Existen dudas por el modelo de contratación que usa el Municipio de Quito
Expertos advierten que contratos mediante cooperación internacional podrían violar la ley
El Municipio avanza en la transformación del sistema de transporte público con tres herramientas que empezarán a funcionar entre julio y septiembre. No obstante, el proceso es cuestionado por concejales y expertos, debido al uso de convenios de cooperación internacional en lugar de emplear los procesos regulares de contratación pública.
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Transformación digital llega al transporte urbano en Quito
La Secretaría de Movilidad anunció que está en marcha un proceso de modernización del transporte público, con la implementación de tres sistemas: una plataforma de información al usuario, un nuevo sistema de recaudo y un centro de control del transporte público.
La ejecución se efectúa a través de un convenio con una organización internacional, lo que ha generado controversia sobre su legalidad.
Alex Pérez, secretario de Movilidad, explicó que la primera herramienta que se pondrá en marcha será el sistema de información al usuario, una plataforma digital que estará disponible desde dispositivos móviles. Permitirá a las personas conocer en tiempo real la llegada de las unidades y planificar sus recorridos. Las pruebas se iniciarán en agosto.
El segundo componente es el nuevo sistema de recaudo electrónico, que arrancará en septiembre en la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros. Utilizará los mismos medios de pago que actualmente se usan en el metro de Quito, es decir, tarjetas electrónicas que permitirán el acceso al Trolebús y la Ecovía. Se prevé que esta modalidad se extienda progresivamente a los buses convencionales hasta diciembre. Según Pérez, el proceso ya ha sido socializado en el gremio de transportistas.
El tercer pilar de la modernización será el centro de control del transporte público, denominado Sistema de Ayuda a la Explotación. Esta plataforma de monitoreo operará 24/7 desde el Centro de Gestión de Movilidad, ubicado en San Carlos, norte de Quito, y estará conectada con la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop). Permitirá ajustar semáforos o generar alertas en tiempo real ante marchas o cierres viales. En julio se realizarán las pruebas con los GPS que se instalarán en los más de 3.200 buses que circulan en la capital.
Si bien el avance tecnológico es significativo, el proceso ha despertado críticas por la forma en que se ha contratado la implementación.
El secretario de Movilidad indicó que la totalidad del sistema ha sido contratado por medio de un convenio con una organización internacional, que también ofrece acompañamiento técnico y asesoría en la implementación por cuatro años.
Según el funcionario, se optó por esta vía porque se trata de un sistema inédito en el país, que requiere experiencia especializada. Asegura que no se trata solo de una compra, sino de un acompañamiento integral que involucra incluso la relación con el sector privado en el modelo de gestión.
Cuestionan legalidad de contratos por cooperación internacional
Sin embargo, el edil Wilson Merino considera que este proceso es ilegal y representa una deuda pendiente de la administración del alcalde Pabel Muñoz. “A dos años de gestión no hay nada implementado, y lo que vemos es un esquema opaco con triangulación de contratos bajo la figura de cooperación internacional”, denunció. Merino alertó que ya se han realizado cuatro contratos bajo esta modalidad: la compra de 60 trolebuses por parte de la Empresa de Pasajeros, el sistema de recaudo por la Secretaría de Movilidad, la adquisición de camiones en Emaseo y un proceso similar en la Epmmop. Por esta razón, la Contraloría General del Estado realiza un examen especial y se ha solicitado al auditor interno del Municipio que inicie una investigación sobre los procesos realizados por Movilidad.
Wilson Merino
La especialista en contratación pública Miriam Figueroa considera que este tipo de convenios no se ajusta a lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP).
“Las entidades contratantes deben aplicar uno de los 22 procedimientos establecidos por la ley. No pueden firmar convenios internacionales para que un tercero actúe como gestor de compras”, argumentó.
Figueroa añadió que esta figura solo es válida si la cooperación internacional financia al menos el 50 % del contrato, algo que no ocurre en los casos ejecutados por el Municipio. Por ejemplo, en la compra de trolebuses, de los $ 36 millones invertidos, solo $ 50.000 provinieron de la cooperación. En el caso de la Secretaría de Movilidad, el aporte internacional es nulo, asegura la especialista.
“Se está optando por esta vía porque se considera que la contratación pública es engorrosa y muchos de los contratos se caen, y eso afecta los planes de trabajo, pero la ley es clara: esta práctica está prohibida. Si el Municipio quiere continuar por ese camino, se necesita una reforma legal. De lo contrario, podrían enfrentar responsabilidades administrativas, civiles e incluso penales”, advirtió.
