135 estructuras de captación o colectores de agua de las grietas naturales que descienden de las montañas y donde ha existido relleno. La limpieza de estas construcciones está a cargo de la Empresa Pública Metropolitana de Agua de Quito.

EXPRESO conversó con Juan Esteban Espinosa, subgerente de saneamiento de Epmaps, y señaló que el objetivo de los colectores es acaparar todo el material que desciende de la quebrada, basura, árboles caídos, piedras grandes. “Para esto se hacen monitoreos periódicos, obligatoriamente uno cada seis meses para hacer la planificación; y en función de aquello nosotros hacemos la intervención y la nueva inspección en caso de que no hayan encontrado alguna novedad”, comentó Espinosa.

Durante el semestre se realizan hasta dos limpiezas o intervenciones manuales y con maquinaria pesada, dependiendo de la estructura. En el caso de que el sistema sea grande, esta tiene un mantenimiento de hasta cuatro veces al año y dependiendo de la temporada invernal.

Sin embargo, las tareas de limpieza no son integrales, es decir, no se interviene toda la quebrada. Y es desde allí donde nace el reclamo ciudadano de quienes habitan en zonas cercanas a estos fallas geográficas, porque explican que “de nada sirve limpiar donde desemboca la corriente, si más arriba no se hace nada”. Esto es: monitorear a lo largo de la quebrada desde donde inicia, si existe material que obstaculice su flujo normal. “Las inspecciones que manejamos como Epmaps son a nivel de estructuras de captación, en boca de los colectores”, dijo el subgerente de la empresa metropolitana.

Por su parte, desde la Secretaría de Seguridad, Jorge Ordóñez, director de Riesgos, señaló que no existe una entidad responsable del mantenimiento integral de las quebradas. “Es un tema que ha estado indefinido por mucho tiempo; precisamente de la cuenca hidrográfica o la quebrada en general no hay una competencia asignada para la permanente limpieza y mantenimiento. Sin embargo, de manera coordinada cuando la situación lo amerita se solicita el apoyo de distintas instituciones”, argumentó Ordóñez.

Este Diario buscó conocer por parte del alcalde de la ciudad algún tipo de explicación, pero por agenda del burgomaestre no fue posible que atendiera a este medio, tras la rueda de prensa del COE metropolitano que dio ayer por la mañana.

El tema de las quebradas en el Concejo Metropolitano no ha estado alejado. Los hechos suscitados en los últimos años en Caupicho y Carretas activaron a los ediles. En esta última, a finales de 2021 se aprobó un plan de acción que contiene 26 tareas integrales a corto, mediano y largo plazo en la Cuenca del río Monjas, sus elementos constitutivos y las franjas de protección de la quebrada. Esto, asimismo, tras las incidencias que se registraron en el invierno pasado y que provocaron afectaciones en cerca de 100 viviendas. A la concejala Brith Vaca le preocupa lo ocurrido el pasado lunes y lo que pueda suceder durante los próximos meses, conversó con EXPRESO y dijo que solicitó un informe a Epmaps sobre el plan y cronograma de limpieza en las quebradas, pero hasta el jueves no lo había recibido. “La prevención de riesgo le corresponde a la Secretaría de Seguridad, porque ellos son los que deben responder ante la seguridad ciudadana y la gestión de riesgo del distrito metropolitano”, dijo la edil. En la zona urbana de Quito existen tres cuencas principales: las cuencas de los ríos Monjas, Machángara y San Pedro.

Al mantenimiento integral se suma otro problema: la irresponsabilidad ciudadana. La acumulación de basura y residuos sólidos empeora la situación, esto pese a que en 2012, las quebradas del Distrito Metropolitano de Quito fueron declaradas patrimonio natural, histórico, cultural y paisajístico.

El proyecto Wayku nació hace dos años por el abandono y mal uso de la quebrada El Tejar, ubicada en el barrio Balcón quiteño, en el noroccidente de la ciudad, que en su mayoría se usa como un “basurero”; el grupo se organiza para hacer mingas y retirar material que se arroja en el cauce natural. Juan Molina, encargado del proyecto, cuestiona que en estos espacios las autoridades capitalinas no depositen el interés que se necesita. “Hacen una ‘manita de gato’. No hay equidad en el tratamiento. Un ejemplo: no es lo mismo ver los trabajos de limpieza que hacen en zonas del norte que los que hacen por acá el centro-sur”, dice Molina.

La Ordenanza Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos del DMQ No. 332 establece dos sanciones económicas. La primera es del 50 % de un Salario Básico Unificado (SBU) para quienes ocupen, depositen o mantengan materiales de construcción y escombros en el espacio público; la segunda es de dos SBU para quienes arrojen directamente residuos peligrosos, hospitalarios, lubricantes, entre otros, a las quebradas.

Al Municipio capitalino no solo lo objetan por el “descuido en el mantenimiento integral” de las quebradas, sino también por no hacer cumplir las ordenanzas. En la quebrada de Conocoto existen varias viviendas a la orilla del barranco, “que han tenido y tienen un riesgo eminente por la erosión del río San Pedro”, señala el geólogo Alfredo Carrasco. El experto argumenta que las autorizaciones para las construcciones cerca de las quebradas y haber permitido asentamientos irregulares en las zonas son neta responsabilidad del Municipio y “los riesgos seguirán latentes, aunque se diga que todo está controlado”.