Bienes patrimoniales en Quito: mutilación de casa muestra fragilidad en la protección
Pese a estar registrado como patrimonial, el bien que albergaba la Fundación Fulbright fue parcialmente destruido
La mutilación de la casona donde funcionó por años la Fundación Fulbright, ubicada en la esquina de las avenidas Colón y Diego de Almagro, en La Mariscal, reaviva el debate sobre la fragilidad de la protección patrimonial en Quito.
Le invitamos a leer: ¿Qué pasa con el patrimonio de Quito? Denuncia pone al Municipio bajo la lupa
Según la exdirectora del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), Catalina Tello, este inmueble forma parte del inventario patrimonial nacional desde la década de 1980, por lo tanto, está protegido por la ley desde entonces.
Pero, ¿por qué no se actuó de manera preventiva cuando se evidenciaron las primeras intervenciones? ¿Por qué ninguna de las tres instancias -Ministerio de Cultura, INPC, Municipio- respondió con agilidad? El director zonal de Hábitat y Obras Públicas de la Administración Zonal La Mariscal, José Loza, confirmó que no existía ningún permiso de demolición.
Lo que sí se tramitó fue una autorización para poda y retiro de árboles en septiembre de 2024, la cual fue parcialmente rechazada por la Unidad Ambiental. Sin embargo, en diciembre pasado, vecinos del sector denunciaron el ingreso de maquinaria y el inicio de obras. Gracias a esa alerta ciudadana, intervino la Agencia Metropolitana de Control (AMC) y paralizó los trabajos. Pese a ello, parte de la estructura, la fachada hacia la avenida Colón, ya había sido derrumbada, lo que constituye una afectación directa al bien patrimonial.
Tello insiste en que Cultura, aún si delega sus competencias al Cabildo, no ha perdido su rol rector. Considera que lo ocurrido demuestra una falta de seguimiento, coordinación y liderazgo institucional. Sobre todo, cuando este bien está frente a las oficinas del INPC y de Cultura. “No se puede argumentar desconocimiento”, enfatiza.
7.000 bienes inventariados en Quito
El caso del inmueble evidencia los vacíos en la gestión y en la aplicación efectiva de la normativa vigente, dice. Esto porque recuerda que desde los años 80, más de 7.000 bienes fueron individualmente inventariados en la urbe, con el objetivo de integrar la puesta en valor del patrimonio al desarrollo urbano. No obstante, la falta de implementación de las iniciativas ha causado escenarios de desprotección y vulnerabilidad del patrimonio construido.
El fenómeno ha generado, en muchos casos, la destrucción de bienes de alto valor patrimonial, pese a su registro en inventarios y a la existencia de actos administrativos que buscaban garantizar su preservación. Como respuesta a esta problemática, en diciembre de 2020, el INPC emitió la Resolución 114-DE-INPC-2020, que reafirmaba la calidad de bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural Nacional a los inmuebles inventariados entre 1984 y 2016 en el Distrito Metropolitano de Quito, incluida la casona.
El predio, construido entre 1930 y 1940, representa una arquitectura residencial típica de La Mariscal, caracterizada por un estilo ecléctico que combinaba elementos históricos y modernos. Además de su atractivo arquitectónico, tiene un valor simbólico: fue sede de la Comisión Fulbright del Ecuador, que albergaba programas de intercambio educativo y cultural.
Las sanciones por daño al patrimonio
Las sanciones por la mutilación del edificio Fulbright incluirían la restitución del bien y una multa económica, pero no existe aún información pública sobre el avance del proceso. Desde el INPC se espera un informe técnico que active un procedimiento sancionatorio a través del Ministerio de Cultura.
Hernán Orbe, arquitecto y profesor principal de la Universidad Católica, advierte que este caso se suma a una serie de antecedentes recientes, como los del Castillo Larrea o las casas Coloma y del historiador Navarro. Sostiene que no se puede justificar la desaparición de un bien, incluso si no tiene una catalogación elevada, pues se generan daños irreparables: el perfil edilicio se altera, la memoria del lugar se pierde y se truncan las oportunidades de intervención urbana armónica.
Orbe considera que la situación ocurre por la dinámica institucional opaca. “Esto acaba en una negociación con la autoridad, que no puede compensar el daño ni tampoco garantizar que el promotor no se beneficie”. Cree que la presión que ejerce la normativa urbana, al permitir mayores alturas, termina por provocar hechos consumados. Esta contradicción entre normas de conservación y nuevas regulaciones urbanísticas fomenta el escenario para conflictos, cuya solución se negocia sobre el terreno ya alterado, opina.
EXPRESO solicitó información sobre este caso al Ministerio de Cultura y a la Comisión de Áreas Históricas del Cabildo, pero no hubo respuestas.
¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!
