A pesar de que la inseguridad -junto con la corrupción y la falta de empleo-, constituye la principal preocupación de los ecuatorianos, pareciera que la Asamblea no lo comprende. El tratamiento de la ley que regula el uso progresivo de la fuerza se aleja de su real cometido: encontrar soluciones viables y lo más inmediatas posible que permitan el control efectivo de la violencia y la delincuencia en una sociedad que se siente cada vez más cercada por la acción criminal, que ve limitados su estilo y calidad de vida por la posibilidad cada vez mayor de ser la próxima víctima, y que está cansada de la vigencia de un marco legal que favorece a quienes delinquen y caotizan por encima de quienes se desempeñan con rectitud.

Se imponen, una vez más, intereses ideológicos y partidistas e incluso la ignorancia. Y, aparentemente, se utiliza el tiempo que debería emplearse para el debate inteligente, a exposiciones intrascendentes, absurdas y hasta jocosas.

No basta con cumplir el formalismo de tratar la ley en el pleno, sino asumir la verdadera urgencia de tan grave problema para el país. En enero el Ejecutivo envío el proyecto de Ley Orgánica de Seguridad Integral y Fortalecimiento de la Fuerza Pública. Pese a que presenta propuestas realizables, ni siquiera ha sido considerado.