Es muy grave la situación. Que el contralor de la nación, máxima autoridad encargada de controlar las irregularidades en el país, esté involucrado en un caso de cobro de sobornos, demuestra con crudeza irrefutable el deterioro moral en que nos encontramos. Pero más preocupante aún es que aquello no haya desencadenado una conmoción social. Nos hemos acostumbrado a que no haya obras sin coimas ni sobreprecios, a que autoridades desempeñen sus cargos con grilletes, a que muchos casos de corrupción queden en el limbo, y se conviertan en temas sin resolver que se van acumulando en una pila sin fin de impunidad.

El nuevo gobierno tendrá una dura tarea por delante para lograr que la moral se reinstale en el país, empezando por quienes ocuparán funciones en las instituciones públicas y pasando por la nueva Asamblea, y las cortes y juzgados. Pero también será necesaria la presión de una ciudadanía participativa e involucrada que respalde al nuevo mandatario cuando las otras funciones del Estado se dejen llevar por intereses partidistas, exigiendo que primen la lógica, la ética y el bienestar de la mayoría. Una población impávida y cómoda no tiene cabida en este reinicio. El presidente de la República no puede hacerlo solo. Necesita el compromiso y la acción de todos.