ONU exige protección para activistas tras el asesinato de Monika Silva en Ecuador
La relatora especial alertó sobre riesgos para quienes defienden derechos fundamentales y pidió una investigación independiente del caso

Andrea Bolaños, relatora especial de la ONU, pidió garantías de protección para defensores de derechos humanos tras el caso de Monika Silva.
Lo que debes saber
- La muerte de Monika Silva llegó hasta Naciones Unidas.
- La relatora Andrea Bolaños lanzó una serie de exigencias al Estado ecuatoriano y alertó sobre riesgos para activistas.
- ¿Qué pidió la ONU y por qué considera que el caso tiene una gravedad especial?
La relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, Andrea Bolaños, pidió al Estado ecuatoriano reforzar las garantías de protección para activistas tras el asesinato de la defensora polaca Monika Martyna Koniuszek, conocida públicamente como Monika Silva. La activista fue hallada sin vida en Montañita, provincia de Santa Elena, un caso que continúa bajo investigación.
Desde el 8 de junio, Bolaños afirmó que ha seguido de cerca la información relacionada con el fallecimiento de la defensora. La relatora señaló que los elementos conocidos hasta ahora generan preocupación debido a que, según información forense, las circunstancias de la muerte no coincidirían con la hipótesis de un suicidio.
“Dado que las autoridades forenses indican que las circunstancias no concuerdan con un suicidio, este suceso adquiere una gravedad particular”, expresó la relatora de la ONU al referirse al caso de Monika Koniuszek. La funcionaria advirtió que la situación merece un análisis profundo por las implicaciones que podría tener para la seguridad de quienes ejercen labores de defensa de derechos humanos.
Caso Monika Silva reaviva alertas sobre seguridad de defensores
La representante de Naciones Unidas sostuvo que la muerte de la activista no puede ser vista únicamente como un hecho aislado. Según indicó, distintos reportes reflejan un contexto adverso para personas que realizan trabajo de defensa de derechos en Ecuador.
“Lejos de ser un caso aislado, diversos informes señalan que otras personas defensoras de derechos humanos están sufriendo hostilidad por parte del Estado”, manifestó Bolaños. La relatora vinculó esta preocupación con la necesidad de fortalecer las garantías de protección para quienes desarrollan este tipo de actividades.
Además, recordó que la situación podría afectar compromisos internacionales asumidos por Ecuador en materia de derechos fundamentales. Entre ellos mencionó disposiciones relacionadas con la protección de la vida, la libertad de expresión y el derecho de asociación pacífica.
Relatora pide investigación independiente y sin impunidad
Entre las acciones planteadas, Bolaños instó a las autoridades a garantizar que las personas defensoras puedan desarrollar su trabajo sin restricciones indebidas. También solicitó medidas para evitar amenazas, actos de violencia e intimidación contra este sector.
“Garantice el derecho a promover, defender y proteger los derechos humanos”, señaló la relatora dentro de su pronunciamiento. Asimismo, pidió el cese de cualquier práctica de persecución, criminalización o vigilancia dirigida contra activistas y organizaciones sociales.
La funcionaria también exhortó a reforzar los mecanismos institucionales de la Defensoría del Pueblo para brindar respaldo efectivo a quienes enfrentan riesgos por su labor. En paralelo, reclamó que las violaciones contra defensores sean investigadas y sancionadas para evitar escenarios de impunidad.
ONU insiste en esclarecer la muerte de la activista
Uno de los principales pedidos de la relatora se centra en el esclarecimiento del caso de Monika Silva. Bolaños demandó una actuación diligente de las autoridades para determinar responsabilidades y garantizar transparencia durante todo el proceso.
“Lleve a cabo una investigación rápida, exhaustiva, independiente y transparente en el caso de la Sra. Monika Koniuszek”, enfatizó la representante de Naciones Unidas. El llamado busca que las circunstancias de la muerte sean esclarecidas con base en evidencia técnica y sin interferencias.
La relatora concluyó su pronunciamiento destacando el papel que cumplen quienes defienden derechos humanos en distintos países. “Las personas defensoras son aliadas de la democracia y la dignidad humana”, afirmó al insistir en la necesidad de brindarles protección efectiva.