Progen y Sinohydro: Carlos Alarcón hace méritos para quedarse en la Fiscalía General del Estado

Esta fue una semana decisiva para las aspiraciones de Carlos Alarcón. El lunes, instalación de la audiencia de juicio del caso Sinohydro, en el que el gobierno tiene intereses que se delatan en las campañas sucias de sus trolls y en las páginas del diario oficialista. El jueves, formulación de cargos del caso Progen, construido a la medida para exculpar a dos ministros del círculo presidencial, usar como chivo expiatorio a un tercero y cebarse en una veintena de técnicos y mandos medios de las empresas eléctricas. Para un fiscal general que quiere seguir siéndolo, ambos procesos son la oportunidad perfecta para demostrar su fidelidad al régimen, único argumento que cuenta en el concurso amañado (escandalosamente, desde el día uno) por un Consejo de Participación Ciudadana bajo el control del Ejecutivo. En ambos casos Alarcón hizo los deberes a la altura de sus capacidades.

Las deficiencias técnicas de Carlos Alarcón en el litigio oral

Otra cuestión es que sus capacidades no sean la gran cosa. Ni mucho menos. Pésimo litigante, Alarcón es incapaz de organizar un interrogatorio coherente que le permita sacar provecho de sus propios testigos. A veces uno se pregunta para qué los llama. Al exministro de Electricidad Alecksey Mosquera y al exprocurador del Estado Diego García los dejó ir sin obtener de ellos un dato válido para su causa. Ni uno. Da la impresión de que nunca está preparado para reaccionar a las respuestas del testigo. Cuando éstas no son las que esperaba, continúa interrogando como si lo fueran, lo cual produce pasajes de involuntaria comicidad en los que el fiscal general actúa como la gallina que huye del tren corriendo por los rieles:

-¿Qué conoce usted del contrato con la empresa Sinohydro?

-Nada.

-¿Quiénes participaron en ese contrato?

- (…)

En esas ocasiones, que son muchas, Alarcón se queda largo rato en silencio, agachado sobre la mesa, contemplando la lista de preguntas que tiene ante sus ojos y por fuera de la cual es incapaz de dar un paso, como buscando la pregunta que lo salve del aprieto bajo la mirada expectante, a veces sardónica, siempre divertida de los abogados de la contraparte.

A Diego García fue incapaz de formularle directamente y en correcto castellano la única pregunta que justificaba su presencia en la sala: “¿Existía la figura de representación o lobby para contratar con el Estado en la época en que estuvo como procurador?”. En la versión libre, voluntaria y sin juramento que García ofreció hace siete años, cuando el caso Sinohydro se encontraba en sus etapas preparatorias, la fiscal Mayra Soria le hizo esa pregunta que pretendía apuntar al corazón del caso, pues toda la historia gira en torno al trabajo de representación que desempeñó para Sinohydro la empresa Recorsa, de Conto Patiño. “No existía esa figura”, fue la respuesta del exprocurador en ese entonces. No era difícil. Para Alarcón, sin embargo, resultó imposible: “Doctor García, dígame usted, ¿la representación del Estado incluye un particular?”, despachó de manera incomprensible, acaso porque repetir las palabras de Mayra Soria lo habría hecho sentirse disminuido. “Un particular”: esa fue la expresión peregrina sobre la que se dio diez vueltas sin que el procurador consiguiera entenderlo.

Porque el gran problema de Carlos Alarcón, el principal de ellos, es que no habla español. O lo habla de la manera esquemática y rudimentaria de un estudiante de lenguas extranjeras (con el agravante de que él no domina ninguna otra), denotando una estructura de pensamiento (por llamarla de algún modo) cuadriculada y precaria. “Quiero indicarle las fotografías que lo hice anteriormente el mismo ejercicio”, dice por ejemplo. O bien: “Vamos juntando las cuerdas del eslabón”, señor juez.

