Ni un ‘huequito’ donde poner el pie. En Cotocollao, al norte de Quito, ni las multas ni los controles logran poner un freno a las aglomeraciones, que empiezan con la luz del alba.

Así lo indica Mirta Morán, residente del barrio desde hace veinte años. “Desde las siete de la mañana se ve a la gente esperando el bus con la mascarilla mal puesta y muy junta”, comenta indignada. El foco de la espera es la avenida 25 de Mayo, donde pasan las primeras líneas de buses. Los controles vehiculares, explican los residentes, son insuficientes y los buses, pese a contar con más pasajeros que lo que les permite el aforo, no se detienen. “Deben hacer más controles en la mañana y en la tarde”, añade la arquitecta de la tercera edad.

Conforme avanza el día, también lo hace el gentío, pues en la arteria principal de esta parroquia, la Lizardo Ruiz, se concentran más de un centenar de negocios y cerca de sesenta vendedores informales. Ahí, según datos del ECU-911, en las últimas ocho semanas se han registrado más de sesenta aglomeraciones.

Las cifras revelan las consecuencias del tumulto, pues Cotocollao es una de las parroquias con mayor índice de casos de COVID-19 no solo en Quito, sino a nivel nacional. Hasta el pasado jueves, Salud reportaba 3.494 casos, un promedio de 98 contagios por cada 1.000 habitantes. En la capital, estos índices solo son superados por Chillogallo y Guamaní.

Pero en este populoso sector de 30.000 habitantes el miedo al contagio compite con la necesidad, como lo explica María Sosa, una de las dirigentes barriales. Esta acepta que el comercio es el principal medio de empleo de la parroquia, pero explica que hay una necesidad que se lleven a cabo controles permanentes con el fin de reforzar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad.

“Se trata de concienciar de que al menos usen bien la mascarilla, pero falta voluntad y también controles. La policía viene y se va. Necesitamos presencia permanente de los agentes”, comentó.

Para Kerlin Martínez, miembro de la Asociación de Vendedores Informales 26 de Junio, los controles son necesarios, pero también la empatía de las autoridades. “Estamos de acuerdo con cumplir las normas, pero queremos que nos dejen trabajar, porque tenemos que alimentar a nuestras familias”, señaló.

Sin embargo, el cierre de la jornada comercial en Cotocollao no significa un cese al problema. Ni bien se bajan las puertas enrollables de los negocios, a veces incluso antes, a las calles de la parroquia, su plaza principal y el parque ubicado en las calles Vicente López y José María Guerrero salen los libadores, que se reúnen en grupos, muchas veces hasta sin usar la mascarilla.

Según datos de la secretaría metropolitana de Seguridad, en este sector se han levantado más de trescientas actas por faltas como beber en el espacio público. Se identificaron, además, cuarenta sitios donde se expedía licor artesanal.

César Díaz, titular de la secretaría, indicó que se llevan a cabo operativos diarios y que se reforzarán en parroquias como esta, donde mayores riesgos de seguridad se han identificado.

Este recordó que se emiten multas para quienes consumen bebidas alcohólicas en el espacio público que pueden ir entre los $ 100 y $ 200, dependiendo de si hubo escándalo o si se tratan de reincidentes. Quienes no tienen dinero para cancelar la sanción deben hacer trabajo comunitario, que se paga a razón de $ 2 la hora. Hasta ahora, una veintena de personas realiza esta labor por incumplir las normas de bioseguridad.

Las emergencias aumentaron en un 14 %

Según el Informe de situación del Centro de Operaciones de Emergencias Metropolitano (COEM), un total de 40 emergencias se registraron el pasado fin de semana en la capital, un aumento del 14% en comparación con los fines de semanas previos. 

Cuatro personas fallecieron y 15 resultaron heridas de un total de 27 accidentes de tránsito. Adicionalmente, se reportaron tres incendios, un movimiento en masa y un desbordamiento de un canal de riego.