La desaparición de más de 500 millones de dólares en fondos del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol), que fueron invertidos en enredadas operaciones extrabursátiles, es investigada en medio del absoluto silencio político, al que el país está más que acostumbrado. Un escándalo así merece la intervención de todo personaje público que aspire a un cargo o dirija ya los destinos de una nación agotada de clamar justicia. Sin embargo, sorprende el mutismo de la cúpula policial -pasiva y activa- que debería velar por los intereses de sus subordinados, sin tener que pedir autorizaciones para pronunciarse en nombre de la transparencia. Hasta el momento, ningún alto general de la institución, a excepción del comandante, ha dado declaraciones acerca de lo que se hacía con los fondos destinados a la clase uniformada. Más aún cuando el caso en cuestión fue denunciado en 2018 por un alto ejecutivo de la casa de valores que intervino en la negociación. Si se trataba de un secreto a voces, llama la atención que el mando policial de la época no haya exigido informes para detectar a cómplices y encubridores. El Ecuador no puede seguir perdiendo tiempo ni recursos en actividades que deberían ser vigiladas por las respectivas autoridades.