Ha sido una semana ajetreada para la Fiscalía y la Policía Nacional, que realizaron operativos relacionados con casos de corrupción en diversas prefecturas, alcaldías y hospitales del país por presuntos sobreprecios en el sistema sanitario. Hubo capturas de altos funcionarios, así como también de mandos medios que han usado el desgastado argumento de la persecución para justificarse ante la opinión pública. Para ellos, el trabajo de las autoridades es una simple vendetta orquestada por los círculos de poder para perjudicar su imagen, lo que no los exime de su responsabilidad de rendir cuentas a la ciudadanía sobre lo que hacen con sus impuestos. El respeto a la presunción de inocencia se logra dando la cara a la justicia. Ante este panorama, la actuación de la clase política no ha pasado de tibias declaraciones hechas con frases nada alentadoras, cuando en realidad se esperan acciones contundentes para enfrentar el virus de la ilegalidad. En la Asamblea se han olvidado de fiscalizar y las denuncias se congelan en las comisiones legislativas. Tampoco el caso del hospital de Pedernales ha llamado su atención. Ya ni siquiera se conmueven ante los atentados contra medios de comunicación. Sin duda, este silencio pasará factura en la campaña electoral.