Hay servicios públicos que son vitales para los habitantes de una ciudad. Como el agua o la electricidad. Pero hay autoridades que han añadido un sufijo a esa cualidad, la de ser vital, para perennizarse al mando de los mismos. Pese a que los cargos vitalicios, en general, no son la fórmula más eficiente de gestión.

Al contrario, suele pasar que en las ciudades donde ha habido problemas de cortes de agua recurrentes o de interrupciones del servicio eléctrico y, donde además, la cabeza gestora es siempre la misma, esos agujeros en la gestión nunca terminan de taparse. Como si la máxima autoridad hubiese entrado en un plano estratosférico que le convierte en un personaje inamovible más allá de si las tuberías que se parchean y parchean siguen sin sustituirse o si el uso de recursos encomendados no se ha destinado con la mira perfectamente atinada.

Lo curioso es que estos casos, inmunes al cambio de gobernantes y aparejado relevo de cargos de confianza, sea más habitual que excepcional y sea en servicios cuya mala gestión trastocan el nivel de bienestar de los ciudadanos, mejor llamados contribuyentes, pues ellos, con sus impuestos pagan esos salarios y, como mínimo, esperan un acceso más que básico a los servicios básicos.