En la evolución de la democracia hay, entre otros, tres elementos sustanciales: la aparición del Estado, el principio de legalidad y la responsabilidad democrática. A la fecha en el Ecuador tenemos un Estado bamboleante, fuerte en la retórica constitucional pero sumamente débil en la práctica cotidiana. En cuanto al principio de legalidad, se lo estira o se lo encoge al gusto. 

Respecto a responsabilidad democrática, son muy pocos los hombres de Estado que la sienten obligatoria, y ni qué hablar de los legisladores que, salvo por excepción, muestran ejercerla. Con eso por delante es explicable la frecuente presencia de un hecho sumamente negativo: cotidianamente, en los actos de corrupción las sanciones no llegan a los más altos dignatarios; siempre se ejercen sobre un funcionario de menor cuantía como su autor o responsable, en el caso de que, por ejemplo, el ministro atribuya a una mala asesoría su procedimiento doloso.

Escandalosas conductas vinculadas a la corrupción dejan de ser penalizadas y en el mejor de los casos, solo lo determinan a renunciar al funcionario involucrado, que al no haber sido sancionado, queda en posibilidad -en un acto que pareciera de alto cinismo- de ser nombrado representante del Ecuador en cualquier país, diríase que evidenciando que nos asumimos corruptos.