José Hernández | Guerra comercial con Colombia: los espejismos de Noboa
Volver a una guerra comercial es una confesión no solicitada del fracaso político y diplomático en seguridad
Daniel Noboa arrancó un mal negocio para Ecuador y para Colombia: trasladó deficiencias, incluso un eventual fracaso político y diplomático, al comercio. Aplicar un arancel del 30% a los productos colombianos porque, a sus ojos, Gustavo Petro y su gobierno no hacen esfuerzos suficientes para combatir el narcotráfico en la frontera, es un espejismo.
Se notó el miércoles, horas después del anuncio de la medida. Colombia respondió: suspendió la venta de energía a Ecuador e impuso una tasa de 30% a 20 productos. El gobierno de Noboa replicó: informó que subirá la tarifa que el OCP cobra por transportar petróleo colombiano hacia el Pacífico. Así pueden seguir. Esta guerra comercial sólo logrará encarecer productos, lastimar las cadenas de suministro de las empresas, especialmente medianas y pequeñas, y ahuyentar la inversión.
No resuelve el problema que supuestamente la disparó. Pero afecta a las dos naciones, agrava la desconfianza entre los gobiernos y crea otro espejismo: que países como Ecuador y Colombia pueden usar el comercio como instrumento de presión diplomática.
Lejos de reforzar la estrategia política contra el narcotráfico (también la diplomática y la militar), la guerra comercial debilita, entre otros frentes, la estrategia energética, la lucha por el empleo y las necesarias alianzas regionales ahora que las grandes potencias renuncian al respeto de las reglas internacionales para imponer por la fuerza apetitos e intereses.
¿Qué gana Ecuador perdiendo la energía de Colombia, cuando la producción hidroeléctrica prevista se ha esfumado por incumplimientos contractuales o contratos corruptos? No hay en el horizonte otras fuentes de suministro. Y el costo global de los apagones de octubre de 2024 sumó alrededor de 2.000 millones de dólares.
Volver a una guerra comercial, en la cual pierden los dos países, es una confesión no solicitada del fracaso político y diplomático en seguridad, que se debe endosar a los dos gobiernos. Y prueba que Noboa, que empezó este episodio, no duda en usarlo para fines de política casera. Ha regresado a esas épocas en que el conflicto de la frontera sur era usado, en Ecuador y Perú, como táctica deliberada de distracción.
Gustavo Petro no usa a Ecuador, porque le resulta más rentable —eso pensó hasta hace unas semanas— pelearse con Donald Trump. Noboa sí está usando a Colombia porque tiene un enorme problema de gestión con el narcotráfico. No solo hizo promesas imposibles sino que nunca fijó objetivos concretos a su supuesta estrategia para combatirlo. Prescindiendo de la memoria, dijo ser el primer presidente que le plantó cara y declaró terroristas a organizaciones del crimen organizado. Guillermo Lasso lo había hecho. Usó políticamente el tema, con razones, contra el correísmo. No ha cesado de promocionar las cifras de capturas de droga; un logro cuantitativo relativo frente a los 10.630 asesinatos que, según la Policía Nacional, se cometieron en 2025; el año más violento de la historia del país.
Se debe sumar a Mario Godoy, presidente de la Judicatura, y a Carlos Alarcón, el polémico fiscal encargado. Noboa tuvo que ver con su llegada a esos cargos. El debate alrededor de Godoy y su esposa, abogados de personas vinculadas con el narcotráfico, se volvió tóxico para Carondelet. Y como un mal nunca llega solo, Rosa Torres, una asambleísta oficialista, nunca respondió en forma convincente lo que hacía en una discoteca de Madrid (en medio de un viaje oficial con Noboa), con un grupo de chicas; una de ellas pareja de un mafioso.
Un abogado de narcos protegido políticamente por el presidente, que maneja la Judicatura, y militantes oficialistas bajo sospecha, se volvieron una bomba en la quilla del gobierno. Noboa se puso en jaque y su narrativa yace vulnerada en una guerra sin plan ni estrategia. En medio de este ambiente se produjo el anuncio de la tasa de seguridad contra Colombia.
Claro, Noboa tiene razones para exigir a Petro acciones más decisivas contra las mafias que exportan droga. Pero esa factura debe ser resuelta política y diplomáticamente. Hacer pagar a ciudadanos, empresarios y comerciantes es una metida de pata irresponsable.