Todo empezó con un vidrio roto. Anita G. escuchó el estruendo desde la cocina de su casa e inmediatamente supo que no había sido producto de una travesura, o un accidente, sino el resultado predecible de meses y meses de explosiones con dinamita.

“Cada vez que volaban algo, todo el barrio temblaba”, recuerda. No era la única fastidiada con la creciente presencia de las explosiones, pues decenas de vecinos de La Victoria, en la parroquia de Pacto, llevaban meses quejándose, mandando oficios y pidiendo presencia policial sin resultados. Ya no sabían si estas eran provocadas por las concesiones de exploración otorgadas a mineras legales que buscaban ingresar a la zona, o producto de la minería ilegal que en el último año y medio había llevado a más de doscientos extraños hasta su pueblo. Solo querían que pare.

Finalmente, el pasado 15 de diciembre, decidieron unirse para cerrar el ingreso. La consigna era clara. No más minería en el Chocó Andino.

Oscar Armijos, presidente de la mancomunidad de la región que agrupa a las parroquias de Pacto, Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito y Gualea, señala que esta no es una lucha reciente, sino una que lleva veinte años, pero que ha escalado a su punto máximo.

“Nosotros vivimos del ecoturismo, de la agricultura, de la siembra de caña y dependemos del agua. Adicionalmente, somos el pulmón del Distrito Metropolitano de Quito y la zona donde se producen muchos alimentos. La minería legal e ilegal está conminando nuestros ríos y dañando nuestra tierra. Queremos que se reviertan las concesiones, no que aprueben más”, dijo.

La contienda en este sector del distrito tiene como trasfondo una confusa situación legal relacionada a la conservación, pues aunque en 2018 fue declarado como Reserva de Biósfera por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y es considerado como área protegida bajo la ordenanza municipal 137 del Cabildo quiteño, quien tiene la competencia sobre el subsuelo es el Estado. 

Y es así que en el Chocó Andino, pese a sus características biodiversas, están activas catorce concesiones mineras (22.258 hectáreas) y siete están en trámite. Al menos así lo indican los datos de la Agencia de Regulación Minera (Arcom).

Juan Carlos Avilés, secretario de Ambiente Quito, concuerda en que, al no tener la competencia sobre el subsuelo, no hay nada que el Cabildo pueda hacer con respecto a las concesiones, pero que a raíz de las protestas se está conformando una mesa interinstitucional que busca llegar a acuerdos con el Ministerio de Hidrocarburos y el Ministerio de Ambiente y Agua con el fin de reducir el extractivismo en el sector. Adicionalmente, se reforzarán controles y acciones para frenar la minería ilegal y un proceso de veintisiete informes para establecer la afectación ambiental en la zona.

“En ese sentido, lo que promovemos es que se amplíe la cobertura de los controles y se extienda no solo a emergencias por incendios, sino en la minería ilegal y a la extracción de especies nativas”, dijo.

Lo ideal, agregó, es que el Chocó Andino ingrese al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Pero esto es complicado e incierto, pues el pedido ya ha sido negado en el pasado. Así lo explicó Teolinda Calle, coordinadora del Corredor Ecológico del Oso Andino.

“Cuando pedimos una explicación sobre porqué se rechazó el expediente, esta fue ambigua, confusa y muy técnica. Se demoró, cambiaron de funcionario y nos cansamos de insistir. Se presentó el requisito desde la Secretaría de Ambiente pero lo único que sabemos que todo está parado”.

Inty Arcos, coordinador técnico de la Mancomunidad, agrega que la negativa incumple las regulaciones por las que se dio la declaratoria de la Unesco. “Parte del acuerdo era la desgraficación de las concesiones mineras del sector declarado reserva de biósfera, pero esto se ha olvidado convenientemente, y se siguen entregando permisos ambientales y aprobando más concesiones”, subrayó.

A inicios de semana EXPRESO solicitó respuestas sobre la situación de los permisos al Ministerio de Ambiente y Agua, pero no hubo respuesta hasta el cierre de esta edición.

Por su parte, la titular de la Cámara de la Minería, María Eulalia Silva, señaló que el gremio ve con preocupación las protestas, pues las empresas legalmente constituidas y aprobadas en la zona laboran bajo los parámetros aprobados por el Estado.

“Todo proyecto minero responsable se guía por el plan de manejo ambiental aprobado por el Ministerio de Ambiente y Agua y que constituye una hoja de ruta de las actividades que se realizarán encaminadas a minimizar el impacto ambiental (…) vemos con preocupación cómo la desinformación se vuelve campo fértil para las acciones antimineras”, estableció.