HealthBird: ni las alertas de sobrecosto frenaron a Edgar Lama

Durante siete meses, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) mantuvo oculta de la ciudadanía el acta de la sesión extraordinaria del Consejo Directivo del pasado martes 11 de noviembre de 2025, en la cual el entonces presidente Edgar Lama von Buchwald aprobó el inicio de la contratación de HealthBird. 

En su momento, EXPRESO solicitó la copia del acta, pero el IESS no respondió. Sin embargo, la semana pasada el organismo por fin la publicó en su página web y se revelan detalles sobre cómo se condujo la reunión.

El acta muestra las alertas

El primero es que Lama recibió una detallada lista de alertas sobre irregularidades y sobrecostos en el proyecto, pero aun así, y con su único voto, se empeñó en aprobar un proceso de contratación que comprometía 37,7 millones de dólares.

La sesión extraordinaria se instaló a las 12:34 de aquel martes 11 de noviembre de 2025. El primer punto fue el proyecto para reemplazar el antiguo sistema informático MIS AS400, de gestión hospitalaria. El todavía presidente Lama abrió la discusión con una moción a favor de autorizar el gasto para la contratación del nuevo Sistema de Administración y Gestión de Salud. Para el titular del IESS, la reforma tecnológica era una “necesidad impostergable”.

Sin embargo, la aprobación inmediata que Lama buscaba chocó con una fuerte oposición. Al momento de la votación, la vocal representante de los empleadores, María de los Ángeles Rodríguez, salvó su voto y confrontó de forma directa al presidente con diez observaciones críticas extraídas de los propios informes oficiales de la institución.

Rodríguez advirtió a Lama que el proyecto arrastra inconsistencias económicas graves. Entre ellas, denunció que dentro de la proforma de CNT-HealthBird, el rubro para el “gestor del cambio” y asesorías adicionales ascendía a “15,8 millones [de] dólares, los mismos que no han sido justificados”, una cifra que representó el 42 % de todo el contrato. La vocal dejó constancia de que la proforma presenta sobreprecios específicos en los procesos tecnológicos: un “valor superior en 39 %, al calculado” por la propia Dirección Nacional de Tecnologías de la Información. 

En esa misma línea, expuso que CNT propuso un beneficio denominado “utilidad empresarial” por 7,5 millones de dólares, desprovisto de desglose o explicación alguna.

Las advertencias hacia la gestión de Lama también abarcaron el cumplimiento legal y la libre competencia. Rodríguez notificó en la mesa que el IESS realizó tres publicaciones previas en el portal de compras públicas y que los informes descartaron a los demás oferentes sin justificación técnica. 

Además, subrayó que “no se ha evidenciado que la empresa seleccionada cuente con la capacidad técnica y experiencia suficiente” para un sistema especializado en salud y recordó que la ley prohíbe la subcontratación de actividades esenciales por encima del 30 %. 

Finalmente, increpó al presidente por la falta de una evaluación de impacto para la protección de datos sensibles de los afiliados y por la ausencia del documento de viabilidad técnica del Ministerio de Telecomunicaciones (Mintel) en el expediente conocido por el Consejo.

Pese a la gravedad de las objeciones expuestas en su propio rostro, Edgar Lama dio paso a los directores técnicos para que justificaran el proceso con el fin de evitar un vicio legal. 

El director de TI, Carlos Rivas Recalde, admitió que los costos indirectos son solo “una estimación” del proveedor, pero defendió el cambio con el argumento de que el sistema actual es propenso a fallas y que su dispersión “genera un vínculo a la corrupción”.

Por su parte, la directora de Servicios Corporativos, María José Arrobo, contradijo una de las quejas de la vocal y aseguró que CNT fue la única que cumplió los parámetros, y afirmó que el aval del Mintel sí existe en el portal de compras públicas. 

Antes de concluir, el propio Lama intentó minimizar las alertas presupuestarias e indicó que el millonario gasto en personal responde a las tareas de capacitación en las 102 unidades médicas del país.

Las explicaciones no modificaron la postura de la representación de los empleadores. Con el voto a favor de Lama y el voto salvado de Rodríguez, el secretario constató un empate reglamentario. Sin embargo, Lama obtuvo un criterio de la Procuraduría que le daba a él el voto dirimente. Y él solo se aprobó el gasto. Lo demás de la historia, que HealthBird no tenía oficinas, que su App no llegó a operar nunca, ya fue publicado.