El caso Sinohydro sufre de elefantiasis

Dieciocho días después de iniciada la audiencia de juicio, el caso Sinohydro empieza vagamente a tomar forma. No precisamente la que quería la Fiscalía en un principio, pero esa es otra historia. Una vez que los medios del gobierno han proclamado a Lenín Moreno, el acusado principal de este proceso, como una suerte de héroe nacional a quien el Ecuador debería levantar un monumento en lugar de llevar a juicio, el interés político del caso ha decaído y el trabajo de la Fiscalía parece concentrarse en salvar los muebles. 

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Para ello bastaría con hallar, entre los 21 procesados, dos o tres a los que pueda endilgarse con cierta verosimilitud el delito del que con evidente desproporción se acusa a todos: cohecho.

Han transcurrido más de dos semanas de tediosa y estéril acumulación de peritajes y testimonios requeridos por el fiscal Carlos Alarcón en el orden supuestamente estratégico que ha querido darles: policías llamados para leer la prensa, testigos que nada han presenciado, peritos que presentan como pruebas periciales toneladas de copias simples que no calificarían como pruebas documentales… 

Y en todo ello, ni una sola evidencia de cohecho, delito que exige la participación de un funcionario público que reciba dinero a cambio de servicios relacionados con su cargo. Prevalecía la incómoda sensación de que la única estrategia del fiscal consistía en quemar tiempo.

Las comparecencias en la audiencia de juicio

Hasta que por fin, a partir de la jornada 16, se produjeron las comparecencia que esperaban todos: la de las policías Gabriela Morales y Ana Luisa Pérez, peritas contables que analizaron los movimientos financieros de todas las cuentas bancarias relacionadas con el caso.

Esto incluye, principalmente, las de Recorsa, la empresa de Conto Patiño contratada por Sinohydro para labores de representación y lobby, con sus filiales en Quito y Panamá, así como las personales de todos los procesados y las de las empresas de Xavier Macías Carmigniani, yerno de Conto, y su esposa María Auxiliadora Patiño: Ina Investment, Ginepri, Espíritu Santo…

Cobros y viajes 

Fue en esta pericia donde empezaron a aparecer pagos sobre los que existen razones fundadas para sospechar y que los abogados defensores deberán justificar de manera convincente: los exgerentes de la empresa Coca Codo Sinclair, Luciano Cepeda y Henry Galarza, cobraron 200 mil dólares poco más y menos cada uno; el fallecido ex subsecretario de Electricidad Julio César Gordón, a través de su empresa View Valley, y el asesor de Lenín Moreno cuando vicepresidente, Carlos Almeida, recibieron sumas mucho más gruesas: 3,1 millones el primero; 2,9 millones el segundo; también Edwin, hermano de Lenín, recibió más de 200 mil dólares, cien mil de ellos en 14 cheques que cobró de manera inusual, por decir lo menos: costeando viajes a Panamá a amigos y parientes para que se den un paseo, hagan compras y, de paso, ya que van a estar allá, se den un saltito por el Balboa Bank. 

Los pagos para Edwin Moreno salieron de las cuenta de Ina Investment y Ginepri, empresas de Xavier Macías.

Transferencias a familiares de Moreno

Por lo general, los cheques o transferencias para los funcionarios se originan en Recorsa; aquellos dirigidos a los familiares de Lenín Moreno (su esposa, su hija, sus hermanos, su suegra…) proceden de las cuentas de Macías. 

Los beneficios de Moreno y su familia, según la Fiscalía, bordean el millón de dólares. Aquí se incluyen, entre otras cosas, los famosos muebles comprados en Ginebra, una vajilla de Sukasa y el departamento de Alicante, que constituye probablemente el mayor fracaso del fiscal hasta el momento: llamó a declarar, vía telemática desde España, al expropietario y vendedor de ese inmueble, Emilio Torres Copado, y éste lo trató con una displicencia que Carlos Alarcón, desprovisto de los más básicos recursos verbales, no supo administrar. El departamento, dijo, es de Macías, no de Moreno.

Volviendo al peritaje contable, ninguno de los procesados sacó mejor provecho de él que Eduardo Carmigniani, abogado contratado para brindar servicios profesionales a Recorsa y a quien Fiscalía acusó, al inicio de esta audiencia de juicio, de distribuir sobornos. 

En el contrainterrogatorio a la perito Gabriela Morales, el abogado de Carmigniani pudo demostrar, primero, que un presunto pago de un millón de dólares procedente de Recorsa y que la Fiscalía atribuía a su cliente, estaba transferido a una cuenta bancaria que no era suya. 

Y aun más importante: emplazó a la perito, ante los intentos de Carlos Alarcón por evitarlo, a que expusiera una ampliación de su informe en la que se establecía que, de las cuentas de Carmigniani, no se había originado ningún pago a ninguna de las personas vinculadas con el caso (los otros 20 procesados y 18 más que integraron la lista original de Fiscalía). Lo cual derrumba la acusación de cohecho en su contra.

Con respecto al resto de implicados, tampoco mostraron las peritos un rastro de dinero que conduzca hacia funcionarios públicos. En resumen, se puede decir que el caso está siendo víctima de sus propias exageraciones. 

Para empezar, el pecado original de tratar los 76,1 millones de dólares que Sinohydro pagó a Recorsa por sus trabajos de lobby y representación (el 4 por ciento del total del contrato entre el Estado ecuatoriano y la compañía china para la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair) como si fueran producto de un soborno. 

La Fiscalía lo sigue repitiendo hasta el día de hoy (acaba de publicar una infografía en la que da esa cifra como el monto del cohecho) cuando sabe perfectamente que la inmensa mayoría de esa plata no fue a parar a las manos de ningún funcionario público.

En lugar de concentrarse en demostrar el cohecho donde lo podría encontrar, la Fiscalía persiste en confundir los términos de ese delito, haciendo pasar por tal el cobro de beneficios de los hermanos Patiño, por ejemplo, aunque ningún funcionario público aparezca en la ruta del dinero. 

O se obstina en demostrar lo que sus peritos contables llaman “ausencia de hecho generador o económico” en un negocio de 1.500 dólares (la venta de 100 agendas a Recorsa por parte de Rocío González, la esposa de Lenín Moreno) o en la compra de una vajilla. 

Los nombres en los documentos

Esas y otras transacciones están debidamente documentadas con facturas, contratos o actas de entrega-recepción, con el único problema de que esos documentos no están a nombre Recorsa, o de Ginepri, o de la empresa que haya emitido el pago, sino de Conto Moreno o de Xavier Macías. Una irregularidad contable, seguramente, pero ¿cohecho?

El caso Sinohydro sufre de elefantiasis y delirios de grandeza. Como si la fiscal Diana Salazar, que fue quien lo diseñó, hubiera querido repetir la experiencia del caso Sobornos, con un expresidente en el banquillo y una treintena de comparsas, aunque para ello tuviera que involucrar a decenas de personas por el simple hecho de llevar un apellido: esa fue, al final, la única lógica que prevaleció en la exclusión de una lista interminable de personas que también recibieron una fracción de esos 76,1 millones de dólares. 

El fiscal Carlos Alarcón, por supuesto, carece de la inteligencia necesaria para admitir que el único futuro del proceso es tirar todo ese lastre y concentrarse en los pocos casos en los que la trazabilidad del dinero le conduce a un funcionario público: ahí está el cohecho, el resto es teatro. Y un abuso procesal que debería ser penado.