El costo de la educación superior pública y privada es de aproximadamente el 2,5 % del PIB, superando los $2.500 millones. Es una factura alta que pagamos los ecuatorianos para que las universidades cumplan su función de docencia, investigación e intercambio de conocimientos y experiencias para los estudiantes a través de la vinculación con la comunidad. 

Lamentablemente, salvo las conocidas excepciones de aquellas universidades que toman en serio sus tareas, la educación superior le falla al país. En no pocos casos, y bajo las consignas de la propaganda ideológica extremista, algunas instituciones se convierten en centros de sedición, pretendiendo formar los futuros cuadros revolucionarios que buscan sembrar el caos, con cero aporte académico, otorgando títulos vacíos, y dando cabida en sus claustros a conocidos agentes provocadores, propagadores de ideas que no tienen futuro. 

No hay, por ello, simetría entre los esfuerzos que hacemos los ecuatorianos y los resultados de tales esfuerzos. Entretanto, la educación superior ecuatoriana en su conjunto no califica para ser acreditada como una actividad que imparte conocimientos, destrezas y forma a los profesionales que el país requiere.