Los moradores del barrio Bolaños, en el nororiente de Quito, no solo conviven con el riesgo que implica habitar al filo de una avenida de alto flujo vehicular como la Interoceánica. También sortean otros dilemas como la falta de transporte público, inseguridad y la incertidumbre por no saber si el Municipio les expropiará o no de sus predios, para ampliar la vía.

Ángela Maleza tiene su casa en este sector desde hace 52 años. Cuenta que heredó el terreno, que se asienta sobre una ladera que conecta a la avenida Simón Bolívar, de generaciones pasadas. De sus bisabuelos, asegura la mujer.

La última novedad que recibió de la administración pasada fue que ampliarían la carretera que pasa por su frente y que expropiarán los terrenos de las 87 familias del lugar.

“Vinieron a hacer estudios un grupo de personas, pasaban largas horas y hace unos días ya se fueron. Desde el Municipio no nos han dicho nada más. Muchos no nos oponemos a que nos reubiquen, pero queremos que nos indemnicen y que no nos manden a casitas pequeñas para encerrarnos entre cuatro paredes. Hay lotes que tienen en donde nos pueden ubicar. Queremos algo donde darnos la vuelta al menos”, pide Maleza a las autoridades del Cabildo.

Este proyecto de expandir el número de carriles de la avenida Interoceánica u Oswaldo Guayasamín, arteria que conecta a la zona céntrica del norte de Quito con el valle de Cumbayá, Tumbaco y avenida Simón Bolívar, está en análisis desde el 2016.

Álex Pérez, secretario de Movilidad, se refirió a este tema en una entrevista especial con EXPRESO e indicó que sobre el proyecto de ampliación de la carretera no puede referirse, ya que este se encuentra en un proceso legal y para evitar contratiempos no es prudente pronunciarse.

“Entendemos la problemática que vive la ciudadanía del sector, pero hasta que no haya una resolución al respecto no podemos ni intervenir ni pronunciarnos. El Poder Judicial debe expresarse primero para que nosotros podamos tomar acciones para solventar estas molestias. El bienestar ciudadano es nuestra prioridad”, dijo el máximo de esta cartera.

Jenny Llumiquinga, otra residente antigua, asegura que las autoridades del Cabildo se han olvidado de ellos, desde que llegaron a este espacio y pidió que los volteen a ver.

Cuando se trata de salir a hacer trámites al centro de la ciudad o dirigirse a algún establecimiento educativo situado en el otro lado del túnel Guayasamín, se requiere de al menos 30 minutos de anticipación, cuenta.

Para “echar dedo”, como refiere la joven a la acción de esperar la voluntad de algún vehículo particular que pasa por el lugar para que los lleve hasta el otro lado.

Aunque la opción de tomar un taxi que por suerte pase por esta zona, en la hora que ellos necesitan, también es válida, pero es costosa para sus bolsillos.

“Nos cobran 1,50 solo por cruzarnos el túnel. Y a veces no nos queda de otra que aceptar. Esta carencia tenemos desde que nos quitaron la antigua vía, aunque aún ahí los buses pasaban, pero no nos paraban porque es una calle de rápida circulación”, menciona Llumiquinga.

Y la tercera alternativa, que es la más utilizada, recae en cruzar el conducto a pie. Esto les toma cerca de 26 minutos, por cronómetro. Y, previo a esto, deben usar tapabocas o cubrir la nariz y boca con la mano o con una prenda por el esmog que se acumula en este sitio.

“No tenemos de otra y a la hora que sea, pese a que la bulla es excesiva. Es lo que queda por hacer, aunque ahora estamos más restringidos por la inseguridad. Hay gente sospechosa que nos espera a la salida del túnel o nos siguen. Ya ha habido asaltos y ni siquiera policía tenemos para que nos cuiden”, reclama Maleza.

Sobre esta necesidad, Pérez manifiesta que una posible solución que se podría considerar, cuando haya un fallo judicial, sería la adjudicación de rutas y frecuencias. Con esta medida sería posible otorgar una movilidad digna a los capitalinos, solventando el problema del transporte público, que es un mal recurrente en barrios que se encuentran en la periferia de la ciudad, principalmente.

Mientras tanto, los moradores del barrio Bolaños deberán esperar al menos unos meses más para que las autoridades del Cabildo les den alternativas para tener una mejor condición de vida, donde el transporte público sea parte de las facilidades con que cuente, así como la seguridad y tranquilidad de habitar en sus predios.