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Tasa de basura en Quito: Municipio tiene 15 días para justificar el cobro ante la Defensoría
La Defensoría del Pueblo dio 15 días al Municipio para sustentar el cobro de la tasa de basura, cuestionada por posibles fallas en su cálculo
A la Epmaps llegan los usuarios que han registrado cobros altos en la tasa de recolección de basura.
En Quito, el debate por el cobro de la tasa de recolección de basura (TRB) en la planilla de agua entra en una nueva fase.
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La Defensoría del Pueblo notificó su respuesta dentro del proceso impulsado por el concejal Wilson Merino y otorgó al Municipio de Quito un plazo de 15 días para presentar su posición técnica y jurídica que sustente la legalidad y pertinencia de este cobro.
El pronunciamiento llega un mes y medio después de que el edil solicitara su incorporación formal al proceso, con el objetivo de aportar información técnica y jurídica sobre las observaciones planteadas a la medida, vigente desde febrero de este año.
La tasa fue incorporada en la planilla de agua en aplicación de la Ordenanza Metropolitana No. 109-2025.
Según informó Merino, la respuesta de la Defensoría fue emitida el 27 de abril de 2026. A partir de esta notificación, el Municipio deberá justificar los criterios utilizados para implementar la tasa, en medio de cuestionamientos sobre su impacto económico y social.
“El Municipio o no previó el impacto de esta medida o, si lo hizo, decidió ignorarlo”, señaló el concejal, quien aseguró que miles de quejas han sido presentadas ante la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) y Emaseo.
Los reclamos, dijo, reflejan perjuicios económicos que van desde los $ 300 hasta los $ 1.500, sin que hasta el momento exista una solución concreta.
¿Error en la fórmula de cálculo?
El análisis técnico realizado por el despacho de Merino identificó posibles inconsistencias en la fórmula de cálculo de la tasa. Entre los principales cuestionamientos figuran eventuales vulneraciones a los principios de proporcionalidad y equivalencia, lo que estaría derivando en valores considerados excesivos por los usuarios.
Uno de los aspectos más criticados es que el cobro se base en el consumo de agua potable. Para el concejal, este parámetro no guarda relación directa con la generación de residuos sólidos en los hogares, lo que pone en duda la validez técnica del modelo.
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Además, advirtió que, de no existir una correspondencia clara entre el servicio prestado y el monto cobrado, la tasa podría convertirse en un “impuesto encubierto”, lo que abriría un debate jurídico sobre la competencia del Municipio para establecer este tipo de cargas.
La postura del alcalde de Quito
Por su parte, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, ha defendido la ordenanza, asegurando que fue elaborada con sustento técnico y que el mecanismo de cobro es legal.
No obstante, en marzo pasado anunció la aplicación de cuatro ajustes, enfocados principalmente en los medidores de agua comunitarios y compartidos, donde se han registrado los valores más elevados y el mayor número de reclamos ciudadanos.
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