El país está tomado por la delincuencia, consecuencia inevitable de la corrupción que se instaló por más de una década en toda su institucionalidad. Las investigaciones del sistema judicial de Estados Unidos revelan lo que nuestra administración de justicia tarda en dar a conocer, desvelando estructuras delincuenciales tejidas desde las más altas esferas de los gobiernos pasados. Las revueltas en las cárceles, violentas y frecuentes, evidencian a mafias poderosas que desde allí operan. Instituciones de peso también han sido víctimas de estafas concebidas y ejecutadas por funcionarios deshonestos. La inseguridad está presente en las calles de todas las ciudades, con sangrientos hechos de sicariato, secuestros exprés, robos, asaltos, y microtráfico y consumo de drogas a cualquier hora del día.

El Gobierno ha dado un paso inicial al declarar la emergencia en el sistema carcelario, pero más importante aún, ha hecho una declaración de firmeza en la lucha contra el crimen organizado que debe ser respaldada por la ciudadanía. Sin embargo, esta lucha será insuficiente si no se emprende una reforma urgente a la Constitución y leyes vigentes, que permiten la impunidad vía argucias legales. Si se vuelve imprescindible una consulta al pueblo para hacerlo posible, que ese sea el camino.