El Concejo aprobó una reforma al Plan de Uso de Suelo (PUGS) en Cumbayá

El Concejo Metropolitano aprobó, en segundo debate, una reforma al Plan de Uso y Gestión del Suelo (PUGS) relacionada con los planes parciales en Cumbayá, valle del nororiente de Quito. La decisión desató un intenso cruce político por sus posibles efectos en proyectos de desarrollo inmobiliario en esa zona de la urbe.

El texto de la modificación se aprobó ayer, 2 de diciembre de 2025, con 14 votos a favor, uno en contra -del edil Andrés Campaña- y siete ausencias: Darío Cahueñas, Juan Báez, Michael Aulestia, Wilson Merino, Analía Ledesma, Blanca Paucar y Cristina López.

El proyecto fue impulsado por el concejal Adrián Ibarra, presidente de la Comisión de Uso del Suelo, quien defendió la legalización de instrumentos urbanísticos para evitar interpretaciones y privilegiar el interés de la ciudad sobre los particulares.

Sin embargo, Campaña expresó su rechazo y centró su crítica en la incorporación de la décima segunda disposición reformatoria que, aseguró, no constaba en el texto original.

Se ampliaría el "uso múltiple" en los predios

Según explicó, esta norma establece que cuando un lote tenga frente a dos o más vías y uno de sus usos sea múltiple, todo el predio pasará a ese régimen. Campaña sostuvo que ese cambio vulnera la ley, ya que “solamente a través del PUGS, que tiene una vigencia de 12 años, se puede establecer cuáles van a ser los distintos usos del suelo”. 

Campaña recordó que el artículo 108, numeral 7, establece que constituye una infracción muy grave y alertó a los “concejales que seguramente aprobarán esta normativa”, que las autoridades que realicen o aprueben el incremento del aprovechamiento del suelo en zonas de riesgo no mitigables, podrían incurrir en una infracción y serán sancionadas con destitución y una multa de hasta 50 salarios básicos unificados.

Cumbayá se quedaría sin estación de transferencia

Además, criticó que “este tipo de normas lo que hacen es beneficiar a intereses económicos particulares, como el caso del proyecto Botániqo, que en varias oportunidades hemos tratado aquí”. También cuestionó que la constructora de esa estructura no haya cumplido el ofrecimiento del aporte urbanístico complementario: la estación de transferencia de Cumbayá y mencionó las observaciones que Contraloría habría realizado a los límites de edificabilidad.

El alcalde Pabel Muñoz respondió a Campaña. Rechazó el comentario sobre una “norma a la carta” y negó que su administración sea responsable del proyecto. Remarcó que el desarrollo se inició hace más de seis años, antes del actual período municipal.

De su lado, Ibarra rebatió la postura de Campaña y alegó que los planes parciales no se contraponen al PUGS. De acuerdo con el edil oficialista, la norma mejoraría y aterrizaría el PUGS en los diseños parciales urbanísticos relacionados con la expansión urbana.

La concejala Estefanía Grunauer también se pronunció a favor y manifestó que la norma permitirá resolver problemas urbanos en sectores como La Mariscal, norte, y el Chocó Andino, noroccidente de la urbe. Sin embargo, solicitó revisar una disposición transitoria por posible retroactividad.

Fuera del Concejo, el Cabildo Cívico de Quito reaccionó con dureza. En su cuenta de X, su dirigente María Elena Rodríguez escribió: “Quito a la venta, Cumbayá y Tumbaco sin estación de transferencia y unos pocos metiéndose mucho dinero a los bolsillos a costa de todos los quiteños. Pretenden cambiar la norma para hacer negocio en ese predio”.

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