Como si no importara el porqué sino el qué, la Asamblea quiere la cabeza de la ministra María Paula Romo. Le da igual el argumento que sirva para su destitución. Pero no da igual.

La cabeza de la Gestión Política debe explicaciones al país sobre asuntos como el reparto de los hospitales.

Como cara visible y voz de un gobierno cuyo presidente está cada vez más lejos de la primera línea, a ella le corresponde explicar -si no es asumir- cómo se nutrió una trama que cuesta vidas. Hay explicaciones, por insistir, que están pendientes. Y, si procede, responsabilidades que cargar. Pero no por ello es legítimo y correcto endilgar una eventual -pero previsible- sanción política a una autoridad por razones distintas al castigo buscado. Si la Asamblea, como ente fiscalizador, quiere depurar el actuar de la ministra, que haga lo que procede. Mal parada quedará si para eso se aferra al teatrillo montado, por segunda vez, sobre las protestas de octubre.

Ya hubo una comisión específica y decenas de horas de testimonios que terminaron sin conclusión. Ni sobre los presuntos abusos de fuerza pero tampoco sobre los ataques a una ciudad, un país, un tejido productivo; ni siquiera sobre secuestros y abusos sexuales a policías. Nadie respondió por la violencia que provocó el traslado del Gobierno. Está claro que la sesión prevista para hoy tiene otras motivaciones.