La inteligencia artificial (IA) es una mímica del intelecto humano; su memoria reposa en bases de datos vinculadas entre sí cuyas acciones y reacciones son el producto de instrucciones codificadas que cobran autonomía del control de un operador. La capacidad de acopio de la información requiere previamente la digitalización de la información.

En el combate a la corrupción, tema de singular interés, los datos se refieren a los actores (individuos y empresas) que interactúan con el Gobierno, fuere como funcionarios, contratistas o contribuyentes, y a toda la información que permita evaluar los riesgos de cumplimiento de los contratos o del ejercicio probo de la autoridad.

La IA puede resolver problemas que superan la capacidad de procesamiento de funcionarios que, por lo demás, están sujetos a las tentaciones de sus cargos y al ejercicio del poder. Sus aplicaciones son tan variadas como lo es la imaginación.

Considerando que la desaprensión ha permitido que la delincuencia organizada continúe azotando al país, la tecnología al servicio de la lucha contra la corrupción no solo se pagará a sí misma si no que, además, tiene el potencial de devolverle algo de sosiego a la sociedad.