Los ministros están quemando al presidente Daniel Noboa y también su popularidad

Si el presidente Daniel Noboa aplicara la teoría de los ministros fusibles, quizá a estas alturas su gobierno no estaría sufriendo el desgaste que le han generado los más recientes casos de corrupción y de violación de derechos humanos.

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La idea de los ‘ministros fusibles’ proviene de la lógica política de los sistemas presidenciales y parlamentarios, según la cual los ministros sirven como una primera línea de responsabilidad política para proteger al jefe de gobierno del desgaste directo causado por errores, escándalos o fracasos de gestión. 

La metáfora viene del fusible eléctrico: cuando hay una sobrecarga, el fusible se quema para evitar que se dañe todo el sistema. En política, el ministro asume el costo político de una crisis para evitar que el daño llegue al presidente o al primer ministro.

Pues bien, Noboa ha cargado prácticamente él solo con el desgaste provocado por varios temas escandalosos que dominan la conversación nacional porque no ha hecho lo que haría cualquier gobernante medianamente inteligente o hábil: pedir la renuncia al ministro donde se produce la sobrecarga.

Quienes entienden algo de ciencia política saben que existe un principio de delegación política según el cual el presidente delega funciones en sus ministros. Como son los ministros quienes ejecutan las políticas públicas, se espera que respondan por los errores de ejecución antes de que la responsabilidad alcance al mandatario. 

Por eso, los gobiernos en los que existe alguna señal de inteligencia y perspicacia política suelen reemplazar ministros para transmitir la idea de que se han identificado responsables y de que se están tomando correctivos. El cambio de ministros actúa como una válvula de escape frente al descontento de la sociedad.

El costo que asume Noboa por sus ministros

Eso es precisamente lo que Noboa no ha comprendido y, por ello, ha terminado quemándose con escándalos de corrupción como los de Progen y HealthBird, o con casos de violación de derechos humanos como el de los niños de Las Malvinas o el asesinato de la activista Monika Silva. 

Incluso en situaciones como la de las presiones contra periodistas como Hernán Higuera, quien ha investigado el caso Progen, ocurre lo mismo: si se comprueba que su esposa fue despedida del sector público y que su hijo, médico interno, fue separado de su internado en el Hospital Carlos Andrade Marín, las cabezas de los responsables de esas decisiones deberían haber rodado.

El caso Progen es un ejemplo de este fenómeno. La permanencia en el cargo de Roberto Luque y su posterior confirmación como superministro con mayores facultades lo único que ha conseguido es que la sociedad empiece a sospechar, quizá sin razón alguna, que el presidente no solo oculta y protege a los responsables del robo, sino que está involucrado. ‘Si lo mantiene con tanta obstinación y lo protege tanto es porque él está metido en el negocio’, es el razonamiento que se cruza por la mente de muchos ciudadanos.

Sin que Luque haya sido necesariamente quien se quedó con el dinero de la estafa, Noboa pudo haberle pedido la renuncia para que explicara su actuación y nombrar a otro ministro para que, con el cambio, al menos pareciera que existe una intención de rectificación o un interés genuino en esclarecer el tema. Pero Noboa lo ha mantenido pese a todos los señalamientos que se le han hecho, y el caso Progen se ha convertido en un emblema de la corrupción del gobierno.

Con Inés Manzano, ahora exministra de Energía, ocurrió algo similar. Aunque finalmente salió del cargo, se mantuvo en él durante un tiempo prolongado y todo el aparato estatal, incluida la Asamblea Nacional, que funciona como un apéndice del Ejecutivo, la protegió.

Con el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, ocurre lo mismo. El trágico caso de los niños de Las Malvinas nunca tuvo un responsable político porque el gobierno hizo todo lo posible por protegerlo y mantenerlo en el cargo. 

Noboa movilizó a la Asamblea para impedir su juicio político y jamás le pidió la renuncia, algo que probablemente habría sido recibido por la sociedad como un gesto de empatía con las víctimas.

Y ahora ocurre algo parecido con el asesinato de la activista Monika Silva. El ministro del Interior, John Reimberg, intentó posicionar (mintiendo deliberadamente) la idea de que se trató de un suicidio, cuando la lógica y, más tarde, la autopsia apuntaron a un asesinato.

El impacto en la popularidad de Noboa

¿Qué piensa la sociedad cuando un ministro como Reimberg permanece en el cargo a pesar de lo que ha dicho? Sencillo: que el presidente está protegiendo a alguien. Y eso afecta la imagen presidencial.

Todos estos casos y otros más han minado la popularidad del presidente. Si los utilizara como fusibles, la situación podría ser diferente. Según la más reciente encuesta de la firma CIEES, en Quito la aprobación cayó del 39% al 32%, mientras que en Guayaquil el descenso fue aún más drástico, al pasar del 46% al 29%.

Según la encuestadora, el principal problema que afecta la popularidad del gobierno es la percepción de inseguridad que, si bien ha disminuido recientemente, sigue siendo la causa más importante de su impopularidad.

Es decir, los recientes escándalos de corrupción le han costado mucho políticamente. ¿Por qué no aplica entonces la lógica del fusible?

Ahora bien, también es cierto que, según se sabe, a Noboa le cuesta mucho encontrar ministros para hacer cambios, pues es muy poca la gente calificada y honesta que acepta ocupar esos cargos.