Caso Sinohydro: el fiscal Carlos Alarcón no ha podido mostrar nada de la acusación de cohecho

El fiscal general del Estado, Carlos Alarcón, lleva cinco días desgañitándose y no ha avanzado un centímetro desde su punto de partida. 

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En efecto, dos semanas después de iniciada la audiencia de juicio del Caso Sinohydro y luego de exponer la teoría de su acusación, interrogar a algunos de sus testigos, detallar buena parte de sus peritajes y disponer lecturas tan extenuantes como innecesarias de artículos de prensa, no ha conseguido poner sobre la mesa una prueba, ni una sola, que sostenga lo que se ha propuesto demostrar, a saber: que los 21 procesados son autores o cómplices de cohecho y que los 76 millones de dólares entregados por Sinohydro a Recorsa, la empresa fundada por Conto Patiño, amigo del entonces vicepresidente Lenín Moreno, constituyen soborno o fueron utilizados para sobornar. Cinco días de exhibición de pruebas de la Fiscalía han transcurrido y nada ha sido demostrado.

Lo primero que se debe considerar es que el tipo penal de cohecho exige, necesariamente, la participación de un funcionario del Estado: incurre en este delito el servidor público que recibe un soborno de cualquier naturaleza a cambio de “omitir, agilitar, retardar o condicionar cuestiones relativas a sus funciones”, o bien la persona que se lo ofrezca. No existe el cohecho entre privados. 

Ahora bien: entre los 21 procesados del Caso Sinohydro hay solamente tres funcionarios públicos: Lenín Moreno y dos gerentes de la empresa pública Coca Codo Sinclair que ejercieron ese cargo durante el tiempo en que ocurrieron los hechos (Henry Galarza y Luciano Cepeda). A ellos habría que añadir cinco parientes del exvicepresidente (dos hermanos, una hija, una cuñada y la esposa) que presuntamente fueron también beneficiados: ocho personas en total que debieron ser sobornadas por los trece restantes para que todo calce.

Hay una verdad incontrovertible que ninguna de las partes implicadas en el caso ha negado: la empresa china Sinohydro contrató a Recorsa para que le facilite la consecución del gran (gigantesco) contrato para la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, un proyecto de 1.900 millones de dólares (el más grande de la historia del país). 

Es decir: el trabajo de Recorsa consistía en hacer lobby. A cambio de ese lobby, recibió el 4 por ciento del valor total del contrato, es decir, 76 millones de dólares. Hay que considerar la magnitud del contrato para juzgar el monto de las ganancias.

La primera acusación pública formal que presentó la fiscal Diana Salazar el 3 de marzo de 2023 implicaba a 37 personas. Ella había rastreado el destino de esos 76 millones y consideró que todo aquél a quien le hubiera tocado un pedazo de esa torta estaba bajo sospecha. Pero resulta que de esa torta comieron por igual los monseñores Mario Ruiz, Vicente Eguiguren y Fausto Gaibor, la Casa del Sagrado Corazón de Jesús y las hermanas de Nuestra Señora de la Paz, las fundaciones del Colegio Americano de Quito y Zoológica del Ecuador… 587 personas y organismos en total. 

Ante semejantes nombres (irreprochables, a su entender) Salazar depuró la lista y se quedó don 37: todos aquellos que se apellidaran Patiño o Moreno más un puñado de gente contratada por ellos, incluidos abogados. Luego tuvo que depurar esa lista al encontrar que en ella constaban, por ejemplo, nietos de Conto Patiño que para nada tenían que ver con el negocio. 

Quedaron 21 imputados y la sombra de que todo el caso descansaba sobre un concepto arcaico y hoy ilegal: el del derecho penal de autor, es decir, la idea de perseguir judicialmente a alguien no por sus acciones sino por ser quien es (en este caso, basta ser pariente de Conto Patiño o Lenín Moreno para merecer una acusación).

De ahí nace la gran ambigüedad del caso que hasta hoy se impone en el debate público: es la ambigüedad de considerar que los 76 millones de dólares que Sinohydro pagó a Recorsa constituyen, en sí los sobornos. 

Basta citar al diario oficialista para comprobar la vigencia de ese equívoco: “Un 77 por ciento de los dineros supuestamente recibidos como coimas por la contratación de la empresa china Sinohydro para construir el proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair -publicó El Universo este lunes- se habría repartido entre los integrantes del círculo familiar y empresarial de Conto Patiño Martínez, uno de los 21 procesados en la causa penal que investiga el supuesto delito de cohecho”. 

Eso de “dineros recibidos como coimas” supone la errada idea de que el dinero que pagó Sinohydro a Recorsa por sus servicios de lobby es un soborno. El 77 por ciento equivale a 58,8 millones de dólares, que es lo que quedó de los 76 millones una vez descontada la parte de los monseñores. La confusión salta a la vista: si esos 58,8 millones que Sinohydro (una empresa privada) pagó a Recorsa (otra empresa privada) se distribuyeron entre familiares y socios… ¿dónde está el cohecho? El diario oficialista obviamente no ha reparado en esta contradicción. Ni parece importarle.

“Patiño, sus hijos y sus abogados Eduardo Carmigniani Valencia y Carlos Almeida Almeida recibieron en total 58,8 millones de los 76 millones que se habrían pagado como sobornos”, continúa esta versión publicada sin firma de responsabilidad (en un periódico que tampoco la tiene): una acusación colectiva en toda regla. “Se habrían”: el condicional usado como posibilidad informativa, una barbaridad gramatical en toda regla (pues el condicional implica otra cosa diferente) que resulta muy útil a la hora de tender una cortina de humo entre el periodista y la realidad que tergiversa de esta forma.

¿Qué ha mostrado la Fiscalía hasta el momento?

Hasta el momento, lo único que ha mostrado el fiscal es un conjunto de registros de pago de Recorsa a los dos exgerentes de Coca Coda Sinclair. Pero son pagos posteriores a la fecha de consumación del caso Sinohydro y las defensas de ambos exfuncionarios tienen una coartada muy bien elaborada sobre su origen. Es decir, incluso los únicos indicios que tiene la Fiscalía sobre dinero entregado a funcionarios públicos exige pruebas adicionales para configurar el delito de cohecho.

El hecho es que, transcurridas dos semanas desde el inicio de la audiencia de juicio, el fiscal Carlos Alarcón, que heredó el caso de Diana Salazar, vía Wilson Toainga, no ha logrado superar el gran equívoco con el que se inició el caso. Ni lo ha intentado siquiera. Por supuesto que esto recién empieza. 

Faltan todavía muchos testimonios, especialmente los relacionados con dos peritajes clave: uno de Gabriela Morales Tumbaco y Ana Pérez Castro; otro de Sebastián Angulo. Ambos fueron encargados por la Fiscalía para ejecutar la pericia contable de las cuentas bancarias de los imputados. Con estos peritajes se sabrá si los imputados destinaron al menos parte de los fondos recibidos a sobornar a funcionarios públicos. Hasta el momento, Carlos Alarcón no ha mostrado nada.