La falta de estrategia y las pruebas irrelevantes de la Fiscalía

A esto hay que añadir su absoluta carencia de una visión estratégica del litigio. El martes, cuando arrancó la etapa de práctica de la prueba con el llamamiento a los testigos de la Fiscalía, Alarcón acometió la tarea con el más ruidoso e irrisorio disparo al aire que imaginar se pueda. En ese momento en el que los fiscales hacen pasar al estrado al más fuerte de sus testigos, o por lo menos a aquel que les sirva para poner sobre la mesa los elementos centrales del caso, él llamó a un perito de la Policía al que había encomendado una tarea inaudita: la apertura, extracción y preservación del contenido digital de una computadora en la que se encontraron dos artículos de prensa y un boletín de la vicepresidencia de la República. Por espacio de horas (que parecieron días), Alarcón mantuvo al perito leyendo párrafo por párrafo el contenido de un artículo del portal Mil Hojas (que evidentemente no constituye prueba de nada) y haciéndolo describir con lujo de detalles las ilustraciones que lo acompañaban.

Al día siguiente repitió la experiencia con una artículo de Plan V. Y es que los peritajes que encarga el fiscal (y a los que destina recursos públicos) son desconcertantes. Con decir que precisó la participación de una perito fisonomista para confirmar que Lenín Moreno, que aparece en un video haciendo un recorrido por su departamento de Ginebra, era, en realidad, Lenín Moreno. Así, en peritajes para demostrar lo que no precisa ser demostrado porque es público y notorio lleva dos días perdidos.

En resumen, si la Comisión Ciudadana de Selección que actúa en el concurso para fiscal general del Estado se pasara por esta sala de audiencia para ver a uno de sus principales aspirantes en acción (y si esa comisión, claro, no estuviera integrada por gente como el fotógrafo de Diana Atamaint y presidida por una pasante de estudio jurídico con dos años de experiencia), no tendrían más remedio que suspender a Carlos Alarcón por incompetencia manifiesta.

Que quede claro: si Carlos Alarcón resulta reelecto para el cargo que hoy ocupa gracias a un procedimiento amañando (fue nombrado por el Consejo de la Judicatura de Mario Godoy, que no tiene facultades legales para hacer tal cosa) será exclusivamente por el único de sus méritos: su obsecuencia con el poder; su fidelidad (que no reniega del calificativo de perruna) con los intereses del Ejecutivo, atributo que viene demostrando desde sus días como fiscal de tercer nivel a quien se encargaba la acción penal en aquellos casos sensibles para el presidente. Esa fidelidad no parece conocer límite alguno, ni siquiera el de la ley, como demostró Alarcón el lunes de esta semana al romperla ostensiblemente durante la exposición de su teoría del caso Sinohydro.

Las irregularidades ilegales en la teoría del caso Sinohydro

De la teoría del caso dice el artículo 603 del Código Orgánico Integral Penal que “sólo podrá referirse a hechos y personas incluidas en la formulación de cargos”. Pues resulta que, en la formulación de cargos, uno de los 21 procesados de esta causa, el abogado Eduardo Carmigniani, a quien el gobierno persigue con mayor saña que a los 20 restantes (incluido el expresidente Lenín Moreno, que se diría que tiene un valor político mucho más alto), había sido acusado de recibir dinero de Recorsa, la empresa que Conto Patiño, el amigo de Moreno, formó en Panamá para gestionar la contratación de Sinohydro para construir la hidroeléctrica Coca Coda Sinclair. Debe haber pensado Alarcón que esos hechos no le bastaban para sustentar el cargo de cohecho, pues éste es un tipo penal que exige necesariamente la participación de un funcionario público como receptor u oferente del soborno, es decir: no existe cohecho entre privados. Así lo cree la Procuraduría, que se abstuvo de presentar cargos contra Carmigniani aunque sí lo hizo contra todos los demás. La solución del fiscal fue tan simple como ilegal: añadió una nueva acusación. Ahora Carmigniani ya no solamente recibió dinero de Recorsa (lo cual no constituye cohecho) sino que lo distribuyó (no se sabe a quién ni cómo).

