Xavier Zavala Egas | Un concurso trucho
La duda sobre la imparcialidad del órgano que selecciona erosiona el concurso para elegir al Fiscal
El concurso para fiscal general del Estado está caído, se ha derrumbado por una razón muy sencilla pero fundamental, carece de legitimidad. Para la gente es un concurso trucho, la ciudadanía no cree en el proceso y cualquiera que resulte ganador nacerá con el pecado original, un proceso chueco solo provoca un resultado torcido y un fiscal espurio.
Empecemos diciendo que el CPCCS, instancia encargada de la designación, mantiene una seria crisis de credibilidad. Su recurrente inestabilidad por los problemas judiciales de sus miembros y su consecuente rotación, así como por los alineamientos evidentes con los tentáculos del poder político han venido erosionado la confianza pública. En ese escenario, que un órgano totalmente deslegitimado conduzca la selección del nuevo Fiscal ya era y es truculento, no digamos ahora que ya se conocen los problemas en la designación y ejecutorias de su delegada, la Comisión Ciudadana de Selección.
En efecto, los vínculos que se han podido establecer entre varios de sus comisionados, con protagonistas políticos y estructuras de poder que no han sido desvirtuadas, grafican su absoluta dependencia. Si sumamos conflictos de interés, conexiones entre comisionados y grupos o personas investigados por la misma Fiscalía, el cuadro resulta por demás tétrico.
No es poca cosa que el Fiscal que resulte de este concurso debería garantizar la autonomía total de la acción penal, cualquier mancha de compromiso resulta explosiva. Vale también citar los problemas existentes en puntajes difíciles de explicar, recalificaciones injustificadas, insuficiente motivación en las decisiones y otras gracias más que convierten a la discrecionalidad en rutina.
Se clama por la participación ciudadana, sin embargo, las impugnaciones más serias han sido inadmitidas sin análisis válidos, sin justificación razonable, haciendo notorio que se prioriza mantener el concurso a toda costa y no su depuración. La duda sobre la imparcialidad del órgano que selecciona erosiona el concurso y, un Fiscal que surja con los vicios mencionados está mugriento de antemano.
El proceso de designación del Fiscal debe provocar la tranquilidad que tal autoridad no podrá ser capturada políticamente. Las normas reglamentarias del concurso serían para garantizar, al menos, seguridad jurídica y no cambiarse en el camino.
Exigir que en la fase de admisión el postulante presente un plan de acción válido para su periodo y demostrar experiencia en el área penal. Que goce de independencia de gobiernos, partidos o grupos económicas y ausencia de militancia política en mínimo cinco años. Garantizar suficiencia en gestión administrativa y organizacional, así como que compruebe una producción académica importante en cantidad y no ligera en calidad. Esta fase de requisitos de admisión no debería ser calificada: si se cumplen, sigue en el proceso; sino, es excluido.
La prueba escrita debería ser con casos prácticos de corrupción cuya corrección será ciega con indicadores totalmente objetivos. Pasar luego a una audiencia pública en la que se defenderá el plan de acción propuesto, pudiendo cuestionarse éste por la sociedad civil y medios de comunicación, a efectos de evaluar capacidad y liderazgo. La participación ciudadana se concreta con impugnaciones debidamente respaldadas y respondidas de forma motivada en las respectivas audiencias.
Finalmente, la comisión seleccionadora que fuese, esperando que al cercano futuro no sea el CPCCS o los famosos colegiados ciudadanos actuales, presentaría una lista con los cinco mejores puntuados a la Asamblea Nacional, la que deberá designar nuevo Fiscal en votación calificada.
