Caso Triple A: Fiscalía pide pena máxima para Aquiles Álvarez y la disolución de seis empresas

La Fiscal del caso, Ruth Amoroso, solicitó al tribunal que declare la culpabilidad del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y de otros procesados dentro del denominado caso Triple A, al considerar que durante el juicio se demostró la existencia de una red dedicada a la comercialización ilegal de hidrocarburos en distintos segmentos del mercado.

Durante su alegato final, la entidad acusadora sostuvo que las personas naturales y jurídicas investigadas habrían intervenido de forma directa en la gestión, coordinación, declaración, pago y aprovechamiento económico de operaciones relacionadas con combustibles subsidiados. Según la tesis fiscal, los beneficios obtenidos provinieron de un subsidio estatal que tenía como propósito favorecer a la población ecuatoriana y no a grupos empresariales particulares.

Fiscalía vincula el caso con el control estatal de sectores estratégicos

La acusación fundamentó su argumentación en varias disposiciones de la Constitución de la República, que establecen que los recursos naturales no renovables y las actividades hidrocarburíferas forman parte de los sectores estratégicos administrados por el Estado.

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Según la Fiscalía, la protección penal de los hidrocarburos no se limita al aspecto económico o patrimonial, sino que busca garantizar la seguridad energética, el correcto abastecimiento nacional, la sostenibilidad de los recursos y la preservación del patrimonio público.

En esa línea, sostuvo que las autorizaciones emitidas por la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) constituyen mecanismos esenciales para asegurar que los combustibles sean distribuidos únicamente a los segmentos autorizados y conforme a los fines para los cuales fueron regulados.

Acusación asegura que existió desvío de combustible

De acuerdo con la exposición fiscal, las pruebas practicadas durante la audiencia demostrarían que varias empresas comercializaron combustibles al margen de las autorizaciones otorgadas por los organismos de control.

La Fiscalía argumentó que los procesados conocían las restricciones relacionadas con los segmentos automotriz, industrial y naviero, así como el destino autorizado de los combustibles. Pese a ello, sostiene que decidieron desviar el producto hacia actividades o sectores para los que no estaban habilitados.

El Ministerio Público afirmó que estas actuaciones permiten establecer la existencia del elemento subjetivo del delito, es decir, el dolo, al considerar que las operaciones fueron ejecutadas de manera consciente y coordinada por los participantes de la cadena de comercialización.

Solicitud de condenas para personas y empresas

Con base en esos argumentos, la Fiscalía pidió que se imponga la pena máxima contemplada para el delito de comercialización ilegal de hidrocarburos, tipificado en el artículo 265 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

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Entre los acusados como presuntos autores directos figura Aquiles Álvarez, junto con otros directivos y representantes vinculados a las compañías investigadas.

Además, la Fiscalía solicitó la declaratoria de responsabilidad penal para varias personas jurídicas relacionadas con la causa, entre ellas Copedesa, Corpalubri, Ternape Petroleum, Fuelcorp, Indudiesel y Harzahudi.

Fiscalía solicitó que se declare la culpabilidad, en calidad de autores directos:

Fiscalía solicita clausura y disolución de compañías

El pedido fiscal también incluye la clausura definitiva y disolución de las empresas procesadas, al considerar que habrían sido utilizadas para la ejecución de las actividades investigadas.

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Asimismo, se requirió la imposición de multas económicas. Para las personas naturales acusadas, la Fiscalía solicitó el pago de 12 salarios básicos unificados por cada procesado. En el caso de las compañías investigadas, el requerimiento asciende a 1.000 salarios básicos unificados para cada persona jurídica.

La acusación también pidió una sanción reducida para uno de los procesados que colaboró con la investigación mediante su testimonio, considerando que esa información habría contribuido a respaldar la teoría del caso presentada por el Ministerio Público.