Es evidente y preocupante el deterioro en la prestación de servicios en el sector público. Las largas colas para la realización de trámites y obtención de documentos, que en muchos casos ya habían sido superadas, están volviendo a ser la norma común, ya sea por escasez de materiales, complicaciones en los procesos o ataques cibernéticos. Hoy la emisión de cédulas, pasaportes, matrículas de vehículos y licencias de conducir implican para el ciudadano la asignación de varias horas o incluso jornadas completas. Mención especial merece el caso del Municipio de Quito, cuyo sistema informático fue ‘hackeado’, obligándolo a suspender la prestación de servicios en línea y afectando a los contribuyentes, que deben volver a las filas para ser atendidos en ventanilla.

La ciudadanía se debate entre el desempleo y la inseguridad, y las leyes que podrían encaminar al país a superar estos graves problemas no ven la luz por las inacabables disputas políticas. Sin embargo, el Gobierno podría marca una diferencia positiva a través de una gestión eficiente y la asignación de recursos necesarios a las instituciones prestadoras de salud, educación y servicios básicos, que no dependen de la aprobación de ninguna otra función del Estado, y que contribuiría a elevar la calidad de vida de la población.