Agilidad y protección

Entre los catorce y los veintiún años dediqué mis sábados a trabajar como voluntaria en un orfanato de Guayaquil. Cuando mi familia vivió en Quito, colaboré en otro dirigido por religiosas alemanas. Allí conocí las carencias materiales, pero sobre todo afectivas, de crecer sin una familia. Aprendí además que no todos son huérfanos ni pueden ser adoptados. Muchos tienen familias que no logran cuidarlos, pero su situación jurídica aún no permite iniciar un proceso de adopción.

Según el Ministerio de Desarrollo Humano, en junio de 2025 había 1.953 niños y adolescentes en acogimiento institucional. Solo 22 ingresaron por orfandad; 947 por negligencia. Cerca del 20 % llevaba cinco años o más institucionalizado.

El informe legislativo indica que 129 niños y adolescentes declarados adoptables esperaban asignación; el 90 % tenía más de diez años, mientras las 72 familias solicitantes buscaban niños de hasta esa edad. No sabemos cuántos crecieron mientras el Estado resolvía su situación. Sí sabemos que, superados los diez años, sus posibilidades de encontrar una familia disminuyen drásticamente. En 2025, apenas 90 fueron adoptados.

Menos burocracia, más protección

Por eso importa el proyecto aprobado por la Asamblea el 28 de julio, aún pendiente del Ejecutivo. Uno de sus aciertos es que el juez que dictó la medida de protección resuelva también la adoptabilidad. Esto evita dos procesos ante jueces distintos, la repetición de diligencias y la reconstrucción de una historia ya conocida. Además, fija plazos y sanciona demoras injustificadas.

Agilizar no significa adoptar a cualquier costo. El interés superior exige celeridad y protección. Para ello, el proyecto sí contempla la capacidad del cuidador, la inexistencia de violencia o riesgos y un entorno seguro. Estas garantías solo serán efectivas con equipos especializados, recursos suficientes y seguimiento posterior.

La reforma es necesaria, aunque no bastará por sí sola para encontrar familias para niños mayores, grupos de hermanos o niños con discapacidad. Su éxito no debe medirse solo por la rapidez de los expedientes, sino también por la oportunidad, el rigor y la seguridad de las decisiones que restituyan el derecho a vivir en familia.