El sistema judicial ecuatoriano tiene una deuda urgente con el país, al no haber modernizado ni ajustado los procedimientos legales para evitar excesos u omisiones que perjudiquen a los usuarios. A estas alturas es inadmisible que una mujer de la tercera edad haya sido sentenciada por un delito de peculado ocurrido hace casi veinte años y sin que ella lo supiera, terminando en la cárcel aun con las enfermedades que padece. Pese a la solicitud de indulto de la Presidencia de la República, el caso obliga a reflexionar acerca de las desigualdades que siguen existiendo en la aplicación de la ley, en un país en el que los implicados en casos de corrupción más recientes consiguen acogerse a medidas menos extremas para evadir responsabilidades con la complicidad de malos funcionarios. El caso en cuestión le habría costado al Estado -o sea a la ciudadanía- miles de dólares más que el supuesto perjuicio a la institución en la que trabajó la condenada. Y así, cuántos casos por el estilo se habrán manejado de una manera irresponsable, por decirlo menos, a espaldas de la sociedad. Por ello, es evidente que todos los trabajadores judiciales deberían sentir vergüenza histórica por cómo se ha manejado esta función, a la que le han metido la mano, no una, sino miles de veces, a pretexto de redimirla.