Era tan elemental como esto: que todos los aportes económicos a las campañas electorales se realicen a través de las entidades financieras; que las organizaciones políticas manejen ese dinero en una cuenta única; que esa información sea pública. Y ya está. Con esto y poco más, escándalos de corrupción como el de Arroz Verde jamás hubieran sido posibles. Sin embargo, a nadie se le ocurrió antes de ahora. Y cuando a alguien se le ocurrió, hubo quienes quisieron dejar las cosas como estaban.

Hoy, que esa reforma tan elemental ha sido aprobada por la Asamblea con el apoyo de todas las bancadas (113 de 119 legisladores presentes), resulta increíble mirar atrás y descubrir lo cerca que estuvimos de que esto no suceda. Porque ese masivo respaldo no debe llamar a engaños: una buena parte de esos 113 asambleístas votaron a favor porque no les quedaba más remedio. En septiembre pasado, cuando el debate de las reformas fue retomado a regañadientes por el Pleno tras meses de abandono, no faltaron los que quisieron abortarlo desde el primer día.

“Seamos serios -dijo en esa ocasión el correísta Pabel Muñoz, hablando a nombre de su bloque-, cancelemos este debate. El ambiente político está enrarecido. ¿Cómo vamos a debatir el tema de los financiamientos? Esta discusión va a terminar contaminada”. Con eso de “ambiente político enrarecido” se refería Muñoz, precisamente, al escándalo de Arroz Verde, que terminó por hundir la imagen de su organización política (al menos ante los ojos de los que quieren ver). Implacable lógica la suya, despachada con su proverbial solvencia de intelectual orgánico de subsecretaría: ya que su partido -vino a decirnos Muñoz- está hundido hasta las orejas en un escándalo de corrupción por el origen y el manejo de sus fondos de campaña, es preferible abstenerse de regular cualquier cosa que tenga que ver con el origen y el manejo de los fondos de campaña. Tal cual. “Seamos serios”.

Añadió que la Asamblea goza de una credibilidad bajísima: el 15 por ciento apenas. “¿Tenemos la legitimidad -retó a sus compañeros- para trabajar esta reforma?”. Pregunta fundamental: si no tenían la autoridad para trabajar esa reforma tampoco la tenían para trabajar ninguna otra. Ni para nada, mismamente. En el fondo, lo que se estaba haciendo era especulación política pura y dura. No eran pocos los que acariciaban la posibilidad (que por momentos fue muy real) de mantener sin cambios la ley de elecciones (esa ley que permitía la corrupción, que no garantizaba la representación justa de los ciudadanos, que favorecía el fraude) hasta las presidenciales de 2021. Que correístas y socialcristianos votaran a favor de mantener el método D’Hondt para la distribución de escaños, el método del que matemáticamente se ha probado que es el más arbitrario y el que mayor distorsión introduce en los resultados, demuestra lo dispuestos que están algunos partidos a sacrificar la justicia cuando les conviene.

A la Asamblea hay que reconocerle cuando hace las cosas bien (no abundan estas oportunidades), y lo de esta semana se merece un aplauso. Que Ximena Peña (quien incluso fue cuestionada como ponente del proyecto) lograra juntar las voluntades políticas para enterrar de una vez las reglas electorales del correísmo es una buena noticia para el país. Y esas tampoco abundan.