Centros de rehabilitación clandestinos en Quito: estafas y delitos al descubierto
Cómo operan los centros de adicciones ilegales que engañan a familias
“Robaban a los vecinos y luego se escondían en un supuesto centro de rehabilitación de adicciones”, denuncian los moradores del sector Bellavista de Calderón, al norte de Quito, quienes alertaron a las autoridades municipales sobre la presencia de personas sospechosas que ingresaban y salían de una vivienda con fachada de centro infantil.
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Riesgos de rehabilitación sin control
El sobrevuelo de un dron confirmó lo que los vecinos temían: el inmueble funcionaba como un centro de rehabilitación clandestino. David Paz, administrador Zonal de Calderón, detalló que en su interior vivían 47 personas, entre ellas dos menores de 14 y 17 años, quienes permanecían encerrados sin atención médica ni condiciones adecuadas.
Los vecinos aseguran que este tipo de lugares operan sin control. Con el pretexto de brindar ayuda a personas con adicciones, en realidad son usados para delinquir o estafar. Familias desesperadas llegan a pagar entre 100 y 200 dólares por tratamientos inexistentes, en busca de recuperar a sus seres queridos.
Una de las víctimas es Abigail (nombre protegido), una adolescente de 14 años que viajó desde Machala con su madre para internarla en el centro. “Cuando la visité, mi mamá tenía un moretón en la cara y me dijo que una compañera la había golpeado. Desde ahí empecé a sospechar. Después ya no la dejaron salir”, relató la menor. Su madre permaneció encerrada hasta el día del operativo conjunto entre la Policía Nacional y las autoridades municipales.
Durante la intervención, los funcionarios hallaron a los internos en condiciones de hacinamiento, sin personal médico ni alimentación adecuada. La Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (ACESS) informó que algunas personas podrían haber sido víctimas de abusos físicos, psicológicos y sexuales.
Operativos revelan engaños y delitos
“Estos lugares no solo incumplen la normativa, sino que ponen en riesgo la vida e integridad de quienes buscan ayuda. Nuestro trabajo es proteger a la ciudadanía y garantizar que ningún establecimiento funcione sin controles”, señaló Gustavo Chiriboga, supervisor metropolitano de Control.
En lo que va del año, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) ha clausurado 16 centros de este tipo en sectores como Nayón, La Roldós, Checa, San José de Morán, Conocoto, Catzuquí -en este la Policía Nacional halló 24 kilogramos de marihuana y seis bloques de cocaína, deteniendo a siete personas por presunto tráfico de drogas-, Yaruquí, Pisulí y Alpahuasi. Ninguno contaba con permisos ni con el personal especializado exigido por la autoridad sanitaria.
Chiriboga explicó que la proliferación de estos establecimientos se debe a la escasez de centros públicos accesibles y a la desesperación de las familias que buscan tratamientos a bajo costo. Sin embargo, muchos de estos lugares se utilizan como fachadas para cometer delitos. “Nos hemos encontrado con sitios donde hallamos drogas, armas de fuego o motocicletas vinculadas a hechos delictivos”, precisó.
Detenciones y multas en operativos recientes
Algunos internos relataron que eran obligados a robar para cubrir los gastos del centro. En un operativo anterior en Nayón, la AMC descubrió un arma de fuego en la oficina administrativa de otro centro clandestino; su encargado fue detenido y puesto a órdenes de la Fiscalía, además de enfrentar una multa de hasta 3.760 dólares por operar sin permisos.
Los testimonios de los rescatados revelan el nivel de abuso al que eran sometidos. Uno de los adolescentes contó que, cuando las familias contrataban el servicio, el personal llegaba con esposas y chalecos para trasladar por la fuerza a los pacientes. Otro relató que algunos internos ascendían de rango según el tiempo de encierro y asumían control sobre los demás, sin supervisión profesional.
En la vivienda intervenida no se encontró ningún médico o psicólogo. Los internos permanecían encerrados casi todo el día, con acceso al patio solo una vez. Los menores y adultos mayores fueron trasladados a casas de salud para valoración médica, psicológica y acompañamiento integral.
Las autoridades municipales coinciden en que la proliferación de estos sitios responde a la insuficiente oferta pública de atención para personas con adicciones. “El Ministerio de Salud debe fortalecer los centros regulares, porque la demanda existe y la gente termina recurriendo a lugares clandestinos que ponen en riesgo la vida de sus familiares”, advirtió Chiriboga.
