Desde que la Corte Constitucional restableció al alcalde Jorge Yunda en su puesto, ha habido un punto en común en las ordenanzas municipales: la regularización de asentamientos humanos a un ritmo que parece haber aumentado su celeridad.

Hasta la fecha, 143 barrios han sido legalizados bajo la administración de Yunda. Solo este martes, cinco de ellos obtuvieron la aprobación de su ordenanza. Pese a los conflictos que aquejan al Municipio, este ha redoblado esfuerzos para solventar los pedidos de varias localidades del Distrito Metropolitano de Quito. Algunas llevan esperando por años.

En el asentamiento Miravalle 3, ubicado por el sector de La Argelia, al sur de Quito, una de las necesidades más apremiantes es el asfaltado de calles. “Ayer justamente entró un carro y tuvo que llamar una ‘wincha’”, explica Irene Silva, líder barrial de la zona.

Y a pesar de que no tienen servicio de alumbrado público ni electricidad y de que la cobertura de agua potable y alcantarillado llega solo al 75 %, para ellos la prioridad es la llegada de una línea de bus que pueda ahorrarles más de dos kilómetros de caminata hasta la avenida Simón Bolívar por calles de tierra y pendientes de más de 30 grados de inclinación.

Para obtener luz han improvisado conexiones que vienen desde barrios vecinos, con la ayuda de postes de madera que han colocado ellos mismos. “Nos reunimos varios moradores y pagamos por un solo medidor. El agua la tenemos gracias a la generosidad del barrio San Carlos del Sur, que nos permitió incluirnos en su proyecto (de saneamiento)”, detalla Silva, quien está agradecida con los barrios cercanos que han colaborado con su causa.

Ella representa a los barrios Miravalle 3 y Miravalle Camino de Los Incas (etapas 2 y 3), uno junto al otro. El trámite fue ingresado en 2015 por una directiva anterior. Ella asumió el liderazgo en 2019, y con ayuda del concejal Mario Granda (ahora fallecido) logró avances que culminaron en la legalización del asentamiento el pasado martes.

El proceso no es nada fácil. Implica una gran cantidad de informes técnicos y procedimientos legales que luego permitirán a los usuarios obtener sus escrituras y beneficios. Sin embargo, muchas veces el trámite se ralentiza, por los conflictos entre moradores (ya que todos deben estar de acuerdo), la falta de recursos económicos o la lenta gestión de los documentos necesarios, indica Raúl Muñoz, director de la Unidad Especial ‘Regula tu Barrio’.

• Interés social. El no tener vías asfaltadas o la falta de servicios básicos ubican al barrio como prioritario en la atención de necesidades.

El funcionario aclara que “no se reconoce a invasores (de terrenos)”. El requisito principal es la escritura del terreno que se busca fraccionar. Para lograr la aceptación de un asentamiento, el Cabildo ejecuta tres informes: social, legal y técnico. El primero aborda la condición social y económica de los habitantes. El segundo es una revisión de certificados de registro de la propiedad. Y el último es un examen de accidentes geográficos y evaluación de gestión de riesgos. “Aquellos (predios) que tengan un índice de riesgo muy elevado no serán regularizados”.

Una vez legalizados, los asentamientos tienen acceso a beneficios como servicios básicos y vialidad, aunque muchos ya cuentan con eso antes de que finalice el proceso.

Muñoz le recuerda a la ciudadanía que este es un servicio gratuito y que no es necesario recurrir a tramitadores, pues estos podrían estafar a los interesados.