Ese mismo día, en el diario oficial del gobierno, a propósito de inicio de la audiencia de juicio del caso Sinohydro, se publicaba una caricatura en la que Carmigniani aparecía junto a Lenín Moreno y Conto Patiño, como si fuera uno de los protagonistas de la causa cuando la verdad es que apenas si se lo menciona (la única que mención que se hizo de él en toda la semana, de hecho, la hizo él mismo). Eso no impide que los trolls de la oficina oscura y las campañas de desinformación del gobierno apunten especialmente contra él. Con ese interés del oficialismo fue consecuente el fiscal Alarcón en su ilegal teoría del caso.

Caso Progen: contradicciones y el uso de chivos expiatorios

Si eso ocurre con Sinohydro, ¿qué no decir con Progen? Los malabares que Carlos Alarcón está ejecutando sobre el escenario con el objeto de dejar fuera de toda sospecha no solamente a los exministros de Energía Roberto Luque e Inés Manzano, sino a los diferentes administradores de los contratos con Progen, son un auténtico milagro de la ciencia del derecho. El principal chivo expiatorio es el ministro Antonio Gonçalves, el único de los tres que no pertenece al círculo presidencial. Para lograrlo, el fiscal maneja una versión de la historia según la cual todo empezó el julio de 2024, con Gonçalves ya a cargo de la cartera, desconociendo que para ese entonces el contrato ya estaba negociado (con la revisión y autorización del equipo jurídico de Luque) en los términos en que se firmó.

No parece importarle a Carlos Alarcón caer en mil y un contradicciones para mantener esta teoría. Simplemente, pasa por encima de ellas como si tuviera la esperanza de que nadie las note. Así, por ejemplo, menciona el viaje que el gerente de Celec, Fabian Calero (otro de los acusados) hizo en mayo a Florida, a conocer las bodegas de Progen, sin mencionar al ministro Luque, quien no sólo hizo el viaje con él sino que fue su protagonista, pues fue a él a quien estaba dirigida la invitación, fue él quien grabó desde allá las piezas publicitarias en las que asegura que la prioridad era “evitar los intermediarios” y fue él quien gestionó el pasaporte diplomático para Calero.

Pero contradicciones, las hay peores: Alarcón responsabiliza a Gonçalves por el pago (hecho por Celec desde sus propias cuentas) de un adelanto de 69 millones de dólares a Progen, con el argumento de que el ministerio de Energía es el rector del sistema. Pero no aplica el mismo criterio a Inés Manzano, bajo cuya gestión en el ministerio Celec continuó haciendo pagos hasta por 35 millones. Aún así, a la hora de sacar cuentas del perjuicio económico al Estado, el fiscal da la cifra de 104 millones (los 69 de la era Gonçalves más los 35 de Manzano) pero a la exministra ni la nombra. Llega a citar un informe del Banco Central en el que se habla de seis pagos (los últimos cinco corresponden a Manzano) pero, de esos, se refiere nomás al primero. Lo dicho: malabares.

Alarcón vincula al caso y acusa de autores de peculado a una multitud de técnicos que tuvieron a su carga áreas específicas y altamente especializadas del proceso de contratación. Pero excluye a los administradores del contrato, los únicos técnicos de Celec que tenían una visión general de todo el proceso y, en consecuencia, sabían a qué intereses respondía.

Por más esfuerzos que haga, no puede evitar el fiscal Carlos Alarcón que se le noten todas sus costuras. Es una desgracia para la justicia del país que casos tan importantes como los de Sinohydro y Progen hayan coincidido en el tiempo con el concurso para elegir al nuevo fiscal general del Estado. Porque él está haciendo méritos para quedarse en el cargo y ese parece ser el único criterio con el que lleva adelante la acción penal.